Juventino Patiño Espinoza
Expediente 404/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 404/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juventino Patiño Espinoza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 9-14), dentro del plazo de cinco días que para tal efecto establece el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de garantías promovida por Juventino Patiño Espinoza, queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de les expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de garantías, y no existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; por consiguiente, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por encuadrar en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero, fracción I, del Capítulo V, del citado Acuerdo General 1/2009. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Vista Ia demanda de garantías promovida por Juventino Patiño Espinoza, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala de Justicia Indígena, y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 404/2017. Ahora, es importante precisar que el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que se examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual señala: ... Del precepto de mérito, se advierte la facultad del juzgador . para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de quien suscribe y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la lectura integral de la demanda de garantías se aprecia que el acto reclamado es la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de apertura a juicio de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en la cual se excluyeron pruebas ofrecidas por el quejoso Juventino Patiño Espinoza; dentro de la causa penal 370/2016 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que se le instruye por el hecho delictivo que la ley señala como robo con violencia.De lo anterior se colige que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial, en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales que el Estado Mexicano tenga suscritos y no que solamente tengan una consecuencia procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que el agraviado obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para detérminar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En esta tesitura, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de apertura a juicio de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en la cual se excluyeron pruebas ofrecidas por el quejoso Juventino Patiño Espinoza; dentro de la causa penal 370/2016 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que se le instruye por el hecho delictivo que la ley señala como robo con violencia; constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que esa decisión no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello, en su caso, únicamente se vulneran derechos adjetivos o procesales y, la parte quejosa puede obtener al finalizar una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica.Cabe indicar previamente, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2111 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable al caso, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: 1. La investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el numeral 1332 del citado código prevé que el juez de control tiené competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio; y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. De igual forma, el artículo 3343 del Código Nacional en comento, dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: una escrita, que inicia con el escrito de acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y la segunda fase, oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Conforme al numeral 3354 del citado código, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el numeral 341, cuyo desarrollo está normado por el subsecuente precepto 344, el cual señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las 'partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el juez de control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del código en cita. También es importante destacar que el artículo 345, en su último párrafo, señala que el juez de control, en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Por tanto, el auto de apertura a juicio oral, de acuerdo con su contenido normativo, es un acto dictado dentro de juicio, cuyos efectos no son de imposible reparación, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo directo que eventualmente se interponga contra la sentencia definitiva. \ Lo anterior, porque dicha porción normativa establece que los actos dentro dé juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afeCtaCión material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo esiriótamente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación:... En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que actualmente no pueden seguir aplicándose los criterios que admitían la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, ya que todos ellos se generaron bajo la Ley de Amparo abrogada que, a diferencia de la vigente, no definía qué debía entenderse por actos de imposible reparación; de modo que en los juicios tramitados con la Ley de Amparo vigente debe prescindirse la aplicación de los criterios emitidos conforme la norma abrogada, a ser incompatible con el texto legal actual, para así evitar incurrir en desacato. Por lo tanto, al no afectar materialmente derechos sustantivos de mayor entidad reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicanos, el juicio de amparo indirecto promovido por el quejoso en contra de la resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de apertura a juicio de veintiocho de junio de dos mil diecisiete, en la cual se excluyeron pruebas ofrecidas por el quejoso Juventino Patiño Espinoza; dentro de la causa penal 370/2016 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que se le instruye por el hecho delictivo que la ley señala como robo con violencia; es improcedente, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, aplicada en sentido contrario. Lo anterior porque dicha disposición legal busca a través de la aplicación de la fórmula general de procedencia para reclamar actos dictados dentro del procedimiento penal, evitar el excesivo ejercicio de la acción constitucional por la vía indirecta, con el fin de no retardar las cuestiones esenciales del proceso que exige continuidad en sus etapas, para que las mismas no se prolonguen indeterminadamente en perjuicio de los derechos de las víctimas y de los propios procesados. Luego, al no actualizarse alguna excepción a la regla de procedencia del juicio de amparo contra actos dentro del juicio, se reitera que si el quejoso obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no fuera así, podrá impugnarla mediante el juicio de amparo directo, previa satisfacción en su caso, del principio de definitividad. Por lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, del propio ordenamiento legal, procede desechar la demanda de amparo promovida por Juventino Patiño Espinoza. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que las jurisprudencias invocadas en el presente acuerdo, fueron consideradas en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice todas y cada una de las diligencias que se ordenen en el presente juicio de amparo, incluso en horas y días inhábiles. Por otra parte, como el quejoso señala las listas que se publican en los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26 fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado, por consiguiente, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Cruces Álvarez, por encontrarse su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, en términos de la parte final del segundo párrafo del citado numeral a las demás personas que refiere en su escrito inicial por no encontrase registradas sus cédulas en el sistema citado. Por último, del contenido de la demanda de amparo se advierte que el quejoso manifiesta su oposición a que se publiquen sus datos personales en el presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a dicha Información Pública Gubernamental, se tiene por hecha dicha manifestación, gírese atento oficio al Delegado Administrativo del Consejo de la Judicatura Federal, encargado del Módulo de Acceso a la Información Pública, con residencia en esta ciudad, para que al momento de hacer pública las determinaciones que se dicten, así como las constancias que obran en el expediente, se hagan con la supresión del nombre y datos personales del quejoso Juventino Patiño Espinoza.
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