Karen Alejandra Lopez Ramos
Expediente 1002/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2021
Partes del expediente
- Karen Alejandra Lopez Ramos
- Secretario de Movilidad de Gobierno del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado electrónicamente el dieciséis de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Bansi, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Departamento Fiduciario, solicitó la suspensión contra las autoridades y por los actos que señaló en su escrito inicial de demanda de amparo. SEGUNDO. Apertura del incidente. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, tal como se ordenó en el cuaderno principal, se formó el presente incidente de suspensión; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran en el plazo de cuarenta y ocho horas sus informes previos; se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental; se ordenó notificar a la parte tercera interesada; y, se pronunció sobre la suspensión provisional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer del presente incidente de suspensión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, último párrafo, 125, 128, 146 y 157 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Fijación de la litis incidental. El presente amparo se admitió en relación con el los actos reclamados consistentes en: "a. La falta de llamamiento al procedimiento administrativo iniciados contra el inmueble ubicado en el Lote de terreno marcado con el número 5 de la manzana Z.M.G, situado en las calles Retorno Febronio Uribe, entre la zona federal de la Vena Santa María y Andador de la Colonia Zona Hotelera "Las Glorias", en Puerto Vallarta, Jalisco. b. La ilegal orden de demolición de la barda perimetral encontrada en el predio antes mencionado. c. La expropiación directa de la superficie que abarca la barda perimetral en comento (.)" Sin embargo, la parte quejosa únicamente solicitó la suspensión para los siguientes efectos: "Mantener las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan ejecutar la orden de demolición sobre la barda perimetral del predio de mi representada. Mantener las cosas en el estado en que actualmente se encuentran, es decir, para que no se afecten los derechos de la quejosa a causa del o los procedimientos administrativos que ha instaurado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Jalisco, sin su intervención. Para que se suspendan los procedimientos sustanciados por las responsables en donde afecten la esfera jurídica de la quejosa sin que le garanticen las formalidades del procedimiento." De ahí que no se hará pronunciamiento alguno respecto a los diversos actos. Sirve para justificar lo anterior la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS" TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Comisionado de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Policía Estatal, adscrita a la Comisaría General del Estado de Jalisco, Coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e Instalaciones "Jalisco" de la Guardia Nacional, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados al rendir su informe previo. Asimismo las autoridades Delegado en Jalisco, Encargado del Despacho y Subdelegado de Inspección de Recursos Naturales, todos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Jalisco, manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama consistente en la expropiación del predio propiedad de la quejosa En consecuencia, al no haber desvirtuado la quejosa el contenido de los informes previos rendidos por las autoridades responsables referidas, ya que no aportó medio de convicción fehaciente del que se desprenda la existencia de los actos que les reclama; lo procedente es negar la suspensión definitiva por tales actos y por lo que ve a dichas autoridades, al carecer de materia sobre la cual decretarla. Cobra aplicación al caso, la tesis jurisprudencial número VI.2º.J/19, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 133, tomo II, julio de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y tenor siguiente: "INFORME PREVIO. DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" Asimismo, es aplicable la tesis visible en la página 356, del tomo X, Octubre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: "INFORME PREVIO. Si el recurrente no aporta prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades señaladas como responsables al rendir su informe previo, el mismo debe tenerse como cierto y, consecuentemente, negarse la suspensión, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario" Asimismo, en apoyo a lo proveído se cita el siguiente criterio: "SUSPENSIÓN, CUANDO NIEGA EL ACTO LA AUTORIDAD ORDENADORA. Es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución del acto, cuando la autoridad ordenadora lo negó, pues sería incongruente que una autoridad ejecutora llevara a cabo medidas inexistentes CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables Delegado en Jalisco, Encargado del Despacho y Subdelegado de Inspección de Recursos Naturales, todos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Jalisco, manifestaron que no son ciertos los actos reclamados, sin embargo del referido informe se advierte la existencia del procedimiento administrativo del cual emana el acto reclamado del que se duele la moral quejosa. Ahora, al implicar lo actuado en el procedimiento administrativo que ha instaurado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Jalisco, una ejecución que puede ser cumplimentada en cualquier momento, sus efectos o consecuencias son susceptibles de suspender. Así, la naturaleza de dichas consecuencias hace posible la concesión de la medida cautelar y para llegar a esto es necesario que se satisfagan los restantes requisitos que se contemplan en el artículo 128 y 131 de la ley de la materia. Requisitos de procedencia. I. Por el efecto de la orden de demolición. a. Estudio. De conformidad con el artículo 147 del mismo ordenamiento, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden, restableciendo provisionalmente al quejoso el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio principal. Sobre esa base, la suspensión de las consecuencias del acto antes señalado, se concederá siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos por los artículos 128, fracciones I y II, del cuerpo de leyes invocado. Por lo que respecta al primer requisito de procedencia señalado en el artículo 128, fracción I, de la ley citada se colmó plenamente toda vez que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, se toma en consideración que de concederse la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social, al no advertirse que se le prive a la colectividad de recibir algún beneficio que, en su caso, le hubieran otorgado las leyes o que se le ocasione un daño. En relación con el tercero y restante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131, último párrafo, de la citada ley, la suspensión no tiene como fin constituir derechos con los que no cuenta la quejosa antes de la presentación de la demanda. En ese tenor, para conceder la suspensión, debe tenerse un convencimiento de que el acto de que se duele el promovente incide en su esfera jurídica, por ello, tiene que acreditar la existencia de un derecho legítimamente tutelado que pueda ser protegido precisamente con el otorgamiento de la medida suspensiva. Es así, porque como lo dispone el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Además, como ya se dijo, si la medida cautelar no tiene como fin constituir derechos con los que no cuenta el quejoso antes de la presentación de la demanda, es razón suficiente para que se exija que se acredite, en el grado referido la titularidad del derecho subjetivo que alega pretende serie afectado, tal y como lo dispone la fracción I del numeral constitucional de cita previa. Lo anterior, sin que pase inadvertido el criterio sostenido en la jurisprudencia que al rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE" Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio en relación con el artículo 131, segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, la jurisprudencia antes citada resulta inaplicable, para obtener el beneficio de la medida cautelar la parte quejosa debe acreditar en grado mayor al presuntivo ser titular de derecho legítimamente tutelado y no indiciariamente, como lo establecía dicha jurisprudencia. En efecto, si bien la jurisprudencia 1ª./J.4/2009, determina que para conceder la suspensión provisional basta que la parte quejosa acredite un interés suspensional de manera presuntiva, dicha tesis resulta inaplicable por referirse a la Ley de Amparo abrogada; incluso, se sostiene que, de aplicarla, se dejaría de lado la exposición de motivos de la Ley de Amparo en vigor. Lo anterior, pues, en dicha exposición de motivos la figura de la suspensión se visualizó de la manera siguiente: A) Un sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, pero que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvían su objetivo natural. B) Privilegiar la ponderación que deban realizar los jueces entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, y por ello se dispone expresamente en el artículo 128 del de dicho cuerpo normativo como elemento a considerar por parte de los jueces para el otorgamiento de la suspensión la apariencia de buen derecho, requisito reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas. C) Lograr que la medida cautelar sea eficaz pero que, por otro lado, no se afecte el interés social, caso en el cual se deberá negar la suspensión. Sin embargo, la citada tesis 1ª./J.4/2009 parte del análisis del artículo 124 de la abrogada Ley de Amparo, cuando aún no se incorporaba en ella la figura de la apariencia del buen derecho, como un requisito para resolver sobre la suspensión, lo cual, como ya se vio, a partir de la nueva ley se determinó privilegiarla. En ese sentido, la citada tesis pugna con la forma como debe resolverse sobre la suspensión de acuerdo con la Ley de Amparo en vigor, lo que se traduce en la aplicación del artículo sexto transitorio de dicha ley, que impide emplear criterios que riñan o se opongan a ella. En efecto del contenido del artículo 139 de la Ley de Amparo se desprende que en los casos en que proceda la suspensión, si hubiera peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Así, la parte quejosa tiene que acreditar en grado mayor al indiciario la existencia de un derecho subjetivo que pueda ser protegido precisamente con el otorgamiento de la medida suspensiva. En el caso, se estima que este elemento no está colmado como para acceder a la pretensión específica de la moral quejosa, por las razones que se detallaran. Ello es así, en razón de que no demuestra que la ejecución de los actos reclamados pudiesen ocasionarle daños y perjuicios de difícil reparación pues, en realidad, no acredita la titularidad de algún derecho o autorización que avalen los trabajos de construcción y remodelación en las fechas que refiere (año 2018 y julio de 2019), de la barda perimetral que delimita el predio que defiende y que aduce fueron objeto de revisión en el acta de inspección de cinco de octubre de dos mil veinte, en donde se ubica dicho predio, identificado como: "Lote de terreno marcado con el número 5 de la manzana Z.M.G., situado en las calles Retorno Febronio Uribe, entre la zona federal de la Vena Santa María y Andador de la Colonia Zona Hotelera "Las Glorias", en Puerto Vallarta, Jalisco." En efecto, los medios de prueba que exhibió son las siguientes: Copia certificada de la escritura pública doce mil once (en la que obra el contrato de compraventa, apertura de crédito simple y garantía hipotecaria, así como el fideicomiso irrevocable de garantía 2479-9, respecto del cual la moral quejosa es fiduciaria); Copia certificada de la escritura pública quince mil quinientos treinta y tres (poder general judicial para pleitos y cobranzas); Copia certificada de la escritura pública cincuenta mil novecientos cuarenta y cuatro (fe de hechos notarial); Un plano a color identificado como PLA-001; Copia certificada de la solicitud única para trámite de uso y factibilidades con número de expediente E/92, correspondiente al ocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos. Copia certificada de la Orden de pago número 5400, para la licencia de construcción con vigencia de veinticuatro meses. Copia certificada de la Licencia de Alineamiento y Asignación de Número Oficial número 3001, del diez de noviembre de mil novecientos novena y tres. Copia certificada del Oficio D.S.125-409-413-ZFMT-PV-S/N/93, de quince de octubre de mil novecientos novena y tres, mediante el cual la Delegación de la SEDESOL en Jalisco manifestó que el desarrollo inmobiliario cuenta con todo lo necesario para su ejecución. Copia certificada del Convenio de pago de licencia de construcción número 10586/95, de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cinco Copia certificada del recibo oficial de pago 2668728, por la adjudicación de la licencia de construcción. Copia certificada del oficio 0332/95 emitida el dos de febrero de mil novecientos noventa y dos, por la Dirección de Obras Públicas y Servicios Municipales de Puerto Vallarta autorizando la edificación del desarrollo de mi representada. Copia certificada del escrito de veintiuno de julio de mil novecientos noventa y cinco dirigido a la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Puerto Vallarta, en donde se le informa y solicita la suspensión de la construcción. Copia certificada del escrito de treinta de noviembre de dos mil seis, dirigido a la Dirección de Planeación Urbana del Municipio de Puerto Vallarta en el que se le informó la reanudación de la obra. Copia certificada del oficio 3935/2006, de cinco de diciembre de dos mil seis, emitido por la Dirección de Planeación Urbana del Municipio de Puerto Vallarta con base al cual informó el plazo de vencimiento de cuatro meses a partir del seis de diciembre de dos mil seis y hasta el seis de abril de dos mil siete, para la realización de la construcción. Copia certificada del escrito de seis de diciembre de dos mil seis, mediante el cual se solicitó un año de prórroga para la licencia de construcción. Copia certificada del recibo oficial C 25830 por concepto de prórroga de licencia de construcción. Copia certificada del escrito de diecisiete de enero de dos mil siete mediante el cual se solicita la suspensión de la construcción. Copia certificada del el escrito de treinta de julio de dos mil doce, dirigido al Director de Planeación Urbana del Municipio de Puerto Vallarta donde se le notifica la reanudación de la construcción. Copia certificada del oficio 5324/2012, de veintiocho de septiembre de dos mil doce, emitido por la Dirección de Planeación Urbana en el que acepta la reanudación de obras e informa el plazo de vencimiento de doce meses a partir de esa misma fecha, el cual dejaría de surtir efectos al veintinueve de septiembre del año dos mil trece Copia certificada del escrito de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, dirigido a la Dirección de Planeación Urbana del Ayuntamiento de Puerto Vallarta para informarle la suspensión de las obras. Copia certificada del escrito recibido el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete por el Departamento de Dictaminación, de la Dirección de Planeación Urbana de Puerto Vallarta, donde se le solicita informara los meses que goza la licencia de construcción 0332/95, la cual cuenta con prorroga con número 070407, con número de oficio 5324/12. Copia certificada del oficio 1520/17, de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dictado por la Dirección de Planeación Urbana informando que aún se encuentra vigente la licencia de construcción y que cuenta con un plazo de doce meses. Copia certificada del escrito de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se informó la reanudación de la obra. Copia certificada del oficio 0079/2018, de diez de enero de dos mil dieciocho, mediante el cual la Dirección de Planeación Urbana y Ecología del Municipio de Puerto Vallarta acepta la reanudación de obra. Copia certificada de la autorización para cambio de proyecto mediante licencia de construcción 4435/18. Así como las copias certificadas de los procedimientos administrativos PFPA/2 L3/2C.27.4/005-19 y PFPA/2L3/2C.27.5/00029- 19. Valorados de conformidad con los artículos 129, 161, 190, fracción II, 197, 202, 212 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, únicamente acredita que: -José García Munguía es su apoderado general judicial para pleitos y cobranzas limitado, desde el catorce de noviembre de dos mil diecinueve; -Que el catorce de julio de dos mil diecisiete, se constituyó el fideicomiso irrevocable de garantía 2479-9, que es fiduciario en dicho contrato respecto del bien descrito en párrafos que anteceden; -La existencia de la barda perimetral que defiende; -Las medidas y colindancias de dicho predio; -Así como la existencia de procedimientos administrativos iniciado por Vista al Mar de Puerto Vallarta, Sociedad Anónima de Capital Variable, derivado de la invasión de la superficie que ocupa el título de concesión DGZF-258/15 otorgado a favor de dicha persona moral. -La existencia de permisos, o licencias de construcción desde septiembre de mil novecientos noventa y dos hasta marzo de dos mil dieciocho. Por ello, no evidenció que cuente con el permiso indicado por los artículos 23 y 24 del Reglamentario de Construcción para el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, que establecen: "Artículo 23. El Ayuntamiento de conformidad con el Artículo 129 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, designará la Autoridad Municipal y administrativa competente para ejercer las atribuciones y expedir los dictámenes, acuerdos, autorizaciones, licencias y permisos previstos en la legislación federal y estatal en las materias objeto del presente Reglamento" "Artículo 24. La Autoridad Municipal está facultada para expedir licencias o permisos de construcción en: Los predios de suelo urbanizable y en lotes o predios respecto de los cuales se autorizó su venta conforme las disposiciones en materia de urbanización; Los proyectos de obras de urbanización y edificación simultáneas, de acuerdo con el proyecto definitivo de urbanización; Las urbanizaciones progresivas que se autoricen por el Ayuntamiento; Los predios intra-urbanos de suelo no urbanizado en las áreas en donde el Ayuntamiento haya dictaminado técnica, jurídica y administrativamente factible su regularización; Los predios comprendidos en un área de reserva urbana, previa celebración del convenio donde se precisen las condiciones para su uso, en tanto se ejecuten las obras de urbanización o se realicen los fines públicos o privados que estén determinados en los planes o programas municipales vigentes; En predios de dominio público, de acuerdo a su destino y en su caso, con lo estipulado el acto o título de concesión." El propio quejoso reconoce que la barda perimetral del predio que forma parte del patrimonio fideicomitido del cual es fiduciario, tiende a delimitarlo, que dicha obra ha sido concluida desde ya hace tiempo, por lo que no busca garantizar la continuación de algunos procesos constructivos y que fue remodelada en el año dos mil diecinueve, por causa del temporal de lluvias, pues se le ocasionaran daños al resto de la infraestructura que se tiene en el predio. Además, que las dimensiones del predio que defiende y superficie lineal de dicha edificación, son: Ello evidencia que su intención tiende a la alteración del entorno en el que se encuentra el inmueble y por ello, aunque legítima aquélla, ineludiblemente debió obtener el permiso de construcción de mérito para iniciar y remodelar la barda que defiende. Máxime si se toma en consideración que el patrimonio del fideicomiso es parte integrante de lo que es conocido como la Zona Hotelera Las Glorias, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco y cuenta con una superficie territorial de aproximadamente 11,382.45 metros cuadrados, es decir, no se trata de un bien que no se encuentre sujeto a un régimen legal establecido, esto es, está reglamentado por las normas municipales que regulan las obras de construcción delimitación o remodelación en dicha zona (dada la importancia y lo que significa para la entidad nacional), además, tomando en consideración sus dimensiones, es claro que no pudo haberse ejecutado obra alguna sin contar con las licencias y permisos correspondientes. Resulta aplicable la tesis IV.3o.A.1 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en la página 1463, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE CLAUSURA. PARA OBTENERLA DEBE DEMOSTRARSE NO SÓLO EL INTERÉS JURÍDICO PRESUNTIVO SINO, ADEMÁS, EXHIBIR OTROS DOCUMENTOS DE PRUEBA PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO QUE SE PRETENDE PRESERVAR. Para obtener la suspensión provisional en contra de una orden de clausura de un negocio de distribución de gas licuado de petróleo no sólo es necesario que el quejoso demuestre el interés jurídico presuntivo para la realización de la actividad reglamentada, con el permiso de distribución mediante estación de gas licuado de petróleo expedido por la Secretaría de Energía, el dictamen de factibilidad o el contrato de arrendamiento respectivos, sino que además debe exhibir otros documentos o principios de prueba, presupuestos de la actividad, verbigracia, los permisos o licencias de uso de suelo, construcción y edificación expedidos por la autoridad municipal correspondiente, toda vez que al resolver sobre la suspensión, los tribunales de amparo deben verificar la existencia del derecho cuya preservación pretende obtener el quejoso a través de la suspensión del acto reclamado y, en el caso, para poder desarrollar la actividad reglamentada se requiere que en el lugar geográfico se expida el permiso de uso de suelo y factibilidad para desarrollar esa actividad, lo que es propio de autoridades de desarrollo urbano y ordenamiento territorial; ello es así, ya que el objeto de la medida cautelar es conservar derechos y no constituirlos en favor de los gobernados" También la diversa tesis I.13o.A.84 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página 1391, que señala: "ORDEN DE DEMOLICIÓN. LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN BAJO CUYA VIGENCIA SE EJECUTARON LAS OBRAS, ACREDITA EL INTERÉS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE AQUÉLLA. De conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede la suspensión de los actos reclamados si la solicita el quejoso y su ejecución resulta de difícil reparación. Por tanto, si se solicitó la suspensión en contra de los efectos de una resolución administrativa en la que se ordena la demolición de las obras ejecutadas al amparo de una licencia de construcción en el bien inmueble propiedad del solicitante de la medida, el interés suspensional debe tenerse por acreditado con la exhibición de dicha licencia, pues ese documento es el idóneo para demostrarlo; por lo que debe concederse la suspensión de los actos referidos para que se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo, para evitar que se causen daños y perjuicios que sean de difícil reparación." En efecto, ni siquiera bajo una perspectiva de interés legítimo que pudiera asistir a la parte quejosa puede estimarse acreditado tal requisito del interés suspensional, si se toma en cuenta lo dispuesto en el artículo 131, último párrafo, de la Ley de Amparo en que se regula esa situación específica, que es puntual en establecer que "[.] En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." Ahora bien, no pasa inadvertido que la parte quejosa, allegó como pruebas de su parte diversas documentales donde se advierte que contaba con el permiso del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para el inicio de la construcción del complejo habitacional, sin embargo estas resultan de fechas anteriores a la construcción de la barda materia de litis. Asimismo, no pasa inadvertido la autorización para cambio de proyecto mediante licencia de construcción 4435/18, con vigencia del diecisiete de enero de dos mil diecinueve al diecisiete de enero de dos mil veintiuno sin embargo esta se expidió a favor de la diversa moral Inmobiliaria Parsi, sociedad anónima de capital variable, sociedad a la que se le instauró el procedimiento administrativo del que derivó la orden de demolición de la que se duele la parte quejosa, del cual se ostenta como tercero extraña. En ese tenor, la falta de interés conduce incluso a estimar la inexistencia de una apariencia del buen derecho apta para conceder la suspensión, debido a la falta de acreditación de un derecho legítimamente tutelado qué salvaguardar. Sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que el promovente se ostente tercero extraño auténtico al procedimiento que pudo originar la orden de demolición de que se duele, puesto que dichas manifestaciones no implican que se encuentre exento de acreditar la titularidad de derecho que defiende. En esta condición, se niega la suspensión definitiva solicitada. Respuesta a las manifestaciones de la parte quejosa. Sin que sea óbice para llegar a la anterior determinación, lo manifestado por la parte quejosa en el sentido de que no requería tramitar permiso porque conforme a la referida Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación y de impacto ambiental, solo estaba obligada a dar aviso a las autoridades del medio ambiente, ya que se trataban únicamente de medidas correctivas, a una construcción prexistente. Sin embargo, ello resulta insuficiente para acreditar su interés, puesto que el hecho de cumplir con la normativa en materia ambiental, no excluye de cumplir con el diverso Reglamento de Construcción para el Municipio de Puerto Vallarta. Por otra parte, por cuanto hace a su manifestación de que los actos que reclama atentan contra su derecho de propiedad, uso y disposición de sus bienes, para lo cual no debe condicionarse el otorgamiento de suspensión definitiva a que se demostrara contar con licencia o permisos para la construcción, debe decirse que lo relativo a si la demolición de la barda perimetral controvertida afecta o no su derecho de propiedad, es materia en todo caso del fondo, por lo que no puede ser materia de análisis en la presente resolución interlocutoria II. Por el efecto consistente en que se suspendan los procedimientos sustanciados por las responsables. La suspensión de las consecuencias del citado acto, será procedente siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos por el artículo 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. El primero de ellos se colmó plenamente toda vez que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva. Por lo que hace al segundo de los requisitos, se debe considerar que con la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social, para lo cual se tiene en cuenta lo siguiente: El interés social es un concepto jurídico indeterminado, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en el cual se realice la valoración. Para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios, mayores a los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Así, se pude entender el interés social como cualquier hecho, acto o situación de los cuales la sociedad pueda obtener un hecho o una ventaja o evitarse un trastorno bajo múltiples o diversos aspectos, previniéndose un mal público, satisfaciéndose una necesidad colectiva o lográndose un bienestar común. Cobra aplicación la jurisprudencia I.3º. A. J/16, que dice: "SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA." También la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación: "SUSPENSION. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERES SOCIAL O CONTRAVENCION DE DISPOSICIONES DE ORDEN PUBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCION II, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS." En la especie, de concederse la suspensión en el sentido de que el procedimiento administrativo de origen no continúe por sus etapas procesales, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo del cual emana el presente cuaderno, se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al paralizarse el procedimiento de integración del referido asunto. Ello es así debido a que la sociedad está interesada en que el juicio no se detenga ni se paralice hasta llegar al objetivo para el cual es sustanciado, resultando de orden público su continuación, por cuyo motivo, proceder a la paralización del procedimiento, sería afectar las etapas posteriores a la emisión del acto reclamado, máxime que la simple secuela del procedimiento no ocasiona daños y perjuicios en contra del hoy inconforme, ya que no se ve privado de sus derechos procesales, como sería el continuar con el trámite del procedimiento del juicio sucesorio. Resulta aplicable, la tesis número 1140: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL. Por lo anterior, al no cumplir con uno de los requisitos necesarios, de conformidad con el artículo 128, fracción II, en relación con el 129, ambos de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Bansi, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Departamento Fiduciario, en términos del considerando tercero de esta resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por el la secretaria Zulema Sánchez Ibarra, que autoriza y da fe.RAAG/ZSI/ansn
- Principal
Téngase por recibido el comunicado de los delegados de las autoridades responsables de la Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno de Zapopan, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remiten el original de la constancia en donde se puede apreciar que el adeudo del vehículo propiedad de la parte quejosa ha quedado cancelado. Dese vista y córrase traslado. En razón de lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, en los términos contenidos en el presente acuerdo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a quince de junio de dos mil veintiuno. Se recibe telegrama. A sus autos el telegrama que remite el Juez Segundo de lo Civil por Ministerio de Ley del Decimocuarto Partido Judicial del Estado de Jalisco, atento a su contenido, en cumplimiento al auto de veintiséis de mayo pasado, informa, en relación al despacho 28/2021, correspondió conocer al Juez Primero de lo Civil del Decimocuarto Partido Judicial del Estado de Jalisco. Requerimiento. Bajo ese tenor, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase al Juez Primero de lo Civil de Primera Instancia en materia Civil de Zapotlán el Grande, Jalisco, para que dentro del plazo de tres días informe el trato dado al despacho 28/2021 y, para el caso de que haya sido diligenciado lo devuelva de inmediato. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad que en caso de que no cumpla con lo anterior dentro del término otorgado para ello, una vez que se certifique que dicho plazo ha concluido, se les impondrá una multa correspondiente al valor de cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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