Karen Arlette Hernandez Razo

Expediente 728/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 30 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
728/2023
Año
2023
Actuaciones
30
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Karen Arlette Hernandez Razo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el juez de Partido en Materia Civil de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de trece de noviembre del año en curso dictado en el incidente de suspensión; informa que, en resolución de trece de noviembre del presente año, dejó a disposición de la parte quejosa, la contraseña respectiva a efecto de dar cumplimiento a la suspensión concedida, pues necesaria su presencia para ponerla en posesión de la porción de terreno mencionada en el oficio de cuenta, pues el actuario adscrito a dicho juzgado se encuentra imposibilitado para tal efecto, sin contar con su presencia. Agrega la autoridad oficiante que, en auto de dieciséis de los cursantes, la parte quejosa autorizó personas para gestionar lo conducente a la contraseña que se dejó a su disposición en autos del juicio de origen, y al efecto remite copia certificada para comprobar su dicho. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de la quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la juez de Partido en Materia Civil de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual informa que no cuenta con domicilio de la parte quejosa que pueda servir para que se notifique, respecto a la puesta a disposición de la contraseña para gestionar la fecha para la entrega de la porción territorial ordenada, además de la omisión de dicha quejosa en cuanto a presentarse para gestionar lo conducente, por lo que solicita a este juzgado, señalar el domicilio donde se pudiera notificar dicha parte o en su defecto indicar lo conducente. Por lo anterior, dígasele al referido juez, que de autos se advierte que mediante promoción de siete del mes en curso, la parte quejosa proporcionó un domicilio para efectos del cumplimiento de la suspensión, que es el ubicado calle ******* número **** zona ****** de la ciudad de valle de Santiago, Guanajuato, así como los números telefónicos 456 129 0012 y/o 4641370617; lo cual se informa para que esté en aptitud de tener comunicación con la quejosa y se lleve a cabo lo procedente para cumplir con la medida cautelar. Lo anterior también hágase del conocimiento de la quejosa para que, en su caso, esté en aptitud de acudir al órgano jurisdiccional responsable. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de Valle de Santiago, Guanajuato, a través del cual en atención al requerimiento formulado el veinticinco de octubre del año en curso, remite copia certificada de las constancias solicitadas mediante oficio 19887/2023, al respecto, agréguense a los autos únicamente para que así consten, en virtud de que se recibieron previamente por correo electrónico y se acordó lo conducente por auto de ocho de los actuales. Atento lo anterior, devuélvase a la referida juez, las constancias allegadas en su oficio de cuenta, toda vez que resultan innecesarias, en virtud del en párrafo que antecede. Notifíquese.

  4. Incidental

    Irapuato, Guanajuato, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta firmado por la juez de Partido en Materia Civil de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de veintiséis de octubre del año en curso dictado en el incidente de suspensión; aduce informar no se ha realizado ningún acto tendiente a la ejecución del acto reclamado en términos de la suspensión concedida a la parte quejosa. Sin embargo lo que se le requirió fue que informara el debido cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en el presente incidente, que implicaba un actuar positivo de su parte, dado que la suspensión se otorgó con efectos restitutorios y ello implica que el Juzgado de Partido debía proveer lo necesario para poner nuevamente en posesión a la quejosa de la porción de inmueble que defiende en amparo. Tanto así que los efectos de la suspensión se fijaron de la forma siguiente: (..) SEXTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. (.) Efectos y consecuencias del acto reclamado. Suspensión con efectos restitutorios. Por otra parte, el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, concatenado con el diverso numeral 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, prevén que en caso de que el acto reclamado pueda ser objeto de suspensión de ser jurídica y materialmente posible, esto es, cuando la naturaleza del acto lo permita, se ordenará restablecer en definitiva el goce del derecho violado a la parte quejosa, para lo cual, se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; sin embargo, dada la naturaleza de la medida cautelar, el estudio que se realice del tal acto puede llevar a que se analice el peligro en la demora, en razón de los perjuicios que durante la tramitación de juicio pueda resentir la parte quejosa por la negativa la medida solicitada. Lo anterior, implica examinar en su conjunto esos aspectos para determinar si como consecuencia de no ordenar la paralización de los efectos del acto reclamado, las violaciones aducidas quedarían consumadas y se tornarán difícil o imposiblemente reparables, desapareciendo así la materia del amparo como consecuencia adjetiva del retardo en la paralización del acto; cuestión que conlleva a ponderar adecuadamente la situación concreta de los efectos del acto reclamado respecto de la esfera jurídica de la quejosa, frente al perjuicio que el otorgamiento de la medida cautelar pueda ocasionar al interés social. En tal virtud, por lo que ve a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad ni se contravienen normas de orden público. De acuerdo con la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, es procedente que se le conceda la suspensión de los actos reclamados, dándole efectos restitutorios en tanto se resuelva en definitiva el incidente de suspensión en que se actúa, como lo dispone el artículo 147 de la Ley de Amparo. Así, se satisfacen con los requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, esto es, que la solicita la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de que no se paralice la ejecución del acto, además en un estudio superficial y preliminar del acto se advierte que se estaría afectando el derecho que la quejosa afirma tener sobre el inmueble en litigio, pero de momento se considera que esta tiene la calidad de tercero extraño a juicio y presuntivamente, para efectos de la medida, acredita su pretendido derecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder la suspensión definitiva solicitada. Tiene sustento a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado." SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En ese orden, con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, procede otorgar la medida cautelar a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables pongan nuevamente en posesión de la quejosa el inmueble ubicado en calle ********************en Valle de Santiago, únicamente en la superficie correspondiente a los quince metros "del fondo" que se describen en las pruebas que la quejosa allegó para acreditar su interés suspensional y sin paralizar la secuela del procedimiento, independientemente de la etapa en la que se encuentre, no se ordene su entrega a terceras personas. En el entendido de que esta determinación surte sus efectos SÓLO RESPECTO DE LA SUPERFICIE DE ******************** DEL FONDO del total del inmueble antes precisado, no así cualquier otra superficie de ese domicilio; además, siempre y cuando las autoridades responsables verifiquen que la quejosa efectivamente tiene el carácter de tercera extraña auténtica a juicio, es decir, que no sea parte formal en la relación procesal del juicio de origen. Esto, tomando en consideración que con los datos con los que ahora se cuenta en este incidente es factible considerar que no tiene el carácter de parte actora ni de parte demandada en el juicio de origen, considerando la información que rindió el juzgado señalado como responsable. Ello, en tanto las responsables reciban comunicación sobre el auto que declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio de amparo del cual derivada la presente incidencia. Apercibida las responsables, que, de no obedecer la presente resolución, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Sin que con lo aquí determinado se prejuzgue en definitiva sobre la certeza del derecho de la parte quejosa ni sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto solo puede determinarse en la sentencia de amparo, en la que deberá sopesarse con otros elementos de prueba diversos a los requeridos para la suspensión, por lo que la determinación asumida en relación con la suspensión aludida es solo provisional y no debe influir en la sentencia de fondo, pues aun cuando en ésta se atiende a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, esto no incide en forma alguna para determinar la procedencia de las pretensiones de la parte quejosa.(..) SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES En consecuencia, a fin de velar por el correcto cumplimiento de la medida cautelar, comuníquese el presente acuerdo al Juez de Partido Civil de Valle de Santiago, Guanajuato y requiérasele para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe el tratamiento dado a la suspensión definitiva decretada en el presente incidente. Haciendo hincapié en que debe ajustarse a los efectos restitutorios para los cuales se otorgó la suspensión y que se han transcrito en este propio acuerdo. Con el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior en el término indicado, podría procederse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 262 fracción III, de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, subsiste el apercibimiento decretado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, en caso de omisión. Notifíquese.

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