Juventino Lezama Guevara
Expediente 505/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2016
Partes del expediente
- Juventino Lezama Guevara
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se colige que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d) de la ley invocada para que el quejoso recurriera el auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, por tanto, con fundamento en los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. En el libro de gobierno háganse las anotaciones y archívese el presente juicio. De conformidad con la certificación de cuenta y el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De acuerdo con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído.
- Principal
SE NOTIFICA A LA QUEJOSA, EL SIGUIENTE ACUERDO: Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual, devuelve sin diligenciar el exhorto 129/2016, con número de orden 232/2016 del índice de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese de recibo de estilo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 108 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 297 fracción II, de la codificación supracitada, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, manifieste el domicilio actual y correcto de la tercera interesada Promotora Rio Baker, Sociedad Anónima de Capital Variable; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo que se le concede, se proveerá lo conducente en términos del artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO A.A.DE J.: "Agréguese a los presentes autos, el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Aurelio Alejandro de Jesús, por medio del cual solicita se le permita presentarse a este juzgado de distrito, a las diez horas del veintiocho de abril de dos mil dieciséis para efecto de poder trasladarse con el perito oficial y el quejoso a la diligencia programada en la fecha antes indicada; ello a fin de estar en posibilidad de identificar el predio del quejoso y el predio de su propiedad, ya que ambos son materia del presente amparo. En atención a lo anterior, como lo solicita el promovente, se acuerda favorable su petición, por tanto hágasele del conocimiento al mismo, que deberá presentarse a las diez horas del veintiocho de abril de dos mil dieciséis, para el estudio de campo, en el local de este juzgado de Distrito, con la identificación oficial vigente. "
- Principal
RADICACIÓN Y ADMISIÓN. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que los hace consistir en la dilación, abstención y omisión por parte del Tribual Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para el efecto de dictar la sentencia interlocutoria relativa al incidente de liquidación de cuantificación de todas las prestaciones derivadas del laudo dictado en el juicio laboral **, de la estadística de la responsable; en tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a formar el incidente relativo a la suspensión, por no haber solicitud expresa al respecto. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las diez horas con veinticinco minutos del ***de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en términos de lo previsto en el dispositivo 115 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. De conformidad con lo previsto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, mediante notificación personal con copia autorizada del escrito de demanda y de este proveído. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO Y CONSTANCIAS. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la ley de la materia, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días; asimismo, en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, deberá remitir copia certificada, legible y completa de las constancias que tomó en consideración para emitirlo, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, según lo previsto en el numeral 260, fracción II, de la ley en comento. E el entendido que, de ser posible, dicho informe deberá ser enviado a este juzgado de Distrito, VÍA FAX al número telefónico oficial (01.722) 2.36.05.00, extensiones 3253 y/o 3256 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial 5jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx; en formato PDF, en el cual aparezca la firma del funcionario autorizado para suscribirlo; así como los signos distintivos de la autoridad que lo remita, debiéndose constatar vía telefónica el envío y recepción del mismo; ello con independencia de su remisión por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO DE INEXISTENCIA DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Se apercibe al quejoso que en caso de que la autoridad que designó en la demanda haya sido nominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se dejará de tener comunicación con ella. E apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. (9ª Época, S. J. F. y su Gaceta, Tomo XXIX, Materia Común, Marzo de 2009). Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIÉNES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo. (9ª Época, S. J. F., Tomo XII, Materia Común, Septiembre de 1993). CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64, primer párrafo, de la actual ley reglamentaria del juicio de amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado, pues de no cumplir con esa obligación se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la legislación en cita. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Toda vez que el quejoso señala como tercero interesado a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México; sin embargo, se estima que éste no tiene ese carácter para efectos del sumario constitucional en que se actúa, toda vez que no se aprecia que, por lo que respecta al acto reclamado -dilación procesal-, tengan intereses contrarios a la aquí quejosa, en el juicio de origen. Ello es así, pues atendiendo al principio de buena fe que impera en cualquier procedimiento seguido en forma de juicio, se colige que es interés común de las partes que la controversia que ventilan sea resuelta dentro de los plazos que la legislación de la materia contempla. Por tanto, si en la especie en el presente sumario se reclama una dilación procesal, pues la quejosa se duele de la omisión a dictar laudo en el juicio laboral de origen, es inconcuso que su demandada no tienen un interés procesal contrario. En el entendido que este juzgado de Distrito no soslaya el contenido de la jurisprudencia 1ª/J. 90/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Sin embargo, se considera que esa interpretación dejó de ser aplicable en la actualidad, pues la Ley de Amparo vigente, en su artículo 5, fracción III, inciso b) precisa la necesidad de un interés adverso, para sostener la existencia de un tercero interesado antagonista del quejoso lo cual, se reitera, no sucede en la especie, en tanto que tanto actor como demandado esperan la pronta resolución de la controversia a la que son sometidos. Es aplicable a lo que aquí decidido el criterio establecido en la tesis Número 216242, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 320, tomo XI, junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: TERCEROS PERJUDICADOS. CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE RESOLUCION CULMINATORIA DE UN PROCEDIMIENTO AGRARIO, NO EXISTEN LOS. En los casos en que se reclaman actos violatorios de la garantía que consagra el artículo 17 constitucional y por equiparación de la contenida en el artículo 8o. del mismo cuerpo de leyes, por la falta de resolución culminatoria de un procedimiento agrario, de ninguna manera resulta jurídico estimar que debe intervenir con el carácter de tercero perjudicado persona alguna, pues con tal carácter sólo se legitima aquel sujeto que tiene interés en que subsista el acto reclamado, lo cual en esos casos como el señalado resulta inadmisible, toda vez que no existe razón alguna para que personas distintas a los quejosos estuvieran interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no dictarse la resolución que ponga fin a un procedimiento declarando el derecho de las partes. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que a determinada persona se le atribuya por los quejosos en su demanda de garantías el carácter de tercero perjudicado, así como tampoco el hecho de que tal carácter sea reconocido implícitamente por el juez de Distrito al ordenar su emplazamiento, ya que lo cierto es que tal persona no tiene el carácter de tercero perjudicado por las razones expuestas anteriormente, y por ende no es parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5o. fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo". DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción II, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza en los términos amplios del numeral 12 de la citada legislación, a las personas que indica en el proemio de su demanda, por así solicitarlo. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las ofrecidas en el escrito que se acuerda, por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. TRANSPARENCIA. Comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que se dicten en el juicio constituyen información reservada hasta en tanto se emita sentencia definitiva, en cuyo caso, se publicarán sus datos personales; asimismo, hágaseles saber que están en aptitud de oponerse a la publicación de tales datos, de acuerdo con lo que establecen los artículos 1º, 8º y 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los numerales 1º, 3º, 5º, 7º y 8º del Reglamento conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; en la inteligencia de que la falta de manifestación expresa conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida que ello no impida conocer el criterio sostenido; ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
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