Karen Arlinne Villalba Uriostegui y Otros.
Expediente 10/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 10/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Karen Arlinne Villalba Uriostegui y Otros.
- Juez Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal contra el auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese el ocurso de cuenta signado por ****, mediante el cual desahoga la prevención formulada por acuerdo de siete de enero del año en curso y para tal efecto informa el estado procesal que guarda el Procedimiento Especial sobre Divorcio Incausado ****, del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; cuál es el régimen de convivencias ahí decretado y la precisión de los autos materia del acto reclamado. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se aprecia que la parte quejosa reclama: - Los autos de diecisiete y veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, así como su ejecución, ambos dictados dentro del Procedimiento Especial de Divorcio Incausado ***, del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a través de los cuales se determinó reanudar las convivencias entre el progenitor y las menores de iniciales R.R.V. e I.R.V., en virtud de que ***'* acreditó que no se encontraba infectado con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que estaba clínicamente sano para dar continuidad con dicho régimen de convivencias; y en concordancia con lo anterior, la orden dada a la notificadora de su adscripción, a fin de verificar dicho cumplimiento. DESECHAMIENTO En el caso, la suscrita considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón que la parte impetrante no agotó el recurso ordinario contra las determinaciones combatidas. Al respecto, el artículo referido señala que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar; de ahí se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. Así lo ha señalado el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la jurisprudencia I.6o.C. J/37, que reza: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora, la parte quejosa reclama los autos de diecisiete y veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, así como su ejecución dictados, ambos dictados dentro del Procedimiento Especial de Divorcio Incausado 411/2018, del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a través de los cuales se determinó reanudar las convivencias entre el progenitor y las menores de iniciales R.R.V. e I.R.V., en virtud de que Miguel Ruíz González acreditó que no se encontraba infectado con el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), por lo que estaba clínicamente sano para dar continuidad con dicho régimen de convivencias; y en concordancia con lo anterior, la orden dada a la notificadora de su adscripción, a fin de verificar dicho cumplimiento. En ese tenor, la parte quejosa debió promover recurso de revocación, según lo dispuesto en el artículo 1.362 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado. Además, que en este caso no se configura ninguna de las excepciones al principio de definitividad que contempla el numeral 61, fracción XVIII, de la normatividad de la materia. En ese sentido, debe destacarse que no se desatienden las manifestaciones de la madre de las menores quejosas, en el sentido de que a éstas se les pondría en riesgo de convivir con su padre, puesto que éste manifestó ante autoridad judicial que tuvo deficiencias en su salud asociadas con el virus covid-19, sin embargo, a criterio de quien esto juzga, no se advierte que el sentido de la presente determinación deje a las menores involucradas en estado de riesgo o vulnerabilidad. Al respecto, es necesario precisar que la impetrante señala que el progenitor de las menores, realizó dichas manifestaciones el uno de diciembre de dos mil veintiuno, por lo cual, aun considerando que en ese día iniciara con la enfermedad provocada por el virus en comento, a la fecha en que debían reiniciarse las convivencias, a saber, veintidós de diciembre de la anualidad próxima pasada, transcurrieron más de catorce días, lo que hace patente que ya no representaba un riesgo para la salud de sus hijas, al haber transcurrido el periodo de incubación del virus y, por ende, no ser ya un propagador de la enfermedad. En efecto, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado en repetidas ocasiones y en base a numerosos estudios, que el periodo de incubación de dicho virus es de uno a catorce días. Lo cual puede consultarse en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. En ese orden de ideas, aun cuando asistiera la razón a la parte quejosa en relación a las cuestiones relativas a la autenticidad y valor probatorio del resultado de laboratorio que ofertó el progenitor, se aprecia que a la fecha en que se actúa incluso se ha duplicado el tiempo de incubación del virus, por lo que en caso de que efectivamente lo hubiera adquirido, se insiste, actualmente ya no representa un riesgo inminente a la salud de las menores las convivencias con su padre; máxime que esas circunstancias las puede hacer valer en el medio ordinario de defensa respectivo. De ahí, se estima que de ningún modo se deja a las menores involucradas en estado de riesgo o vulnerabilidad, por lo que, en el caso que nos ocupa, no se actualiza la excepción al principio de definitividad a que alude la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990, de registro digital 2004677, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por***** por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales R.R.V. e I.R.V. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese electrónicamente a la quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de enero de dos mil veintidós. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por *****, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de iniciales R.R.V. y I.R.V.; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 10/2022-VI. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracción IV, en relación con el numeral 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días legalmente computados, realice, lo siguiente: 1. En vía de ampliación de antecedentes, manifieste bajo protesta de decir verdad, el estado procesal que guarda el expediente 411/2018, así como indique cuál es el régimen de convivencias decretado en ese expediente, cuándo se interrumpió y cuándo se reanudará en atención a la determinación que combate. 2. Realice una transcripción completa de los autos que reclama o bien allegue copia de los mismos, lo anterior pues en su demanda hace una breve descripción de ellos, sin embargo, es necesario conocer el contenido completo de estos, para un mejor proveer y así determinar la Litis en el presente contradictorio constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la octava época del Semanario Judicial de la Federación a página cincuenta y cuatro, tomo III, segunda parte-1, de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, la cual establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo." 3. Manifieste bajo protesta de decir verdad si ha promovido diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos que reclama o algún otro derivado del juicio natural. 4. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte agraviada que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir el mismo número de copias que adjuntará al presentar su demanda de amparo, para correr traslado a las partes. Al caso se cita la jurisprudencia número 21, publicada en la página 30, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, Actualización 2001, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." APERCIBIMIENTO Apercibida que de no cumplir con el desahogo de las prevenciones formuladas, en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones vía electrónica, por así haberlo solicitado. Por autorizados a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír notificaciones e imponerse de autos. CONSULTA VÍA INTERNET Como lo solicita, con fundamento en la parte final del párrafo quinto, del artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico derivado del presente juicio de garantías el usuario "Rnieto"; y, dígase que se encuentra disponible la consulta del mismo en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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