Justino Figueroa Amaya
Expediente 903/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Justino Figueroa Amaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
MESA III-A "... Visto el estado de autos, como la parte quejosa no hizo manifestación respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el caso, mediante sentencia firmada y autorizada el once de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 47-59), donde se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Justino Figueroa Amaya, para que la autoridad responsable Director General de la Policía Vial Estatal del Gobierno del Estado de Oaxaca, efectuara lo siguiente: Dejar insubsistente la resolución de trece de agosto de dos mil diecisiete, dictada contra el quejoso Justino Figueroa Amaya, en el expediente administrativo SSPO/DGPVE/DJ/3006/2017, en la que se le impuso un arresto administrativo de veinticuatro horas, así como la suspensión de su licencia para conducir por el término de tres meses.". El cuatro de octubre de dos mil diecisiete (fojas 71-72), causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Por oficio recibido en este juzgado el once de octubre de la presente anualidad, el Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal del Estado de Oaxaca, remitió constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de las que se advierte: - Oficio sin número de nueve de octubre de dos mil diecisiete, relativo al expediente administrativo SSPO/DGPVE/DJ/3006/2017, donde la responsable dejó insubsistente la resolución de fecha trece de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el citado expediente. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. En otro aspecto, archívese el presente asunto como concluido, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado y Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo citado. Por tanto, este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de Gobierno respectivo..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO, EN VIRTUD DE HABERLOS SEÑALADO PARA SER NOTIFICADO PERSONALMENTE. CONSTE.)
- Principal
MESA III-A "... Agréguese el oficio del Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal, residente en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remiten constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las constancias que se agregan, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que deberá correrse traslado con copia de dichas constancias y así asentarse expresamente en la notificación respectiva; apercibidas que de no formular manifestación, este Juzgado resolverá sobre el particular con base en los datos y elementos que existen en autos. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA, EN VIRTUD QUE SEÑALÓ LOS MISMOS, PARA SER NOTIFICADO PERSONALMENTE; ASIMISMO, SE LE HACE SABER QUE SE DEJA A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA, LAS COPIAS DE LAS CONSTANCIAS CON LAS CUALES SE LE DA VISTA. CONSTE.)
- Principal
MESA III-A "... Agréguese el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual informa que instruyó a la autoridad responsable Director General de la Policial Vial del Estado, para que cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos requeridos..."
- Principal
MESA III "... Visto el estado de autos y la certificación de cuenta; toda vez que por resolución de once de septiembre de dos mil diecisiete, se concedió el amparo a la parte quejosa el presente juicio (fojas 47 a 59), la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 párrafo segundo y tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director General de la Policía Vial Estatal del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días computados legalmente, cumpla la ejecutoria de amparo de la que se le envió oportunamente y, desde luego, informe y acredite dicho cumplimiento; esto es, efectúen lo siguiente: "(.) Dejar insubsistente la resolución de trece de agosto de dos mil diecisiete, dictada contra el quejoso Justino Figueroa Amaya, en el expediente administrativo SSPO/DGPVE/DJ/3006/2017, en la que se le impuso un arresto administrativo de veinticuatro horas, así como la suspensión de su licencia para conducir por el término de tres meses. Sin que dicho efecto llegue al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del artículo 14 constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. En relación con dicho efecto, se invoca por identidad jurídica, la jurisprudencia siguiente: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada". Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución dado que, siendo ilegal la orden de arresto, deviene ilegal el acto de autoridad tendente a su ejecución, máxime que no se reclama por vicios propios; ello de conformidad con la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (Jurisprudencia 102, Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 66, Quinta Época)." De Igual manera, requiérase al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable citada, en el mismo plazo de tres días, ordene a ésta, cumpla la ejecutoria en sus términos y remita las constancias respectivas. Apercibidos que de no cumplir o informar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cien días calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL)..."
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