Juvenal Hernández Venancio
Expediente 529/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Juvenal Hernández Venancio
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, cinco de julio de dos mil veintitrés. A sus autos la ejecutoria de veintidós de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró infundado el recurso de reclamación radicado con el número 20/2023, interpuesto por el recurrente Juvenal Hernández Venancio, en contra del auto de presidencia de diecinueve de mayo del año en curso, emitida en los autos del presente asunto. En consecuencia, dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. Así las cosas, devuélvanse los autos del toca penal 1573/2009 a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, solicitándole acuse de recibo a la brevedad posible. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, cinco de junio de dos mil veintitrés. A sus autos el oficio 189/2023, remitido por la Jueza por Ministerio de Ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango de Doria, Hidalgo, al cual acompaña la requisitoria 32/2023 del índice de este tribunal colegiado debidamente diligenciada en sus términos. En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el oficio 929/2023-AP, suscrito por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 3269/2023, a través del cual remite: original con ocho copias de la demanda de garantías promovida por el quejoso Juvenal Hernández Venancio; certificación; oficio 931/2023-AP, mediante el cual la sala penal responsable rinde su informe justificado; y, toca penal 1573/2009; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente físico, y con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración; por tanto, se comisiona a los secretarios, actuarios y oficiales judiciales correspondientes, y demás encargados de la digitalización de constancias, a realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y la correspondiente resolución que, en su caso, se emita. Acúsese recibo. Luego, respecto de la demanda de amparo promovida por Juvenal Hernández Venancio, en contra del acto que de la oficiante reclama, consistente en la sentencia de veinticinco de enero de dos mil diez, dictada en el toca penal 1573/2009, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con el diverso 62, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es oficioso y aun preferente, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior es así, pues de la certificación de cuenta, así como de las constancias del toca que se recibe, se advierte que la demanda de amparo que nos ocupa resulta extemporánea, por lo que debe desecharse. En efecto, aunque la sentencia reclamada fue dictada el veinticinco de enero de dos mil diez y notificada a la parte quejosa el dos de febrero de ese mismo año; es decir, antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente; y, la demanda de amparo fue presentada hasta el quince de mayo de dos mil veintitrés, esto es, después del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de la Materia. Consecuentemente, el plazo para promover dicha demanda, es el de ocho años que refiere la fracción II del artículo 17 de la Ley de la Materia vigente, el cual, debe iniciarse a partir de la entrada en vigor de ésta, tres de abril de dos mil trece, sin que para ello sean aplicables los supuestos señalados en el artículo 18 del mismo ordenamiento, acontecidos previamente, ya que el cómputo respectivo debe iniciarse con base en supuestos suscitados durante la vigencia de la regulación que lo prevé, pues, de lo contrario, para computarlo se tomarían en cuenta días transcurridos antes de su vigencia, lo que resultaría notoriamente retroactivo. En consecuencia, si como se dijo, el término de ocho años establecido en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, para promover la demanda de amparo que nos atañe inició el tres de febrero de dos mil diez, se tiene que el mismo concluyó el tres de febrero de dos mil dieciocho. Por tanto, si el escrito de demanda de amparo se presentó hasta el quince de mayo de dos mil veintitrés, según se advierte del sello fechador que obra en la demanda constitucional, impreso por la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, es claro que la citada demanda resulta extemporánea. En consecuencia, al haberse presentado la demanda de amparo fuera del plazo legal establecido, se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haberse consentido tácitamente el acto reclamado. En mérito de lo anterior, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juvenal Hernández Venancio, en contra de la sentencia de veinticinco de enero de dos mil diez, dictada por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, en el toca penal 1573/2009, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Junio de 2014, materia Común, Penal, página 11, cuyo texto literal es el siguiente: "AMPARO DIRECTO CONTRA SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. EL PLAZO PARA PROMOVERLO A PARTIR DE ESA FECHA SE RIGE POR LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO Y SI LOS SUPUESTOS QUE DAN INICIO A SU CÓMPUTO EN TÉRMINOS DEL DIVERSO 18 DE ESE ORDENAMIENTO ACONTECIERON CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR, EL REFERIDO PLAZO INICIA A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. Conforme a lo previsto en los artículos transitorios primero al tercero del referido ordenamiento, la regulación aplicable para determinar la oportunidad de una demanda de amparo directo promovida a partir del tres de abril de dos mil trece contra actos dictados antes de la entrada en vigor de la Ley de Amparo vigente, necesariamente es la prevista en ese nuevo ordenamiento, al haberse abrogado la anterior Ley de Amparo y determinarse en su artículo tercero transitorio que lo previsto en ésta sólo sería aplicable a los juicios iniciados previamente. Por ende, el plazo para promover una demanda de amparo directo presentada a partir del tres de abril de dos mil trece contra sentencias condenatorias que imponen pena de prisión dictadas antes de esa fecha, es el de ocho años contenido en la fracción II del artículo 17 de la Ley de Amparo, sin menoscabo de que, atendiendo a la interpretación de este ordenamiento conforme al principio de irretroactividad y favoreciendo la protección más amplia a las personas a cuya esfera jurídica trasciende dicho plazo -sentenciados y víctimas-, su cómputo deba iniciarse a partir de la fecha de entrada en vigor de esa Ley, sin que para ello sean aplicables los supuestos señalados en el artículo 18 del mismo ordenamiento, acontecidos previamente, ya que el cómputo respectivo debe iniciarse con base en supuestos suscitados durante la vigencia de la regulación que lo prevé, pues, de lo contrario, para computarlo se tomarían en cuenta días transcurridos antes de su vigencia, lo que resultaría notoriamente retroactivo." Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), y III, de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo al quejoso. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme el 2° de la Ley de Amparo, líbrese atenta requisitoria al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango de Doria, Hidalgo, para que en auxilio de las labores de este tribunal colegiado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente el presente proveído al impetrante de garantías Juvenal Hernández Venancio, en el domicilio que señaló en el escrito de demanda ubicado en el lugar donde se encuentra actualmente recluido, esto es, en la cárcel distrital de Tenango de Doria, Hidalgo. Asimismo, requiérase al juzgador referido, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de la recepción de la comunicación que para tal efecto se gira, dé cumplimiento a lo ordenado y la devuelva a este tribunal, adjuntando las constancias relativas a la diligencia encomendada, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo así, le será impuesta la medida de apremio prevista en la fracción I, del artículo 59 del ordenamiento legal de aplicación supletoria referido con antelación. Por lo que hace a los correos electrónicos proporcionados, se tienen como vía de comunicación no procesal, en términos de la primera parte, del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.
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