Juventino Pineda Cahuantzi
Expediente 803/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juventino Pineda Cahuantzi
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por un error en el acuerdo de veintisiete de febrero del año en curso, se asentó en forma incorrecta la fecha del citado provbeído, siendo la correcta veintiocho de febrero del presente año, tal y como aparece en la cuenta de dicho proveído; en consecuencia, con fundamento en lo previsto por el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento y se tiene que el auto por el cual causo ejecutoria el presente asunto; su fecha correcta es veintiocho de febrero del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo y negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Juventino Pineda Cahuantzi y Fausto Velázquez Salado; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia y archívese este expediente como asunto concluido. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el considerando Décimo Sexto del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de depuración, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento; por lo que, previa digitalización, únicamente deberán conservarse la demanda y sentencia respectivas; ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.
- Principal
V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo número 803/2017-II; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y remitido el uno de septiembre siguiente por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, JUVENTINO PINEDA CAHUANTZI y FAUSTINO VELÁZQUEZ SALADO, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalando como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como tales a la C. María Isabel Delfina Maldonado Texte, Auditora Superior y al Licenciado Apolonio Jacinto Galicia Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos, ambos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con domicilio oficial bien conocido en Avenida Independencia número 405, San Diego Metepec, Tlaxcala, Estado de Tlaxcala." "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO.- Resulta ser el acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente número 43/2017, emitido por la C. María Isabel Delfina Maldonado Texte Auditora Superior ante el Licenciado Apolonio Jacinto Galicia Rodríguez Director de Asuntos Jurídicos, ambos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado". SEGUNDO.- Por auto de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, quienes lo rindieron con más de ocho días de anticipación a la celebración de la audiencia de ley; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO.- Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben dejarse precisados los actos que se reclamaron a las autoridades señaladas como responsables, y que son los siguientes: Auto de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitido en el recurso de revocación 43/2017, interpuesto en contra de la resolución de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento indemnizatorio 063/2015. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACION CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe de acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO.- El Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, rindió su informe justificado admitiendo la existencia del acto reclamado, sin embargo, a dicho funcionario no le reviste el carácter de autoridad responsable en el presente juicio de amparo habida cuenta que no se le puede imputar la emisión del proveído reclamado, pues el citado funcionario no realiza funciones que encuadren en las previstas por el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, ya que actuó como simple fedatario y, por ende, su actuación está desprovista de imperio y decisión, excluyéndolo así del carácter de autoridad responsable, pues en el numeral invocado se establece: "teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII en relación con el artículo 5º., fracción II y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto del acto que se atribuye a dicha autoridad. CUARTO.- La Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, rindió su informe justificado admitiendo la existencia del acto reclamado, certeza que se corrobora con las copias certificadas deducidas del procedimiento de responsabilidad indemnizatoria 63/2015 y recurso de revocación 43/2017, documentales a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º., por tratarse de documentos públicos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones. QUINTO.- La procedencia del juicio de amparo merece estudio preferente, por ser una cuestión de orden público, lo aleguen o no las partes, tal y como lo estatuye el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie, las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna y este resolutor no advierte de oficio su actualización. SEXTO.- Ahora, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, respecto del acto reclamado consistente en el proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitido en el recurso de revocación 43/2017, los cuales no pueden ser suplidos en su deficiencia, toda vez que no se surte alguna de las hipótesis que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado no se fundó en preceptos declarados inconstitucionales, ni se dictó dentro de un procedimiento de naturaleza penal, agraria o laboral, en que a la quejosa le revista el carácter de reo, ejidatario o trabajador, respectivamente; tampoco se advierte que la promovente sea menor o incapaz; finalmente, no se aprecia de manera clara y evidente que exista una violación manifiesta de la ley en la emisión del acto reclamado, ni que la parte quejosa se encuentre en un estado de pobreza o marginación que lo deje en desventaja para su defensa; de ahí que, como se adelantó, resulte improcedente la suplencia de la queja. Es aplicable al caso, el criterio expuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, del número IV, Primera Parte, de julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables." Una vez hecha la aclaración anterior se precisa que los conceptos de violación que se hacen valer son infundados. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa ocurre ante este órgano jurisdiccional a reclamar de la autoridad que señala como responsable Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, el proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, emitido en el recurso de revocación 43/2017, interpuesto en contra de la resolución de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el procedimiento indemnizatorio 063/2015, en el que se desechó dicho medio de impugnación por extemporáneo. Ahora bien, la parte quejosa expone esencialmente que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque a su juicio los numerales 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Civiles resultan inaplicables, en razón de que el numeral 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, establece que el plazo para interponer el recurso de revocación contará a partir de que surta efectos la notificación, por lo que considera que si la resolución impugnada le fue notificada el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, surtió efectos el veintinueve siguiente y el plazo empezó a correr el treinta de mayo y feneció el doce de junio de dos mil diecisiete. Los quejosos expresan que en el caso, no era procedente aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles porque la cuestión a suplir se encuentra debidamente regulada. Los anteriores motivos de inconformidad son infundados. A fin de sustentar lo anterior conviene establecer que la supletoriedad solo opera cuando existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, lo que hace necesario acudir a otra ley para determinar sus particularidades, por lo que constituye un requisito indispensable para tal efecto el que la institución jurídica de que se trate se encuentre prevista. Tiene aplicación en lo conducente el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1233 del Tomo XIII, Mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "SUPLETORIEDAD DE LAS NORMAS. REQUISITOS PARA QUE OPERE RESPECTO DE LA PROMOCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO. Tomando en cuenta que la supletoriedad de las normas opera cuando, existiendo una figura jurídica en un ordenamiento legal, ésta no se encuentra regulada en forma clara y precisa, lo que hace necesario acudir a otra ley para determinar sus particularidades, constituye un requisito indispensable para tal efecto el que la institución jurídica de que se trate se encuentre prevista en la ley suplida, lo que debe observarse con mayor razón, cuando con motivo de dicha aplicación supletoria se pretenda justificar la promoción oportuna de un medio de impugnación que de acuerdo con la norma que lo regula ha sido presentado fuera del término legal respectivo, como sucede en el caso de que un particular pretenda justificar la interrupción del lapso con el que contó para promover un recurso, por el hecho de haber solicitado la aclaración de sentencia en contra del fallo cuestionado, a pesar de que dicha figura jurídica (aclaración de sentencia) no se encuentra contemplada en la legislación que regula el acto del que solicitó tal aclaración." Ahora bien, en la especie el artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establece lo siguiente: "Artículo 61. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las disposiciones siguientes: I. Se interpondrá dentro de los diez días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida; II. Se iniciará por escrito que deberá contener nombre, cargo y firma del funcionario público, señalar el propósito de la promoción, la dirección para recibir notificaciones, expresar los agravios que a juicio del recurrente le cause la resolución impugnada, acompañando: a) Copia de la resolución; b) Constancia de notificación, e (sic) c) Los hechos controvertidos de que se trate, e d) Las pruebas que considere necesario rendir. III. El Órgano acordará sobre la admisión del recurso, así como de las pruebas ofrecidas y su desahogo, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución impugnada, y IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Órgano emitirá resolución dentro de los treinta días naturales siguientes, notificándola al interesado en el domicilio señalado previamente, dentro de la ciudad capital." Por su parte, el diverso 56 del ordenamiento legal invocado señala: "Artículo 56. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este capítulo, así como en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de revocación se observarán las disposiciones del código de procedimientos civiles vigentes en el Estado." De los numerales antes transcritos se aprecia que el numeral 61 determina que el recurso de revocación se interpondrá dentro de los diez días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida y que respecto del desahogo del recurso de revocación se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En ese orden de ideas, si en la especie se establece el término en que se interpondrá el recurso de revocación, señalando que éste se contará a partir de la fecha en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida, empero, en dicha legislación no se prevé cuando surten efectos legales las notificaciones, o bien, cuando empezarán a correr los términos judiciales, fue correcto que la autoridad responsable acudiera en forma supletoria al Código de Procedimientos Civiles del Estado, en cuyo numeral 111 se indica que los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiera hecho la notificación. Luego, contrariamente a lo que señala la parte quejosa el proveído reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, y por ende, no se infringen en su perjuicio los numerales que señala, pues, como se dejó precisado fue correcto que la responsable acudiera en forma supletoria al Código de Procedimientos Civiles del Estado, habida cuenta que lo anterior le está permitido, acorde a lo dispuesto por los numerales 5 y 56 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y en dicho ordenamiento no se encuentra regulado lo relativo a cuando surten efectos legales las notificaciones, o bien, cuando empezarán a correr los términos judiciales. En ese orden de ideas, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1°, 73, 74, 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por JUVENTINO PINEDA CAHUANTZI y FAUSTO VELÁZQUEZ SALADO, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a JUVENTINO PINEDA CAHUANTZI y FAUSTO VELÁZQUEZ SALADO, respecto del acto reclamado a la Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, consistente en el proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete emitido en el recurso de revocación 43/2017. TERCERO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio número OFS/DAJ/1482/2017, suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior, y anexos que al mismo acompaña consistentes en copia certificada de las notificaciones practicadas a los quejosos de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, así como de la constancia por la cual se les tuvo como domicilio para oír y recibir; en atención a su contenido, se tiene a la misma dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de dieciocho de octubre del año en curso, para los efectos legales procedentes; por tanto, se deja sin efecto el apercibimiento decretado. De igual manera, con el contenido del oficio de cuenta y anexo que se acompaña, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho importe, para los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número I. 5º. C 2 K, visible en la página 594, del Tomo II, Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Notifíquese.
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