Juvencio Cruz Cruz

Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
223/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Juvencio Cruz Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el escrito de demanda de amparo promovida vía electrónica por Juvencio Cruz Cruz, contra actos de la Cámara de Diputados, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 5, 14, 16, 25, 34, 41 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 223/2023-III-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.******************** El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como acto reclamado: ".Reclamo los siguientes actos: a) La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, por parte del PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN y el DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, la cual se dio con fecha 02 de marzo de 2023; y en particular de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales los artículos 28 bis, numeral 1; 30, numeral 4 (por derogación); 31, 33, numeral 1; 42, numeral 13; 44, numeral 1, inciso a); 48, numeral 1, inciso o); 52, numerales 1 y 2; 57, numeral 1, incisos c) y f) (por su derogación) 1; 61, numeral 1) incisos a) y b) y 62, numerales 1, 2, incisos a) y b), 3, 4, incisos a), b), c) y d), 5, 6 y 7; 62, numerales 4 a 6; 62, numeral 5; 71, numeral 1, incisos a), b) y numeral 2 y 5; 72, numerales 1 al 5; 74, numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4; 98, numeral 4; 99, numeral 3 y 5; 125 quater, numeral 1 y 5, 125, septies, numeral 5;125 bis al 125 Septies; 201 al 206 (por su derogación); transitorios primero, tercero, séptimo, décimo, decimoctavo, vigésimo quinto y vigésimo sexto. c) Del Consejo General y órganos del Instituto Nacional Electoral (Comité Técnico creado para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, Junta General Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración y/o Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional) la respectiva ejecución del Decreto de reforma constitutiva del acto que se reclama.******************** En ese tenor, respecto del acto reclamado, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV que dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).******************** Por su parte, el artículo 5º, fracción I, de la legislación citada dispone lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.******************** (.) En principio cabe destacar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legitimo del quejoso y contra normas generales que requieran un acto posterior al inicio de su vigencia. Así, la porción normativa establece que respecto de aquellas leyes que por su sola vigencia no causan perjuicio al quejoso, sino que requieran de un acto de aplicación concreto, el juicio deviene improcedente. En otras palabras, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclama una norma de naturaleza heteroaplicativa y no exista un acto concreto en que se haya aplicado dicha norma en perjuicio del promovente. De esta manera, para estar en posibilidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia en comento y, posteriormente, determinar si en el caso concreto se actualiza o no dicha causa, es indispensable precisar los casos en los cuales existe una norma heteroaplicativa y cuando existe una norma autoaplicativa. Sobre el particular, los artículos 17, fracción I, 61, fracciones XII y XIV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo previenen la procedencia del juicio de amparo indirecto contra normas de carácter general; y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, debe atenderse al momento en que ocasiona al gobernado un perjuicio cierto en su esfera jurídica, "ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico********************, en términos de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que conlleva también a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional. Los citados preceptos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; [.]******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]******************** "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;******************** De los numerales transcritos se desprende que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión. El primer caso concierne a las denominadas leyes autoaplicativas, que son las que producen efectos jurídicos frente a sus destinatarios por sí mismas, sin requerir un acto de aplicación. En efecto, respecto de tales leyes, al iniciarse su vigencia vinculan a los gobernados a los deberes jurídicos en ellas contenidas. Luego, si los extremos de hecho contenidos en la hipótesis normativa se actualizan automáticamente sin que sea menester el acto de aplicación, procederá en su contra el juicio de amparo. Así, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecte su interés jurídico o legítimo, que por su sola expedición le obliguen a hacer, dejar de hacer o dar, provocando la afectación de su esfera jurídica sin ningún acto, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Pero si transcurre ese término y no se promueve el juicio de amparo, por regla general, el gobernado debe esperar un primer acto de aplicación en su perjuicio, que no necesariamente debe venir de una autoridad, sino de cualquier persona, un tercero o el propio quejoso, que introduce esa aplicación; entonces, a partir de ese primer acto de aplicación el afectado puede promover el juicio de amparo en el plazo de quince días, como se vio anteriormente (artículo 61, fracción XIV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo). Por el contrario, tratándose de leyes heteroaplicativas, que son aquellas que, por sí solas no afectan la esfera de los gobernados, sino que es necesaria la aplicación de la norma jurídica mediante un acto de subsunción posterior al inicio de su vigencia; el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según la regla general prevista en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. Así, hay una secuencia o desarrollo específico respecto de esta diferencia entre leyes autoaplicativas o heteroaplicativas, lo que es así porque tratándose de las segundas, no puede promoverse el amparo sino hasta que se genera el primer acto de aplicación, ya sea que provenga de una autoridad, de un tercero o del propio solicitante del amparo, porque así lo exige o establece la ley. Siendo que para distinguir entre ambos tipos de normas, se reitera que debe atenderse a la forma o momento en que se individualizan en la esfera jurídica de los destinatarios, pues cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 55/97, que se lee: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.******************** Criterio rector de "individualización incondicionada******************** que es relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas -autoaplicativas o heteroaplicativas- pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico o interés legítimo, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Es aplicable al presente caso, la tesis 1a. CCLXXXI/2014 (10a.) de contenido: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de 'individualización incondicionada', con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionadadel concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico.******************** Como se advierte de la lectura a la transcrita tesis, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador de individualización incondicionada para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Además, el transcrito criterio permite determinar la forma de abordar la comprobación del interés requerido para impugnar una norma en sede constitucional, pues al respecto establece los siguientes lineamientos: a) Interés legítimo: Es suficiente constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. b) Interés jurídico: Requiere la afectación a un derecho subjetivo. Así, cuando la afectación causada por la norma agravie a sus destinatarios en sus derechos subjetivos en forma directa, el estándar de análisis debe centrarse en el interés jurídico y por el contrario, cuando sea suficiente advertir una afectación indirecta pero vinculada a un derecho objetivo, el estudio de la naturaleza de la norma se vinculará al interés legítimo. Robustece lo anterior, la tesis 1a. CCLXXXII/2014 (10a.), que se lee: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios directos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean terceros que resientan una afectación incondicionada, pues se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en que se encuentran los particulares, siendo en el contexto de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afectación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas.******************** Por lo tanto, en cada caso debe establecerse el tipo de agravio que causa la norma reclamada, pues de ello dependerá el estándar del interés jurídico o legítimo, que permitirá concluir si se individualiza incondicionadamente o por el contrario, requiere de un acto concreto de aplicación. Precisado lo anterior, ahora se analizará si la porción normativa reclamada tiene la naturaleza jurídica de autoaplicativa o heteroaplicativa. En la especie, el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: ". a) La aprobación de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral por parte del CONGRESO DE LA UNIÓN, (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores) las cuales terminaron su proceso legislativo con la aprobación del dictamen por parte de la CÁMARA DE SENADORES en fecha 22 de febrero de 2023. b) La promulgación y publicación del decreto por el cual se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Sistemas de Impugnación en Materia Electoral, por parte del PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN y el DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, la cual se dio con fecha 02 de marzo de 2023; y en particular de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales los artículos 28 bis, numeral 1; 30, numeral 4 (por derogación); 31, 33, numeral 1; 42, numeral 13; 44, numeral 1, inciso a); 48, numeral 1, inciso o); 52, numerales 1 y 2; 57, numeral 1, incisos c) y f) (por su derogación) 1; 61, numeral 1) incisos a) y b) y 62, numerales 1, 2, incisos a) y b), 3, 4, incisos a), b), c) y d), 5, 6 y 7; 62, numerales 4 a 6; 62, numeral 5; 71, numeral 1, incisos a), b) y numeral 2 y 5; 72, numerales 1 al 5; 74, numerales 1 al 4; 76, numerales 1 al 4; 98, numeral 4; 99, numeral 3 y 5; 125 quater, numeral 1 y 5, 125, septies, numeral 5;125 bis al 125 Septies; 201 al 206 (por su derogación); transitorios primero, tercero, séptimo, décimo, decimoctavo, vigésimo quinto y vigésimo sexto. c) Del Consejo General y órganos del Instituto Nacional Electoral (Comité Técnico creado para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, Junta General Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración y/o Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional) la respectiva ejecución del Decreto de reforma constitutiva del acto que se reclama.******************** Asimismo, a manera de síntesis denominó a sus conceptos de violación de la siguiente manera: Primero. Violación al derecho humano al trabajo. Violación a los derechos laborales adquiridos, en consecuencia también el principio de progresividad al emitirse una norma regresiva. Segundo. Violación al principio de permanencia del servicio civil de carrera establecida en el orden constitucional. Tercero.- Violación al régimen especializado del personal del INE. Cuarto. Violación a la garantía de seguridad jurídica. 14, 16 y en particular 41 Constitucionales. Quinto Invasión de competencias constitucionales. De lo que se colige que la quejosa combate considera que la normativa combatida vulnera su esfera jurídica con su sola entrada en vigor ya que en vitud de ella se origina la reestructuración orgánica del Instituto Nacional Electoral, en especifico en lo que concierne a eliminación de la figura de responsable de Modulo de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz, puesto que desempeña a consecuencia de la aprobación, expedición y publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral; públicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sin embargo, al respecto resulta necesario destacar los artículos transitorios del acto reclamado; a saber: "CUARTO. El presente Decreto no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023. DÉCIMO. A más tardar en abril de 2023, el Consejero General identificara las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicaría la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, y planificara su ejecución para que, a más tardar el 1 de agosto de 2023, se haya concluido. Los remanentes presupuestales que se generen con motivo de la presente disposición, deben se reintegradas a la Tesorería de la Federación. DÉCIMO PRIMERO. El Instituto garantizará que la reestructuración orgánica que derive del presente Decreto se realice con pleno respeto a los derechos laborales de las personas trabajadoras que se encuentren adscritas bajo cualquier régimen laboral. Para cubrir el pago de posibles indemnizaciones, se destinarán los recursos que integran los fideicomisos de pasivo laboral y de infraestructura inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral. Una vez ejecutada la totalidad de los pagos correspondientes, se extinguirán y liquidaran dichos fideicomisos; sus remanentes se entregaran a la Tesorería Federación. DÉCIMO CUARTO. A más tardar el 1° de mayo de 2023, el Consejo General emitirá los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto ordenada en el presente Decreto, así como la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internaciones, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática. Los lineamientos deberán establecer la metodología y políticas para cumplir tal fin, así como de los criterios técnicos para garantizar la debida alineación de las estructuras orgánicas y ocupacionales con las atribuciones conferidas en los ordenamientos jurídicos aplicables; evitar la duplicidad de funciones con otras unidades administrativas; establecer y justificar la descripción y perfiles de puestos; ejecutar una efectiva valuación de puestos; propiciar el equilibrio en los tramos de control, y evitar saltos jerárquicos en la línea de mando. Las propuestas que se realicen para cada una de las unidades administrativas técnicamente por el Órgano Interno de Control. DÉCIMO OCTAVO. El Instituto expedirá un nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional a más tardar el 30 de julio de 2023, con el fin de unificar sus dos sistemas: del Instituto y de los organismos públicos locales. VIGÉSIMO TERCERO. A más tardar en la sesión ordinaria de mayo 2023, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá un reglamento único que regule el funcionamiento de su estructura orgánica, así como la organización y el funcionamiento de las comisiones del Consejo General y los órganos del Instituto. VIGÉSIMO QUINTO. El Instituto Nacional Electoral, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, realizará un nuevo cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales, para ser aplicados dentro de los 180 días siguientes a la fecha referida, con el fin de adecuar las remuneraciones a los topes establecidos en el artículo 127 constitucional. En ningún caso, se considerara que el personal del Instituto Nacional Electoral y organismos públicos locales realizan un trabajo especializado o técnico calificado que justifique una excepción al límite establecido en la fracción ll del párrafo segundo de la disposición constitucional señalada. VIGÉSIMO SEXTO. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración deberá emitir lineamientos que regulen las funciones de su personal de la rama administrativa, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto.******************** Lo destacado es propio. Preceptos que permiten deducir que en el caso la normativa reclamada es de las llamadas heteroaplicativas o de individualización condicionada, pues las condiciones que fija, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigencia, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización. Sin embargo, en el caso, no se actualiza ningún acto de aplicación de los que refiere el quejoso, ya que aún no se han cumplido los procedimientos establecidos en los artículos transitorios que habrían de realizarse en las fechas establecidas, para que entren en vigor las nuevas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; sino que para ello, es necesario que se den los supuestos previstos los transitorios transcritos, esto es, - Que A más tardar en abril de dos mil veintitrés, el Consejero General identifique las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicaría la reestructuración orgánica del Instituto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Decreto, , y planificara su ejecución para que, a más tardar el 1 de agosto de 2023, se haya concluido. - Que el uno de mayo de dos mil veintitrés, el Consejo General emita los lineamientos para la revisión, redimensionamiento y compactación de la estructura orgánica de las unidades administrativas del Instituto ordenada en el presente Decreto, así como la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Coordinación de Asuntos Internaciones, la Dirección del Secretariado y la Unidad Técnica de Servicios de Informática; - Que en el mes de Mayo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita un reglamento único que regule el funcionamiento de su estructura orgánica, así como la organización y el funcionamiento de las comisiones del Consejo General y los órganos del Instituto. -Que más tardar el treinta de julio de dos mil veintitrés, el Instituto expida un nuevo Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, con el fin de unificar sus dos sistemas: del Instituto y de los organismos públicos locales. De tal suerte que es necesario que se realice todo lo anterior a efecto de que se genere la afectación que precisa el quejoso en su escrito de demanda. De ahí que, si bien es evidente que la norma reclamada es de naturaleza heteroaplicativa, necesita de manera necesaria de la ejecución de un acto para situar al quejoso en el supuesto jurídico, donde se actualice un perjuicio. Por tanto, se pone de relieve que la parte quejosa no demostró que la norma impugnada le genere la afectación a un derecho subjetivo o la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su especial situación particular frente al orden jurídico, con la actuación de la autoridad responsable. Cobra aplicación al caso, la tesis P. XCVII/95, que se lee: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO.- El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente.******************** Orientan también lo expuesto el criterio sustentado en la jurisprudencia 4/99, que dice: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.******************** Así como en la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, LA QUEJOSA DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA.- De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de trascurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico de la quejosa quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional; y 4 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica de la quejosa; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio de la quejosa. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que la quejosa demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone la quejosa para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada.******************** De igual modo, es ilustrativo, el siguiente criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito: "LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN.- En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia.******************** Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL. La causa de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo puede configurarse con posterioridad a la presentación de la demanda de garantías, puesto que el quejoso puede, desde la presentación de su demanda hasta antes de que concluya la correspondiente audiencia constitucional, presentar las pruebas idóneas para acreditar que el acto reclamado afecta sus intereses jurídicos, y si en el referido lapso procesal no acredita o no se encuentra comprobada tal situación, debe sobreseerse en el juicio por configurarse la causal de referencia.******************** En virtud de lo anterior, toda vez que la parte quejosa no acreditó el acto concreto de aplicación requerido, y como consecuencia su interés jurídico; es inconcuso que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO AL QUEJOSO Con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a la quejosa presentar promociones, recibir notificaciones y consultar el presente juicio de amparo bajo los lineamientos establecidos para tal efecto con el usuario "juvencio.cruz********************; se precisa que las notificaciones se tendrán por practicadas en la misma fecha y por la misma vía, además la constancia que al efecto se obtenga servirá como acuse de la notificación practicada. Por tanto, se instruye a la Oficial Administrativa "A******************** encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que tome nota a efecto de que realice los ajustes correspondientes en la base de datos a su cargo. Sin que haya lugar a tener como domicilio procesal el que señala en esta ciudad, toda vez que señaló usuario a fin de notificarse vía electrónica. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena a la Secretaria, supervise que la Oficial Judicial A encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria, supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, en días y horas hábiles, en el entendido que las mismas serán de manera electrónica. Empero, a fin de no vulnerar derechos a los justiciables y en aras de impartir una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite el uso de cualquier medio tecnológico que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente en caso de que el mismo sea formado de manera física, y así de una manera más ágil haga uso de estás. El presente proveído será firmado electrónicamente, ya que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la autógrafa. Notifíquese personalmente.

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