Juventino Juárez Vásquez

Expediente 136/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
136/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/04/2018

Partes del expediente

  • Juventino Juárez Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el tres de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Juventino Juárez Vásquez; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IV-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Juventino Juárez Vásquez, mediante el cual únicamente exhibe tres copias del mismo, no así la fotocopia del contrato de energía eléctrica; asimismo, se le tiene manifestando que en cumplimiento a la prevención realizada por auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (fojas 7-10), modifica, amplía y precisa concretamente el acto reclamado a la autoridad responsable encargado de la Agencia Estatal de Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad y al efecto bajo protesta de decir verdad narra los hechos acontecidos el dieciséis de marzo de dos mil dieciocho y el acto reclamado literalmente lo hace consistir en: "a).- ".la violación a mi Derecho Humano a la vida privada (o intimidad); y siendo que éste mi derecho, está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) y, la Convención Americana Sobre derechos Humanos (artículo 11) . en el sentido de que el encargado de la Agencia Estatal Investigadora, de la Procuraduría General de Justicia, del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Salina-Cruz, Oaxaca; "volverá a mi domicilio en días posteriores, para seguir tomando fotografías, portando armas de fuego en la mano y en la cintura." b).- Las molestias, a mi Persona, Familia y de mis Derechos, por parte del encargado de la Agencia Estatal Investigadora, de la Procuraduría General de Justicia, del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Salina-Cruz, Oaxaca (artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). en el sentido, de que el encargado de la Agencia Estatal Investigadora, de la Procuraduría General de Justicia, del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Salina-Cruz, Oaxaca "volverá a mi domicilio en días posteriores, para seguir tomando fotografías, portando armas de fuego en la mano y en la cintura." Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y el escrito aclaratorio y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda y del escrito de cuenta; que además se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Así, del análisis de la demanda y del escrito de cuenta, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de la misma, respecto de los actos reclamados. Así, respecto de los citados actos, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, 1º , fracción I y 75, de la Ley de Amparo, la cual se estudia de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, del citado cuerpo normativo. En efecto, los numerales 1º, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.". El artículo 1o., fracción I, transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. La determinación que aquí se adopta, se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho humano violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación. Criterio en contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. En el caso, se aprecia que la parte quejosa acude ante esta instancia constitucional, a partir de que el dieciséis de marzo del presente año, a su señora le dijo el Encargado de la Agencia Estatal Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, que volverá a su domicilio en días posteriores, para seguir tomando fotografías, portando armas de fuego en la mano y la cintura; de lo que se concluye que tales actos son probables o eventuales y no existentes ni concretos. Es aplicable al caso, la tesis XX.308 K, con registro 209001, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que establece: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías.". En este sentido, debe señalarse que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio de garantías. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. En estas condiciones, al actualizarse el supuesto de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, y 75 todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. No se soslaya, que el quejoso en la narrativa de los hechos, refiere que el dieciséis de marzo del presente año, el encargado de la Policía Estatal Investigadora se presentó a su domicilio y comenzó a tomar fotografías, tanto de frente como a los lados y en la parte superior (techumbre); empero, esos hechos no le constan ya que manifiesta que en dicha fecha se encontraba trabajando y que a su señora Rosa Belia Santiago Suárez, el encargado de la policía le dijo que volverá a su domicilio en días posteriores para seguir tomando fotografías, portando armas de fuego en la mano y en la cintura; en ese contexto, se insiste que la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal, a efecto de que se le restituya al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran general esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en el que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Aunado a lo anterior, el quejoso hace aseveraciones en el sentido de tener problemas con la autoridad responsable de índole familiar porque dice que éste convive maritalmente con una de sus hermanas y que al parecer a petición de su mamá éste constantemente vaya a su domicilio a tomar fotografías, portando armas de fuego en la mano y en la cintura; sin que manifieste las circunstancias particulares en las que efectivamente se estén ejecutando en su contra esos actos, los cuales pudieran ser denunciados ante la autoridad correspondiente, pero no de los prohibidos de los que refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, alguno de los señalados en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. IV-A

  3. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías que promueve Juventino Juárez Vásquez, contra actos del encargado de la Agencia Estatal Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir en: IV.- ACTO RECLAMADO.- De las autoridades anteriormente señaladas se reclama: a).-"... la violación a mi Derecho Humano a la vida privada (o intimidad); y siendo que éste mi derecho, está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) ... en el sentido, de que el encargado de la Agencia Estatal Investigadora, de la Procuraduría General de Justicia, del Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad de Salina-Cruz, Oaxaca; "volverá a mi domicilio en días posteriores, para seguir tomando fotografías, portando armas de fuego en la mano y en la cintura.." b) Las molestias, a mi Persona, Familia y de mis Derechos por parte del encargado de la Agencia Estatal Investigadora, de la Procuraduría General de Justicia, del Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad de Salina-Cruz, Oaxaca(artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) ... en el sentido, de que el encargado de la Agencia Estatal Investigadora, de la Procuraduría General de Justicia, del Estado de Oaxaca, con residencia en esta Ciudad de Salina-Cruz, Oaxaca; "volverá a mi domicilio en días posteriores, para seguir tomando fotografías, portando armas de fuego en la mano y en la cintura.." Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 136/2018. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 114, fracciones I y IV, en relación con el artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, hábiles contados a partir del en que sea legalmente notificado de este proveído, por escrito y con las copias necesarias que formarán parte integrante de su demanda y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Deberá precisar concretamente los actos reclamados a la autoridad responsable (encargado de la Agencia Estatal Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca), toda vez que resultan ambiguos. Ello es así, en virtud de que por una parte, en el apartado del acto reclamado le atribuye a la autoridad responsable literalmente "volverá a mi domicilio en días posteriores, para seguir tomando fotografías, portando armas de fuego en la mano y en la cintura..", mientras que en la narrativa de hechos que sucedieron cuando llegó a su domicilio el viernes dieciséis de marzo del año en curso, hace mención a un probable desalojo de un juicio sucesorio intestamentario tramitado ante el Juzgado de lo Familiar con residencia en esta ciudad; y, por otra, en el capítulo de suspensión únicamente hace referencia a actos personales que deberá de abstenerse de hacer dicha autoridad; circunstancias que se tornan confusas respecto de la causa de pedir. Lo anterior, para establecer correctamente la litis constitucional y para que la autoridad responsable esté en aptitud de rendir su informe respectivo del acto que concretamente se le reclama. Cobra aplicación por los razonamientos jurídicos la tesis II.3o.A.23 K (10a.), con registro 2007130, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en la página 1554, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, que es del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso. En el entendido que de no desahogarse la prevención aquí formulada dentro del plazo legal concedido, con fundamento en el artículo 114, Penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. En cuanto a los estrados de este juzgado, que señala como domicilio para recibir notificaciones, por no satisfacerse los requisitos del artículo 26 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que les correspondan en el presente asunto, hágansele mediante lista de acuerdos. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". En otro aspecto, como expresamente lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Gloria Rojas Hernández y Gregorio García Garcilazo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, como se encuentra ordenado en este proveído. IV-A

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