Karen Areli Ortega Salgado
Expediente 228/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Karen Areli Ortega Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a siete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ en el juicio en que se actúa, ha causado EJECUTORIA; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado. Notifíquese. ***
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 228/2018; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el vientisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, KAREN ARELI ORTEGA SALGADO, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalvan Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que se especifican a continuación: ES "...III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, con domicilio en Avenida Juárez Esquina con Quintana Roo, Colonia Centro Chilpancingo, Guerrero. IV.- ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR LA PLANILLA DE LIQUIDACION SOBRE LOS INCREMENTOS SALARIALES COMO PARTE DE LA EJECUCION DEL LAUDO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011, en términos de los artículos 125, 126, 127, 128 y 138 de dicha ley de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MEDIDA DE APREMIO FIJADA A LA DEMANDAD E IMPONER LA DESTITUCIÓN POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO, COMO PARTE DE LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DEL LAUDO DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011, en términos de los artículos 125 y 138 de dicha ley de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." II. Derechos fundamentales transgredidos. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16, y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que consideró pertinentes. III. Admisión y Trámite. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, este juzgado federal se avocó al conocimiento del asunto y admitió a trámite la demanda que quedó registrada con el número 228/2018; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó notificar al tercero interesado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la sentencia bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, relativo al inicio de funciones, denominación, competencia, jurisdicción territorial, domicilio de este Órgano Jurisdiccional, y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de los asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad y sede indicadas, ambos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en virtud de que el acto que se reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión previa a dilucidar en el presente fallo, se procederá a precisar el acto o actos reclamados (entendidos en sentido amplio, esto es, trátese de normas generales de actos u omisiones de autoridad); lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese entendido, para su debida precisión (la del acto reclamado) deberá analizarse en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rubro literalmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable a lo anterior la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En consecuencia, es de señalar, que de una lectura integral del escrito de demanda, así como del análisis de los elementos apuntados a los que refieren las tesis invocadas, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La omisión de la autoridad responsable de dar contestación a los escritos presentados el dieciocho y veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Por otro lado, no obstante que la parte quejosa designó erróneamente como autoridad responsable para efectos del presente juicio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y no a su Presidente, a pesar de ser éste el que goza de facultades para llevar a cabo la ejecución de los laudos; tal circunstancia en modo alguno impide pronunciarse sobre la cuestión planteada por el inconforme, pues cabe recordar que los presidentes de las juntas laborales tienen doble carácter, en tanto que son integrantes de las Juntas que presiden e individualmente tienen funciones específicas encomendadas. Por ello pueden realizar actos como parte del órgano colegiado que representan, como cuando se emite un laudo, y en forma individual, precisamente cuando se dictan las resoluciones respectivas en la ejecución de tales fallos, razones por las cuales lo que conoció como integrante del tribunal respectivo, también lo conoce como presidente por tratarse de una misma persona física. De ahí que al controvertirse un acto dictado en ejecución de sentencia es atribuible exclusivamente al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, y no al órgano colegiado al que pertenece, es por lo que debe reconocérsele carácter de autoridad responsable en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, no debe pasarse por alto que los Presidentes de los tribunales laborales tienen la obligación de rendir los informes en los juicios de amparo que se interpongan en contra de los laudos y resoluciones dictados por el Pleno y por las propias juntas, por lo que ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante del órgano colegiado de que se trate, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia 308 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 248 del Tomo V, Trabajo, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, registro 915445, que dice: "JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUÉLLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ÉSTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y 623; por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado." Por tanto, el acto del que ahora se duele la impetrante de garantías, y que se precisó en párrafos que anteceden, le corresponde exclusivamente al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo. TERCERO. Existencia y certeza del acto reclamado. Una vez fijado con claridad y precisión cuál es el acto reclamado en este asunto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras cuestiones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". En esa tesitura, se tiene que el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la omisión reclamada, no obstante, de la lectura del citado informe, se advierte la existencia del acto que se le atribuye, certeza que además se robustece con la constancia que allegó al sumario la autoridad responsable, a la que se le confiere pleno valor probatorio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º; por tanto se tiene por cierto el acto que se le reclama. Resulta aplicable al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Así también, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Quinta Época; Pleno; materia común; Apéndice 1995 Tomo VI, página 153, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Sirve de sustento la Jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, segunda parte, página 553, que al tenor dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, este Juzgador Federal advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. A fin de corroborar lo expuesto, conviene citar el contenido del artículo mencionado en el párrafo que antecede, el cual dispone textualmente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución a los agraviados en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma, por identidad de razón, la Jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En efecto, en el presente asunto opera la causal de improcedencia aludida, en virtud de que el acto reclamado que la solicitante del amparo hizo consistir en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a los escritos presentados el dieciocho y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dentro de los autos del expediente laboral 790/2006, ha desaparecido. Lo anterior es así, pues consta en las documentales remitidas por la autoridad responsable, previamente valoradas, que el tribunal responsable, el once de abril de dos mil dieciocho, se pronunció en relación a los escritos antes citados, proveyendo entre otras cosas lo relativo a la actualización de la planilla de liquidación y pronunciándose respecto a los apercibimientos aplicados a la parte demandada; con lo que se evidencia que la omisión en que incurría la responsable, ha desaparecido, permitiendo la continuación del juicio en su etapa correspondiente. Por tanto, queda acreditado que la autoridad responsable realizó el acto cuya omisión se reclamó, puesto que su pretensión final era que se pronunciara en relación a los escritos presentado el dieciocho y veintitrés de enero de dos mil dieciocho, situación que así aconteció el once de abril actual, tal como se acredita con las constancias que remitió el Tribunal responsable. Consecuentemente, se tiene como resultado que el efecto del acto reclamado desapareció de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho subjetivo reclamado, por lo que, resulta obvio, como se dijo, que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado y en consecuencia, es dable sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida de que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por KAREN ARELI ORTEGA SALGADO, por conducto de su apoderado legal Jesús Montalvan Ramírez, contra el acto de autoridad señalado en el considerando segundo y por las razones y fundamentos contenidos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Jacinto Figueroa Salmorán, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la licenciada Guadalupe Cervantes Medrano, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con el mismo y con la constancia que remite, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el alegato ministerial número 121/2018, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, para que obre únicamente como corresponda, toda vez que mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, se acordó un escrito de alegatos de idéntico contenido. Notifíquese.
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