Justino Hernández García
Expediente 722/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 722/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Justino Hernández García
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. ... se declara que causó estado el referido auto. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. Este juicio de amparo carece de relevancia documental, al no ubicarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino ... este expediente es destruible. Instrucciones al secretario. ...
- Principal
... Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Acto reclamado. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que el quejoso bajo protesta de decir verdad señaló como acto reclamado lo siguiente: El acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso y notificado el uno de julio siguiente, en el que se inicia el procedimiento disciplinario SSO/CD/03/2022 del Comité de Honor y Justicia, por incumplimiento a uno de los requisitos de permanencia y faltas al régimen disciplinario, toda vez que se dice presentó un certificado de bachillerato con número de folio T014309, para acreditar estudios de nivel superior el cual resultó apócrifo. Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. ....En el caso, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XX del artículo 61 y el diverso 113 de la propia ley de la materia, de los que se desprende en esencia, la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. Lo anterior, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio biinstancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado en la demanda que se provee, debe tomarse en consideración los artículos 280 fracción I, 292, 293, 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, el cual permite advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, cuando trasciendan al sentido de las resoluciones. Asimismo, dentro de dicho juicio se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, sobre la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas y la misma puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva. En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el acto que reclama. Lo anterior es así, pues es un hecho notorio para este juzgado, que el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, fue reformado el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, y se estableció un plazo de veinticuatro horas para que el tribunal correspondiente, se pronuncie respecto de la suspensión del acto controvertido, ello una vez presentada la demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo que resulta procedente contra los actos que impugna; pues los artículos 296 y 305 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, analizados en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XX del artículo 63 de la ley de la materia. .... Toda vez que la circunstancia de que el auto de diecinueve de mayo del año en curso, que da inicio al procedimiento disciplinario SSO/CD/03/2022, que se instruye contra el quejoso, aun cuando tenga la naturaleza de imposible reparación, lo cierto es que ello no exime a Justino Hernández García, de observar el principio de definitiva, esto es, agotar el medio de impugnación procedente contra el inicio del citado procedimiento, como se ha evidenciado en párrafos que preceden. ....En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra el acto que reclama la parte quejosa, en el cual puede obtener la suspensión de ellos, con apoyo con los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. .... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
...NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ... ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL DEL AVISO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE:Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Acto reclamado. Expuesto lo anterior, del análisis a la demanda se advierte que el quejoso bajo protesta de decir verdad señaló como acto reclamado lo siguiente: El acuerdo de diecinueve de mayo del año en curso y notificado el uno de julio siguiente, en el que se inicia el procedimiento disciplinario SSO/CD/03/2022 del Comité de Honor y Justicia, por incumplimiento a uno de los requisitos de permanencia y faltas al régimen disciplinario, toda vez que se dice presentó un certificado de bachillerato con número de folio T014309, para acreditar estudios de nivel superior el cual resultó apócrifo. Expresiones las anteriores, que para este juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. ....En el caso, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XX del artículo 61 y el diverso 113 de la propia ley de la materia, de los que se desprende en esencia, la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. Lo anterior, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio biinstancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado en la demanda que se provee, debe tomarse en consideración los artículos 280 fracción I, 292, 293, 296, 305, 305 Bis, 306, 308, 309 y 310 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, el cual permite advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, cuando trasciendan al sentido de las resoluciones. Asimismo, dentro de dicho juicio se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, sobre la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas y la misma puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva. En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el acto que reclama. Lo anterior es así, pues es un hecho notorio para este juzgado, que el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, fue reformado el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, y se estableció un plazo de veinticuatro horas para que el tribunal correspondiente, se pronuncie respecto de la suspensión del acto controvertido, ello una vez presentada la demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo que resulta procedente contra los actos que impugna; pues los artículos 296 y 305 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, analizados en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XX del artículo 63 de la ley de la materia. .... Toda vez que la circunstancia de que el auto de diecinueve de mayo del año en curso, que da inicio al procedimiento disciplinario SSO/CD/03/2022, que se instruye contra el quejoso, aun cuando tenga la naturaleza de imposible reparación, lo cierto es que ello no exime a Justino Hernández García, de observar el principio de definitiva, esto es, agotar el medio de impugnación procedente contra el inicio del citado procedimiento, como se ha evidenciado en párrafos que preceden. ....En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra el acto que reclama la parte quejosa, en el cual puede obtener la suspensión de ellos, con apoyo con los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. .... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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