Juventino Bautista Rangel

Expediente 790/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
790/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
30/07/2015

Partes del expediente

  • Juventino Bautista Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 86 y 87 de la Ley de Amparo, en contra del auto de ocho de julio de dos mil quince, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, ha transcurrido para las partes; por tanto, se declara que el referido auto en la que se decretó sobreseer el presente juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, hágase la anotación que el presente expediente es destruible. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental. En el entendido de que en el incidente de suspensión se concedió de manera provisional la medida cautelar solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Por otro lado, considerando que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 086396 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), y exhibido por el quejoso a efecto de garantizar la suspensión concedida, se deja exclusivamente a su disposición el billete aludido, para que lo recoja en día y hora hábil, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el artículo 129 de la Ley de Amparo. Ahora, una vez transcurrido el término de seis meses se le concede un plazo de dos años, para que comparezca ante este órgano de control constitucional debidamente identificado, con documento de validez oficial, que contenga su fotografía, previa razón de recibo que deje en autos, apercibido que de no hacerlo en el término establecido, prescribirán a favor del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

  2. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el término para interponer el recurso de revisión previsto por los artículos 86 y 87 de la Ley de Amparo, en contra del auto de ocho de julio de dos mil quince, en el que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, ha transcurrido para las partes; por tanto, se declara que el referido auto en la que se decretó sobreseer el presente juicio, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. De igual forma, hágase la anotación que el presente expediente es destruible. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental. En el entendido de que en el incidente de suspensión se concedió de manera provisional la medida cautelar solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Por otro lado, considerando que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 086396 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), y exhibido por el quejoso a efecto de garantizar la suspensión concedida, se deja exclusivamente a su disposición el billete aludido, para que lo recoja en día y hora hábil, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el artículo 129 de la Ley de Amparo. Ahora, una vez transcurrido el término de seis meses se le concede un plazo de dos años, para que comparezca ante este órgano de control constitucional debidamente identificado, con documento de validez oficial, que contenga su fotografía, previa razón de recibo que deje en autos, apercibido que de no hacerlo en el término establecido, prescribirán a favor del Fisco Federal, de conformidad con el artículo 36 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

  3. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo dictado el 08/07/2015, en autos del juicio de amparo indirecto 790/2015-III, que en lo sustancial refiere: "Agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Estado de Tlaxcala; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de primero de julio de dos mil quince y al efecto remite copias certificadas de la resolución mediante la cual resolvió la situación jurídica del quejoso dentro de la causa penal 29/2015, del índice de dicha autoridad, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por cuanto hace al oficio 2444, signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su respectivo informe justificado. En razón de lo expuesto, de las constancias de autos se advierte que en la demanda de amparo promovida por el quejoso JUVENTINO BAUTISTA RANGEL, señaló como acto reclamado la orden de búsqueda, aprehensión y detención, dictada en su contra así como la ejecución de la misma. De acuerdo con la interpretación que al respecto ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal causa de improcedencia se actualiza cuando concurren cuatro circunstancias, a saber: 1) que el acto emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio, 2) que posteriormente a la presentación de la demanda se dicte una resolución que modifique la situación en la que se encontraba el inculpado, 3) que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto sin afectar la nueva situación y, 4) que exista independencia jurídica y procesal entre la resolución reclamada y la que la sustituyó, de modo que la última pueda subsistir con independencia de la constitucionalidad o no del acto reclamado.Por ende, si el acto cuya constitucionalidad se cuestiona se modifica por virtud de un nuevo acto que, además, es autónomo del anterior, entonces el juicio de amparo resultará improcedente, en tanto las violaciones que se hubieren cometido en el acto reclamado ya no podrían ser reparadas sin afectar la nueva situación jurídica que se encuentra definida por un acto procesal que substituyó al anterior; esto es, se tratará de violaciones que, dado el cambio de situación jurídica, estarán consumadas de manera irreparable. En ese sentido, se estima conveniente precisar que la libertad personal puede restringirse por cuatro motivos: la aprehensión, la detención, la prisión preventiva y la pena; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y rigen la restricción de la libertad, en los distintos casos que se han señalado, se denominan situación jurídica, pues cada forma de restricción de la libertad excluye a las otras y por lo mismo, desaparecen los efectos del acto reclamado y es improcedente el amparo contra ese status jurídico previo; de ahí que, cuando se reclama en el juicio de garantías una orden de aprehensión y durante la tramitación del mismo, el Juez que conoce de la causa penal dicta en contra de la parte quejosa un auto de formal prisión, es evidente que existe un cambio de situación jurídica por cuanto hace a la libertad personal del impetrante, ya que inicialmente la afectación a la libertad personal era con motivo de la orden de aprehensión y con el pronunciamiento de ese auto constitucional, su libertad se constriñe a la formal prisión, lo que imposibilita el examen del acto reclamado. Lo anterior es así, porque con el auto de término constitucional culmina la etapa de preinstrucción, iniciando dentro del procedimiento penal la siguiente llamada de instrucción en la cual la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito adquiere la calidad de procesado. El citado cambio de situación jurídica, hace que deban considerarse consumadas de modo irreparable las violaciones que se le atribuyan a la orden de aprehensión, puesto que no es posible decidir sobre las mismas sin afectar la nueva situación legal de los quejosos generada por el inicio de la etapa de instrucción al haberse dictado el auto de término constitucional, el cual tiene su fundamento, en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que las órdenes de aprehensión se encuentran regidas por el precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción XVII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, sólo las violaciones a los numerales 19 y 20 constitucionales, figuran como excepciones para efectos de la irreparabilidad de las mismas. En el caso concreto, se acredita la causa de improcedencia aludida porque de las constancias que remite la juez responsable se advierte que dentro de la causa penal 29/2015 de su índice, el dos de julio de dos mil quince, dicto al quejoso JUVENTINO BAUTISTA RANGEL, auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, para la comisión del delito de fraude especifico, cometido en agravio de DANIEL MOLINA SÁNCHEZ Y VITALINA PÉREZ ONOFRE. En ese orden, cabe señalar que las violaciones que pudieran contener el acto reclamado consistente en la orden de búsqueda, aprehensión y detención, librada en contra de los quejosos, quedaron irreparablemente consumadas, en virtud de que existe un cambio de situación jurídica; por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En relatadas condiciones, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 del citado ordenamiento jurídico. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que le fueron reclamados al Inspector Jefe del Primer Grupo del Departamento de Policía de Investigación, Comisionado en Tlaxcala de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala -en su denominación correcta- en virtud de que no se impugnan por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hacen depender del acto atribuido a la autoridad ordenadora. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL QUINCE".

  4. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, Estado de Tlaxcala, mediante el cual informa que el quejoso compareció ante dicha autoridad para sujetarse al proceso penal de su índice, el veintiséis de junio de dos mil quince. En consecuencia, requiérase a la autoridad oficiante para que una vez que haya fenecido el término constitucional ampliado, remita a este Juzgado Federal copias certificadas de las constancias relativas en las que haya resuelto la situación jurídica del quejoso; apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa, equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

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