Juvenal Margarito García Méndez o Juvenal García Méndez y Otros.
Expediente 789/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juvenal Margarito García Méndez o Juvenal García Méndez y Otros.
Actuaciones
- Incidental
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 789/2016, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el nueve de junio pasado (fojas 179 a 182), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, en auto de nueve de junio pasado, donde se ordenó formar el tomo de pruebas (foja 179). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, nueve de junio de dos mil dieciséis. Con el oficio 22353 signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y anexos, relativo a la demanda de amparo, promovida por Juvenal Margarito García Méndez o Juvenal García Méndez, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Ahora bien, del contenido del acuerdo dictado por el titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el seis de junio de dos mil dieciséis, se advierte que dicho órgano constitucional, tuvo por recibido el oficio respectivo del Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual en relación a la consulta planteada el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, le fue comunicado que determinó que tanto el acto en el juicio de amparo 425/2016 de su registro, como en el diverso juicio 1155/2015 del índice de este juzgado, derivan de la misma causa penal 74/2015, por lo que es este órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer del juicio de amparo 425/2016, por lo que por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, remite el citado expediente, así como los cuadernos incidentales, y un cuaderno de pruebas; en tales condiciones este Juzgado se avoca seguir conociendo del aludido juicio de amparo; al respecto acúsese recibo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Con las constancias adjuntas, y a efecto de facilitar su manejo, fórmese el cuaderno auxiliar I, respetándose folio, rúbrica y entresello; las cuales, dada su voluminosidad no se digitalizarán, por lo que en términos del artículo 91 del "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", podrá ser consultado físicamente por las partes en este Juzgado. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala por ser el presente asunto de naturaleza penal. En el caso, contra el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión librada el seis de agosto de dos mil quince, contra el demandante del amparo, como penalmente responsable de la comisión del delito de robo calificado con violencia a las cosas, cometido en perjuicio patrimonial del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]. Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se actualiza porque la pretensión constitucional constituye cosa juzgada, respecto de la cual conviene realizar las siguientes precisiones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que son dos los principios en que se asienta la autoridad de la cosa juzgada: 1. La extinción de la acción con su ejercicio, lo que impide su renovación en otro juicio, salvo cuando la ley lo autorice expresamente (recurso de revisión). 2. La necesidad de seguridad jurídica a fin de dar estabilidad a las relaciones de derecho, y que alcanza tanto al derecho sustancial como al derecho procesal, bajo la forma de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Así, se dice que la cosa juzgada es el principal efecto de la sentencia, otorga a ésta la autoridad de la ley, que se extiende no sólo a los mismos jueces, sino a todos los órganos del Estado; por ello su inmutabilidad está condicionada por la exigencia de que la acción a la cual se opone sea la misma que motivó el pronunciamiento, por lo que ese proceso de identificación se hace por la comparación de los elementos de ambas acciones y la excepción de cosa juzgada procederá cuando en ellas coincidan: 1. Los sujetos. 2. El objeto. 3. La causa. También, cabe decir que la cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos; tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones, y lo que quiso evitar el legislador con el establecimiento de la cosa juzgada en materia de amparo, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la propia materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. Bajo esa línea de pensamiento, para sostener la actualización de la causal de que se trata, se tiene en consideración que la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 81), en el sentido de que el seis de agosto de dos mil quince, libró orden de aprehensión contra el demandante del amparo, como probable responsable de la comisión del delito de robo calificado con violencia a las cosas, cometido en perjuicio patrimonial del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca. En vinculación con lo anterior, y por su trascendencia al caso, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su numeral 2°, en relación con la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este acto se tiene a la vista como hecho notorio, sin necesidad que se certifiquen las constancias relativas del juicio de amparo 1155/2015, estadística de este órgano de control constitucional, promovido por el aquí quejoso, del que se conoce que: El once de agosto de dos mil quince, Juvenal Margarito García Méndez o Juvenal García Méndez promovió juicio de amparo contra la orden de aprehensión librada el seis de agosto de dos mil quince, en la causa penal 74/2015 reclamada a la ordenadora, Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y como ejecutoras, procurador General de Justicia del Estado; Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, y Comisionado de la Policía Estatal (foja 5). Por auto de once de agosto de dos mil quince (fojas 8 y 9), se admitió a trámite la demanda de referencia, la cual quedó registrada con el número ya conocido (1155/2015). Mediante sentencia engrosada el veintisiete de noviembre del propio año (fojas 98 a 122), por una parte, se sobreseyó el juicio, y por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia federal. El veinticuatro de diciembre del año de que se trata (foja 139), se declaró ejecutoriada la sentencia y se ordenó requerir el cumplimiento a las autoridades responsables. Del cuadro procesal en mención, de manera palmaria se advierte que es improcedente la pretensión del quejoso en promover una nueva demanda de amparo contra el acto, respecto del cual, este órgano de control constitucional ya se pronunció sobre su constitucionalidad, esto es, determinó conceder el amparo solicitado por el quejoso respecto de la orden de recaptura que el seis de agosto de dos mil quince, la Juez Primero de Penal del Distrito Judicial del Centro libró en la causa penal 74/2015, que se instruyó en su contra, como penalmente responsable de la comisión del delito de robo calificado con violencia a las cosas, cometido en perjuicio patrimonial del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, Oaxaca, debido a que de la narrativa antes señalada, se advierte que coinciden los mismos hechos, circunstancias y personas, pues lo dilucidado quedó firme, volviéndose por esa razón intocable, ya que de hacerlo se vulneraría la garantía de seguridad jurídica así como la institución de cosa juzgada la cual robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa. En lo conducente, se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor: COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, la relación armónica de esos dos artículos constitucionales instituye a la cosa juzgada como la resulta de un juicio concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse; privilegia la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del citado artículo 17 dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. La naturaleza trascendental de esa institución radica en que no sólo recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por lo anterior, la cosa juzgada es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida en que el sometimiento a sus consecuencias constituye base esencial de un Estado de derecho, en el apartado de la impartición de justicia a su cargo. Bajo esa tesitura, queda de manifiesto que respecto del acto reclamado en este juicio de amparo ya fue materia de una ejecutoria anterior, en la que se analizó la orden de aprehensión librada en la causa penal 74/2015, orden cronológico de este propio juzgado, promovido por el aquí quejoso, contra las mismas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 40/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. En suma, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XI de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado a la Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al Fiscal General del Estado de Oaxaca; Jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial, por orden del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Director Jurídico de la Policía Estatal, en virtud de que el acto reclamado de ejecución depende de la responsable ordenadora. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.
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