Justino Vicencio Martínez

Expediente 1252/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1252/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Justino Vicencio Martínez
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que las partes no recurrieron dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de dos de diciembre, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo, y que no existen originales exhibidos por las partes. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), mediante el cual, la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, solicita se le informe si se aceptó o no, la competencia declinada por dicho órgano el pasado diecinueve de noviembre. Atento a lo anterior, infórmese al Homologo Federal que en fecha dos de diciembre del año en curso, se aceptó la competencia planteada y se acusó el recibo correspondiente.

  3. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, informa el contenido del acuerdo de fecha diecinueve de noviembre pasado, dictado en los autos del juicio de amparo 1236/2021-I de su índice, del que se advierte que la oficiante se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Justino Vicencio Martínez, en representación de su menor hija de iniciales D.A.V.M., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por los motivos expuestos en el proveído citado. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1252/2021-VII. Luego, de la misiva que se atiende, se aprecia que el oficiante manifiesta que en razón a que los quejosos tienen su domicilio actual en San Antonio La Isla, Estado de México, declina la competencia a este Juzgado de Distrito, solicitando el acuse de recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, se asume el conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo remitida, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la directa quejosa de iniciales D.A.V.M. (a la fecha cuenta con dieciséis años y ocho meses cumplidos). Los artículos 61, fracción XII, 1 fracciones I, II y III, 5, fracción I, de la Ley de Amparo, a la letra refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I, del artículo 5° de la presente ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley De los numerales citados, se advierte que, para que el juicio de amparo sea procedente, es condición indispensable que la parte promovente acredite fehacientemente que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos, en atención a que este juicio se sigue siempre a instancia de parte agraviada; lo que equivale, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, a que el acto reclamado transgreda un derecho subjetivo consagrado en la Constitución, en favor de la parte quejosa. Es decir, se debe contar con interés jurídico, por ser una persona directamente agraviada por la ley o acto u omisión que estime violatorio de sus derechos fundamentales. De este modo, las notas calificativas del concepto de interés jurídico pueden expresarse diciendo que tiene interés para acudir al juicio de amparo quien es titular de un derecho subjetivo, afectado directamente por un acto u omisión de autoridad y el perjuicio debe ser actual y directo. Ahora, de la lectura integral de su escrito de demanda y de la documental consistente en el acta de nacimiento 1121, se advierte que la menor quejosa tiene fecha de nacimiento de seis de marzo de dos mil cinco; esto es, hoy en día, la menor en cuestión cuenta con la edad de dieciséis años, ocho meses. Asimismo, se aprecia que señala como acto reclamado la omisión de incluir en el Plan Nacional de Vacunación contra el SARS COV 2 publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la menor de edad quejosa, a efecto de que se le aplique la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis, por ser la única vacuna autorizada para aplicarse a dicho grupo etario de niños Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo Nacional de Vacunación contra el SARS COV 2 para la Prevención de la COVID 19 en México, publicado en publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero de dos mil veintiuno, cobró vigencia la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID19 en México, cuyos lineamientos fueron publicados en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx el ocho de diciembre de dos mil veinte. De acuerdo con los ordenamientos en cita, las etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados, en lo que interesa al presente asunto, serían de la siguiente manera: -Etapa 1: Diciembre 2020 - Febrero 2021 Personal de Salud de Primera Línea de Control de la COVID 19. -Etapa 2: Febrero - Abril 2021 Personal de Salud Restante y Personas de 60 y más años. -Etapa 3: Mayo - Junio 2021 Personas de 50 a 59 años. -Etapa 4: Junio - Julio 2021 Personas de 40 a 49 años. -Etapa 5: Julio - Marzo 2022 Resto de la población. Asimismo, es un hecho notorio que en la página de internet http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacuna-covid19-adolescentes/ se aprecia que el pre-registro para los jóvenes de entre quince y diecisiete años inició a partir del 1° de octubre de 2021 en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Se toma a consideración el criterio XX.2o. J/24, con número de Registro digital: 168124, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXIX, de enero de 2009, página 2470, que a continuación se aprecia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". De lo anterior, se aprecia que, a la fecha en la que se recibe la demanda de amparo que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa se encuentra en proceso de vacunación, pues a la fecha se encuentra abierto el pre-registro en la página de internet de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se le aplique la vacuna. Esto es, el periodo de vacunación al que estará sujeta la quejosa de iniciales D.A.V.M.; se encuentra dentro de la quinta etapa, pues tiene la edad de dieciséis años cumplidos; de ahí que, el periodo de vacunación está vigente, y transcurrirá de julio del presente año a marzo de dos mil veintidós, por lo que será dentro de dicho lapso en el que las autoridades sanitarias deberán proporcionar o suministrar la vacuna que corresponda a la solicitante de amparo, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponible para tal efecto. De ahí que los jóvenes de entre quince y diecisiete años de edad, ya no se encuentran excluidos del plan nacional de vacunación. Así, el acto aquí reclamado no afecta los intereses de la directa quejosa, pues como se dijo, el grupo etario al que pertenece se encuentra en proceso de vacunación de acuerdo con el plan nacional de vacunación y, por ende, deberá realizar los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculada. Y es que en el caso, se estima que ya no es aplicable la jurisprudencia por reiteración de criterios, aprobada en sesión de ocho de octubre de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, cuyo contenido literal es el siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO DECRETADA DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA ANTE LA OMISIÓN DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 A MENORES DE EDAD EN UN RANGO DE 12 A 17 AÑOS AL NO ENCONTRARSE CONTEMPLADOS DENTRO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN, POR LO QUE SE CUMPLE CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS: Un menor quejoso por conducto de sus representantes interpuso recurso de queja en contra del auto por el que el juez de distrito negó decretar la suspensión de oficio y de plano en un juicio de amparo indirecto promovido en contra de "La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México", en el que solicitó la medida cautelar para el efecto de que se le inocule a la brevedad posible teniendo en cuenta el interés superior de la niñez para tutelar, proteger y garantizar su derecho humano a la salud, prerrogativa constitucional que estimó violada debido a que dicho instrumento omite considerar a los menores de edad en un rango de 12 a 17 años en las etapas de vacunación. CRITERIO JURÍDICO: Este tribunal colegiado de circuito determina que es procedente decretar la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión que contiene la referida política de vacunación, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo se estaría poniendo en peligro la vida del menor, que es el bien jurídico de más alto valor que consagra nuestra Constitución. CRITERIO JURÍDICO: Este tribunal colegiado de circuito determina que es procedente decretar la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión que contiene la referida política de vacunación, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo se estaría poniendo en peligro la vida del menor, que es el bien jurídico de más alto valor que consagra nuestra Constitución. JUSTIFICACIÓN: El Gobierno de México emitió el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", actualizado el once de mayo de dos mil veintiuno, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. Dicho plan de vacunación consiste en 5 etapas por grupos poblacionales, priorizados de la siguiente manera: etapa 1: personal de salud de primera línea de control de la COVID-19; etapa 2: personal de salud restante y personas de 60 y más años; etapa 3: personas de 50 a 59 años; etapa 4: personas de 40 a 49 años; y etapa 5: resto de la población (mayor a 18 años). De lo anterior se desprende que los menores de edad quedaron excluidos del mencionado plan de vacunación, a pesar de existir evidencia científica en el sentido de que también pueden contraer el virus, enfermar gravemente e, incluso, fallecer; lo que demuestra que la omisión reclamada a través del juicio de amparo es susceptible de poner en peligro su vida y, por lo mismo, la ubica dentro de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de plano y de oficio, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; de tal suerte que en esa hipótesis procede conceder la medida cautelar en los términos precisados para el efecto de que se aplique a favor del menor quejoso la "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", y se le aplique la vacuna conforme a las autorizaciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, siempre y cuando se cuente con la opinión médica de un especialista en relación con su aplicación." Lo anterior, debido a que dicho criterio, parte del cuadro fáctico de que la menor de edad fue excluida del plan nacional de vacunación; sin embargo, a la fecha se han emitido comunicados oficiales que demuestran que ya se encuentra contemplada a fin de ser inoculada, como el resto de la población de este país. En ese orden ideas, no existe una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa de iniciales D.A.V.M. (de dieciséis años y ocho meses cumplidos), en tanto que no se le ha negado la aplicación de la vacuna, sino que el periodo dentro del cual está el grupo poblacional al que pertenece se encuentra en proceso para efecto de que le sea suministrada, debiendo estar atenta a la información que difundan las autoridades sanitarias nacionales y locales respecto a los espacios, registros u otras determinaciones que dicten para efecto de cumplimentar el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID-19 en México y le sea efectivamente aplicada la vacuna dentro del periodo previsto para ello. Por lo relatado anteriormente, procede desechar la demanda de amparo presentada por Justino Vicencio Martínez, en representación de su menor hija de iniciales D.A.V.M., al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 1 y 6 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el físico que cita en su ocurso inicial de amparo; asimismo, por autorizada en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Cristina Nayeli Vicencio Martínez, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la Tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL. En diversa tesitura, a petición del promovente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

  4. Principal

    SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA DETERMINACION DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO 1252/2021 A LA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURIDICCIONAL A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, CON MOTIVO DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL ES DEL CONTENIDO SIGUIENTE: MESA VII. Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), a través del cual, la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, informa el contenido del acuerdo de fecha diecinueve de noviembre pasado, dictado en los autos del juicio de amparo 1236/2021-I de su índice, del que se advierte que la oficiante se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Justino Vicencio Martínez, en representación de su menor hija de iniciales D.A.V.M., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por los motivos expuestos en el proveído citado. En consecuencia, fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1252/2021-VII. Luego, de la misiva que se atiende, se aprecia que el oficiante manifiesta que en razón a que los quejosos tienen su domicilio actual en San Antonio La Isla, Estado de México, declina la competencia a este Juzgado de Distrito, solicitando el acuse de recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, se asume el conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, previo a admitir la demanda de amparo remitida, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En el caso, se actualiza de forma notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la directa quejosa de iniciales D.A.V.M. (a la fecha cuenta con dieciséis años y ocho meses cumplidos). Los artículos 61, fracción XII, 1 fracciones I, II y III, 5, fracción I, de la Ley de Amparo, a la letra refieren: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos de la fracción I, del artículo 5° de la presente ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley De los numerales citados, se advierte que, para que el juicio de amparo sea procedente, es condición indispensable que la parte promovente acredite fehacientemente que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos, en atención a que este juicio se sigue siempre a instancia de parte agraviada; lo que equivale, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, a que el acto reclamado transgreda un derecho subjetivo consagrado en la Constitución, en favor de la parte quejosa. Es decir, se debe contar con interés jurídico, por ser una persona directamente agraviada por la ley o acto u omisión que estime violatorio de sus derechos fundamentales. De este modo, las notas calificativas del concepto de interés jurídico pueden expresarse diciendo que tiene interés para acudir al juicio de amparo quien es titular de un derecho subjetivo, afectado directamente por un acto u omisión de autoridad y el perjuicio debe ser actual y directo. Ahora, de la lectura integral de su escrito de demanda y de la documental consistente en el acta de nacimiento 1121, se advierte que la menor quejosa tiene fecha de nacimiento de seis de marzo de dos mil cinco; esto es, hoy en día, la menor en cuestión cuenta con la edad de dieciséis años, ocho meses. Asimismo, se aprecia que señala como acto reclamado la omisión de incluir en el Plan Nacional de Vacunación contra el SARS COV 2 publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la menor de edad quejosa, a efecto de que se le aplique la vacuna BioNTech Pfizer en sus dos dosis, por ser la única vacuna autorizada para aplicarse a dicho grupo etario de niños Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo Nacional de Vacunación contra el SARS COV 2 para la Prevención de la COVID 19 en México, publicado en publicado en el Diario Oficial de la Federación, el ocho de enero de dos mil veintiuno, cobró vigencia la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID19 en México, cuyos lineamientos fueron publicados en la página oficial de internet www.coronavirus.gob.mx el ocho de diciembre de dos mil veinte. De acuerdo con los ordenamientos en cita, las etapas de la estrategia de vacunación por grupos poblacionales priorizados, en lo que interesa al presente asunto, serían de la siguiente manera: -Etapa 1: Diciembre 2020 - Febrero 2021 Personal de Salud de Primera Línea de Control de la COVID 19. -Etapa 2: Febrero - Abril 2021 Personal de Salud Restante y Personas de 60 y más años. -Etapa 3: Mayo - Junio 2021 Personas de 50 a 59 años. -Etapa 4: Junio - Julio 2021 Personas de 40 a 49 años. -Etapa 5: Julio - Marzo 2022 Resto de la población. Asimismo, es un hecho notorio que en la página de internet http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/vacuna-covid19-adolescentes/ se aprecia que el pre-registro para los jóvenes de entre quince y diecisiete años inició a partir del 1° de octubre de 2021 en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Se toma a consideración el criterio XX.2o. J/24, con número de Registro digital: 168124, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XXIX, de enero de 2009, página 2470, que a continuación se aprecia: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular". De lo anterior, se aprecia que, a la fecha en la que se recibe la demanda de amparo que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa se encuentra en proceso de vacunación, pues a la fecha se encuentra abierto el pre-registro en la página de internet de la Secretaría de Salud Federal, a fin de que se le aplique la vacuna. Esto es, el periodo de vacunación al que estará sujeta la quejosa de iniciales D.A.V.M.; se encuentra dentro de la quinta etapa, pues tiene la edad de dieciséis años cumplidos; de ahí que, el periodo de vacunación está vigente, y transcurrirá de julio del presente año a marzo de dos mil veintidós, por lo que será dentro de dicho lapso en el que las autoridades sanitarias deberán proporcionar o suministrar la vacuna que corresponda a la solicitante de amparo, acorde con dichos instrumentos normativos y los lotes de vacunas que tengan disponible para tal efecto. De ahí que los jóvenes de entre quince y diecisiete años de edad, ya no se encuentran excluidos del plan nacional de vacunación. Así, el acto aquí reclamado no afecta los intereses de la directa quejosa, pues como se dijo, el grupo etario al que pertenece se encuentra en proceso de vacunación de acuerdo con el plan nacional de vacunación y, por ende, deberá realizar los trámites necesarios ante la autoridad sanitaria competente, a fin de que sea inoculada. Y es que en el caso, se estima que ya no es aplicable la jurisprudencia por reiteración de criterios, aprobada en sesión de ocho de octubre de dos mil veintiuno, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, cuyo contenido literal es el siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO DECRETADA DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA ANTE LA OMISIÓN DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 A MENORES DE EDAD EN UN RANGO DE 12 A 17 AÑOS AL NO ENCONTRARSE CONTEMPLADOS DENTRO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN, POR LO QUE SE CUMPLE CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 126 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS: Un menor quejoso por conducto de sus representantes interpuso recurso de queja en contra del auto por el que el juez de distrito negó decretar la suspensión de oficio y de plano en un juicio de amparo indirecto promovido en contra de "La Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención del COVID-19 en México", en el que solicitó la medida cautelar para el efecto de que se le inocule a la brevedad posible teniendo en cuenta el interés superior de la niñez para tutelar, proteger y garantizar su derecho humano a la salud, prerrogativa constitucional que estimó violada debido a que dicho instrumento omite considerar a los menores de edad en un rango de 12 a 17 años en las etapas de vacunación. CRITERIO JURÍDICO: Este tribunal colegiado de circuito determina que es procedente decretar la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión que contiene la referida política de vacunación, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo se estaría poniendo en peligro la vida del menor, que es el bien jurídico de más alto valor que consagra nuestra Constitución. CRITERIO JURÍDICO: Este tribunal colegiado de circuito determina que es procedente decretar la suspensión de oficio y de plano en contra de la omisión que contiene la referida política de vacunación, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo se estaría poniendo en peligro la vida del menor, que es el bien jurídico de más alto valor que consagra nuestra Constitución. JUSTIFICACIÓN: El Gobierno de México emitió el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", actualizado el once de mayo de dos mil veintiuno, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. Dicho plan de vacunación consiste en 5 etapas por grupos poblacionales, priorizados de la siguiente manera: etapa 1: personal de salud de primera línea de control de la COVID-19; etapa 2: personal de salud restante y personas de 60 y más años; etapa 3: personas de 50 a 59 años; etapa 4: personas de 40 a 49 años; y etapa 5: resto de la población (mayor a 18 años). De lo anterior se desprende que los menores de edad quedaron excluidos del mencionado plan de vacunación, a pesar de existir evidencia científica en el sentido de que también pueden contraer el virus, enfermar gravemente e, incluso, fallecer; lo que demuestra que la omisión reclamada a través del juicio de amparo es susceptible de poner en peligro su vida y, por lo mismo, la ubica dentro de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión de plano y de oficio, esto es, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; de tal suerte que en esa hipótesis procede conceder la medida cautelar en los términos precisados para el efecto de que se aplique a favor del menor quejoso la "Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", y se le aplique la vacuna conforme a las autorizaciones emitidas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, siempre y cuando se cuente con la opinión médica de un especialista en relación con su aplicación." Lo anterior, debido a que dicho criterio, parte del cuadro fáctico de que la menor de edad fue excluida del plan nacional de vacunación; sin embargo, a la fecha se han emitido comunicados oficiales que demuestran que ya se encuentra contemplada a fin de ser inoculada, como el resto de la población de este país. En ese orden ideas, no existe una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa de iniciales D.A.V.M. (de dieciséis años y ocho meses cumplidos), en tanto que no se le ha negado la aplicación de la vacuna, sino que el periodo dentro del cual está el grupo poblacional al que pertenece se encuentra en proceso para efecto de que le sea suministrada, debiendo estar atenta a la información que difundan las autoridades sanitarias nacionales y locales respecto a los espacios, registros u otras determinaciones que dicten para efecto de cumplimentar el Plan Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-COV-2 para la Prevención del COVID-19 en México y le sea efectivamente aplicada la vacuna dentro del periodo previsto para ello. Por lo relatado anteriormente, procede desechar la demanda de amparo presentada por Justino Vicencio Martínez, en representación de su menor hija de iniciales D.A.V.M., al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 1 y 6 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el físico que cita en su ocurso inicial de amparo; asimismo, por autorizada en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Cristina Nayeli Vicencio Martínez, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la Tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL. En diversa tesitura, a petición del promovente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio.

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