Juvencio González Lile
Expediente 339/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 21/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Juvencio González Lile
- Francia José Quintal Martín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual solicita la devolución de las actas del Registro Civil que fueron exhibidas junto con su demanda de amparo. En consecuencia, no existiendo impedimento legal alguno, se accede a la petición de la ocursante, proceda el Secretario de este Juzgado a realizar el cotejo y certificación de la documentación exhibida por la parte quejosa y devuélvasele por conducto de la persona que indica, previa identificación y constancia de recibo que se deje en autos. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 339/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por********************, contra actos de la Delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en Umán y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El ocho de febrero de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió físicamente la demanda de amparo promovida por********************, en la que señaló como autoridad responsable a la Delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en Umán y otra autoridad. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite bajo el amparo 339/2023-IV. En la secuela procesal, se emplazó al representante social adscrito a este juzgado, quien no presentó su correspondiente alegato ministerial. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O (...) QUINTO. Causales de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, respecto a la orden de citación de nueve de enero de dos mil veintitrés para comparecer en la Procuraduría para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán, para acudir a la cita de tres de febrero del presente año a las trece horas, en la localidad de Umán, Yucatán, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Del numeral transcrito se advierte que dicha causal actualiza la improcedencia del juicio de amparo, cuando la parte quejosa consiente expresamente el acto que reclama en la instancia constitucional o bien, cuando realiza manifestaciones de voluntad que entraña dicho consentimiento. Así, es posible la actualización de dicha causa de improcedencia ante la manifestación de voluntad expresa del quejoso, de comparecer o cumplir el acto de autoridad que reclama en la instancia constitucional, actuación conforme a la cual consiente los efectos y consecuencias del acto reclamado. En el caso concreto, la parte quejosa reclama la referida orden de citación de nueve de enero de dos mil veintitrés para comparecer en la Procuraduría para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán, para acudir a la cita de tres de febrero del presente año a las trece horas, en la localidad de Umán, Yucatán. Sin embargo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en "ACTA COMPARECENCIA ESPONTÁNEA" de tres de febrero de dos mil veintitrés, comparecieron ante la Procuraduría para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán los quejosos********************, derivado del citatorio de nueve de enero del presente año que les fue remitido por dicha autoridad (foja 55); incluso se aprecia una diversa comparecencia de ********************de fecha seis de marzo de dos mil veintitrés (fojas 43 y 44). Es por lo anterior, que se actualiza la causal de improcedencia aludida, ante la manifestación de voluntad expresa de los quejosos de comparecer ante la responsable a cumplir el acto de autoridad que reclama en la presente instancia constitucional, pues con ello, consintió expresamente el acto reclamado así como sus efectos y consecuencias. Por otra parte en cuanto al diverso acto consistente en los actos de molestia consistentes en las diligencias que realiza la mencionada autoridad con motivo de la investigación, se considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dichos preceptos establecen: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)». De los dispositivos antes señalados, se obtiene que el juicio de amparo indirecto procede, entre otros casos, contra actos intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos. Contrario sensu, el juicio biinstancial será improcedente contra actos intraprocesales que no revistan una ejecución de naturaleza irreparable, entendiéndose por ellos los que no los afecten materialmente. Dicho en otras palabras, la procedencia del amparo indirecto se actualiza excepcionalmente contra algún acto dictado dentro del juicio o proceso ordinario, en el caso de que su ejecución afecte materialmente derechos sustantivos, de manera directa e inmediata, de modo tal que dicha afectación no podría repararse aún mediante la obtención de una sentencia favorable en la controversia de origen y, en sentido contrario, el medio extraordinario de defensa no procede cuando únicamente afecte derechos adjetivos, instrumentales o procesales. Tal afectación material debe ser directa e inmediata y no mediata, esto es, no debe ser secundaria o futura, ni requerir de un acto posterior, porque entonces el que causa la ejecución de imposible reparación es el acto que los produce y no su antecedente. Tales consideraciones se sustentan en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), con número de registro digital 2006589, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por lo que, el amparo indirecto sólo procede cuando esos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por medio de los derechos públicos subjetivos, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en el juicio de ejecución reparable respecto de los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En el caso, la parte quejosa reclama los actos de molestia consistentes en las diligencias que realiza la autoridad Procuraduría para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Yucatán con motivo de la investigación derivada del expediente administrativo ********************. Al respecto de las constancias que remitió la autoridad responsable se evidencia que es cierta la existencia del procedimiento indicado, pues derivado de informe de treinta de enero de dos mil veintitrés (foja 59) reconoce que mando citatorio a los quejosos con la finalidad de diagnosticar si existe o no alguna vulneración en los derechos de los menores ********************, ********************, derivado de la denuncia anónima por maltrato infantil, por lo que refiere la autoridad resulta falso que la citación haya sido con el fin de retener a los infantes, quitarles la custodia o que se trate de un asunto de índole penal. Por otra parte, si bien es cierto en diversa actuación denominada "MANIFESTACIÓN DE HECHOS Y ACTA DE EXHORTACIÓN" de seis de marzo de dos mil veintitrés (foja 43 y 44), a la cual compareció ********************, la autoridad exhortó a la quejosa para que continuara proporcionando atención y cuidados a sus hijos, y que se realizaría seguimiento de trabajo social así como solicitan información de autoridades para tener certeza del cumplimiento de dichos compromisos, en tanto que de no cumplir con ello, de llegar a detectar alguna restricción o vulneración de derechos hacia sus hijos la Procuraduría responsable podrá implementar medidas especiales de protección para salvaguardar la integridad de las personas menores de edad en términos de los artículos 49 y 50 de la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán. Conforme a lo reseñado es que hasta este momento ello no genera una afectación a los derechos sustantivos de los quejosos, pues ello es un acto futuro de realización incierta, que al está condicionado a que la parte quejosa cumpla con los compromisos por lo que se le exhortó, máxime que como se reseñó previamente el procedimiento administrativo no es con la finalidad de retener a los infantes, quitarles la custodia o que se trate de un asunto de índole penal. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.)2018828, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro en donde se determinó: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo». Consecuentemente, al operar las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIII y XXIII de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados, con términos del diverso 63, fracción V de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución de la autoridad responsable Director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Umán, Yucatán, por las razones previamente indicadas en el sentido de que los actos de la ordenadora no afectan derechos sustantivos al tratarse de actos futuros e inciertos, de ahí que por dichos motivos es que las consecuencias deben hacerse extensivas a los actos de la ejecutora aquí indicada. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Además, no es obstáculo para sobreseer en el presente sumario, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de las constancias que remitió la autoridad ordenadora, pues en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por********************, contra los actos de las autoridades responsables, por el motivo expuesto en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio signado por la Delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, adscrita al Municipio de Umán, mediante el cual remite copia certificada del expediente número 138/2022, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dichas constancias y hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se aprecia que en el presente juicio de amparo, la autoridad responsable Delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en Umán, no rindió su informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello; por ende, no remitió las constancias relativas al acto reclamado. Ahora bien, con el fin de privilegiar lo dispuesto en el artículo 4° constitucional respecto del interés superior de los infantes relacionados con este procedimiento, son necesarias las constancias relativas al expediente 138/2022 del índice de la responsable, para acreditar si el acto reclamado les causa perjuicio alguno en su esfera de derechos. En ese sentido, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo en vigor y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la Delegada de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, con sede en Umán, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la fecha de su notificación, remita copia certificada de todo lo actuado en el expediente de origen. Apercibida que de no dar cumplimiento con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos, sin centavos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, relacionado con el 259, de la Ley de Amparo. En tal virtud, para dar margen a que se cumpla con lo antes acordado, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las once horas con veinte minutos del veinte de abril de dos mil veintitrés. NOTIFÍQUESE.
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