Kareli Abigail Gonzalez Gutiérrez

Expediente 26/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
26/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/01/2022

Partes del expediente

  • Kareli Abigail Gonzalez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de once de enero de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a once de enero de dos mil veintidós. Radicación. Visto lo de cuenta, se tiene a ************, promoviendo demanda amparo por su propio derecho contra actos del Juez Tercero de lo Familiar, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 26/2022. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la de demanda de amparo, o de los documentos anexos a esa promoción, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional.Ahora bien, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, mismos que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.--- (.)" El primero de los artículos precitados dispone que el juicio de amparo deviene improcedente, además de las diversas hipótesis establecidas en el mismo, en los demás casos en que así resulte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo.Asimismo, el segundo de los preceptos legales trascritos, es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo iniciados con posterioridad al tres de abril de dos mil trece debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no afecten derechos sustantivos, pues solo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación.Así podemos considerar que para el asunto que nos ocupa, una abierta dilación en el procedimiento civil génesis acaecerá cuando trascurran más de tres meses en dictarse o cumplirse las determinaciones o diligencias correspondientes, por ser un tiempo máximo promedio que estimó el legislador en que puede permanecer inactivo el procedimiento, sin que la autoridad correspondiente realice una actuación y sin sanción para las partes; lo cual, a juicio de quien ahora resuelve, objetivamente resulta ser un término prudente. Establecido lo anterior, antes de continuar conviene precisar que para efecto de determinar la certeza o no del acto de autoridad en el juicio de amparo, debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, sin que en la sentencia pueda ocuparse de actos posteriores.En ese sentido, es necesario resaltar que la demanda que dio origen al juicio biinstancial que ahora se resuelve, fue presentada en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el diez de enero de dos mil veintidós. Por consiguiente, para efecto del análisis de la causal de improcedencia invocada por este Juzgado Federal, se tomará en cuenta la data antes precisada. Así, tenemos que en el caso particular la parte quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable de no respetar los plazos y términos establecidos en el código de procedimientos civiles para el estado de Baja California, en el juicio 37/2022, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar; concretamente, porque no ha acordado la demanda de alimentos ni ha fijado una pensión alimenticia provisional presentada el siete de enero de dos mil veintidós -según el dato objetivo consistente en el acuse de recibo anexo a la demanda-, y dice que a la fecha de presentación del amparo que nos ocupa no ha resuelto respecto a la demanda de alimentos de mérito.En congruencia con lo anterior y con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo .Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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