Juventino Marmolejo Ramírez

Expediente 586/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
586/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Juventino Marmolejo Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LO SIGUIENTE: "...De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: ? La resolución dictada en el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, relativo a la admisión de las pruebas ofrecidas por su parte, dentro de los autos del juicio ordinario civil 1636/2019. De los hechos narrados en la demanda, bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes: 1. ..., demandó en la vía ordinaria civil a ..., correspondiéndole conocer al Juzgado Tercero Civil del Estado con el número de expediente 1636/2019. 2. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se dictó auto en el cual se tuvieron por admitidas diversas pruebas del actor, con excepción de la ratificación de contenido y firma, instrumental de actuaciones, así como la presuncional, por no encontrarse ajustadas a derecho. 3. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revocación el diez de marzo de dos mil veintiuno, cuya resolución se publicó el veintiséis de mayo del año en curso, el mismo día que se señaló fecha para el desahogo de pruebas. Expuesto lo anterior, en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Conforme al último de los preceptos, los actos de imposible reparación se definen aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, sostuvo que el artículo 107 de ese ordenamiento ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones -sostuvo el Máximo Tribunal-, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página 39, cuyos rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra 20/08/21 11:40:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.f5 Silvia Leticia Aréchiga Pérezde la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sust20/08/21 11:40:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.f5 Silvia Leticia Aréchiga Péreantivos', y que otro rasgo zque los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora, con la finalidad de dilucidar la naturaleza de los actos reclamados, para establecer si tienen efectos irreparables o no, o si afecta algún derecho sustantivo de la solicitante del amparo de manera directa e inmediata (relativos a la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera), es menester reiterar que el acto reclamado consiste en la resolución del recurso de revocación que se interpuso contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se admitieron las pruebas ofrecidas por el quejoso y se desechó la de ratificación de contenido y firma, instrumental de actuaciones y la presuncional, actuaciones dictadas dentro del expediente 1636/2019, del índice de la responsable. En mérito de lo expuesto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, pues no trasciende a su persona o bienes, ya que puede obtener un fallo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo. Ciertamente, el hecho que el recurso de revocación se haya resuelto el mismo día en que se cita a la audiencia para el desahogo de pruebas no causa un agravio de imposible reparación, ni con su emisión se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado 20/08/21 11:40:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.f5 Silvia Leticia Aréchiga PérezMexicano sea parte, pues, como se dijo, existe la posibilidad de que la parte promovente del amparo obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en su esfera jurídica la posible violación procesal que ahora reclama. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 3a. 20/90, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, Octava Época, Materia Común, registro 207726, página 236,que a la letra establece: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII, y XI del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como 20/08/21 11:40:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.f5 Silvia Leticia Aréchiga Pérezcuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la Jurisprudencia número 3/90, Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecidas por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." También encuentra sustento a lo aquí expuesto la jurisprudencia P./J. 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de 1994, Octava Época, Materia Común, registro 205484, página 13, del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA 20/08/21 11:40:25 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.f5 Silvia Leticia Aréchiga PérezVIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En suma, si los actos que reclama no afectan los derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que se trata de actos procesales susceptibles de ser reparados por diversa vía constitucional, así como que no se trata de persona extraña al procedimiento de origen, lo que no acontece en la especie, por ser el quejoso parte formal (actor) en el juicio 1636/2019; es improcedente el juicio de amparo. Ante las relatadas circunstancias, al actualizarse los motivos de improcedencia en estudio, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente.

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