Juventino Coctecón Ávila

Expediente 346/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
346/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/01/2022

Partes del expediente

  • Juventino Coctecón Ávila
  • Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero. Tixtla, Guerrero.

Actuaciones

  1. Principal

    Glósese el escrito que signa ***********, autorizado del quejoso ***********, mediante el cual solicita que este juzgado federal sea quien le genere y proporcione el código QR, a efecto de acudir a recepcionar las copias que solicitó. Atento a su contenido; dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, toda vez que deberá atender lo señalado en el Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establecen los lineamientos para el ingreso de personas tanto de trabajadores como del público en general al edificio en que se ubica este Juzgado de Distrito. Es preciso destacar, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el referido Acuerdo General, planteó el nuevo esquema de trabajo, alineado a las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, y por ello, adoptó diversas medidas para controlar la presencia física de personas en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, a efecto de prevenir y evitar el contagio y propagación del virus COVID-19, poniendo para ello a su disposición, un programa de generación de citas; además de que si bien el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", cuenta con la opción de "Agenda visita OJ", mediante la cual es posible para este órgano de control constitucional agendar y generar citas, también lo es que su uso está supeditado a los lineamientos previstos en la fracción I, del artículo 6º del referido Acuerdo General, y como opción únicamente prevé tres supuestos, siendo "Audiencia o sesión, Comparecencia, y Presentación de documento". En mérito de lo anterior, debe decirse que corresponde a esa parte procesal agendar o generar la cita correspondiente, a efecto de poder ingresar a las instalaciones donde se encuentra este órgano de control constitucional.

  2. Principal

    Visto el escrito que signa el quejoso Juventino Coctecón Ávila, como lo solicita y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2° de este último ordenamiento legal, expídase a su costa copia certificada de los autos de veintinueve de septiembre y cinco de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, debiendo ser entregadas a Clemente Hernández Dircio y Diana Espíritu Sánchez, previa razón que por su recibo deje en autos. Lo anterior queda supeditado a las gestiones pertinentes que realice para recibir las copias en comento, establecidas en el señalado artículo 6 fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación al modelo de atención presencial basado en citas (generación del código QR).

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE NOTIFICACIÓN DE TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: Visto el escrito presentado por el quejoso Juventino Coctecón Ávila, téngasele desahogada la prevención formulada en auto de veintidós de septiembre del año en curso. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que el quejoso reclama a través de esta instancia constitucional lo siguiente: a) la resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 21/2021, relativo al juicio ordinario civil, en el que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, tuvo por admitido el recurso de apelación pero negó admitirlo en el efecto suspensivo. b) la razón y cuenta del escrito de apelación Interpuesto por el ahora impetrante de amparo realizado por la Secretaria Civil adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, así como el proyecto y autorización de actuaciones de la resolución impugnada de tres de agosto de dos mil veintiuno dictado en el expediente 21/2021, relativo al juicio ordinario civil. c) la publicación de la resolución impugnada, atribuida a la Actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, en el 21/2021, relativo al juicio ordinario civil. Al respecto, se advierte que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, promovido contra los actos identificados con los incisos a) y c), así como, por lo que se refiere a la primera parte del inciso b), antes señalados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII; de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Como se ve, el citado numeral y fracción, no dispone de manera específica un motivo que vuelva improcedente el juicio de amparo, sin embargo, ello no lo torna discrecional en tanto que prevé en forma expresa que la causa que se invoque debe derivar de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo, es decir, dicha disposición normativa establece expresamente que las limitantes a la procedencia del juicio de amparo, deben provenir necesariamente de cualquier mandamiento previsto de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las demás fracciones previstas en el artículo 61 de la Ley de la materia sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En términos similares a los expuestos, se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la interpretación que debía darse al artículo 73, fracción XVIII, vigente hasta el 2 de abril de 2013, cuya redacción es similar al dispositivo que ahora nos ocupa; y que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, materia común, página 1344, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción.". Ahora bien, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ." Interpretado a contrario sensu dicha disposición normativa, permite establecer que el amparo indirecto resulta improcedente contra actos que no sean de imposible reparación, es decir, sobre aquellos que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se requiere que los actos dictados dentro de un juicio sean de aquellos que causen al quejoso una imposible reparación, entendiéndose dentro de éstos, sólo los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo ese contexto, dada la connotación que el legislador aportó en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", es que en la especie se determina desechar la demanda de amparo respecto de los actos antes referidos, al considerar que constituyen una violación procesal que no afecta algún derecho sustantivo, pues está relacionado con la forma en cómo se admitió el recurso de apelación, que constituye una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, puesto que ello sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable. En ese contexto, si los actos reclamados consisten en esencia, a) en la determinación que hizo la responsable en auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, al admitir el recurso de apelación en contra del auto de veintidós de junio de esta anualidad, pero negó admitirlo en el efecto suspensivo; b) la razón y cuenta dada del escrito de apelación Interpuesto por el ahora impetrante de amparo, así como en, c) la publicación de la resolución impugnada, es que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107 (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, pues como ya se precisó, el acto reclamado, no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tener meros efectos formales e intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, con motivo del plazo que certificó la secretaria de acuerdos adscrita a la autoridad responsable ordenadora que tenían las partes para interponer el recurso de apelación, o porque eventualmente pueda continuar con la tramitación del juicio, o incluso, ante una indebida notificación; aspectos estos que fueron reclamados por la parte quejosa; actos estos que son análogos a las hipótesis contenidas en las fracciones VI y X del artículo 172 de la Ley de Amparo y susceptibles de combatirse mediante el juicio unistancial. En efecto, tales violaciones procesales en caso de que trascendieran al resultado del fallo, las puede hacer valer el quejoso a través del juicio de amparo directo en términos de los señalados dispositivos legales 172, fracción XII, en relación con las diversas VI y X de la Ley de la materia, mismas que establecen: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley. XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Por otra parte, respecto al acto que reclama consistente en la Razón y Cuenta del escrito de apelación interpuesto por el promovente del amparo, relativo a la certificación del término que tuvieron las partes para interponer el recurso de apelación en contra del auto de veintidós de junio de este año y el proyecto de autorización de actuaciones de la resolución impugnada de tres de agosto del año en curso, que le reclama a la Secretaria Civil adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". El precitado numeral 1°, de la ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías, otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5º: - Son parte en el juicio de amparo: (.) Fracción II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omita el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que además de las fracciones anteriores las causas de improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. El artículo 1º, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos emitidos por autoridad que vulneren los derechos subjetivos de los individuos. Y el artículo 5º. Fracción II de la Ley de la Ley de Amparo, establece quienes son los que tienen el carácter de autoridad responsable al señalar que son aquellas que dictan, ordenan, ejecutan, o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitan el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, como ya se dijo, se advierte que resulta improcedente la demanda de amparo, respecto de la autoridad responsable Secretaria Civil adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, y por el acto consistente en la razón y cuenta del escrito de apelación interpuesto por el promovente del amparo, relativo a la certificación del término que tuvieron las partes para interponer el recurso de apelación en contra del auto de veintidós de junio de este año y el proyecto de autorización de actuaciones de la resolución impugnada de tres de agosto del año en curso, por las razones siguientes. Conforme a los artículos transcritos con antelación, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos o las garantías individuales consagradas para su protección, y para efectos del juicio de amparo, es autoridad aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva; en ese aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. En la especie, el acto atribuido a la Primera Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, consistente en la resolución de tres de agosto de dos mil veintiuno, no puede ser considerado como de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que no involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, puesto que se trata de un acto en el que, el aludido Secretario sólo emitió una opinión y autorizó y dio fe, esto es, fungió como proyectista y fedatario sin imperio ni facultad de decisión. De ahí, que lo reclamado a la mencionada Secretaria de Acuerdos no tiene la naturaleza de actos de autoridad, ya que el haber formulado un proyecto de acuerdo y autorizado y otorgado la fe respecto del muticitado acuerdo de tres de agosto de esta anualidad, en el expediente 21/2021, del juicio ordinario civil del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, no la convierte en responsable dado que no fue quien lo dictó, lo haya ordenado, ejecutado o lo pretenda ejecutar, y por lo mismo, el quejoso no puede alegar en esa instancia constitucional, que con dicha actuación (proyección de acuerdo y fe judicial) se vulneren sus derechos humanos. Tiene aplicación al caso por las razones que informa la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son el siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." También resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia III.2°C.J/21 visible en la página 2292, Tomo XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional. En esas condiciones es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 172, fracciones XII, en relación con las diversas VI y X, así también, con el 1º. y 5º. fracción II, de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio.

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