Juvencio Sampeiro Vargas

Expediente 1282/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1282/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Juvencio Sampeiro Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    III.- Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), dentro del término a que alude el diverso 98, ambos de la Ley de Amparo, en contra del auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en el libro de gobierno; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, toda vez que el presente expediente se encuentra dentro de la hipótesis del inciso b), artículo 21, contenido en el capítulo octavo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual en lo que interesa dice: ... En tal virtud, este juicio de amparo es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de tres años que establece el citado acuerdo, dese cumplimiento y procédase a su destrucción; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que regula el artículo 15 capítulo quinto del referido acuerdo.

  2. Principal

    III.- Vista la demanda de amparo promovida por... por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 1282/2022-III. Ahora, del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte la facultad de la jueza para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o.J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el número ochenta, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página sesenta y cuatro, octava época, cuyo rubro y texto es: ... Así que, de la lectura integra de la demanda de garantías, se advierte que el quejoso reclama: a) La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio... promovido por... en contra de... ejerciendo la acción reivindicatoria tramitado ante el Juez Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, su sentencia dictada el catorce de junio de dos mil catorce, orden de desalojo, lanzamiento y los autos de fecha dos y seis de junio del año en curso, en la que se decreta la desocupación y entrega del predio ubicado en el... en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; así como su ejecución. b) La diligencia de diez de noviembre del año en curso, sin que exista la identidad del inmueble antes citado. Consecuentemente, como se aprecia de la certificación de cuenta, al realizar una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el impetrante de garantías promovió el diverso juicio de garantías ..., del índice de este juzgado de Distrito, en el que reclamó los actos precisados en el inciso a). Sin embargo en su escrito de desahogo, señaló que reclamaba la orden de entrega de posesión del predio ubicado en el... en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en el juicio... de dos de junio de dos mil veintidós, sin que exista la identidad del inmueble no obstante los múltiples incidentes que al efecto se han tramitado. Luego, de los antecedentes que manifestó en dicho escrito, se aprecia que es la parte demandada en ese juicio, en el que dio contestación a la demanda, y seguido que fue en sus trámites, se dictó sentencia el nueve de julio de dos mil catorce, que se confirmó en el toca de apelación... que resolvió el recurso de apelación que hizo valer en contra de esa resolución. Lo cual constituye un hecho notorio para esta juzgadora en términos del artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Amparo; sin que sea el caso ordenar que se certifiquen las constancias relativas del juicio que se invoca, pues basta con tenerlas a la vista al momento del dictado de este auto. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ... En virtud de lo expuesto, se advierte que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que disponen: ... De esos numerales se desprende que el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria de amparo en los términos antes citados, mismo quejoso, mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Luego, del escrito de demanda que se acuerda en relación con la diversa que obra en el juicio ... de esta estadística, se advierte que la parte quejosa es... y que reclamó de las mismas autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, los actos precisados en el inciso a). Atento a lo expuesto, es dable sostener que en la especie, se actualiza la figura de la cosa juzgada, pues los actos que ahora se combaten, fueron combatidos en otro juicio de amparo promovido por el propio quejoso, contra las mismas autoridades, el cual fue desechado el veintiocho de junio del año en curso, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque de las constancias que se invocan como hecho notorio y la demanda de cuenta resulta evidente que los actos reclamados fueron materia del juicio primigenio, el cual si bien se desechó, esa determinación adquirió firmeza luego que el quejoso no la recurriera; por lo que se actualiza el principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda. Es por ello que en el caso de demuestra de manera indubitable que se está ante la figura de cosa juzgada; por lo que se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Sirve de apoyo la tesis I.11o.C. J/6 (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 808, Tomo II, de Diciembre de 2018, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: ... En otro orden, por lo que hace al acto señalado en el inciso b), se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, la cual establece que contra actos ejecutados después de concluido el juicio, es preciso que el juzgador analice qué tipo de actos son los que se están reclamando, pues si se trata de actos dictados o suscitados en la etapa de ejecución de sentencia, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, lo cual implica que tratándose de las resoluciones intermedias de ese procedimiento no podrá promoverse, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame la última resolución. Lo anterior es así, dado que la consecuencia de dicho acto consistiría en que el procedimiento de ejecución de sentencia continúe por sus etapas procesales, en el cual, como lo manifiesta, en la diligencia que reclama de diez de los actuales, al entregar un inmueble que no cuenta con plena identidad, quedando entre dicho cuál fue el inmueble del cual se hizo entrega de la posesión; por lo que, de admitirse el amparo contra esos actos, ello, demoraría indefinidamente la ejecución de la sentencia definitiva con notorio perjuicio en la administración de justicia. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, Abril de 2001, página 31, que señala: ... Asimismo, apoya lo expuesto la jurisprudencia número 177, visible en la página 145, del Tomo VI, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que señala: ... Así, cuando el acto que se reclame se haya dictado o suscitado en el procedimiento de ejecución de sentencia, pero no sea el auto en que se apruebe o reconoce de manera expresa o tácita su cumplimiento total, aquella en que declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o se ordene el archivo definitivo, el juicio de amparo será improcedente en su contra. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar que, en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la omisión de la que deriva el acto reclamado. Es criterio del Máximo Tribunal, que la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador para evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de amparo se utilizara para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye verdad legal, por lo cual la sociedad está interesada en su ejecución, sin que a través de la interposición de muchos amparos obstaculizara su ejecución. Al respecto, lo robustece la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XX, julio de dos mil cuatro, página setenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señalan: ... Esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados o suscitados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, que al no constituir el acto impugnado en esta vía constitucional, el último acto dictado o suscitado en la etapa de ejecución de la sentencia, para que proceda el juicio de amparo, en virtud de que no se decretó el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco se ha establecido la imposibilidad material o jurídica para cumplirla; ni se ordenó el archivo definitivo del expediente; por tanto, es indudable que no se satisfacen los extremos requeridos para la procedencia de dicho juicio. Lo anterior hace patente la causa de improcedencia en estudio respecto del acto aquí reclamado puesto que la diligencia de diez de noviembre del año en curso fue ordenada precisamente con la firme intención de que la sentencia dictada en el expediente ... sea ejecutada. Por ello, al quedar acreditada la notoria actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracciones XI y XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo promovida por... por propio derecho. En otro orden, ténganse como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que refiere en el escrito de demanda, por no indicar expresamente en qué términos de dicho precepto los autoriza. Por otra parte, toda vez que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, los cuales no pueden tenerse como tal, porque no podrían observarse las formalidades para las notificaciones personales; por tanto, dígasele que hasta en tanto señale uno en esta ciudad, o bien en los municipios conurbados a ésta, que lo son Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tlalnepantla de Baz y Jilotzingo, todos en el Estado de México, en términos del artículo 3, fracciones IX y XXXVII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, ésta y las actuaciones que deban notificársele, incluso las de carácter personal, se le notificarán por lista, de acuerdo a lo previsto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Apoya esta consideración, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, identificada con la clave XXII.1º.22K, visible en la página mil sesenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del tenor siguiente: ... Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se exhorta a la parte quejosa que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (esto es, promueva electrónicamente). Asimismo, para que propongan formas especiales y expeditas de contacto (como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso) a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a los secretarios del juzgado a efecto de que elaboren la versión pública de la sentencia y/o resolución que al efecto se dicte en este juicio de amparo, con estricto apego a dichos ordenamientos legales y demás normatividad aplicable. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8º de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con lo que establece el diverso segundo transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, indíquese a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia, para oponerse de manera expresa, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos.

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