Karen Aldama Apodaca

Expediente 85/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
85/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Karen Aldama Apodaca
  • Elizabeth Silva Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, y el estado que guardan los autos, en el sentido de que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia de seis de octubre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo promovido por Karen Aldama Apodaca, Mercedes Gabriela Morales Peralta y Elizabeth Silva Márquez. En tal virtud, se declara que ha causado ejecutoria dicha determinación, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 81 del mismo ordenamiento legal; comuníquese lo anterior a las partes. Lo anterior, no obstante que no ha transcurrido el término de diez días concedido a la autoridad local señalada como tercero interesada por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión a que se refiere el artículo 81 del mismo ordenamiento y que no se cuente con los acuses de las diversas autoridades foráneas señaladas como terceras interesadas; lo anterior, en virtud de que se estima que el recurso de revisión solo podrá interponerlo quien se vea afectado por el contenido de la sentencia impugnada, por lo que al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, dicha sentencia no les depara perjuicio alguno a dichas autoridades tercero interesadas, es por ello que no se considera necesario que les transcurra el citado plazo para la interposición del recurso de que se trata a fin de decretar la firmeza del fallo dictado en el presente juicio. En consecuencia, previa revisión por la Secretaria de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"); y archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Y TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL AVISO DE 8 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O Primero. Demanda. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, ***************, *************** y ***************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que se precisa a continuación: "1).- C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con sede en esta ciudad. IV.- ACTO RECLAMADO.- A) Se reclama que la autoridad responsable TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA trasgredió y vulnero los artículos 115 y demás relativos de la Ley del Servicios Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California ya que ha omitido acordar dentro del término de 24 horas que establece la ley la solicitud por escrito promovido en oficialía común de fecha 20 de junio de 2019. B) Se reclama también de la Autoridad Responsable TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, la omisión durante varios meses de dictar las medidas necesarias y con la celeridad oportuna para que el patrón aquí Responsable de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio laboral." Segundo. Trámite. Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo de que se trata, la que se registró en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 85/2020-3; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al reclamarse omisiones por autoridad que tiene su domicilio en el lugar en donde este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;????????? En ese orden, del estudio integral que se efectúa a la demanda de mérito, se colige que las promoventes señalan como actos reclamados, la omisión del Tribunal responsable de acordar dentro del término que establece la ley, el escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecinueve, así como la omisión de dictar las medidas necesarias, con la celeridad oportuna, a efecto de que la patronal cumpla con el laudo dictado en el expediente 1172/2011-IV. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se reclama a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, consistente en la omisión de proveer respecto al escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecinueve; por así haberlo manifestado al momento de rendir su informe justificado. Inexistencia que se colige, por exclusión, del contenido de su propio informe, y de las constancias que anexó al mismo, de las que se advierte que en el juicio laboral burocrático 1172/2011-IV de su índice, no obra escrito alguno presentado por las hoy quejosas el veinte de junio del año próximo pasado; sin que la parte quejosa aportara prueba que desvirtuara dicha circunstancia. De ahí que, en el caso no puede estimarse que existiera la omisión que se le atribuye a la mencionada responsable. Consecuentemente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad aludida, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto al acto precisado en párrafos que anteceden. Cuarto. Existencia de actos. Del contenido del informe justificado rendido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, se obtiene que el acto reclamado consistente en la omisión de dictar las medidas necesarias, con la celeridad oportuna, para hacer cumplir el laudo emitido en el juicio laboral 1172/2011-IV, es CIERTO. Certeza que se corrobora con la constancia que anexó dicha responsable, al rendir su informe con justificación, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 2022 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Quinto. Causales de improcedencia Con base en el artículo 623 de la ley de la materia, al ser cuestión de orden público y estudio preferente, se aborda el análisis de la causa de improcedencia que, de oficio se advierte se actualiza respecto de la omisión atribuida al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. 2 Artículo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo. Artículo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal. 3 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."???????????? En efecto, se estima actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De conformidad con la disposición legal transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, de las constancias previamente valoradas es posible advertir que al momento de la presentación de la demanda de amparo la autoridad responsable no había acordado respecto a la promoción de veintitrés de marzo de dos mi dieciocho, dirigida al expediente 1172/201-IV de su índice, mediante la cual la parte actora -aquí quejosa- peticionó la ejecución del laudo. Sin embargo, de las referidas documentales que allegó la responsable se obtiene que el doce de febrero del presente año, se proveyó respecto a la petición en mención. De ese modo, es inconcuso que si bien a la presentación de la demanda de amparo -treinta de enero de dos mil veinteel Tribunal responsable se mantenía omiso en dictar acuerdo relativo al escrito de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se solicitó la ejecución del laudo, tal afectación a la esfera jurídica de las gobernadas cesó una vez que el doce de febrero de esta anualidad, la responsable proveyó respecto la petición, y ordenó requerir a la parte demandada por el cumplimiento del laudo respectivo. De ahí que sea evidente la actualización de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al acreditarse la existencia del referido auto dictado con motivo de la única petición de ejecución de laudo que realizó la parte actora; por tanto, ello se traduce en la terminación de las consecuencias del acto reclamado, lo que permite sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que hace a ese acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En apoyo de la anterior determinación se invoca la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Novena Época, registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". No obstante lo anterior, respecto a la omisión de dictar las medidas necesarias, con la celeridad oportuna, para hacer cumplir el laudo, cabe destacar que de las constancias que integran el expediente de origen no se encontró diversa????? promoción presentada tendiente a solicitar la ejecución del laudo. Y si bien, el suscrito juzgador no desconoce que la autoridad responsable, debe vigilar que la ejecución de los laudos sea pronta y expedita, sin embargo, dicha actividad jurisdiccional se encuentra condicionada a que la parte que obtuvo realice la solicitud ejecución del laudo, para que así se ordene al Actuario adscrito a efecto de que en compañía del vencedor se constituyan en el domicilio de la parte demandada y la requiera para el cumplimiento. Dicho aserto tiene relación con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el tema relativo a la prescripción de la acción de ejecución de los laudos, en la que determinó, que si bien es cierto, las Juntas de Conciliación y Tribunales de Arbitraje, por conducto de sus presidentes, tienen la obligación de ejecutar los laudos que pronuncien, también es verdad que esa obligación es correlativa con los particulares en el sentido de que éstos tienen la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción ejercitada.4 Con lo anterior, se advierte que si bien los presidentes de las Juntas están encargados de la ejecución de los laudos, 4 Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 2ª./J. 9/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 130, Tomo XI, febrero de 2000, Novena Época, cuyo rubro y texto a la letra dice: "LAUDOS. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE EJECUCIÓN. De lo dispuesto por los artículos 519, fracción III y 521 de la Ley Federal del Trabajo deriva que prescriben en dos años, contados a partir del día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo, las acciones para solicitar su ejecución y que la prescripción se interrumpe por la sola presentación de cualquier promoción ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Por su parte, los diversos preceptos 945 y 950 de la invocada ley disponen que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y que, transcurrido este término, el presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. De estos preceptos legales se advierte que es requisito indispensable para dictar auto de requerimiento y embargo o de ejecución de laudo, el que la parte que obtuvo lo solicite expresamente, lo cual debe hacer dentro del término de dos años que señala el citado artículo 519, fracción III, de la ley en comento, so pena de que su acción se declare prescrita en atención a que dicha promoción, solicitando la ejecución del laudo o el dictado del auto de requerimiento y embargo, únicamente tiene por efecto interrumpir la prescripción, inutilizando el tiempo transcurrido antes de la interrupción, pero en forma alguna puede tenerlo en el sentido de que con su dictado la prescripción no vuelva nuevamente a correr a partir de éste o después del acto interruptivo; por tanto, es necesario solicitar, antes de que transcurra el término fatal, auto de ejecución, lo cual debe hacerse cada vez que sea necesario, pues, de no interpretarse en ese sentido se contravendría la garantía de certeza jurídica tutelada por el artículo 14 de la Carta Magna, la cual debe prevalecer sobre el interés particular.". ello siempre se ve condicionado a que la parte interesada impulse el procedimiento, pues a diferencia del juicio, en el cumplimiento del laudo no se puede actuar de manera oficiosa. Lo cual en el juicio de origen no sucedió con posterioridad al veintitrés de marzo de dos mi dieciocho. Atento a lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto por los arábigos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***************, *************** y ***************, contra los actos reclamados a la autoridad responsable y por las razones expuestas en el tercer y quinto considerando del presente fallo.

  3. Principal

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