Juvencio Jimenez Ruiz

Expediente 218/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
218/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Juvencio Jimenez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. ARCHIVO Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido. SIN DOCUMENTOS ORIGINALES Se precisa que el presente incidente de suspensión no contiene documentos originales pendientes de devolver. DESTINO Por otra parte, en términos del artículo 17 fracción, III, inciso b) del Aludido Acuerdo General, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y, por otra parte, se negó y CONCEDIÓ LA DEFINITIVA SOLICITADA, el cuaderno incidental original es CONSERVABLE. Por tanto, transcurrido el plazo tres años, contado a partir de esta fecha, procédase a la transferencia de este expediente al depósito documental que para tal efecto designe la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. ARCHIVO Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el asunto como concluido. SIN DOCUMENTOS ORIGINALES Se precisa que el presente juicio de amparo no contiene documentos originales pendientes de devolver. DESTINO Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 fracción I del citado Acuerdo General, y atendiendo a que en el presente juicio se sobreseyó en el juicio, este expediente es susceptible de destrucción dentro de tres años. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 218/2023 promovido por el quejoso Juvencio Jiménez Ruiz; y, ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General /2013 y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza administrativa, derivado de un asunto contencioso administrativo, seguido ante una autoridad jurisdiccional de primera instancia del orden local, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". La parte quejosa reclamó: Autoridades responsables Actos reclamados Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La dilación para hacer cumplir la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad 3459/19-15-01-1, en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Subdelegado (a) de Administración en ausencia de la figura del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Responsable de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. No acatar en el término de CUATRO MESES la sentencia de mérito y realizar actos dilatorios y prolongados en su cumplimiento. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado la Sala responsable negó la existencia de la dilación para hacer cumplir la sentencia que se le atribuye, debido a que refirió que no existe ninguna omisión por su parte para verificar el cumplimiento a la sentencia definitiva, ya que el uno de febrero de dos mil veintidós, inició de oficio el procedimiento establecido para tal efecto en el artículo 58 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. No obstante lo anterior, se desvirtúa su negativa, ya que resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (uno de marzo de dos mil veintitrés), la sentencia definitiva no había sido cumplida, lo que se traduce en una dilación para hacerla cumplir. Por otra parte, las autoridades 1) Titular de la Unidad Jurídica de la Representación Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - a quien en auto de diecisiete de abril del año en curso, se le pidió informe en representación de dicho instituto- y 2) Responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no rindieron sus informes justificados, no obstante haber quedado notificados de su solicitud el veinte de abril y el siete de marzo de la presente anualidad, respectivamente. Por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cierta la omisión que se les reclama, consistente en acatar la sentencia dentro del término de cuatro meses y realizar actos dilatorios para su cumplimiento. Lo que se corrobora con las constancias que remitió la Sala responsable, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: El aquí quejoso mediante escrito de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, demandó la nulidad de la presunta resolución negativa ficta recaída a su escrito presentado ante la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el veintiséis de abril de dos mil diecinueve -por el cual solicitó se le informaran los incrementos de su pensión por jubilación número 987355 y el pago de las diferencias que resultaron a su favor con motivo de dichos incrementos-. Seguida la secuela procesal en el juicio natural, el uno de septiembre de dos mil veinte, la Sala responsable dictó sentencia, en la que en esencia declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que dentro del plazo de cuatro meses, contados a partir de que el fallo quedara firme, la autoridad demandada emitiera una resolución fundada y motivada, aplicando a la pensión del actor (obtenida desde el uno de enero de dos mil nueve), los incrementos respectivos, desde esa fecha y hasta que se cumplimentara el fallo, en los términos ahí precisados. El cuatro de febrero de dos mil veintidós, el quejoso promovió queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia, misma que fue desechada por acuerdo de once de febrero de dos mil veintidós, ya que la Sala responsable, mediante auto de uno de febrero de dos mil veintidós, inició de oficio el procedimiento previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que requirió a la autoridad demandada para que dentro del plazo de tres días informara respecto a dicho cumplimiento. *Sin que a la fecha de la presentación de la demanda se hubiera dado cumplimiento a la sentencia definitiva. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917- 1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Es así, porque de las constancias que remite el Magistrado Presidente y Secretaria de Acuerdos de la Sala Regional del Sureste, con sede en la Ciudad de Oaxaca, con el oficio recibido en la audiencia que antecede, se advierte que: Por auto de once de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de nulidad de origen, recibió el oficio del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, en el que informó sobre el cumplimiento a la sentencia definitiva de uno de septiembre de dos mil veinte y al efecto exhibió: El oficio SP/DPSHT/JN/5850/2022, de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el cual determinó que después de haber aplicado los incrementos a la cuota diaria de pensión del actor, existía una diferencia total de $384,095.62 (trescientos ochenta y cuatro mil noventa y cinco pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional); asimismo que la cuota diaria de pensión aumentó de $459.79 (cuatrocientos cincuenta y nuevo pesos con setenta y nueve centavos, moneda nacional) a $596.86 (quinientos noventa y seis pesos con ochenta y seis centavos, moneda nacional), y que sería instalada en la nómina de enero de dos mil veintitrés. Cédula de notificación de ese oficio de fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, a la parte quejosa por conducto de su autorizado. Solicitud de recurso con número de oficio SP/DPSHT/JN/753/2023, de siete de marzo de dos mil veintitrés. Contra recibo de cuenta por liquidar certificada de folio 0203020000364, de siete de marzo de dos mil veintitrés, por la cantidad de $384,095.62 (trescientos ochenta y cuatro mil noventa y cinco pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional). Asimismo, en el citado auto de once de abril de dos mil veintitrés, la Sala requirió a la autoridad demandada para que informara sobre la transferencia bancaria realizada al aquí quejoso sobre la cantidad indicada. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, la Sala responsable tuvo por recibido el diverso oficio SP/DPSHT/JN/1615/2023, de doce de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad demandada exhibió: El contra recibo de cuenta por liquidar certificada con folio 0203020000364 de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés. El comprobante de transferencia pagos SPEI enviados con referencia del cliente número CH 23420 CLC 364, a favor del aquí quejoso, con fecha de transferencia veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, por la cantidad de $384,095.62 (trescientos ochenta y cuatro mil noventa y cinco pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional). Con ello, la Sala responsable, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, fracción VII Y XV de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación con el artículo 52 tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declaró debidamente cumplida la sentencia dictada el uno de septiembre de dos mil veinte, en el juicio de nulidad 3459/19-15-01-1. Por ende, al haberse declarado cumplida la sentencia dictada en el juicio natural, se destruyeron los efectos de los actos reclamados consistentes en la dilación en el cumplimiento de dicho fallo, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso. En ese orden de ideas, sería irrelevante examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la jurisprudencia número 415, visible en la página trescientos cincuenta y seis, de la primera parte del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete, dos mil, del tenor literal: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Asimismo, tiene aplicación la tesis número 2a./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e: UNICO.- SE SOBRESEE en el juicio promovido por ..., por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio 15-1-1-21280/2023, presentado en este juzgado el trece de abril del año en curso (registro 4405), se tuvo al Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informando entre otras cosas que: Por diverso oficio SP/DPSHT/JN/0837/2023, de dieciséis de marzo del actual, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, le remitió diversas constancias entre las que destacan: la solicitud de recurso de siete de marzo de dos mil veintitrés y el contra recibo de cuenta por liquidar certificada de esa data por la cantidad total de ********************. Que en virtud de ello, en auto de esa misma fecha (once de abril pasado), requirió a la autoridad demandada para que dentro del plazo de tres días le informara si efectuó la transferencia bancaria a la pensionada, aquí quejosa de la cantidad indicada. Por tanto, a fin de resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala responsable para que dentro del plazo de tres días informe sobre el cumplimiento que dio la autoridad demandada a dicho requerimiento y el acuerdo recaído al respecto. Apercibida que de no hacerlo, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.

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