Juveldino Rodas De la Cruz y Otros.
Expediente 237/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 237/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Juveldino Rodas De la Cruz y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto de quince de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo en el presente juicio de garantías, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 2 aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha CAUSADO ESTADO; por tanto, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes. Archivo como asunto concluido. En cumplimiento a los artículos 6, 12, 14, 18, 20, fracción II, inciso a), 21, inciso a) y c), 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el capítulo 7, punto 7.1.1, ordinal 2 y punto 7.4 y capítulo 8, punto 8.1.2, ordinal 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el destino de los expedientes serán: I. Respecto al expediente relativo al juicio de amparo. ? El archivo como asunto concluido; ? El criterio de valoración para este expediente es destruible (se desechó la demanda de amparo); ? Hágase constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia dicha leyenda: Destruible. ? En el expediente las partes no exhibieron documentos originales. ? Una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido, el órgano jurisdiccional, VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.c5.86 17/09/23 21:42:36 3 dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese sentido, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oswaldo Alejandro López Arellanos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, quien actúa ante Víctor Elías Sánchez López, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Ernesto En esta fecha se gira el oficio . Conste. VICTOR ELIAS
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a quince de marzo de dos mil veintidós. Radicación de demanda Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por el que remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 300/2022, promovido por Juveldino Rodas de la Cruz y Ronal Dariel Franco Rodríguez, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Por cuanto el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de referencia; con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia planteada y se aboca al conocimiento de este asunto. Acúsese recibo vía interconexión. Registro de expediente Regístrese en el libro de gobierno bajo el índice 237/2022, así como en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y fórmese expediente impreso. Precisión de los actos reclamados Así, del análisis integral de la demanda de amparo, de la que subyace su causa de pedir, se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados los siguientes: ? La determinación dictada en el auto de apertura a juicio mediante la cual admite para ser desahogadas en juicio oral, las pruebas testimoniales a cargo de los testigos David Ismael Vargas Estrada, Miguel Ángel Quiroz Ochoa, Jorge Alberto Buchanan Lara, y Édgar Alonso Ramírez González, respecto de los diversos informes de policía signados por los mismos y la testimonial de la perito Cinthia Fabiola Arellano Navarrete, por medio de la cual, se pretenden incorporar diversos documentos. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para cumplir lo anterior, se habrán de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen, así como los escritos aclaratorios; siendo que por motivo manifiesto se entiende, lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y????????????? sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción, de lo que en un futuro pudiera probarse sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder sustentarlo en el artículo 17 constitucional, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales, el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre, la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por las razones expuestas a continuación, de una revisión efectuada al escrito de demanda, se considera que, con relación al acto reclamado en la demanda de amparo, se surte de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)" De los preceptos anteriores, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando se reclaman actos emitidos dentro de un juicio cuyos efectos no son de imposible reparación, los cuales, deben entenderse como aquéllos que afecten materialmente los derechos sustantivos de los quejosos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre la definición de los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece dos precisiones para comprender el alcance de la expresión "actos de imposible reparación"; la primera de ellas se encuentra ubicada en la fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; la segunda, se observa en su fracción V, cuyo fin es normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales. Indicó que con base en esas disposiciones, los "actos de imposible reparación" necesariamente deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, pero no que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo.?????????? Precisó que el significado de actos de imposible reparación previsto en la Ley de Amparo vigente, establece que aquéllos deben recaer sobre derechos, es decir, rebasa lo puramente procesal o procedimental -según se trate-, por lo que es necesario que se lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga de las leyes adjetivas aplicables. Concluyó en la existencia de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en juicio o en procedimiento seguido como tal, a saber: 1) Se afecten materialmente derechos: lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. 2) Los derechos afectados materialmente tengan la categoría de "sustantivos": expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en estos últimos la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender el resultado del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, del análisis íntegro del escrito inicial de demanda, se colige que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: ? La determinación dictada en el auto de apertura a juicio mediante la cual admite para ser desahogadas en juicio oral, las pruebas testimoniales a cargo de los testigos David Ismael Vargas Estrada, Miguel Ángel Quiroz Ochoa, Jorge Alberto Buchanan Lara, y Édgar Alonso Ramírez González, respecto de los diversos informes de policía signados por los mismos y la testimonial de la perito Cinthia Fabiola Arellano Navarrete, por medio de la cual, se pretenden incorporar diversos documentos. En efecto, para arribar a esta consideración, por el tema que se aborda (admisión de medios de prueba en la etapa intermedia), -asunto que se examina-, en la medida que se admitieron medios de prueba, ello equivale a que los medios de convicción ya admitidos sigan existiendo en el caudal probatorio, se tiene en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, determinó lo siguiente: De los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, así como del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Consecuentemente, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe delimitar si los actos controvertidos tienen o no la naturaleza de irreparables; estatus jurídico que alcanzarán cuando se demuestre que producen consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no solamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; aunado a ello, deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. El procedimiento penal acusatorio y oral se divide en tres etapas, a saber: 1) la de investigación preliminar y??????????? complementaria, 2) la etapa intermedia, y 3) la etapa de juicio oral. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia, y una oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Apuntó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el juez de control está facultado para, en lo concerniente al tema de medios de prueba, luego de examinar aquellos ofrecidos por las partes y de escuchar los argumentos en que se sustenta su ofrecimiento, esto es, por qué se ofrece y para qué, así como la contra argumentación de la parte contraria, en pleno ejercicio del principio de contradicción que impera en este procedimiento, inadmitir las que sean impertinentes y las que tengan por objeto acreditar hechos públicos y notorios. Si el juez estima que la admisión, en los términos en que los medios de prueba testimonial, documental y pericial hayan sido propuestos, produciría efectos dilatorios en la audiencia de juicio oral, dispondrá que la parte que las ofrece, reduzca el número de testigos, documentos o peritos, cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias que no guarden pertinencia sustancial con la materia de juicio (sobreabundantes o impertinentes). Además, existe la prohibición para que la potestad judicial admita medios de prueba obtenidos por medios ilícitos. Este ejercicio de exclusión de medios de convicción ilícitos, constituye una depuración, que de alguna forma tendrá reflejo en el auto de apertura a juicio oral, donde solamente se deben precisar las pruebas que deberán desahogarse en la audiencia de juicio. Una vez que el juez de control envíe el auto de apertura a juicio al juez o tribunal de juicio oral, cuya identidad siempre deberá ser diversa al primero de los nombrados, iniciará la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso penal; se fijará día y hora para la audiencia de debate, en el que el juez verificará la presencia del acusado y su abogado defensor, del tercero civilmente responsable, si lo hubiere, de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y declarará abierto el debate. Terminado el desahogo de los medios de prueba admitidos, se emitirán los alegatos de conclusión; inmediatamente después de terminado el debate, el juez deliberará en privado y apreciará únicamente las pruebas que fueron incorporadas y desahogadas de forma integral en el debate, según su libre convicción, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos, la sana crítica y las máximas de la experiencia. La decisión posterior versará sobre la absolución o la condena. Acto posterior, pronunciará sentencia.?????????????? En suma, la naturaleza del nuevo sistema de justicia penal, para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; que cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. En ese sentido, cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo, el cual, una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse cumplido, de manera que los temas que en cada una se analizan ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. En ese orden de ideas, aseveró la Primera Sala, la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditada a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Es decir, además de su naturaleza, debe atenderse a si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada, y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas, como lo es la admisión de medios de prueba. Destacó que si bien el juez o tribunal oral conservan en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia. En ese sentido, determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de??????????????? un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite medios de prueba, encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma, implique un acto de imposible reparación. En ese orden de ideas, atendiendo a los lineamientos que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el particular, toda vez que se reclama la admisión de pruebas consistentes en testimoniales a cargo de los testigos David Ismael Vargas Estrada, Miguel Ángel Quiroz Ochoa, Jorge Alberto Buchanan Lara, y Édgar Alonso Ramírez González, respecto de los diversos informes de policía signados por los mismos y la testimonial de la perito Cinthia Fabiola Arellano Navarrete, por medio de la cual, se pretenden incorporar diversos documentos; se concluye que las mismas no le irroga un daño irreparable actual a los ahora quejosos, ya que no les impide ni limita de ningún modo, ejercer algún derecho; sino que en todo caso, la afectación a su esfera jurídica está sujeta a factores cuya verificación se desconoce, tales como que los mencionados medios de prueba se desahoguen en la audiencia de juicio oral, la forma en que dichos desahogos tenga verificativo, el contenido del testimonio al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo, que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes tendentes a demostrar su teoría del caso; y desde luego, que el tribunal de enjuiciamiento lo considere como prueba de cargo en contra del acusado - contraparte de la parte quejosa en su perjuicio al emitir sentencia en la audiencia de juicio oral, pues se insiste, son factores cuya verificación se desconoce. Aunado a lo anterior, es que la defensa puede plantear argumentos durante la audiencia de juicio oral, que cuestionen el valor de las pruebas que se desahoguen, en las que la acusación pretenda basar la condena; en el entendido de que esto último puede ocurrir, por ejemplo, cuando del desahogo de las pruebas durante la audiencia de juicio oral se desprendan elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales, caso en el cual, las pruebas afectadas no podrán ser valoradas por el tribunal de enjuiciamiento. En esas condiciones, al no tratarse de actos de imposible reparación, por las consideraciones expuestas, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de esa misma ley interpretado a contrario sensu, en razón de que la admisión de pruebas de su contraparte, consistentes en pruebas testimonial y pericial, no genera una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal; por tanto, no se advierte que con su admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. De ahí que, el hecho de que se estime que el acto reclamado no le genera una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato, no limita su derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva, pues ante el tribunal de juicio oral su defensa y ella mism????????????? estarán en condiciones de cuestionar el valor de las pruebas que sean desahogadas por las partes. Con base en lo anterior, es evidente que las referidas actuaciones reclamadas no irrogan a la parte quejosa un perjuicio de imposible reparación, en razón que únicamente producen efectos intraprocesales que pueden repararse si se obtiene resolución definitiva favorable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, visible en el Libro 5, del mes de septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, con registro digital 2023589, de rubro y contenido siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos??????????????? de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional." En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Juveldino Rodas de la Cruz y Ronal Dariel Franco Rodríguez, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Domicilio y Autorizados Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que al efecto indica, y como autorizados a Juan Ramón Mondragón Solis y José Antonio Martínez Sánchez, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener registradas su cédulas profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a Ludwing Ulises Gordillo Espinosa, en términos restringidos del citado numeral, por no tener su cédula registrada en dicho sistema. Correo Electrónico y Uso de Medios Tecnológicos Ahora bien, respecto a que se le realicen las notificaciones no procesales a través del correo electrónico que indica, dígasele, que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, pues con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo y del artículo 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, dicha parte quejosa, puede tener acceso al juicio en línea de su asunto, el cual conforma su expediente digital e instar las promociones respectivas por vía electrónica y recibirlas, para lo cual deberá, previamente, tramitar la clave relativa al "usuario", que le corresponda, ello, en el portal del Consejo de la Judicatura Federal, y posteriormente, informarlo a este juzgado constitucional, para estar en condiciones de autorizarle tales circunstancias, y de esa forma, se itera, obtener las notificaciones o comunicaciones que recaigan en el presente juicio, en el entendido, que tal herramienta electrónica de la cual dispone el Poder Judicial de la Federación, permite afrontar, las diferentes situaciones creadas con motivo al COVI-19, entre las que se encuentra la posibilidad de obtener notificaciones de los juicios vía electrónica, lo cual evita apersonarse al local que ocupa éste Juzgado Tercero de Distrito, con el fin de evitar un posible contagio de esa enfermedad, sumado a que la Ley de Amparo, no prevé la legalidad de ese tipo de notificaciones, es decir, a través del correo electrónico que indica la parte quejosa.??????????????? Por otra parte, como lo solicitan los promoventes, se autoriza el uso de medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la Circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, por la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que no existe inconveniente en que se les permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, mediante el uso de aparatos como los que menciona Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: I.1o.A.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Transparencia Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Finalmente, gírese oficio con auto inserto del presente proveído, a la Jefa de la Oficina de??????????????? correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, para los efectos de compensación y estadística, a fin de que se tome en cuenta la presente en el turno respectivo para este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Oswaldo Alejandro López Arellanos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, quien actúa ante Víctor Elías Sánchez López, secretario que autoriza y da fe. Doy
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