Juvencio Torres Díaz
Expediente 1002/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Juvencio Torres Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que, por una parte, sobreseyó y, por la otra, negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, respectivamente, en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de depuración. Destrucción del cuaderno incidental original Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el original del cuaderno incidental dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Transferencia del expediente. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del sumario principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto y/o resolución de VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1002/2022, promovido por Juvencio Torres Díaz, por conducto de su defensor particular Gerardo Eugenio García Duarte, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintidós de julio de dos mil veintidós (fojas 2 a 9). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El veintiséis de julio de dos mil veintidós (fojas 10 a 18). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El veintinueve de julio de dos mil veintidós, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 25). El cinco de agosto de dos mil veintidós a la víctima de iniciales L. A. L. M. (fojas 182 A 187). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 4). QUINTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos; 2. Coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y de Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado; 3. Director de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado; 4. Fiscal Regional Oriente; 5. Directora General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Oriente; 6. Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal; 7. Comandante adscrito al Grupo de Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia; y, 8. Comandante de la Agencia de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones Zona Oriente. Todas las autoridades en su denominación correcta. El acto reclamado consiste en la resolución de uno de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de la carpeta JOC/017/2021, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, por la que se determinó declararlo sustraído de la acción de la justica, cuya ejecución reclama a las autoridades ministeriales. TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables: 2. Coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y de Violencia Familiar de la Fiscalía; 3. Director de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado; 4. Fiscal Regional Oriente; 5. Directora General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Oriente; 6. Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal; 7. Comandante adscrito al Grupo de Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia; y 8. Comandante de la Agencia de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones Zona Oriente. Al rendir sus respectivos informes justificados negaron la ejecución de la resolución de uno de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de la carpeta JOC/017/2021, por la autoridad judicial, aclarando la primera no haber solicitado orden de aprehensión. Por su parte, el quejoso no desvirtuó tales negativas en el trámite del amparo, ni en la audiencia constitucional. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya esa determinación la jurisprudencia 167, de la Séptima Época, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 911100, publicada en la página 180, del Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." CUARTO. Certeza de actos. La autoridad responsable Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, por conducto de la Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento en Funciones de Juez Especializado en Ejecución de Sancionas del mismo Distrito y residencia, aceptó el acto reclamado, anexando diversas constancias relativas a la causa penal JOC/017/2021 y el disco versátil digital, en las que obra el acto reclamado, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Determinación de este juzgado. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados, sin que haya materia para suplir su deficiencia. Son antecedentes del acto reclamado: 1. El quince de abril de dos mil veintiuno, se emitió auto de apertura a Juicio Oral por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, en la carpeta administrativa JCC/318/2020, seguida contra Juvencio Torres Díaz, por el delito de violación en grado de tentativa, en agravio de la entonces menor de iniciales L. A. L. M. 2. Recibida esa determinación, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Cuautla, Morelos, el siete de junio de dos mil veintiuno desahogó la audiencia de juicio oral, en la que cerrado el debate dictó fallo absolutorio a favor del aquí quejoso. 3. Inconformes con esa resolución la Fiscalía interpuso recurso de apelación al que se adhirió la representante legal de la entonces menor de iniciales L. A. L. M., de la que conoció la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, bajo el toca penal oral 107/2021-CO-7, quien el siete de junio de dos mil veintidós, revocó la sentencia apelada y dictó sentencia condenatoria contra Juvencio Torres Díaz, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de violación en grado de tentativa, en agravio de la entonces menor de iniciales L. A. L. M. y ordenó devolver el expediente al Tribunal de origen a efecto de llevar a cabo la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, continuando con la secuela procesal. 4. El juez de Primera Instancia Especializado en Tribunal de enjuiciamiento, en cumplimiento a ese fallo, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, citó a las partes a efecto de celebrar la referida audiencia el uno de julio de ese año, lo que ordenó notificar al hoy sentenciado Juvencio Torres Díaz, en el domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero sin número, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos y/o Calle Francisco Villa, número 30, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, con medio especial de notificación el teléfono 744576406. 5. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, el notificador adscrito a ese órgano jurisdiccional informó que domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero sin número, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, no existe y en el diverso de calle Francisco Villa, número 30, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, no conocen a Juvencio Torres Díaz. 6. El uno de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia programada para esa fecha, en la que se identificaron las partes, se hizo constar la incomparecencia del aquí quejoso Juvencio Torres Díaz, y a solicitud del Fiscal y la Asesora Jurídica pública, se declaró a éste formalmente sustraído de la acción de la justicia y se ordenó suspender el procedimiento. Ahora, es necesario traer a colación los siguientes preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 331. Suspensión del proceso El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando: I. Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; III. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o IV. En los demás casos que la ley señale. Artículo 332. Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión A solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el Juez de control podrá decretar la reapertura del mismo cuando cese la causa que haya motivado la suspensión." De la interpretación de esos numerales se desprenden las diferentes formas de llamar a juicio al imputado, atinentes al citatorio; orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, cuando citado previamente a una audiencia no comparezca, sin justificación alguna; y, orden de aprehensión, cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, especificándose los requisitos de la solicitud que presente la autoridad ministerial. Respecto de la orden de aprehensión prevé su emisión cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad y cuando la autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. Hipótesis esta última que da lugar a que el juzgador competente decrete la suspensión del proceso, mismo que se reanudará al cesar la causal de suspensión a solicitud del Ministerio Público u oficiosamente. Apoya ese criterio por las razones que la informan la jurisprudencia I.7o.P.63 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2563, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, que dice: "DECLARATORIA DE SUSTRACCIÓN A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. PARA DECRETARLA, CONFORME AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NECESARIAMENTE DEBIÓ FORMULARSE IMPUTACIÓN. Conforme al precepto y párrafo mencionados, la autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada: 1) no comparezca a una citación judicial; 2) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, 3) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. Ahora bien, de la interpretación teleológica de dicha porción normativa se tiene que el primer supuesto es distinto del incumplimiento a la citación contenida en la fracción I del propio numeral, que tiene como finalidad la comparecencia del imputado a la audiencia inicial, porque se refiere a cualquier otra citación posterior; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto con el Juez de control, por lo menos, en la audiencia de formulación de la imputación. Se estima así, porque los siguientes supuestos -2) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, 3) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo-, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; es decir, se entiende que en los tres casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y, por tanto, tiene esas obligaciones; en consecuencia, para declarar a un imputado sustraído a la acción de la justicia en el proceso penal acusatorio y oral, es necesario que el citatorio que incumpla injustificadamente no sea el previsto en la fracción I del artículo citado." Como se vio, el juez responsable, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, señaló el uno de julio siguiente para celebrar la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, lo que ordenó notificar al ahora sentenciado Juvencio Torres Díaz, en los domicilios ubicados en calle Francisco I. Madero sin número, y calle Francisco Villa, número 30, ambas de la colonia Progreso de Axochiapan, Morelos, con medio especial de notificación el teléfono 744576406; sin embargo, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, el notificador adscrito a ese órgano jurisdiccional informó que domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero sin número, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, no existe y en el diverso de calle Francisco Villa, número 30, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, no conocen a Juvencio Torres Díaz. De la reproducción del disco versátil digital justipreciado anteriormente, se obtiene que el uno de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño programada para esa fecha, en la que se identificaron las partes y el defensor particular (registro 02:23) manifestó que desde enero de este año no ha tenido comunicación con su defendido Juvencio Torres Díaz, quien no le contesta las llamadas que le ha hecho, incluso la relativa a esa audiencia pero no obtuvo respuesta. Enseguida el Presidente del Tribunal dio cuenta con el resultado de la notificación de veintinueve de junio de dos mil veintidós, asentado por el notificador adscrito, por lo que en uso de la voz a la Fiscalía y la Asesora Jurídica de la adscripción solicitaron la declaratoria de sustracción de la acción de la justicia ante la incomparecencia del aquí quejoso Juvencio Torres Díaz, ante la oposición del defensor de éste, quien solicitó fuera citado de nueva cuenta en esos domicilios y se notificara en el número telefónico proporcionado, lo que fue desestimado por los juzgadores, en tanto, esos domicilios fueron los proporcionados por dicho sentenciado a ese órgano jurisdiccional, respecto al medio de comunicación referido, dijo que esa notificación se ordenó hacer de manera personal en esos domicilio procesales. En ese tenor el Tribunal responsable declaró al sentenciado Juvencio Torres Díaz, formalmente sustraído de la acción de la justicia, dejando a salvo los derechos de la representación social para que los hiciera valer en la vía y forma que considerara pertinente. En su único concepto de violación, la parte quejosa adujo se violó en perjuicio de Juvencio Torres Díaz el derecho fundamental de audiencia prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no fue citado a la audiencia en que debía comparecer ya que ante lo infructuoso de la localización de los domicilios procesales proporcionados, debió utilizar el notificador el medio especial consistente en el número telefónico 744576406, además de que la referida notificación fue extemporánea en tanto el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las resoluciones deberán notificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión. Es infundado ese motivo de disenso, pues como precisó, el Tribunal responsable ante esa petición de la defensa, ordenó la notificación personal al aquí directo quejoso del auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en los domicilios señalados por Juvencio Torres Díaz ante ese órgano jurisdiccional para tal efecto, lo que es acorde a lo previsto en el artículo 85 del código adjetivo de aplicación, relativo a la obligación de las partes de señalar domicilio para efectuar las notificaciones y si bien mencionó que tenía como medio especial de notificación el teléfono 744576406, aparte de que no tiene diez dígitos, no implica la orden también de hacerlo por esa vía, máxime que el propio defensor dijo que Juvencio Torres Díaz, no contesta llamadas. Ahora, si bien la notificación del auto de referencia no se realizó en el término de veinticuatro horas, debe decirse que aparte que no promovió el incidente de nulidad ante la autoridad judicial responsable para que se pronunciara al respecto, este Juzgado Federal toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la notificación podrá ser nula cuando cause indefensión, lo que no sucede en la especie en tanto el domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero sin número, colonia Progreso de Axochiapan, Morelos, no existe y en el diverso de calle Francisco Villa, número 30, de la citada la colonia Progreso y municipio, se asentó que no lo conocen, por lo que la falta de notificación no se debe al exceso del plazo para realizar esa diligencia, sino a la inexactitud de los datos proporcionados por Juvencio Torres Díaz. Continúa diciendo que de conformidad con los artículos 82 fracción II y 85, último párrafo, del código procesal nacional, debió notificarse al sentenciado que nos ocupa el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda, lo que es también infundado, pues esa disposición se refiere a las subsecuentes notificaciones de la secuela procesal. Finalmente, en cuanto al control de convencionalidad que menciona, en el sentido de dejar de aplicar lo establecido en la imperfecta norma secundaria, es infundado, pues la sola petición genérica de las partes en juicio en el sentido de que las personas juzgadoras realicen un estudio de control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad, no basta para emprender ese ejercicio, pues requiere se especifique a qué norma se refiere para realizar de forma expresa este tipo de control, por lo que no es suficiente se señale "dejar de aplicar lo establecido en la imperfecta norma secundaria". Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 103/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2024990, publicada en la página 1885, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo II, Undécima Época, que dice: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS PARTES EN JUICIO O CONSIDEREN QUE LA NORMA QUE DEBEN APLICAR PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL O INCONVENCIONAL. Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El Juez de primera instancia desestimó ambas pretensiones. En contra de esa resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación y, al resolverlos, el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esa resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, entre ellos, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la expresión ex officio significa que todas las personas juzgadoras del orden jurídico mexicano (aun cuando no sean Jueces de control constitucional y no haya una petición expresa para realizar este tipo de control) en todos los casos, siempre tienen la obligación de ponderar la conformidad de las normas que deben aplicar con los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, antes de individualizarla (aplicarla) en el caso concreto o validar su aplicación. Ello, en atención al mandato previsto en el artículo 1o. de nuestra Constitución Federal. Sin que lo anterior derive en que, en todos los asuntos, las personas juzgadoras, en sus sentencias, deban plasmar expresamente en sus resoluciones un estudio de las normas que aplican o cuya aplicación validan, sino únicamente en aquellos casos en los que alguna de las partes o ambas soliciten expresamente se realice este control ex officio, o cuando la persona juzgadora considere que la norma que debe aplicar pudiera ser inconstitucional o inconvencional; supuestos en los cuales sí deben examinar su regularidad constitucional de forma expresa en su resolución, a fin de que determinen si es constitucional y/o convencional, si requiere de una interpretación conforme para que sea constitucional y/o convencional, o si es inconstitucional y/o inconvencional. Así, la sola petición genérica de las partes en juicio en el sentido de que las personas juzgadoras realicen un estudio de control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad respecto de cierta norma general o de que inapliquen ésta, es suficiente para que todas las Juezas y Jueces estén obligados a realizar de forma expresa este tipo de control de forma expresa en sus resoluciones o sentencias. Justificación: En términos de lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 351/2014, esta Primera Sala consideró que los Tribunales Colegiados están obligados a realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio tanto de las normas procesales y sustantivas que rigen el acto reclamado como de aquellas que regulan el juicio de amparo; más aún cuando, en el caso concreto, subsista una omisión de estudio respecto a los argumentos en los que el quejoso solicitó, desde su recurso de apelación (una instancia previa), se realizara un control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad de algún determinado precepto legal, supuesto en el cual, como se explicó en párrafos anteriores, los Jueces y las Juezas sí están obligados a realizar un estudio expreso de constitucionalidad y/o convencionalidad en sus resoluciones. Así, se precisa que los Jueces y las Juezas no están obligados a plasmar oficiosamente ningún estudio de constitucionalidad o convencionalidad en su resolución, cuando la presunción de constitucionalidad de la norma no se vea derrotada en esa ponderación que hagan de ella al examinar el asunto; pero siempre tienen la obligación de ponderar y confrontar las normas que deben aplicar al caso concreto con todos los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y, en su caso, de dar respuestas frontales a las peticiones que expresamente les formulen las partes en controversia." (El énfasis es de este Juzgado). En ese orden de ideas procede negar la protección constitucional solicitada por Juvencio Torres Díaz, por conducto de su defensor particular Gerardo Eugenio García Duarte. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio por los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO de este fallo, por las razones expuestas en el TERCERO. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juvencio Torres Díaz, contra el acto y autoridad precisados en el considerando CUARTO de esta sentencia, por las razones y consideraciones expuestas en el QUINTO. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Teodoro Quintín Galindo Sánchez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1002/2022, promovido por Juvencio Torres Díaz, por conducto de su defensor particular Gerardo Eugenio García Duarte, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintidós de julio de dos mil veintidós (fojas 2 a 9). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El veintiséis de julio de dos mil veintidós (fojas 10 a 18). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados. El veintinueve de julio de dos mil veintidós, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 25). El cinco de agosto de dos mil veintidós a la víctima de iniciales L. A. L. M. (fojas 182 A 187). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 4). QUINTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 3 del Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos; 2. Coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y de Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado; 3. Director de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado; 4. Fiscal Regional Oriente; 5. Directora General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Oriente; 6. Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal; 7. Comandante adscrito al Grupo de Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia; y, 8. Comandante de la Agencia de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones Zona Oriente. Todas las autoridades en su denominación correcta. El acto reclamado consiste en la resolución de uno de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de la carpeta JOC/017/2021, por el Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, por la que se determinó declararlo sustraído de la acción de la justica, cuya ejecución reclama a las autoridades ministeriales. TERCERO. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables: 2. Coordinadora de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales y de Violencia Familiar de la Fiscalía; 3. Director de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado; 4. Fiscal Regional Oriente; 5. Directora General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Oriente; 6. Director Regional Oriente de la Agencia de Investigación Criminal; 7. Comandante adscrito al Grupo de Delitos Sexuales y Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia; y 8. Comandante de la Agencia de Investigación Criminal del Estado adscrito al Grupo de Aprehensiones Zona Oriente. Al rendir sus respectivos informes justificados negaron la ejecución de la resolución de uno de julio de dos mil veintidós, dictada dentro de la carpeta JOC/017/2021, por la autoridad judicial, aclarando la primera no haber solicitado orden de aprehensión. Por su parte, el quejoso no desvirtuó tales negativas en el trámite del amparo, ni en la audiencia constitucional. En ese tenor, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por lo que a esas autoridades se refiere, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que dispone el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya esa determinación la jurisprudencia 167, de la Séptima Época, emitida por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 911100, publicada en la página 180, del Apéndice 2000, Tomo III, Administrativa, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS." CUARTO. Certeza de actos. La autoridad responsable Tribunal de Enjuiciamiento del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Cuautla, Morelos, por conducto de la Jueza de Primera Instancia Especializada en Tribunal de Enjuiciamiento en Funciones de Juez Especializado en Ejecución de Sancionas del mismo Distrito y residencia, aceptó el acto reclamado, anexando diversas constancias relativas a la causa penal JOC/017/2021 y el disco versátil digital, en las que obra el acto reclamado, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 305, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Quinta Época registro 394261, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Determinación de este juzgado. Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados, sin que haya materia para suplir su deficiencia. Son antecedentes del acto reclamado: 1. El quince de abril de dos mil veintiuno, se emitió auto de apertura a Juicio Oral por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos, en la carpeta administrativa JCC/318/2020, seguida contra Juvencio Torres Díaz, por el delito de violación en grado de tentativa, en agravio de la entonces menor de iniciales L. A. L. M. 2. Recibida esa determinación, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Único en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en Cuautla, Morelos, el siete de junio de dos mil veintiuno desahogó la audiencia de juicio oral, en la que cerrado el debate dictó fallo absolutorio a favor del aquí quejoso. 3. Inconformes con esa resolución la Fiscalía interpuso recurso de apelación al que se adhirió la representante legal de la entonces menor de iniciales L. A. L. M., de la que conoció la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, bajo el toca penal oral 107/2021-CO-7, quien el siete de junio de dos mil veintidós, revocó la sentencia apelada y dictó sentencia condenatoria contra Juvencio Torres Díaz, por su plena responsabilidad en la comisión del delito de violación en grado de tentativa, en agravio de la entonces menor de iniciales L. A. L. M. y ordenó devolver el expediente al Tribunal de origen a efecto de llevar a cabo la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, continuando con la secuela procesal. 4. El juez de Primera Instancia Especializado en Tribunal de enjuiciamiento, en cumplimiento a ese fallo, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, citó a las partes a efecto de celebrar la referida audiencia el uno de julio de ese año, lo que ordenó notificar al hoy sentenciado Juvencio Torres Díaz, en el domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero sin número, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos y/o Calle Francisco Villa, número 30, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, con medio especial de notificación el teléfono 744576406. 5. El veintinueve de junio de dos mil veintidós, el notificador adscrito a ese órgano jurisdiccional informó que domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero sin número, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, no existe y en el diverso de calle Francisco Villa, número 30, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, no conocen a Juvencio Torres Díaz. 6. El uno de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia programada para esa fecha, en la que se identificaron las partes, se hizo constar la incomparecencia del aquí quejoso Juvencio Torres Díaz, y a solicitud del Fiscal y la Asesora Jurídica pública, se declaró a éste formalmente sustraído de la acción de la justicia y se ordenó suspender el procedimiento. Ahora, es necesario traer a colación los siguientes preceptos del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 331. Suspensión del proceso El Juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando: I. Se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia; II. Se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y éstos no se hubieren cumplido; III. El imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso, o IV. En los demás casos que la ley señale. Artículo 332. Reapertura del proceso al cesar la causal de suspensión A solicitud del Ministerio Público o de cualquiera de los que intervienen en el proceso, el Juez de control podrá decretar la reapertura del mismo cuando cese la causa que haya motivado la suspensión." De la interpretación de esos numerales se desprenden las diferentes formas de llamar a juicio al imputado, atinentes al citatorio; orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, cuando citado previamente a una audiencia no comparezca, sin justificación alguna; y, orden de aprehensión, cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, especificándose los requisitos de la solicitud que presente la autoridad ministerial. Respecto de la orden de aprehensión prevé su emisión cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad y cuando la autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. Hipótesis esta última que da lugar a que el juzgador competente decrete la suspensión del proceso, mismo que se reanudará al cesar la causal de suspensión a solicitud del Ministerio Público u oficiosamente. Apoya ese criterio por las razones que la informan la jurisprudencia I.7o.P.63 P (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 2563, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, que dice: "DECLARATORIA DE SUSTRACCIÓN A LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA EN EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. PARA DECRETARLA, CONFORME AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NECESARIAMENTE DEBIÓ FORMULARSE IMPUTACIÓN. Conforme al precepto y párrafo mencionados, la autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada: 1) no comparezca a una citación judicial; 2) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, 3) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. Ahora bien, de la interpretación teleológica de dicha porción normativa se tiene que el primer supuesto es distinto del incumplimiento a la citación contenida en la fracción I del propio numeral, que tiene como finalidad la comparecencia del imputado a la audiencia inicial, porque se refiere a cualquier otra citación posterior; es decir, cuando el imputado ya tuvo contacto con el Juez de control, por lo menos, en la audiencia de formulación de la imputación. Se estima así, porque los siguientes supuestos -2) se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido; o, 3) se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo-, implican un deber adquirido por el imputado de permanecer en determinado lugar o proporcionar su domicilio; es decir, se entiende que en los tres casos ya se sometió al imperio del órgano jurisdiccional y, por tanto, tiene esas obligaciones; en consecuencia, para declarar a un imputado sustraído a la acción de la justicia en el proceso penal acusatorio y oral, es necesario que el citatorio que incumpla injustificadamente no sea el previsto en la fracción I del artículo citado." Como se vio, el juez responsable, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, señaló el uno de julio siguiente para celebrar la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño, lo que ordenó notificar al ahora sentenciado Juvencio Torres Díaz, en los domicilios ubicados en calle Francisco I. Madero sin número, y calle Francisco Villa, número 30, ambas de la colonia Progreso de Axochiapan, Morelos, con medio especial de notificación el teléfono 744576406; sin embargo, el veintinueve de junio de dos mil veintidós, el notificador adscrito a ese órgano jurisdiccional informó que domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero sin número, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, no existe y en el diverso de calle Francisco Villa, número 30, colonia Progreso, Axochiapan, Morelos, no conocen a Juvencio Torres Díaz. De la reproducción del disco versátil digital justipreciado anteriormente, se obtiene que el uno de julio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de individualización de la pena y reparación del daño programada para esa fecha, en la que se identificaron las partes y el defensor particular (registro 02:23) manifestó que desde enero de este año no ha tenido comunicación con su defendido Juvencio Torres Díaz, quien no le contesta las llamadas que le ha hecho, incluso la relativa a esa audiencia pero no obtuvo respuesta. Enseguida el Presidente del Tribunal dio cuenta con el resultado de la notificación de veintinueve de junio de dos mil veintidós, asentado por el notificador adscrito, por lo que en uso de la voz a la Fiscalía y la Asesora Jurídica de la adscripción solicitaron la declaratoria de sustracción de la acción de la justicia ante la incomparecencia del aquí quejoso Juvencio Torres Díaz, ante la oposición del defensor de éste, quien solicitó fuera citado de nueva cuenta en esos domicilios y se notificara en el número telefónico proporcionado, lo que fue desestimado por los juzgadores, en tanto, esos domicilios fueron los proporcionados por dicho sentenciado a ese órgano jurisdiccional, respecto al medio de comunicación referido, dijo que esa notificación se ordenó hacer de manera personal en esos domicilio procesales. En ese tenor el Tribunal responsable declaró al sentenciado Juvencio Torres Díaz, formalmente sustraído de la acción de la justicia, dejando a salvo los derechos de la representación social para que los hiciera valer en la vía y forma que considerara pertinente. En su único concepto de violación, la parte quejosa adujo se violó en perjuicio de Juvencio Torres Díaz el derecho fundamental de audiencia prevista en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no fue citado a la audiencia en que debía comparecer ya que ante lo infructuoso de la localización de los domicilios procesales proporcionados, debió utilizar el notificador el medio especial consistente en el número telefónico 744576406, además de que la referida notificación fue extemporánea en tanto el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que las resoluciones deberán notificarse dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión. Es infundado ese motivo de disenso, pues como precisó, el Tribunal responsable ante esa petición de la defensa, ordenó la notificación personal al aquí directo quejoso del auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en los domicilios señalados por Juvencio Torres Díaz ante ese órgano jurisdiccional para tal efecto, lo que es acorde a lo previsto en el artículo 85 del código adjetivo de aplicación, relativo a la obligación de las partes de señalar domicilio para efectuar las notificaciones y si bien mencionó que tenía como medio especial de notificación el teléfono 744576406, aparte de que no tiene diez dígitos, no implica la orden también de hacerlo por esa vía, máxime que el propio defensor dijo que Juvencio Torres Díaz, no contesta llamadas. Ahora, si bien la notificación del auto de referencia no se realizó en el término de veinticuatro horas, debe decirse que aparte que no promovió el incidente de nulidad ante la autoridad judicial responsable para que se pronunciara al respecto, este Juzgado Federal toma en cuenta lo dispuesto por el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que la notificación podrá ser nula cuando cause indefensión, lo que no sucede en la especie en tanto el domicilio ubicado en calle Francisco I. Madero sin número, colonia Progreso de Axochiapan, Morelos, no existe y en el diverso de calle Francisco Villa, número 30, de la citada la colonia Progreso y municipio, se asentó que no lo conocen, por lo que la falta de notificación no se debe al exceso del plazo para realizar esa diligencia, sino a la inexactitud de los datos proporcionados por Juvencio Torres Díaz. Continúa diciendo que de conformidad con los artículos 82 fracción II y 85, último párrafo, del código procesal nacional, debió notificarse al sentenciado que nos ocupa el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda, lo que es también infundado, pues esa disposición se refiere a las subsecuentes notificaciones de la secuela procesal. Finalmente, en cuanto al control de convencionalidad que menciona, en el sentido de dejar de aplicar lo establecido en la imperfecta norma secundaria, es infundado, pues la sola petición genérica de las partes en juicio en el sentido de que las personas juzgadoras realicen un estudio de control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad, no basta para emprender ese ejercicio, pues requiere se especifique a qué norma se refiere para realizar de forma expresa este tipo de control, por lo que no es suficiente se señale "dejar de aplicar lo establecido en la imperfecta norma secundaria". Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 103/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2024990, publicada en la página 1885, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, Julio de 2022, Tomo II, Undécima Época, que dice: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS PARTES EN JUICIO O CONSIDEREN QUE LA NORMA QUE DEBEN APLICAR PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL O INCONVENCIONAL. Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El Juez de primera instancia desestimó ambas pretensiones. En contra de esa resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación y, al resolverlos, el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esa resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, entre ellos, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la expresión ex officio significa que todas las personas juzgadoras del orden jurídico mexicano (aun cuando no sean Jueces de control constitucional y no haya una petición expresa para realizar este tipo de control) en todos los casos, siempre tienen la obligación de ponderar la conformidad de las normas que deben aplicar con los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, antes de individualizarla (aplicarla) en el caso concreto o validar su aplicación. Ello, en atención al mandato previsto en el artículo 1o. de nuestra Constitución Federal. Sin que lo anterior derive en que, en todos los asuntos, las personas juzgadoras, en sus sentencias, deban plasmar expresamente en sus resoluciones un estudio de las normas que aplican o cuya aplicación validan, sino únicamente en aquellos casos en los que alguna de las partes o ambas soliciten expresamente se realice este control ex officio, o cuando la persona juzgadora considere que la norma que debe aplicar pudiera ser inconstitucional o inconvencional; supuestos en los cuales sí deben examinar su regularidad constitucional de forma expresa en su resolución, a fin de que determinen si es constitucional y/o convencional, si requiere de una interpretación conforme para que sea constitucional y/o convencional, o si es inconstitucional y/o inconvencional. Así, la sola petición genérica de las partes en juicio en el sentido de que las personas juzgadoras realicen un estudio de control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad respecto de cierta norma general o de que inapliquen ésta, es suficiente para que todas las Juezas y Jueces estén obligados a realizar de forma expresa este tipo de control de forma expresa en sus resoluciones o sentencias. Justificación: En términos de lo resuelto por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 351/2014, esta Primera Sala consideró que los Tribunales Colegiados están obligados a realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex officio tanto de las normas procesales y sustantivas que rigen el acto reclamado como de aquellas que regulan el juicio de amparo; más aún cuando, en el caso concreto, subsista una omisión de estudio respecto a los argumentos en los que el quejoso solicitó, desde su recurso de apelación (una instancia previa), se realizara un control ex officio de constitucionalidad o convencionalidad de algún determinado precepto legal, supuesto en el cual, como se explicó en párrafos anteriores, los Jueces y las Juezas sí están obligados a realizar un estudio expreso de constitucionalidad y/o convencionalidad en sus resoluciones. Así, se precisa que los Jueces y las Juezas no están obligados a plasmar oficiosamente ningún estudio de constitucionalidad o convencionalidad en su resolución, cuando la presunción de constitucionalidad de la norma no se vea derrotada en esa ponderación que hagan de ella al examinar el asunto; pero siempre tienen la obligación de ponderar y confrontar las normas que deben aplicar al caso concreto con todos los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y, en su caso, de dar respuestas frontales a las peticiones que expresamente les formulen las partes en controversia." (El énfasis es de este Juzgado). En ese orden de ideas procede negar la protección constitucional solicitada por Juvencio Torres Díaz, por conducto de su defensor particular Gerardo Eugenio García Duarte. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio por los actos y autoridades precisados en el considerando SEGUNDO de este fallo, por las razones expuestas en el TERCERO. SEGUNDO. La justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Juvencio Torres Díaz, contra el acto y autoridad precisados en el considerando CUARTO de esta sentencia, por las razones y consideraciones expuestas en el QUINTO. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Teodoro Quintín Galindo Sánchez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Intervención ministerial Agréguese a los autos el oficio signado por la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, mediante el cual formula intervención ministerial y vierte manifestaciones relativas al presente juicio de amparo. Alegatos Al respecto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por vertidas sus manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán relacionados en la audiencia constitucional y podrán ser tomados en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Antonio Galindo Arenas, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe. Elaborado por: Marisol
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