Karem Lizuly Diaz Contreras

Expediente 1473/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1473/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
08/08/2018

Partes del expediente

  • Karem Lizuly Diaz Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se notifica al quejoso, el auto. Visto el estado procesal que guardan los autos, deriva que la parte quejosa no desahogó la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los siguientes términos. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizar en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En efecto, para estar en condiciones de analizar el cumplimiento del fallo protector, es necesario establecer los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales son los siguientes: "1. Que se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa las obligaciones previstas en los artículos 13, 14, 15, 16 y 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, con residencia en Gómez Palacio, Durango, salvo la deducción de la cantidad mínima a pagar, devuelva a los peticionarios de garantías la cantidad que erogaron, según se desprende de los recibos de pago con números de transacción 2016-628080 y 2016-628075, 2016-628064 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por los conceptos de contrato de compraventa de inmuebles y registro de contrato de crédito hipotecario. 3. Que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango, con residencia en Gómez Palacio, Durango, devuelva a los peticionarios de garantías la cantidad total que erogaron por el impuesto de fomento a la educación, según se desprende de los recibos de pago con números de transacción 2016-628080 y 2016-628075, 2016-628064 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis". Precisado lo anterior, este juzgado de distrito estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa, en lo presente y en lo futuro, los artículos 13, 14, 15, 16 y 52 fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, según consta en autos (fojas 266 y 267). De igual manera se advierte que dicha autoridad recaudadora el doce de marzo de dos mil dieciocho, realizó la transferencia electrónica bancaria por la cantidad de $11,030.76 (once mil treinta pesos 76/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa Karem Lizuly Díaz Contreras, segundo comprobó con la copias de reporte de traspasos a terceros como consta en autos (fojas 295 a 297). En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente a la quejosa; mediante oficio al agente del Ministerio Público adscrito y autoridades responsables.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa Agréguese a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el Recaudador de Rentas de Gómez Palacio Durango, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista a la quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere este proveído.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, deriva que la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Rentas de Gómez Palacio, Durango, si bien informó lo relativo al cumplimiento del fallo protector, en el sentido de que realizó la devolución de las cantidades erogadas por la aquí quejosa, previamente actualizadas y salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar; sin embargo, no remitió la resolución fiscal correspondiente, en la que aparezcan las operaciones aritméticas que realizó para obtener la tarifa mínima de trescientos $365.20 (trescientos sesenta y cinco pesos 20/00 moneda nacional), puesto que genéricamente refirió que dicho monto se calculó a razón de cinco salarios, pero sin explicar cuál fue el salario que consideró para determinar dicha cuota. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Rentas de Gómez Palacio, Durango, para que cumpla con dicha ejecutoria dentro del plazo de tres días contados a partir del momento en que haya quedado legalmente notificada del presente proveído, en el sentido de remitir copia certificada de la resolución que acredite las operaciones que realizó para obtener la tarifa mínima de trescientos $365.20 (trescientos sesenta y cinco pesos 20/00 moneda nacional), y que le fue cobrada a la parte quejosa por concepto de inscripción de documentos. Apercibida que en caso de no cumplir dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización equivalente a ... Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; ello, porque las sentencias ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la nueva Ley de Amparo. En la inteligencia de que la responsabilidad en que se incurre por desacato al fallo constitucional, perdura durante el tiempo que dure en el encargo y subsiste aun cuando ya no esté en funciones, pudiendo ser enjuiciado por ese motivo, aunque hubiere dejado el encargo, por omitir cumplir la ejecutoria o cumplirla de manera extemporánea, en términos del numeral 195 de la Ley de Amparo, según lo dispone la tesis de jurisprudencia 60/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, consultable en la página 7, de la Décima época, que dice: Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa Agréguese a sus antecedentes para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio. Al efecto, con el oficio precisado, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida de que en caso de no hacerlo, esta autoridad, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y al oficio de cumplimiento a que se refiere el presente proveído. Por otro lado, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el sobre devuelto por la Administración de Correos, con residencia en esta ciudad, que contiene el oficio 6473/2018 dirigido a la autoridad responsable, Secretario General de Gobierno del Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por el que se le notifica la sentencia dictada en autos, el cual no fue entregado por cambio de domicilio. Bajo esas circunstancias, tomando en consideración que el domicilio de la autoridad es el ubicado en... remítase de nueva cuenta el citado oficio, con trascripción del presente proveído a la autoridad en comento, al domicilio señalado líneas anteriores, lo anterior a fin de que quede debidamente notificada de la sentencia dictada en el presente asunto.

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