Juventino Quetzalcoatl Perez Cortes Vidarte
Expediente 1026/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juventino Quetzalcoatl Perez Cortes Vidarte
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Juventino Quetzalcoatl Pérez Cortés Vidarte, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Adolfo Jiménez Gómez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil dieciocho Vista la demanda de amparo que promueve Mario Iván Meza Guerrero, apoderado legal de Juventino Quetzalcóatl Pérez Cortes Vidarte, contra actos de la Junta Especial Numero Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1026/2018-IV que por orden le corresponde. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: De un análisis del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de junio de dos mil dicho, dictada en el juicio laboral de origen 01/346/15-II del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, que en virtud de lo manifestado bajo protesta de decir verdad el apoderado de la quejosa refiere el contenido de la resolución reclamada, lo que a continuación se plasma: Una vez plasmada la resolución recurrida a criterio de quien resuelve se destaca que: 1.- La parte demandada en el juicio laboral de origen 01/346/15-II, por conducto de su apoderado legal, promovió incidente de nulidad de actuaciones. 2.- Por tanto, la Junta responsable acordó lo concerniente a dicho incidente. 3.- Continuando con la secuela procesal, la Junta señalada como responsable desechó de plano dicho incidente. De lo anterior se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como quedó apuntado, la parte quejosa se duele de la resolución de cuatro de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral de origen 01/346/15-II del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, por medio de la cual dicha Junta desechó el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por conducto del apoderado legal de la parte demanda -quejosa en el presente juicio-. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Cobra vigencia en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 2a. XLVIII/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, de la Décima Época, página 1070, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO.". Así, tenemos que el acuerdo emitido en el juicio laboral de origen 01/346/15-II, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas; además, de que en el presente asunto, no se está ante un acto en los que se deje sin defensa al quejoso, ni de los que le causen un perjuicio irreparable, en virtud de que la resolución reclamada emana de un procedimiento seguido en forma de juicio y, se desarrolla ante una autoridad en materia de trabajo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos, sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar el laudo, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Visto lo anterior, es indudable que el acto reclamado no constituye un acto procesal de ejecución irreparable que produzca una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, pues el hecho de que la autoridad responsable mediante resolución de cuatro de junio del año en cuso, desechara el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte quejosa, no priva del derecho de defensa que en el procedimiento tienen consagrado las partes, ni altera las cuestiones debatidas en el mismo, ya que dicha resolución, únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales, que incluso no necesariamente tendrían una consecuencia negativa en el fallo que se dicte; en el entendido que en términos del artículo 172 fracción V de la Ley de Amparo, es considerada como violación intraprocesal reclamable en su caso en el amparo directo que se promueve en contra del laudo respectivo. Tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el registro 2003448, con el epígrafe y texto: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. LA CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. La resolución que decide no declarar la nulidad de lo actuado en el procedimiento natural, declarando infundado el incidente respectivo, no es un acto de imposible reparación reclamable en amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que se trataría, en su caso, de una violación a las leyes del procedimiento, de acuerdo con la fracción V del artículo 159 de la legislación invocada, reclamable únicamente en la vía de amparo directo al promoverse la demanda de amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio correspondiente, según lo dispone el diverso 161 de la propia ley." A mayor abundamiento, ciertamente la resolución reclamada genera consecuencias, pero de índole estrictamente procesal y sin afectación directa, inmediata y material de algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano sea parte, pues como se dijo, el hecho de que la autoridad responsable mediante resolución de cuatro de junio del año en cuso, desechara el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto por la parte aquí quejosa, sólo incide en derechos intraprocesales, pero no trastoca su derechos sustantivos, lo que torna improcedente el juicio de amparo indirecto. Por tanto, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que el acto que por esta vía se reclama no es considerado como de imposible reparación, sino en su caso como violación intraprocesal. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Mario Iván Meza Guerrero, apoderado legal de Juventino Quetzalcóatl Pérez Cortes Vidarte, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, que es del rubro la literal siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Asimismo, se tiene como autorizados con las facultades que refiere a las personas y profesionista propuestos en el escrito de cuenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.AVMM*LA
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