Karen Aguilera Romero
Expediente 183/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 183/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Karen Aguilera Romero
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, cuatro de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito de la quejosa Karen Aguilera Romero, con el que se da cuenta, por medio del cual en cumplimiento al proveído de veintitrés de febrero de este año señala como su domicilio particular el ubicado en Calle Cuarenta y Nueve Sur, número dos mil novecientos dos, colonia Ampliación Reforma de esta ciudad de Puebla, lugar en el que se le pretende ejecutar el acto reclamado. Así mismo, precisa que el acto reclamado es la orden de arresto decretada en su contra dentro del juicio 1634/2014 del índice del Juzgado Décimo Cuarto Civil de Cuantía Menor del Distrito Federal; circunstancia que manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo cual constituye una confesión que hace prueba plena en términos de los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad en su artículo 2°, pues constituye un hecho propio aseverado en el escrito de aclaración de demanda. De lo anterior se tiene que la inconforme señala como acto reclamado la orden de arresto dictada en el juicio 1634/2014 del índice del Juzgado Décimo Cuarto Civil de Cuantía Menor del Distrito Federal, la cual, aduce, tendrá ejecución en Calle Cuarenta y Nueve Sur, número dos mil novecientos dos, colonia Ampliación Reforma de esta ciudad de Puebla, donde tiene su domicilio particular, por lo que el suscrito considera que este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de la materia para conocer del juicio de amparo, en virtud de que el acto que se reclama no es de materia penal. En efecto, en términos de los artículos 10 y 12 del acuerdo general 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se determina que este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del numeral transcrito se puede observar que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal conocerán de los asuntos siguientes: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el caso debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. b) Contra actos que afecten la libertad personal, con independencia de la naturaleza de la autoridad que emita el acto reclamado si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal de la parte quejosa, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. c) Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. d) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. e) Contra leyes o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En el caso, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se advierte que el mismo no se ajusta a alguno de los supuestos establecidos en el numeral antes citado, ya que el acto reclamado no lo constituye una resolución judicial del orden penal, no atenta contra la libertad personal con motivo de una corrección disciplinaria o medida de apremio dentro de un procedimiento penal, no se vincula con la reparación del daño, ni se reclama una ley o incumplimiento de declaratorias de inconstitucional emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas con normas generales en materia penal. En efecto, como se precisó, el acto reclamado lo constituye la orden de arresto dictada en el expediente 1634/2014 del índice del Juzgado Décimo Cuarto Civil de Cuantía Menor del Distrito Federal, la cual, aduce, tendrá ejecución en Calle Cuarenta y Nueve Sur, número dos mil novecientos dos, colonia Ampliación Reforma de esta ciudad de Puebla, donde tiene su domicilio particular, el cual atribuye al Juez Décimo Cuarto Civil de Cuantía Menor del Distrito Federal, Procurador General de Justicia y Director General de la Policía Ministerial, ambos del Distrito Federal, así como a los entonces Procurador General de Justicia y Director General de la Policía Ministerial, ambos del Estado de Puebla. Esto es, el acto reclamado no es una orden de captura penal sino una privación temporal de la libertad que encuentra sustento en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues fue dictado por un juez del orden civil; ello, con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es ilustrativo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 22/94, publicada en la página 20, núm. 78, junio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto es: COMPETENCIA EN AMPARO EN REVISION, CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE ARRESTO DECRETADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y NO A UNO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Cuando se promueve una demanda de amparo indirecto del que conoce un Juez de Distrito no especializado, reclamándose la orden de arresto decretada en un juicio ejecutivo mercantil, para el efecto de que se cumpla una determinación del Juez del fuero común, debe considerarse que resulta competente para conocer de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil y no uno en materia administrativa, pues el referido medio de apremio debe considerarse de contenido materialmente civil, pues fue dictado por un Juez Civil para hacer cumplir sus resoluciones sobre rebeldes y contumaces en un procedimiento de naturaleza civil y, en tal virtud, cobra aplicación la regla establecida por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que dispone que los Tribunales Colegiados especializados conocerán de las materias propias de su especialización. Luego, como se adelantó, el acto reclamado no se puede considerar de naturaleza penal, ya que fue dictado en el juicio 1634/2014 del índice del Juzgado Décimo Cuarto Civil de Cuantía Menor del Distrito Federal, y por consiguiente corresponde conocer del mismo a un Juez de Distrito Especializado en Materia Civil. Por tanto, el suscrito estima que se reclama un acto que no es competencia de un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal y su competencia corresponde a un Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, razón por la cual este juzgado declara carecer de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo formado con la demanda de amparo con diez copias simples de la misma y ocho del escrito aclaratorio al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Puebla, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes manifieste si acepta o no la competencia en términos del numeral en cita. Así mismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese, con las constancias necesarias, el expedientillo de amparo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Puebla, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo fórmese el expediente correspondiente y regístrese con el número 183/2016. A fin de acordar lo procedente sobre el trámite de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito aclaratorio y siete copias del mismo para correr los traslados correspondientes, cumpla con lo que dispone el diverso 108, fracciones V y IV de la ley de la materia, esto es, como parte de los antecedentes del acto reclamado y bajo protesta de decir verdad, manifieste:
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