Justino González Hernández

Expediente 354/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
354/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
03/02/2023

Partes del expediente

  • Justino González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, tres de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que el impetrante haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído del nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la legislación citada, en relación con el diverso 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora, toda vez que la determinación de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema de Seguimiento Integral de Expedientes (S.I.S.E.) y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, en virtud de que de la certificación inicial se advierte que la parte quejosa no los exhibió. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Sergio Cisneros Cid, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Téngase al Defensor Público Federal José Guadalupe de la Cruz Sales, desahogan la vista otorgada en proveído del seis del mes y año que transcurren, manifestando su imposibilidad para comunicarse con el quejoso ***; lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. Ahora del estado procesal se advierte que mediante auto del nueve de diciembre pasado, se ordenó notificar al quejoso mediante exhorto 1523/2022 orden 2249/2022 el referido auto, sin embargo el veintiuno de los mencionados fue devuelta dicha comunicación sin diligenciar. En consecuencia y toda vez que subsiste la imposibilidad para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído del nueve de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase la notificación del citado auto, de este acuerdo, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se deberá fijar en los estrados de este juzgado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 169843), cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Sergio Cisneros Cid, Secretario quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe. En cumplimiento a lo ordenado en proveído del veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se notifica a la parte quejosa el acuerdo del nueve de diciembre de dos mil veintidós, que dice: "Iguala de la Independencia, Guerrero, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso comunicado del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, que contiene inserta la resolución de incompetencia planteada por el oficiante para conocer del juicio de amparo 1402/2022, promovida por ***, por derecho propio, contra actos de la Fiscalía General de la República y otras autoridades, con motivo del conocimiento previo que se plantea; realícense las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E.) bajo el número 354/2022-IV. Con fundamento en los artículos 37, primer párrafo y 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control acepta la competencia planteada y asume el conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo. Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica del promovente. En el caso que nos ocupa, el quejoso reclama de las autoridades responsables lo siguiente: ".de las diversas autoridades señaladas como responsables en los incisos A:), B:), C:), D:), E:), F:), G:), N:), O:), P:), Q:) reclamo las ordenes de aprehensión giradas en mi contra con todas las consecuencias legales y económicas que ello implica así como les reclamo. A:) la omición de notificarme personalmente los procesos penales existentes en mi contra y ordenes de aprehensión giradas en mi contra. B:) la omición de permitirme intervenir en las carpetas de investigación o averiguaciones previas que existan o que están investigando estas autoridades en contra del Suscrito. C:) La inminente resolución donde solicitan la Judicialización de carpetas de investigación y averiguaciones previas que se instruyen en mi contra del cual desconosco el número estadístico exacto o donde estén radicadas dichas solicitudes sin darme oportunidad de intervenir en las mismas. De las autoridades narradas en los incisos H:), I:), J:), K:), L:), M:), reclamo la liberación de ordenes de aprehención en mi contra sin causa Fundada o motivada dentro de diversas averiguaciones previas y carpetas de investigación sin que se me notifique las mismas. De la autoridad responsable marcada como Q:) reclamo la negativa y omisión de notificarme personalmente el número estadístico exacto de causas penales y procesos que presuntamente se siguen en mi contra y tiene conocimiento esta autoridad ya que personal del area jurídica de este centro federal vino a notificarme el día 20/septiembre/2022 y de maneras verbal me hizo del conocimiento que presuntamente existian (sic) diversas causas penales pendientes e investigaciones que tenia el Fiscal General de la Republica por delitos de secuestro, homicidio y delincuencia organizada las cuales estaban radicadas en el estado de México, la ciudad de méxico, el estado de morelos y guerrero, sin darme número de cuales o cuantas son solo refiriéndome eso (.)" (Sic). En ese sentido, si lo que reclama el aquí quejoso, son la liberación de diversas órdenes de aprehensión, diversas averiguaciones, intervención en las diversas carpetas de investigación o averiguaciones previas que existan o se investigan, la judialización de las carpetas de investigación, el número estadístico de causas penales y procesos que se le siguen, entre otros. Lo antes expuesto, tiene como fin la integración de la carpeta de investigación y/o averiguación previa, esto es, que las autoridades responsables al tener noticia de la probable comisión de hechos delictuosos, iniciaron las gestiones correspondientes para determinar si tales hechos eran o no constitutivos de delito, gestiones que toman cuerpo bajo la figura de carpeta de investigación, punto de partida y primera etapa del proceso penal, que precisamente, es la fase en que el representante social ".practicará u ordenará todos los actos de investigación necesarios para obtener las evidencias e indicios indispensables para el esclarecimiento de los hechos, materia de la denuncia o querella." Ahora, debe señalarse que la integración de una carpeta de investigación o causa penal, constituye una institución pública del Estado que realiza una función de protección social, pues tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses de éste y la sociedad; esto es, a dicha institución le corresponde, conforme a lo establecido por el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el iniciar la carpeta de investigación, a petición de parte o de oficio y allegarse en este período a la investigación de los elementos del tipo descriptivo penal y datos que presuman o acrediten la presunta responsabilidad del sujeto en la comisión del ilícito o delito, para que esté en posibilidad legal de realizar imputación ante la autoridad competente y posteriormente solicitar la vinculación a proceso, si procediere, siempre que, existan elementos para ello; derivándose así sus dos funciones, una como autoridad al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos denunciados, quien al judicializar la investigación pierde dicho carácter y, otra como parte en el proceso, siendo esta su otra función y la etapa procesal en la que interviene, advirtiéndose que la investigación de los delitos es una facultad constitucional de la responsable que no es sujeta de control constitucional, para no entorpecer esa facultad. Es de señalarse que la persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Federal, lo que tiene como consecuencia que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. Por ende, las actuaciones realizadas por dicho representante social en el ejercicio de ese derecho, especialmente aquéllas que van encaminadas a la integración de la carpeta de investigación, a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona o personas contra las cuales se dirigió la denuncia o querella, aun cuando fueren indebidas, no pueden constituir violación a los derechos humanos, por ende, el amparo promovido en su contra, es improcedente. Sirve de apoyo, a lo anterior, la tesis XXI. 2º. 51 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, diciembre de 1994, página 407, registro digital 209780, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO, PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS POR EL. CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL QUE NO CONFORMA LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.". Asimismo, es aplicable la tesis VI.3o.8 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, enero de 1996, página 264, registro 203374, que dice: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.". Además, los actos reclamados por el quejoso en sí mismos, no son un mandato para que se le prive al peticionario de su libertad, posesiones o derechos, ya que tales actuaciones a que alude se realizan, en todo caso, para llevar a cabo la investigación que sólo tiene como finalidad solicitar al Juez respectivo, la formalización de la imputación y con posterioridad su vinculación a proceso, en contra de aquéllas personas que aparecen como presuntos responsables dentro de la indagatoria que se instruyó con motivo de determinados hechos que al concluir la integración de la investigación, se consideraron constitutivos de delito. Resultando claro que, el procedimiento de integración de la carpeta de investigación o causa penal respectiva, no agravia de manera alguna el interés jurídico del quejoso, pues como ya se acotó, en líneas atrás, su trámite y ejercicio no se traduce en la privación de su libertad, de sus posesiones o derechos, por lo que, en todo caso, sería la resolución que en un momento dado pronuncie el Juez del proceso al decidir sobre la petición del Ministerio Público, la que podría trastocar su esfera jurídica, haciendo con ello procedente el juicio de amparo, y no los actos de investigación. Es aplicable a lo expuesto, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXIX, página 4973, registro digital 306997; Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCIV, página 425, registro digital 302496 y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XII, agosto de 1993, página 364, registro digital 215306, que dicen: "AVERIGUACIONES PENALES.". Así las cosas, resulta inconcuso que los actos reclamados por el quejoso conllevan a la integración de las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, que reclama de las responsables constituyen actos que por sí mismos no generan afectación alguna, en tanto consiste en una serie de diligencias realizadas por las autoridades indagadoras en cumplimiento a mandatos constitucionales ineludibles, con el objeto de reunir elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito y apuntar a quien pudiera resultar probable responsable en su comisión; actuaciones que no causan perjuicio, y por tanto, no requiere tutela constitucional en tanto no producen consecuencias lesivas. De ahí que no le causa violación a sus derechos constitucionales, en razón de que la práctica de las diligencias de investigación tiene su origen en la norma constitucional y tienen por objeto investigar si los hechos denunciados son o no constitutivos de un hecho delictivo. Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis III.2o.P. 91 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 24, noviembre de 2015, tomo IV, página 3529, registro digital 2010448, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA.". De igual forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. Pues el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el ejercicio de la acción penal o no ejercicio de la acción penal. Dado que considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado, y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es aplicable la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo III, página 1947, registro digital 2015500, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO.". Por lo anterior, se concluye que los actos reclamados por el quejoso no causan una afectación real y actual en su esfera jurídica, por lo que, en su contra, es improcedente el juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en el artículo 113 de la legislación aplicable se desecha la demanda de amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, para que realice el turno correspondiente de la demanda de amparo, a efecto de equilibrar las cargas de trabajo. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que todas las notificaciones se realicen de manera personal en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS-Durango", con residencia en Gómez Palacio, toda vez que *** se encuentra interno en dicho lugar. Como lo solicita el quejoso en el escrito de cuenta y tomando en consideración que el derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, con fundamento en los artículos 17 séptimo párrafo Constitucional, requiérase al Delegado en Guerrero del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Acapulco, en el plazo de tres días hábiles, en uso de sus facultades designe a un defensor público que deberá representar los intereses del citado quejoso. Se le apercibe que de no hacerlo así, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la normativa de la materia, se le aplicará una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Resulta aplicable la jurisprudencia 43/2019 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 2020495, de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y del numeral 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado federal, ordene a quien corresponda, se constituya en el citado centro de reclusión y notifique a dicho procesado el contenido de esta determinación que en copia se envía. Acontecido lo anterior, se sirva devolver el exhorto en cuestión con las constancias que acrediten su diligenciación. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica y vía exhorto a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de Viridiana Meléndez Tapia, Secretaria quien certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe."

  3. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, devolviendo sin diligenciar el exhorto 1594/2022, orden 2358/2023, enviado para notificar al quejoso Justino González Hernández, el proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós; dése de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a acusar recibo, en virtud de que lo generó el referido Sistema al momento de su envío. Se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto transcurra el plazo concedido en determinación del seis de enero de dos mil veintitrés, al Defensor Público Federal. Notifíquese por lista electrónica.Así lo acordó y firma electrónicamente Wendali Montserrat Navarro Ramírez, Secretaria encargada del despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, facultada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6901/2022, quien actúa en unión de Sergio Cisneros Cid, Secretario que autoriza y certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Iguala de la Independencia, Guerrero, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, reitérese a tal órgano que mediante oficio 13014/2022, del nueve de diciembre de dos mil veintidós se le informó que este órgano de control aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo 1402/2022, promovido por *****; así como que por oficio 13950/2022, del dos de los actuales, se contestó lo solicitado en la misiva 1125/2022, de su índice. Para corroborar lo anterior remítasele copia certificada de los oficios 13014/2022 y 13950/2022, así como de los acuses correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista electrónica.Así lo acordó y firma electrónicamente Laura Ariadna Flores Pacheco, Secretaria encargada del despacho del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, facultada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/6901/2022, quien actúa en unión de Sergio Cisneros Cid, Secretario que autoriza y certifica que las promociones que en su caso generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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