Justo Emigdio Dzul Sánchez

Expediente 2893/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2893/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Justo Emigdio Dzul Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del veintidós al veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Como está ordenado en el cuaderno principal, con copia del escrito de ampliación de la demanda de amparo promovida por ********************, en contra del acto que reclama a la nueva autoridad responsable actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, consistente en: La falta de emplazamiento al juicio agrario ******************** de su índice y sus consecuencias, tales como la medida precautoria decretada consistente en la orden desalojo, ingreso, ocupación, construcción y realización de cualquier tipo de obra, así como el uso y disfrute de sus derechos relativos a la parcela colectiva ********************, del ejido de ********************, del Estado de Yucatán. PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA MEDIDA SUSPENSORIA SOLICITADA. Primeramente, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si pueden ser o no paralizados. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión provisional solicitada, en relación con el acto reclamado a la nueva autoridad responsable, atendiendo a su naturaleza, el cual en la especie se trata de un acto omisivo con efectos positivos, ya que consiste en un no hacer de la autoridad responsable, por lo que contra este acto es improcedente la suspensión, al ser dicha cuestión un aspecto que tendrá que analizarse al resolverse el fondo del asunto; sin embargo, al tener efectos positivos, es sobre éstos que deberá hacerse el pronunciamiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 214, Tomo V, abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199059, que dice: "ACTOS DE OMISION, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte e las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna, por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Así como la tesis I.14o.C.8 K (10a.), del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de marzo de 2018, Materia(s): (Común) y Registro: 2016409, que dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA OMISIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El acto de autoridad es la manifestación externa y unilateral de la voluntad del Estado, ejecutada por un órgano competente, que se realiza con la intención de producir consecuencias jurídicas y suele clasificarse, según su naturaleza y efectos que produce, en positivos, negativos y omisiones. Los de carácter positivo son aquellos que se traducen en un "hacer" o en la ejecución de una determinación, en tanto que los negativos se caracterizan porque la autoridad se rehúsa a hacer o conceder al quejoso su petición, mientras que las omisiones son aquellas que se materializan en una abstención de "hacer" de la autoridad responsable. Ahora bien, el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo prevé la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad; sin embargo, ello no implica que pueda concederse la suspensión en su contra, porque dicha medida cautelar tiene por objeto paralizar actos de carácter positivo o negativo con efectos positivos, mas no omisiones en sentido estricto, puesto que equivaldría a dar efectos restitutorios a la suspensión y, por ende, implicaría dejar sin materia el juicio de amparo; por tanto, si bien es verdad que en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, así como en los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el órgano de amparo al proveer sobre la suspensión del acto reclamado debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, también lo es que dicho proceder está condicionado a que la naturaleza del acto reclamado permita su paralización porque, de otra manera, se desnaturalizaría la medida cautelar, cuyo objeto primordialmente consiste en mantener viva la materia del amparo hasta el dictado de la sentencia en que se analiza la constitucionalidad del acto reclamado". Por tanto, en el caso, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados consistentes en la ejecución de la medida precautoria decretada consistente en la orden desalojo, ingreso, ocupación, construcción y realización de cualquier tipo de obra, así como el uso y disfrute de sus derechos relativos a la parcela colectiva ********************, del ejido de ********************, del Estado de Yucatán. Debe decirse que sí son susceptibles de suspenderse, toda vez que conllevan una ejecución, pero para que se conceda la medida cautelar solicitada, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la solicite el quejoso, donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En el caso, está colmado el requisito previsto en la fracción I del citado artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa solicitó expresamente la medida cautelar en el escrito de demanda. Además, en relación al interés suspensional, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2° de la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que en autos del juicio de amparo ******************** del índice de este Juzgado, del cual deriva el presente asunto, la quejosa exhibió junto con su escrito de demanda, copia certificada del certificado parcelario ********************, expedido a su favor por la Delegación del Registro Agrario Nacional en Yucatán, correspondiente a la parcela colectiva ********************, del ejido de ********************, Yucatán. Documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la cual, para efectos de la suspensión, resulta suficiente para acreditar el interés que tiene la parte quejosa, para solicitar la providencia precautoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 172215, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así como el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en la foja 2679, del Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 176544, que señala: "HECHOS NOTORIOS. LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO PUEDEN INVOCAR OFICIOSAMENTE, COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS DE AQUÉLLOS COMO MEDIOS DE PRUEBA APTOS PARA DETERMINAR QUE SE ESTÁ EN PRESENCIA DE UN JUICIO DE AMPARO QUE RESULTA NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. De acuerdo con las razones que la informan y la disposición legal que interpreta, la tesis P. IX/2004, que se puede consultar a fojas doscientos cincuenta y nueve, del Tomo XIX, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunal Pleno, con el rubro: "HECHOS NOTORIOS. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TALES, LOS EXPEDIENTES Y LAS EJECUTORIAS TANTO DEL PLENO COMO DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.", es aplicable no sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino a los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito, en relación con los expedientes y las ejecutorias de los que por virtud de sus funciones tengan conocimiento, incluso para actualizar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé origen al desechamiento de una demanda de amparo que puede derivarse también de esos hechos notorios, ya que de lo contrario se limitaría la facultad del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado para establecer la existencia de elementos que le permitan determinar, con plena certidumbre, que un juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en el numeral 145 de la Ley de Amparo." II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, también se colma este requisito en virtud de que el acto que se reclama, incide básicamente sobre intereses particulares de la parte quejosa, quien se duele de la medida precautoria decretada en autos del juicio agrario ********************. Por tanto, con relación a los efectos y consecuencias del referido acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 y 151 de la citada Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión provisional que solicita la quejosa ********************, únicamente para el efecto de que no sea privada y/o desalojada y/o desposeída del bien inmueble objeto del acto reclamado; hasta en tanto se resuelve lo relativo a la suspensión definitiva de los actos reclamados a la nueva autoridad responsable, que también se solicita. NO FIJACIÓN DE GARANTÍA La efectividad de tal medida surte sus efectos, sin que sea el caso fijar garantía alguna a la parte quejosa, en atención al contenido del artículo 132 de la Ley de Amparo, que establece que la suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos. Apoya a lo anterior, la tesis XXI.2º.P.A.27 A (10ª), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Décima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016817, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJIDATARIOS O COMUNEROS. CUANDO ACUDEN AL JUICIO CONSTITUCIONAL EN LO INDIVIDUAL EN DEFENSA DE SUS BIENES AGRARIOS, ESTÁN EXENTOS DE EXHIBIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN AMPLIA Y PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 132, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El precepto mencionado establece que la suspensión concedida a los "núcleos de población" no requerirá de garantía para que surta sus efectos. De tal suerte que, lo dispuesto en dicho numeral, debe entenderse referido a la connotación que de materia agraria da el artículo 107, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, a los actos que se reclaman, por ejidos, núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o ejidatarios o comuneros, en lo individual, aquellos que tengan o puedan tener como consecuencia privarlos de la propiedad, posesión o disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes. Interpretación de la norma citada, que se hace en atención al principio pro persona, previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal. Ello, porque si el legislador previó exentar a los "núcleos de población" de exhibir garantía para que surta efectos la suspensión, cuando éstos se integran por un conglomerado, sea de ejidatarios o comuneros, según sea el régimen ejidal o comunal, más aún debe exentarse de exhibir esa garantía a los ejidatarios o comuneros, en lo individual, cuando acuden al amparo en defensa de sus bienes agrarios, lo cual se concluye atento a una interpretación más amplia a favor de la persona, del artículo 132 mencionado." FIJACIÓN DE LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia incidental, respecto a la nueva autoridad responsable. INFORME PREVIO De conformidad con la fracción III, del artículo 138 de la citada Ley de la materia, pídase informe previo a la nueva autoridad responsable, el que deberá rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibida que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción I, de la ley de la materia; equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberán cumplir las autoridades responsables a través de la vía ordinaria (de manera física), entregando los informes ante la oficina de correspondencia respectiva, o mediante vía electrónica (con su firma electrónica FIREL) en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o vía interconexión de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal. JUSTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTOS SIN NECESIDAD DE GIRAR OFICIO Sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficios a la nueva autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a este asunto, el oficio 11328 signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, comunica que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada el catorce de noviembre del año en curso, mismo que radicó bajo el número ******************** Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con apoyo en los numerales 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquella, se declara que la referida sentencia que en su segundo punto resolutivo concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

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