Justina Núñez Alva

Expediente 668/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
668/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
14/08/2017

Partes del expediente

  • Justina Núñez Alva

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que dicho acuerdo ha causado estado, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, el auto de fecha veintiocho de julio de dos mil diecisiete, a la parte quejosa, en el presente juicio de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que Justina Núñez Alva, no dio cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de dieciocho de julio de dos mil diecisiete... En esa tesitura, debido a que el plazo de cinco días concedido en el acuerdo de mérito transcurrió del veintiuno al veintisiete de julio del año en curso, sin que hubiera desahogado la aludida prevención, se le hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, y con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este asunto.

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, dieciocho de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Justina Nuñez Alva, por su propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo y otras autoridades; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 668/2017 que le corresponde. Ahora bien, respecto a la solicitud de la promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la promovente cuando se estime que: 1.- Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; 2.- Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." 3.- No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4.- No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y 5.- No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Con apoyo en lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído y con las copias necesarias del escrito para correr traslado a las partes, aclare la demanda de amparo, en el punto que se precisará más adelante y entendiendo de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en el artículo 261 de la Ley de Amparo en vigor, que a letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En efecto, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa, reclama como acto destacado, la promulgación de la Ley de Ingresos número 408 para el Municipio de Acapulco, así como la falta de refrendo de la Ley de Ingresos y de Hacienda Municipal, no obstante, entre otros conceptos de violación, la impetrante refiere: ".carecen de la validez legal para su observancia y por ende su aplicación para exigir el pago de los impuestos contenidos en dichos cuerpos Normativos de Derecho.". Asimismo, se infiere que omite señalar a las autoridades que participaron en la creación de leyes reclamadas, pues, debe señalarse que cuando se reclama algún ordenamiento legal, es necesario especificar qué precepto legal de éste es el que causa perjuicio, así como el acto en específico, a través del cual, la autoridad señalada como responsable lo aplicó; aunado a ello, se debe precisar qué artículo constitucional controvierte. Por su aplicación se cita la tesis número XX.57 K, consultable en la página ochocientos setenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Lo anterior es así, en virtud de que al promover en la vía indirecta es evidente que el Juez de Distrito no tiene a su alcance más datos que los proporcionados por el agraviado con el fin de conocer provisionalmente el acto combatido; aunado a que sólo con dichas aclaraciones se podrá determinar la procedencia o improcedencia de la demanda de amparo. Por ende, deberá la quejosa aclarar lo siguiente: a).- Precise qué autoridad o autoridades participaron en la creación de las leyes que reclama. b).- Indique qué artículo o artículos de la Ley de Ingresos y Hacienda del Municipio de Acapulco, reclama como primer acto de aplicación. c).- Aclare el acto específico de aplicación respecto de cada autoridad, que señala, en virtud de que cuando se impugna en el juicio de amparo algún ordenamiento legal, resulta necesario aducir qué concretos preceptos son los que se aplicaron y que irrogan perjuicio, así como especificar su aplicación. d).- Señale qué artículo constitucional transgrede o, qué derecho fundamental, considera se vulnera. Lo anterior es indispensable debido a que cuando se promueve el juicio constitucional contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trate de leyes autoaplicativas. Máxime que la jurisprudencia temática en materia constitucional de leyes, es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contrario a la constitución y cuya construcción argumentativa, revela un nivel de abstracción de tal índole, que evidencia el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 235, cuyo texto y rubro dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Igualmente, es aplicable la tesis P. LXII/99, visible en la página once, del tomo X, Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REFORMA CONSTITUCIONAL, AMPARO CONTRA SU PROCESO DE CREACIÓN. EL INTERÉS JURÍDICO DERIVA DE LA AFECTACIÓN QUE PRODUCE, EN LA ESFERA DE DERECHOS DEL QUEJOSO, EL CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS MODIFICADOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha determinado que cuando se impugna el proceso de reforma constitucional no es la Carta Magna, sino los actos que integran el procedimiento legislativo que culmina con su reforma, lo que se pone en tela de juicio, por lo que pueden ser considerados como autoridades responsables quienes intervienen en dicho proceso, por emanar éste de un órgano constituido, debiendo ajustar su actuar a las formas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes, conducta que puede ser controvertida mediante el juicio de amparo, por violación al principio de legalidad. Asimismo, estableció que la circunstancia de que aun cuando el proceso de reforma hubiese sido elevado a la categoría de norma suprema, tal situación no podría desconocer la eficacia protectora del juicio de amparo como medio de control constitucional, puesto que de ser así no habría forma de remediar el posible incumplimiento de las formalidades consagradas en el artículo 135 de la Carta Magna ni, por ende, podría restablecerse a los agraviados en los derechos que estiman violados, con lo que se autorizaría la transgresión a derechos fundamentales sin oportunidad defensiva. En consecuencia, si bien es cierto que el contenido del dispositivo constitucional resulta inimpugnable a través de la demanda de garantías, siendo sólo atacable el proceso de reforma correspondiente, y el interés jurídico se identifica como la tutela que se regula bajo determinados preceptos legales, la cual autoriza al quejoso el ejercicio de los medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación, debe concluirse que el interés jurídico para promover el juicio contra el proceso de reforma relativo debe derivar directamente de los efectos que produce la vigencia del nuevo precepto constitucional, pues son éstos los que producen un menoscabo en la esfera jurídica del gobernado." Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a los requerimientos insertos en el presente proveído, en el lapso concedido para tal efecto y con las copias simples de ley (una para cada una de las autoridades responsables, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dos para el incidente de suspensión), se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase la prevención y el apercibimiento ordenados por conducto del actuario de este juzgado. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Andrés Martín de la Rosa Garduño; respecto de las demás personas que señala, únicamente se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente.

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