Justo Gomez Mena
Expediente 185/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 185/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Justo Gomez Mena
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del proveído de veinte de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, con base en los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que se encuentra transcurriendo el término de quince días que se concedió a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos en auto de dieciocho de febrero del año en curso, para el efecto de que rindiera su respectivo informe justificado. En consecuencia, para no dejar en estado de indefensión a la citada autoridad, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Horacio Salgado Albarrán, quien se ostenta como apoderado de Justo Gómez Mena, contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se provee lo siguiente: 1.- Admisión y registro de demanda. Se ADMITE a trámite la demanda y regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2.- Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. 3.- Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permita el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tengan para ello, se le impondrá una multa de cien valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la Materia. 4.- Terceros interesados. Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este caso en el que se reclama denegación de justicia, no tiene el carácter de tercero interesado la contraparte del quejoso en el juicio de origen porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al del quejoso ?que subsista tal denegación? y que es la razón toral de su participación en el juicio de amparo; y en contrapartida, su búsqueda podría dilatar este juicio. No se inadvierte la jurisprudencia 1a./J. 90/2010 de rubro "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO" emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8º y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III, del ordinal 5º de la Ley de Amparo ?abrogada?, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado ?ahora tercero interesado? a la contraparte del impetrante. Sin embargo, esa tesis no es aplicable a este caso, porque su interpretación fue de la Ley de Amparo anterior ?no vigente?, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, lo que da la pauta a que ahora se tome una interpretación diferente; en efecto, ahora el artículo 17 de la Constitución (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece: "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Y a ese principio en el ámbito jurídico supremo, el cual permea la interpretación y aplicación de las normas que derivan de las constitutivas, se ajusta mejor considerar que la contraparte del quejoso no sea tercero interesado en casos como este, pues no podría legítimamente oponerse a que se enderece una denegación de justicia ?si en el fondo la hubiera?, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa. Así, debe hacerse hincapié en que lo que eventualmente afecta a la parte quejosa con la denegación que reclama, en todo caso, lo es la violación en el seguimiento del procedimiento en la etapa en la que se desarrolla y no el contenido y/o decisión que llegase a tomar la autoridad responsable y, por ende, esa denegación no le depara perjuicio a la contraparte del quejoso. Aunado a lo anterior, el acto reclamado se ubica en la etapa de ejecución del laudo del juicio laboral, en la que se condenó a la parte demandada, a la cual no se le debe reconocer el carácter de tercero interesado, porque se debe evitar que el juicio de amparo se constituya en un medio que permita al destinatario de la ejecución del laudo tomar conocimiento de que se promovió el procedimiento de ejecución en su contra, dando oportunidad para que, eventualmente, se lleven a cabo maniobras tendentes a frustrar la eficacia de la ejecución solicitada. Lo anterior así se advierte de la parte conducente de la jurisprudencia 1a./J. 38/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta orientadora y cuyo rubro señala: "TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL DESTINATARIO DE UNA MEDIDA CAUTELAR, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA NEGATIVA DE OTORGARLA DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE UN PROCESO MERCANTIL (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 Y LEGISLACIÓN MERCANTIL PREVIA AL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EL 10 DE ENERO DE 2014)". 5.- Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. 6.- Ministerio Público Federal. Dese la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, pues, acorde al artículo 5°, fracción IV, de la Legislación de la Materia, le asiste el carácter de parte. 7.- Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tiene la obligación de informar a este Juzgado Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberá acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente de cien valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia. 8.- Requerimiento sobre juicios relacionados. Así también, requiérase a la autoridad responsable para que junto con su informe justificado, señale si la parte quejosa o alguna otra persona han promovido diverso juicio de amparo dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó; así también, requiérase al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que informe si a la fecha el promovente Horacio Salgado Albarrán, quien se ostenta con el carácter de apoderado de Justo Gómez Mena, dentro del expediente laboral 01/809/16; tiene reconocida tal personalidad; con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia. 9).- Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 de la Ley de la Materia, se tiene por ofrecidas la presuncional en su doble aspecto legal y humana y la instrumental de actuaciones, así como la documental que anexó la parte quejosa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al resolver en definitiva el presente juicio de amparo. 10).- Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y por autorizados en los términos que señala a las personas que propone. 11).- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. 12.- Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a las autoridades responsables. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. 13.- Notificación por lista. En ese mismo sentido, se faculta a los actuarios adscritos para que en caso de tener alguna imposibilidad de realizar una notificación personal (no conozcan a la persona buscada, esté desocupado el inmueble designado, no exista la calle o numeración, entre otros) previa razón, realicen dicha notificación y las subsecuentes hasta en tanto se designe nuevo domicilio por medio de lista que fijen en los estrados de este órgano jurisdiccional. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." 13.- Transparencia y acceso a la información pública. Asimismo, se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.
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