Juventino Betanzos Calvo
Expediente 492/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 492/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Juventino Betanzos Calvo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 492/2017-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, debido que tal medida suspensiva se negó. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, a la parte tercera interesada, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE... RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR JUVENTINO BETANZOS CALVO, respecto a la orden de requerimiento de pago y, en su caso, embargo, de veintiuno de septiembre de dos mil quince, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 397/2015, por la Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Judicial del Estado de Morelos; y su ejecución, reclamada a los Actuarios adscritos a dicho órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintisiete de abril del dos mil diecisiete, que en lo conducente dice:Vistos los autos del juicio de amparo 492/2017-V, promovido por JUVENTINO BETANZOS CALVO, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado en la misma fecha al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, JUVENTINO BETANZOS CALVO, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades, Juez Primero de lo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, Juez Segundo de lo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y Juez Menor de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos; así como de los Actuarios adscritos a dichos órganos jurisdiccionales, de quienes reclamó lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- De las Autoridades Responsables Ordenadoras reclamo la ILEGAL ORDEN de EMBARGO Y REQUERIMIENTO DE PAGO que pretenden realizar y ejecutar en bienes de mi propiedad por el fedatario público del cual desconozco el juzgado que pertenezca, acto de molestia realizado el 12 DE ENERO DEL 2017, APROXIMADAMENTE A LAS 09:00 HORAS y quienes dijeron ir en busca de persona distinta al suscrito razón por la cual promuevo en esta vía y forma para el efecto de que no sean vulneradas mis garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.". SEGUNDO. El veinte de enero de dos mil diecisiete, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, admitió la demanda de garantías quedando registrada bajo el número 107/2017; y solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Por resolución emitida el diez de marzo de dos mil diecisiete (fojas 100 a 102), el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, se declaró legalmente incompetente por razón de turno, para conocer los actos reclamados en dicho juicio 107/2017 y declinó competencia a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. TERCERO. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 107 a 113), este juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos se avocó a conocer del juicio declinado y en esa misma resolución determinó la separación de juicios, a fin de que se analizaran en distintos juicios los actos reclamados a diferentes autoridades. Por consiguiente, se formó el presente juicio de amparo 492/2017-V, para analizar los actos reclamados a la autoridad, Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Judicial del Estado de Morelos, derivados del juicio ejecutivo mercantil 397/2015. CUARTO. Finalmente se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que dio inicio en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridades residentes en el lugar del juicio, donde, además, es el señalado como el de ejecución. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número P. VI/2004 consultable en la Página: 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, registro número 181810, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos reclamados se hacen consistir en la orden de requerimiento de pago y en su caso, embargo, de veintiuno de septiembre de dos mil quince (foja 53), emitida en el juicio ejecutivo mercantil 397/2015, promovido por ALBERTO MARTÍNEZ GARCÍA, endosatario en Procuración de JORGE MARIACA DOMÍNGUEZ, contra el aquí quejoso, JUVENTINO BETANZOS CALVO, por la Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Judicial del Estado de Morelos; y su ejecución, reclamada a los Actuarios adscritos a dicho órgano jurisdiccional. Explicado lo anterior, debe decirse son ciertos tales actos reclamados, en virtud de que así lo aceptó al rendir su informe justificado la autoridad responsable, Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Judicial del Estado de Morelos (fojas 59 a 80), lo que se corrobora mediante las fotocopias certificadas exhibidas en autos, puesto que de ellas se aprecia que mediante auto de veintiuno de septiembre de dos mil quince (foja 65); se admitió la demanda y, además, se ordenó requerimiento de pago, y, en su caso, embargo en bienes de la parte demandada, JUVENTINO BETANZOS CALVO. A dichas constancias, se les otorga plena eficacia probatoria, por tratarse de documentos públicos, al haber sido expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO. Por ser las causales de improcedencia de orden público y de estudio preferencial, en términos del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a analizar de manera oficiosa si advierte la actualización de alguna. Al respecto, se observa oficiosamente, que respecto a los actos que se reclaman en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia del juicio, prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, disposiciones que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.". Del contenido del precepto antes transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo resulta improcedente siempre que se actualicen conjuntamente, las siguientes hipótesis: a) Que las normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución: b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es así, porque existe un diverso juicio de amparo, resuelto, en el que se impugnaron ya los mismos actos que se reclaman en el presente juicio 492/2017-V, por lo que procede decretar el sobreseimiento por existir litispendencia. En efecto, como hecho notorio, se invoca que en el diverso juicio de amparo 2147/2016-V, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, se emitió sentencia el cinco de abril de dos mil diecisiete, que no ha causado ejecutoria. En dicha resolución, el acto reclamado se negó el amparo y protección de la justicia federal, respecto la orden de requerimiento de pago y, en su caso, embargo, de veintiuno de septiembre de dos mil quince, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 397/2015, por la Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Judicial del Estado de Morelos; y su ejecución, reclamada a los Actuarios adscritos a dicho órgano jurisdiccional. Entonces, resulta improcedente que se analice la constitucionalidad de actos que ya están siendo analizados en un diverso juicio de amparo tramitado con anterioridad, es decir, el 2147/2016-V, pues en relación con el actual juicio 492/2017-V, existe identidad de quejoso, autoridades responsables y actos reclamados. Consecuentemente, en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que en términos de la fracción V del numeral 63 del precitado ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de garantías. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR JUVENTINO BETANZOS CALVO, respecto a la orden de requerimiento de pago y, en su caso, embargo, de veintiuno de septiembre de dos mil quince, emitida en el juicio ejecutivo mercantil 397/2015, por la Juez Menor Mixto de la Cuarta Demarcación Judicial del Estado de Morelos; y su ejecución, reclamada a los Actuarios adscritos a dicho órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veinte de abril del dos mil diecisiete, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, veinte de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 306/2017-C signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 406/2014-I promovido por PICACHO AUTOMOTRIZ DE MORELOS, S.A. DE C.V.; asimismo remite testimonio de la ejecutoria emitida en la sesión de treinta de marzo del año en curso, en el recurso de revisión 485/2016; cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "(.) PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Picacho Automotriz de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de la reclamada inconstitucionalidad del artículo 39, párrafo, de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente a partir del dos mil catorce, por las consideraciones y para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia recurrida (.)" Como lo solicita la Superioridad, acúsese de recibo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósese a los autos el cuaderno relativo al antecedente. Ahora, a efecto de requerir el cumplimiento de la ejecutoria del fallo protector, es menester tener conocimiento de las cantidades pagadas en cumplimiento de la norma tildada como inconstitucional; por ende, requiérase a la PARTE QUEJOSA, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS siguientes en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba a este juzgado federal los recibos oficiales correspondientes, por los cuales acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de la aplicación de la norma inconstitucional, y en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a la contribución, señale el cálculo por ese concepto realizó a su cargo. Lo anterior, se apoya en su parte conducente, en la siguiente tesis Tesis: P./J. 67/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 164035 1 de 1 Pleno Tomo XXXII, Agosto de 2010 Pag. 225 Jurisprudencia(Administrativa) INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ANTE LA FALTA DE PRECISIÓN DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEVOLVERSE AL QUEJOSO QUE OBTUVO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE UNA LEY TRIBUTARIA QUE REGULE CONTRIBUCIONES QUE SE RIJAN POR EL PRINCIPIO DE AUTOLIQUIDACIÓN, ES EN SEDE JURISDICCIONAL DONDE DEBE SUSTANCIARSE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO PARA PRECISARLA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 47/2009). Conforme a los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105, 111 y 113 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo que haya dictado un fallo protector debe velar por que éste se acate, sin que pueda ordenar el archivo de expediente alguno si no está cumplida la sentencia relativa. De ahí que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia concesoria de la protección constitucional contra una ley tributaria que regule contribuciones regidas por el principio de autoliquidación, consiste en la falta de precisión de la cantidad que la autoridad responsable debe devolver al quejoso, resulta evidente que corresponde al Juez de amparo o a la autoridad que haya conocido del juicio precisarla, para lo cual deberá desarrollar el siguiente procedimiento: 1. En relación con la devolución de la cantidad derivada de los actos de aplicación de la norma inconstitucional, requerirá al quejoso para que con los recibos oficiales correspondientes acredite las cantidades pagadas en cumplimiento de aquélla y, en atención al principio de autoliquidación tributaria que rige a la contribución de que se trate, formule el cálculo por ese concepto a su cargo, desaplicando la parte del precepto declarada inconstitucional, precisando la cantidad que debe quedar en poder de la autoridad fiscal como pago de aquélla y la que se le debe devolver; en la inteligencia de que el juzgador no señalará plazo para su desahogo, pero hará saber al quejoso que éste es una condición indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. 2. Desahogado el requerimiento, el Juez Federal -quien podrá considerar la pertinencia de los elementos aportados por el quejoso, puesto que él ejerce el control de este procedimiento- dará vista con dicho documento a la autoridad responsable o a la competente para ordenar la devolución, por un plazo de cinco días, para que de manera motivada manifieste lo que a su interés convenga, apercibida en el sentido de que, de no hacerlo, se tendrá como consentida la cantidad a devolver precisada por el quejoso y con base en ésta se formularán los requerimientos de ejecución de sentencia. 3. Si ambas partes coinciden en el monto a devolver, el juzgador de amparo sólo deberá requerir a la autoridad correspondiente su devolución, junto con el que pudiera generarse por su actualización, así como por los intereses de acuerdo con las leyes fiscales aplicables, hasta que sea devuelto, a fin de que cumpla la sentencia concesoria. 4. De no coincidir, el juzgador de amparo ordenará la devolución del monto que la autoridad reconoce y dejará a salvo los derechos del interesado en la parte que no se satisfizo su pretensión, para que los haga valer a través del recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Finalmente, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que una vez que cumpla con el requerimiento formulado en líneas anteriores, este órgano de control constitucional acordará lo conducente, en virtud de que lo requerido es indispensable para continuar con el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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