Juvenal Marrón Amaya

Expediente 150/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 72 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
150/2018
Año
2018
Actuaciones
72
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Juvenal Marrón Amaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 72.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea el caso ordenar el archivo del presente juicio, así como calificar los cuadernos respectivos; lo anterior, en virtud de que en auto de nueve de julio de dos mil diecinueve, se acordó al respecto. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, la que suscribe CLAUDIA LORENA PEREA VALDEZ, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, hago efectivo el apercibimiento del aviso de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado al quejoso para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Ahora, por sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo, la cual fue recurrida por el quejoso ***. Mediante resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el amparo en revisión administrativa 326/2018, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, revocó la sentencia recurrida y otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa *** Por tal motivo, el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, respecto al siguiente efecto "En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso *** para el efecto de que la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no le aplique el contenido del último párrafo del artículo 16, ni el diverso 25 de la ley que rige al referido Instituto, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, el veinte de diciembre de mil novecientos setenta; así como para que sean devueltas las cantidades que se hubieren descontado al impetrante con motivo de la aplicación de tales preceptos legales." En atención al citado requerimiento, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada de las autoridades responsables Director General y Jefe del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, a través del cual, informó los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, mediante proveídos de doce y veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, de nueva cuenta se requirió a la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California; para que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo que, en proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada de las autoridades responsables Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, comunicando las gestiones que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicitó una prórroga para dar cabal cumplimiento a la misma; concediéndosele quince días para tal efecto. Luego, en proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la delegada de las responsables Director General y del Departamento de Nóminas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual adjuntó copia con firma de recepción del quejoso, respecto del cheque número 0084806 expedido por la Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer a nombre de Juvenal Marrón Amaya, por la cantidad de $268,675.97 (doscientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y cinco 97/100 moneda nacional); con lo que se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Seguido, en auto de diez de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio, y se dio vista a las partes para que dentro del plazo de quince días manifestaran lo que a sus intereses conviniera. En contra de la anterior determinación, mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil diecinueve, ante este juzgado, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y de los Municipios del Estado de Baja California, interpuso recurso de inconformidad, del cual le tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, quien por ejecutoria de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, declaró fundado el recurso de inconformidad, en contra del proveído de diez de junio de dos mil diecinueve, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; y por tanto se regularizó el procedimiento de ejecución, a fin de realizar las gestiones pertinentes, para determinar cuál era la cantidad que el peticionario del amparo debía reintegrar a la responsable. Por tanto, en auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, para que dentro del plazo de tres días, siguientes a la recepción del oficio que se le envió realizara lo siguiente a) Un desglose de las operaciones aritméticas que reflejen el monto total a devolver correspondiente a las cantidades descontadas al quejoso con motivo de la aplicación del contenido del último párrafo del artículo 16, y el diverso 25 de la ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por las cantidades descontadas desde que presentó la demanda de amparo, esto es, desde el quince de marzo de dos mil dieciocho. b) Remita las constancias con las que demuestre haber dado cumplimiento a lo anterior. c) Una vez dado cumplimiento con los inciso a y b, se ordene requerir al quejoso *** a efecto de que reintegre las cantidades indebidamente enteradas en la ejecución del fallo que se regulariza y en ese contexto se de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, por auto de diez de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por el Coordinador de Asesoría y Servicios Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual, envío el desglose de las operaciones aritméticas que reflejaba el monto total que el quejoso Juvenal Marrón Amaya, debía reintegrar a la autoridad responsable, por concepto de las cantidades indebidamente enteradas en la ejecución del fallo; en consecuencia, en ese mismo auto, se requirió al quejoso *** para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de dicho auto, reintegrara ante la autoridad responsable, las cantidades indebidamente enteradas en la ejecución del fallo; esto es, $333,657.55 pesos (trescientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 55/100 moneda nacional), a efecto de que se diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo cual, además, debía acreditar ante este Juzgado haber realizado en el plazo antes indicado. Luego, en atención al requerimiento efectuado al quejoso, por auto de veinte de febrero de dos mil veinte, se tuvo a Jorge Eduardo García Imperial, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, informando la imposibilidad para reintegrar de manera inmediata, las cantidades indebidamente enteradas en la ejecución del fallo, y propuso cumplir con la ejecutoria de amparo en pagos parciales de manera mensual, con lo que, se corrió traslado con dicho escrito, a las autoridades responsables Director General y Jefe del Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación de ese auto, manifestaran si se encontraban de acuerdo con la propuesta del quejoso. Consecuentemente, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio enviado, por la delegada de las autoridades responsables Director General y Departamento de Nominas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por medio del cual manifestó que, considerando que el quejoso formaba parte de un grupo vulnerable, las retenciones a su pensión debían ser de forma equitativa y proporcional (asegurando su mínimo vital) y, con el fin de no deducir de su pensión cantidad alguna que le produjera afectación, aceptó la propuesta y, además informó que se realizarían las deducciones de los bonos que recibe el quejoso, hasta que liquidara la cantidad de $333,657.55 (trescientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos con 55/100 moneda nacional), que le fue indebidamente pagada; anexando una tabla con el cálculo de la forma que sugiere realizar las deducciones al quejoso de los bonos que recibe. Con lo anterior, se dio vista al quejoso; para que manifestara lo que a su derecho legal conviniera, sin que realizara manifestación alguna. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para que las autoridades responsables Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambas con residencia en Mexicali, realizaran un desglose de las operaciones aritméticas que reflejaran el monto total a devolver correspondiente a las cantidades descontadas al quejoso con motivo de la aplicación del contenido del último párrafo del artículo 16, y el diverso 25 de la ley que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por las cantidades descontadas desde que presentó la demanda de amparo, esto es, desde el quince de marzo de dos mil dieciocho; así como, que remitiera las constancias con las que demostrara haber dado cumplimiento a lo anterior; y, se requiriera a efecto de que reintegrara las cantidades indebidamente enteradas en la ejecución del fallo regularizado. Lo cual así sucedió, pues por auto de diez de febrero de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio signado por el Coordinador de Asesoría y Servicios Legales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, remitiendo el desglose de las operaciones aritméticas que refleja el monto total que el quejoso Juvenal Marrón Amaya, debía reintegrar, esto es, la cantidad de $333,657.55 pesos (trescientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos 55/100 moneda nacional). Sin embargo, atendiendo al recurso de inconformidad planteado por la delegada de las responsables Director General y Departamento de Nóminas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali; se requirió al quejoso, para reintegrar las cantidades pagadas, y ante su imposibilidad planteo su pago en parciales de manera mensual. Así, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio enviado vía correo electrónico, por la delegada de las autoridades responsables Director General y Departamento de Nominas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, informando que debido a que el quejoso formaba parte de un grupo vulnerable, las retenciones a su pensión debían ser de forma equitativa y proporcional (asegurando su mínimo vital); y, con el fin de no deducir de su pensión cantidad alguna que le produjera afectación, aceptó la propuesta y, además se realizarían las deducciones de los bonos que recibe el quejoso, hasta que liquide la cantidad de $333,657.55 (trescientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos con 55/100 moneda nacional), que le fue indebidamente pagada; anexando una tabla con el cálculo de la forma que sugiere realizar las deducciones al quejoso de los bonos que recibe. Por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de dos de junio de dos mil veintiuno, dejado junto con copia del auto antes mencionado y copia de las constancias que remite la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Agréguese a los autos el oficio enviado vía correo electrónico, por la delegada se las autoridades responsables Director General y Departamento de Nominas, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y anexos que lo acompañan, por medio del cual informa los actos que ha realizado para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto es, desahoga la vista concedida en autos, para efecto de que manifestara si estaban de acuerdo con la propuesta planteada por el quejoso, de realizar el pago de las cantidades indebidamente entregadas en la ejecución del fallo aquí dictado, de manera mensual; y al considerar que el quejoso forma parte de un grupo vulnerable, que las retenciones a su pensión deben ser de forma equitativa y parcial (si afectar el mínimo vital); y con el fin de no deducir de su pensión cantidad alguna que le produzca afectación, es que aceptó la propuesta y planteó realizar las deducciones de los bonos que recibe el quejoso hasta que liquide la cantidad de $333,657.55 (trescientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y siete pesos con 55/100 moneda nacional), que le fue indebidamente pagada; anexando una tabla con el calculo de la forma que sugiere realizar las deducciones al quejoso de los bonos que recibe. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, por el plazo de tres días, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto del cumplimiento dado al fallo protector.

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