Justo Aguilar García
Expediente 971/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 971/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Justo Aguilar García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 971/2021, promovido por José Luis Aguilar Hernández, en cuanto apoderado jurídico de Justo Aguilar García; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, José Luis Aguilar Hernández, en cuanto apoderado jurídico de Justo Aguilar García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, y de otra autoridad. Actos que consideró violatorios de los artículos 1º, 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo indirecto. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito por lo que, en proveído de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno la admitió a trámite, la registró bajo el número de expediente 971/2021, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete. Finalmente, seguido el juicio por sus trámites tuvo verificativo la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 y modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que se reclaman actos omisivos cuyas consecuencias jurídicas tienen efectos dentro de la demarcación territorial en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y el escrito de ampliación, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dar respuesta a los oficios girados por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con residencia en Morelia, Michoacán, para informar lo relativo al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio agrario 697/2016. Mismo que atribuyó a la autoridad: Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán. Como consecuencia de la anterior omisión, la dilación y retraso excesivo en la entrega del certificado parcelario ordenado mediante sentencia definitiva de siete de abril de dos mil diecisiete, dictada en el juicio agrario señalado líneas arriba. Actos que atribuyó a la autoridad antes nombrada y además: Al Director del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México. Tercera. Inexistencia. La autoridad Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la ciudad de México, al rendir su informe manifestó que no son ciertos los actos que se le atribuyen, consistentes en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio agrario 697/2016, esto es, inscribir dicha resolución y como consecuencia de ello, la dilación y retraso en entregar el certificado parcelario a nombre del quejoso, como se ordenó en la referida sentencia. Al efecto, refirió que dichas atribuciones no corresponden a esa autoridad, sino a la Representación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 22, fracciones II y IX del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Lo anterior, se corrobora con el contenido del precepto y fracciones señaladas, las cuales disponen: "Artículo 22. Las Delegaciones tendrán las siguientes atribuciones: [.] II. Inscribir las resoluciones judiciales o administrativas mediante las cuales se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos individuales o colectivos de ejidatarios o comuneros; [.] IX. Llevar a cabo el control, expedición y entrega de los certificados y títulos que prevé la Ley, así como la destrucción de éstos, cuando así proceda; [.]" En esa virtud, es evidente que la autoridad Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la ciudad de México no tiene atribuciones para inscribir la sentencia dictada en el juicio agrario 697/2016 ni para entregar al quejoso el certificado parcelario ahí ordenado, y por tanto, la omisión reclamada resulta inexistente. Como sustento a lo antes determinado, se invoca la tesis 1a. XXIV/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 53, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de junio de 1998, Materia Común-Administrativa, Novena Época, registro 196080, de rubro y texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. También es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 104/2018, publicada en la página 926 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018 Tomo I, Décima Época, Materia Común, registro digital 2018110, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". Cuarta. Certeza de los actos reclamados. El Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado negó los actos reclamados, y adujo que mediante oficio SDR/DJ/14/2022 recibido el tres de marzo de dos mil veintidós, esa Delegación del Registro Agrario Nacional informó al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, sobre la inscripción de la sentencia dictada en el juicio agrario 697/2016, así como la imposibilidad de dar cabal cumplimiento a la misma, por los motivos que ahí señaló. Lo anterior, evidencia la existencia del acto atribuido consistente en la falta del total cumplimiento de la sentencia dictada en el referido juicio agrario y en esa virtud, lo procedente es desvirtuar la negativa de la autoridad responsable. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Por tanto, procede tener por ciertos los actos reclamados al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, en esta instancia constitucional. Quinta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Las partes no hicieron valer causales de sobreseimiento ni este juzgador advierte -de manera oficiosa- su existencia, por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexta. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Al efecto, en sus conceptos de violación, el peticionario de amparo aduce esencialmente: Que la omisión y negativa de la autoridad responsable vulnera el artículo 1º Constitucional, porque no realiza los trámites administrativos necesarios que traigan aparejada la entrega del certificado parcelario a favor del quejoso, el cual lo acredite como titular de la parcela 2457, en su carácter de posesionario del ejido de Tunácuaro, municipio de Ario de Rosales, Michoacán. Que también se vulnera lo dispuesto en el artículo 8º, Constitucional, porque la responsable ha sido omisa en informar respecto al debido cumplimiento de la sentencia pronunciada con fecha siete de abril de dos mil diecisiete, por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, pues en reiteradas ocasiones se le solicitó dicha información y ha hecho caso omiso. Igualmente, que se vulnera la garantía de legalidad prevista en el artículo 14, así como lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, debido a que su petición debe ser resuelta por las autoridades competentes de manera pronta y completa, sin embargo, el quejoso lleva más de cuatro años sin recibir el certificado parcelario que lo acredite como titular de la referida parcela, como así lo sentenció el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, dentro del juicio agrario 697/2016. Los conceptos de violación aducidos resultan infundados en una parte e inoperantes en otra. Son infundados los conceptos de violación aquí sintetizados con los números 1 y 3, porque en las constancias que integran el presente sumario obran las que acompañó a su informe el Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, entre las que se encuentra la copia del oficio SDR/DJ/14/2022 dirigido al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 17, en el cual obra un sello de recibido el tres de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la responsable le informa que la sentencia de fecha siete de abril de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 697/2016, quedó registrada en el libro 1, volumen CXXIX, foja 240 de la base de datos conocida como SENTIAS, y le remitió copia certificada de la inscripción correspondiente, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete. Por otro lado, del mismo comunicado se advierte que también indicó que derivado de una búsqueda exhaustiva a los antecedentes históricos y registrales, así como en la base de datos de esa Delegación y del estudio de la sentencia mencionada, constató que para estar en condiciones de proceder con la inscripción de la referida sentencia en el Folio de Ejidos y Comunidades del Sistema de Modernización catastral y Registral (SICMR), así como para su ejecución material de conformidad con la normatividad interna al procedimiento de trámite con clave de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) RAN-05-04.SENTENCIAS, correspondiente a la inscripción de sentencia, es necesario que el interesado Justo Aguilar García, se presente ante las oficinas de esa autoridad para ingresar la referida solicitud de trámite RAN-05-04.SENTENCIAS, acompañando además la siguiente documentación: Formato FF-RAN-01; Acta de nacimiento; Clave Única de Registro de Población (CURP); Copia de la identificación oficial; Generales (estado civil y ocupación); Planos tipo "B"; Archivos DWG; Recibo de pago de derechos de $149.20 (ciento cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.) de acuerdo al artículo 187, inciso B, fracción I, de la Ley Federal de Derechos; En caso de representante o apoderado jurídico, presentar copia de su identificación oficial, así como poder notarial vigente. De suerte que en el caso en estudio, es evidente que para que la autoridad responsable esté en condiciones de llevar a cabo la inscripción de sentencia en el Folio de Ejidos, y proceder a su ejecución material consistente en expedir el certificado parcelario a favor del aquí quejoso, como se ordenó en el juicio agrario 697/2016, es necesario que aquél acuda ante las instalaciones de la Delegación del Registro Agrario Nacional Delegación Michoacán, ingrese la solicitud de trámite correspondiente y exhiba los documentos que indicó la referida autoridad, con la finalidad de iniciar el procedimiento establecido de acuerdo a la normatividad vigente. En ese estado de cosas, se concluye que hasta en tanto no se ingrese la solicitud de trámite respectiva a la que se acompañen los documentos necesarios, la autoridad responsable Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, no se encuentra en condiciones y momento de llevar a cabo el registro de sentencia y expedición del certificado parcelario, como fue ordenado en el juicio agrario 697/2016. Por ende, no se puede atribuir a la citada autoridad responsable la dilación y retraso en realizar los trámites administrativos necesarios para entregar al quejoso el certificado parcelario ordenado mediante sentencia en el expediente agrario antes señalado, si constituye un requisito sine qua non, el que previamente el interesado aquí quejoso, acuda a las instalaciones de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado y realice el ingreso de la solicitud correspondiente, así como también exhiba los planos, archivos y documentos para ello requeridos y además, cubra el pago por concepto del servicio que presta el Registro Agrario Nacional por la expedición de documentos en los que consten las modificaciones que sufra la propiedad ejidal y comunal, de conformidad con el artículo 187, de la Ley Federal de Derechos. Acción y esencial de carácter obligatorio para el quejoso, pues para que la autoridad responsable esté en posibilidades de dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, necesariamente requiere que el interesado aquí quejoso aporte los documentos que tiene en su poder. Por otra parte, es inoperante el concepto de violación sintetizado en el número 2, en virtud de que los autos reclamados derivan de un proceso jurisdiccional, y el artículo 8º, de la Constitución Federal, en este caso no puede ser parámetro de regularidad constitucional; máxime que la parte quejosa no presentó petición alguna. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación aducidos y no advertirse deficiencia que suplir de oficio, lo que se impone es negar la protección constitucional solicitada. Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Justo Aguilar García, a través de su apoderado jurídico José Luis Aguilar Hernández, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones contenidas en la consideración sexta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible y asequible de éste juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o determinación de 25 de abril de dos mil veintidos, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 971/2021. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad . Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. Maestro en Derecho Procesal Constitucional
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