Justino Sanguino Espinoza

Expediente 951/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
951/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Justino Sanguino Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de octubre de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que las partes ejercieran ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". ( Emita proveído mediante el cual se pronuncie respecto del estado procesal que guarda el juicio natural, en lo que respecta al desahogo de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral 01/189/20; y de encontrarse en la etapa procesal oportuna, certifique lo relativo a que no quedan pruebas pendientes por desahogar o dicte el acuerdo que legalmente corresponda; debiendo notificarle el acuerdo respectivo a la parte quejosa. ..". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través de los oficios 1436/2023, de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, remitió copia certificada donde se acredita que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés cerró la instrucción y turnado los autos para proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral 01/189/2020, tan es así que el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, emitió el laudo correspondiente en dicho juicio; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la peticionaria para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, cerró la instrucción y turnado los autos para proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral 01/189/2020, tan es así que el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, emitió el laudo correspondiente en dicho juicio, en ese sentido se tiene a la responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable emita proveído mediante el cual se pronuncie respecto del estado procesal que guarda el juicio natural, en lo que respecta al desahogo de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral 01/189/20; y de encontrarse en la etapa procesal oportuna, certifique lo relativo a que no quedan pruebas pendientes por desahogar o dicte el acuerdo que legalmente corresponda; debiendo notificarle el acuerdo respectivo a la parte quejosa. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, cerró la instrucción y turnó los autos para proyecto de resolución en forma de laudo en el expediente laboral 01/189/2020, tan es así que el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictó el laudo correspondiente en dicho juicio natural. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, digitalización, destrucción, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por ********************, Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite diversas constancias, dentro de las cuales el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés donde certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral ********************, así como las notificación realizada a la parte actora, además remite el laudo dictado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés en el citado juicio. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexos, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberá informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 951/2023, promovido por ********************, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOS Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad"La omisión de administrar justicia a la parte quejosa dentro del expediente laboral número 01/189/20 del índice de la responsable en los términos y plazos que establecen los artículos del 873 al 890 de la ley laboral, considerando que hasta la fecha no ha desahogado la totalidad de las pruebas ofrecidas por las partes dentro de dichos plazos, hasta logar el cierre de instrucción y se turne a laudo." SEGUNDO. El seis de julio de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 951/2023, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral 01/189/20, y seguir con la secuela procesal dentro de los plazos y términos que marca la ley TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto que se le reclama; por tal motivo, se tiene como cierto, lo que se corrobora con las documentales que al efecto exhibió y que, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". La quejosa considera que la conducta omisiva de la responsable, viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón de las siguientes consideraciones. Conviene destacar que, al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el demostrar que no incurrió en esa abstención. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Tercera Parte, página 27, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". Precisado lo anterior, el artículo 17 de la Constitución Política Federal, determina lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del análisis al precepto de referencia se desprende, medularmente, lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que la impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en la legislación procesal, de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2ª L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685, 735, 750, 776, 883, 884, y 885 de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario. "Artículo 776.- Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: Confesional; Documental; Testimonial. Pericial; Inspección; Presuncional; Instrumental de actuaciones; y Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. "Artículo 883.- La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días. "Artículo 884.- La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las siguientes normas: Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse en su fecha; Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley.". "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17 constitucional. Ahora bien, del informe justificado remitido por la responsable y de las constancias anexas al mismo, remitidas en apoyo a su informe justificado, las cuales integran el expediente laboral 01/189/20, que hacen prueba plena de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo; se advierte que en proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, la responsable se pronunció respecto de la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes, dentro del juicio laboral 01/189/20; siendo admitidas las siguientes: PRUEBAS ADMITIDAS PARTE ACTORA PRUEBA PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA RESPONSABLE 1. Confesional a cargo de la parte demandada Incubadora Orgánica S.A. de C.V. y José Antonio Hermoso Hernández. Admitida. 2. Testimonial a cargo de los CC. Pedro Ramírez Ramírez, Aristeo Alvira Gerónimo, y Víctor Hugo Suarez Herrera. Admitida. 3. Inspección a cargo de la demandada Incubadora Orgánica S.A. de C.V. y José Antonio Hermoso Hernández. Admitida. 4. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Admitida 5. Informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Admitida. PRUEBAS ADMITIDAS PARTE DEMANDADA INCUBADORA ORGÁNICA S.A. DE C.V. PRUEBA PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA RESPONSABLE 1. Confesional a cargo de la parte actora ********************. Admitida. 2. Documentales privadas correspondientes a nueve comprobantes fiscales, escrito de comunicación de cinco de marzo de dos mil veinte, y ratificación de contenido y firma a cargo de la parte actora. Admitida. 3. Informe de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Admitida. 4. Pericial en grafoscopía y documentoscopía. Admitida. 5. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Admitida. PRUEBAS ADMITIDAS PARTE CODEMANDADA JOSÉ ANTONIO HERMOSO HERNÁNDEZ. PRUEBA PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA RESPONSABLE 1. Confesional a cargo de la parte actora ********************. Admitida. 2. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana. Admitida. En lo que respecta, la parte quejosa se duele de la omisión de la autoridad responsable de desahogar la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral de origen, en especificó señala que la junta responsable ha sido omisa en desahogar la prueba de informe autoridad ofrecida por las partes; se reproduce a continuación: Ahora bien, y por cuanto a lo señalado por la parte quejosa, respecto a la falta de desahogo de los informes de autoridad admitidos dentro del juicio laboral 01/189/20; debe indicarse que en proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, la junta responsable tuvo por desahogada la prueba de referencia, misma que corrió a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social; lo cual se reproduce a continuación: Lo anterior evidencia, que por cuanto al acto reclamado consistente en el desahogo de la prueba de informe de autoridad, dicho medio probatorio se tuvo por desahogado en auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno; dando continuidad a la secuela procedimental, lo anterior, hasta el dictado del auto veintiocho de febrero del presente año, en el cual se tuvo por desahogada la prueba pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía; probanza con la que se tendrían por desahogadas la totalidad de las pruebas admitidas dentro del juicio 01/189/20. En ese sentido, debe señalarse, que dentro del procedimiento laboral que se revisa, existe una abierta dilación del procedimiento por parte de la responsable; ello, se indica así, pues si bien la junta de referencia en proveído de veintiocho de febrero pasado, se pronunció sobre el desahogo de la prueba pericial admitida en el juicio de origen, esto es, la última prueba pendiente por desahogar en el expediente laboral 01/189/20, lo cierto es, que a la fecha no ha emitido pronunciamiento alguno respecto del desarrollo de las pruebas admitidas en el juicio natural, retrasando con ello la impartición de justicia. Así, es que se indica se observa una dilación abierta del procedimiento en contravención al artículo 17, de la Ley Fundamental; porque la dilación u omisión en el juicio laboral causa un retraso, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio; de ahí que se haga patente la violación al referido numeral, desde el momento en que la autoridad laboral incumplió con los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, se advierte un retardo injustificado en la impartición de justicia, pues se reitera de las constancias remitidas por la responsable se desprende como última actuación la emitida en auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se pronunció respecto de desahogo de la pericial en materia de grafoscopía y documentoscopía, sin que se desprenda a la fecha hubiera realizado algún pronunciamiento sobre el estado procesal que guarda el juicio laboral. Por lo que se indica la Junta responsable no ha respetado los plazos y términos que marca la ley en el desarrollo normal del procedimiento laboral; lo que no es razonable en la medida que de autos no se advierte exista dificultad en el trámite procesal, lo que constituye una abierta dilación del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Respecto al criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, indicó que, tratándose de actos intraprocesales existe un caso de excepción que constriñe al juzgador de amparo a que no sólo lleve a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones de este tipo respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8, 14 y 17, constitucionales, para considerar que el juicio es improcedente, ya que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial referido no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar tal afectación considerada como de ejecución irreparable es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. SEXTO. Efectos del juicio de amparo. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa ********************, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho: Emita proveído mediante el cual se pronuncie respecto del estado procesal que guarda el juicio natural, en lo que respecta al desahogo de las pruebas admitidas dentro del juicio laboral 01/189/20; y de encontrarse en la etapa procesal oportuna, certifique lo relativo a que no quedan pruebas pendientes por desahogar o dicte el acuerdo que legalmente corresponda; debiendo notificarle el acuerdo respectivo a la parte quejosa. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la responsable dé cumplimiento a lo precisado con anterioridad, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la parte quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado a la autoridad Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del once al veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiséis de junio del presente año, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/3682/2023, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano