Justo Jiménez Loaeza

Expediente 695/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
695/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Justo Jiménez Loaeza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintiséis de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Justo Jiménez Loaeza, contra actos del Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad y otras autoridades, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda de amparo indirecto promovida por Justo Jiménez Loaeza, por propio derecho, contra actos del Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades Háganse las anotaciones en libro de gobierno respectivo y regístrese la demanda en el libro de gobierno bajo el número 695/2017-IV-Z; fórmese expediente. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de garantías, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "Articulo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal, en relación con los numerales 1º, 5, fracción II y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por Leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 1°- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: (. . .) II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (. . .) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Del análisis de la demanda de garantías se aprecia que el acto reclamado por el impetrante a las autoridades responsables Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Director General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guerrero; Subsecretario del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, todos con residencia en esta ciudad, lo hace consistir en lo siguiente: "a).- De la ORDENADORA. Marcada con el número uno, dos, tres y cuatro, reclamo que dejen sin efectos la renuncia y sea reinstalados al puesto que venía desempeñando. b).- De las EJECUTORAS, Marcada con los números uno y dos, reclamo el cumplimiento y ejecución que le pretenden dar, es violatoria de mis garantías constitucionales e individuales (derechos humanos)." Ahora bien, como se advierte de lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito de demanda, que tiene la categoría de encargado del Centro de Reinserción Social, con sede en la ciudad de Coyuca de Catalán, Guerrero, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado de Guerrero, cosntancia a la que se le confiere pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de lo que se advierte que a la parte quejosa lo liga una relación laboral de inferior a superior jerárquico, con las autoridades responsables Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Director General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guerrero; Subsecretario del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, todos con residencia en esta ciudad; es decir, de trabajador y patrón, respectivamente, por lo que tales actos se equiparan a los de un particular. En esas condiciones, los actos que reclama la parte quejosa no son susceptibles de impugnación a través del juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º., fracción I, de la Ley de Amparo; pues como ya se dijo, el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Director General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guerrero; Subsecretario del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, al consistir el acto que de ellas se reclama en la renuncia y reinstalación al puesto que venía desempeñando, así como su cumplimiento y ejecución, lo cual significa que no fue realizado en ejercicio de facultades de autoridad frente a un gobernado, sino de superior jerárquico hacia un subordinado; por lo que, el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Director General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guerrero; Subsecretario del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, como ya se dijo, actuaron con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral, debido a la renuncia y reinstalación al puesto que venía desempeñando el quejoso, la cual deriva de una relación laboral. En este sentido, al Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Director General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guerrero; Subsecretario del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, no les resulta el carácter de autoridades responsables para la procedencia del presente juicio constitucional; en principio, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dilucidado que para los efectos del juicio de amparo, debe emitir actos unilaterales a través de los cuales, crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad de los afectados. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo. En un segundo término, porque se trata de un acto derivado de relaciones entre particulares, ello, atendiendo a la teoría general del derecho que hace de las relaciones jurídicas de Coordinación, supra a subordinación y supraordinación, siendo que las primeras corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre éstas se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil y laboral. Lo distintivo de esas cuestiones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En tanto que, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre los gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del estado; este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Ley Fundamental del País establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, al que dicho órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De modo que, se excluyen los actos de particulares para la procedencia del juicio de amparo, lo que evidentemente acontece en la especie, en razón de que se trata de actos derivados de una relación laboral que los une, y que la propia parte quejosa reconoce al referir en el capítulo de antecedentes: ".2.- El catorce de marzo del año dos mil diecisiete, fue designado, por parte del LIC. MIGUEL ÁNGEL ALONSO ORIHUELA HERNÁNDEZ, en su carácter de SUBSECRETARIO DEL SISTEMA PENITENCIARIO, como encargado del centro de reinserción social, con domcilio en la ciudad de Coyuca de Catalán, Guerrero, lugar donde estoy actualmente adscrito."; es decir, está en carácter de trabajador y las autoridades que señala como responsables ordenadoras con el carácter de patrón. En tales condiciones, es claro que la emisión de los actos reclamados no reúnen las notas distintivas que ha establecido la jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 253/2011; consultable en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Registro: 161133); que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tiene aplicación a las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, la tesis número I.6o.T.26 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En suma, conforme lo expuesto, se advierte que los actos reclamados derivaron de una relación laboral entre las autoridades señaladas como responsables Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Director General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guerrero; Subsecretario del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad (patrón) y el quejoso Justo Jiménez Loaeza (trabajador); es decir, en un plano de coordinación, de ahí que, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Debe destacarse que es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen (como en el caso que nos ocupa) y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que, los informes justificados que llegasen a rendir las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, ya que la resolución que se dicte será siempre en el mismo sentido y con motivo de la misma causal de improcedencia invocada. Así en el presente caso este Juzgado de Amparo, advierte la causal de improcedencia ya analizada, de manera manifiesta e indudable, al no resultarles el carácter de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo al Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Director General de los Centros de Reinserción Social en el Estado de Guerrero; Subsecretario del Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero; Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y Director General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado de Guerrero, residentes en esta ciudad, ya que estas con el quejoso Justo Jiménez Loaeza, se encuentran en un plano de coordinación, (patrón y trabajador, respectivamente). Atento a lo expuesto, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma Ley, a desechar la demanda planteada por su notoria improcedencia. VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO. Toda vez que el quejoso bajo protesta de decir verdad manifiesta que fue intimidado, obligado y torturado psicológicamente, se da vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 21 de la Constitución Federal; 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, inicie la investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, con la finalidad de determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de la parte quejosa, e identificar y procesar a las personas responsables; para lo cual córrasele traslado con copia certificada del presente sumario de garantías. Es aplicable a lo anterior la tesis siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. (Época: Décima Época, Registro: 2006483, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.), Página: 561) DOMICILIO Y AUTORIZADO Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Salomé Narciso Mora, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho de los Juzgados y Tribunales Federales. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. NOTIFICACIÓN EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. TRANSPARENCIA Finalmente, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.

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