Juventino Hernández Regino
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/03/2018
Partes del expediente
- Juventino Hernández Regino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa a quien podría causar perjuicio el auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho (fojas 26 a 29), donde se sobreseyó en el juicio de amparo, no lo recurrió; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1.- El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. 2.- No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). 3.-A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Toluca, México; veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa la existencia de una causa de sobreseimiento en el presente asunto; asimismo, remite copias certificadas del acuerdo de veintitrés de enero de este año, emitido en el expediente laboral J.29/371/2014 y de la constancia de notificación de dicho acuerdo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se agrega a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales procedentes y se toma conocimiento de dicha circunstancia. Ahora, en el presente juicio el quejoso Hernández Regino Juventino, reclama la omisión de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de acordar la promoción presentada en oficialía de partes común el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 371/2014, asimismo, de la Presidenta de la citada junta, la omisión de vigilar el desarrollo de las actuaciones de dicho juicio. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la oficiante, se evidencia que mediante acuerdo de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, atendió la promoción de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, en sus términos; y, señaló día y hora para que el actuario desahogue la inspección ofrecida por el hoy quejoso; asimismo, se advierte que tal acuerdo le fue notificado a la parte actora el veinticuatro de enero siguiente. Documentos a las cuales se les concede pleno valor probatorio por haberse expedido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable, la jurisprudencia 226, con número de registro 394182, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así las cosas, en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. El quejoso aduce que la junta responsable ha sido omisa en atender la promoción ingresada el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis y, consecuentemente, la omisión del Presidente de vigilar el desarrollo de las actuaciones en el expediente 371/2014, de su índice estadístico; sin embargo, en el oficio de cuenta el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, manifestó que en el juicio en que se actúa deviene una causa de sobreseimiento, circunstancia que se corrobora con las copias certificadas del acuerdo de veintitrés de enero de este año emitido en el expediente laboral J.29/371/2014 y de la constancia de notificación de dicho acuerdo. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el veintitrés de enero de esta anualidad, acordó la promoción presentada por el hoy quejoso el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis en el expediente 371/2014, mismo que le fue notificado el veinticuatro de enero siguiente y, en consecuencia, la omisión del Presidente de la citada junta de vigilar el desarrollo del juicio laboral en mención; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía el acto de molestia del que se duele el promovente de este juicio, éste ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de una omisión, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, atender la promoción presentada por el quejoso el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis en la oficialía de partes común de la Junta responsable, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la omisión que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con número de registro 193758, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, con número de registro 196820, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También la tesis aislada P.CL/97, con número de registro 197367, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En ese sentido, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, con número de registro 184572, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las nueve horas con treinta y cinco minutos del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretaria Alejandra Domínguez Santos, que autoriza y da fe. Doy fe
- Principal
II.- Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio de cuenta signado por el Presidente y en representación de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual rinde informe justificado y remite copias certificadas de diversas constancias que obran en el expediente laboral J.29/371/2014; lo anterior a efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el informe de mérito, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que en el juicio principal del cual deriva este incidente, se dictó el proveído siguiente: "Toluca, Estado de México; dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su artículo 2º, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, de la tercera interesada Adela Robles Martínez, por medio del cual solicita se ponga a su disposición el billete de depósito exhibido por la parte quejosa a fin de amparar los daños y perjuicios en caso de no obtener sentencia favorable. Atento a lo anterior, dígase al promovente que no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, hasta en tanto haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 156 de la ley de la materia, máxime que el citado artículo no hace referencia a que la devolución de las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, dependa de que haya sido concedido o negado el amparo solicitado. A este respecto, el artículo 156 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente." Por otro lado, vistos los autos que integran el presente juicio de amparo de los cuales se advierte que por auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 106 y 107), causó ejecutoria la sentencia dictada el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que se negó el amparo, reservando acordar lo conducente respecto al archivo del asunto, hasta en tanto se resolviera el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada Adela Robles Martínez contra la suspensión definitiva dictada en los autos del incidente de suspensión derivado del presente asunto. Ahora bien, mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el testimonio dictado en los autos del recurso de revisión 132/2017 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, en el que resolvió dejar sin materia dicho recurso. En consecuencia, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la precisión siguiente: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, lo anterior, pues en el caso se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión (fojas 84 a 100); por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión de los actos reclamados. 3. El duplicado de dicho cuaderno es susceptible de destrucción, (punto vigésimo, inciso III, del Acuerdo en mención). Por otro lado, en términos del Punto Decimó Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de las personas autorizadas para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger el documento que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo décimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez transcurridos cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, se procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia o relevancia. Se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. En otro aspecto, si bien es cierto que la notificación del presente acuerdo debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que la parte quejosa haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que mediante proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete (fojas 12 a 15), se tuvo como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, la lista de acuerdos que se publica en este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Paola Lizzette Acosta Campos, que autoriza y da fe. Doy fe." Lo que se transcribe para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Liliana Lozano Mendoza, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/6498/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; asistida de la Secretaria Paola Lizzette Acosta Campos, que autoriza y da fe. Doy fe.
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