Justina Espinoza Reyes
Expediente 1313/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1313/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Justina Espinoza Reyes
Actuaciones
- Principal
**** Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo (fojas 20 a 22). En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica. *
- Principal
Visto el oficio y anexos de cuenta signado por la Presidenta Encargada de Despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido informe justificado que le corresponde a dicha autoridad, al cual adjuntó copia certificada del auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 265/2010 acumulado al 239/2012, y que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora, cabe recapitular que del escrito inicial de demanda se aprecia que la parte quejosa destacó como actos reclamados: "LA OMISIÓN DE HACER EFECTIVA LA MULTA FIJADA A LA PARTE DEMANDADA POR LA CONTUMACIA DE CUMPLIR EL LAUDO; en términos de los artículos 81, 95, 96, 97 y 98 de la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. "LA OMISIÓN DE VINCULAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL CUMPLIMIENTO AL LAUDO; quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la responsable para hacer cumplir sus determinaciones, en la esfera de su competencia, PARA SOLICITAR Y PROPONER A LA SOBERANÍA ESTATAL LA PROGRAMACIÓN DE UNA PARTIDA ESPECIAL PARA HACER FRENTE A DICHO FALLO, ASÍ COMO REALIZAR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS SOBRE EL RECURSO ASIGNADO A LA DEMANDADA PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, CUYA EJECUCIÓN ES IMPOSTERGABLE, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Mientras que en los antecedentes narró: 7.- Con fecha 20 de mayo del 2019, se solicitó a la responsable para que hiciera efectiva la medida de apremio fijada a la demandada por la contumacia de cumplir el laudo y la omisión de vincular al cumplimiento al laudo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, quien se encarga de ministrar los recursos económicos presupuestales a la demandada y por ello obligada a auxiliar a la demandada a cumplir el laudo, sin que a la fecha haya hecho efectiva dicha medida de apremio ni vincular al cumplimiento a la citada secretaria. PRECISANDO QUE EL NATURAL SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN DEL LAUDO EN LA CUAL YA SE DESAHOGARON TODAS LAS ETAPAS DE EJECUCIÓN Y SOLO QUEDA QUE LA DEMANDADA CUBRA LA CONDENA QUE LE FUE IMPUESTA, SIENDO ESTA LA ÚLTIMA ETAPA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. Por lo cual, los actos reclamados consisten en: Omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, de atender la promoción de veinte de mayo de dos mil diecinueve, a través de la cual solicitó hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada, por incumplimiento al laudo. No pasa desapercibido que la parte quejosa destacó como acto reclamado, la omisión de aplicar la medida de apremio a la parte demandada para vencer su contumacia de cumplir el laudo, así como la omisión de vincular a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; empero, aquella circunstancias derivan de la falta de acuerdo a la promoción que en tal sentido presentó el veinte de mayo de dos mil diecinueve, así como de la petición que anexó a su demanda de amparo (foja 8), de la cual se advierte que sólo solicitó a la potestad laboral hacer efectivo el apercibimiento decretado a la parte demandada, por incumplimiento al laudo de doscientos a quinientos días de salarios mínimos vigentes en la región. Concerniente a dicho acto reclamado, se considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Porque, de las constancias que como apoyo remitió la autoridad responsable laboral de cuenta a su informe justificado, se aprecia que por auto de tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 18 a 19), atendió entre otras promociones, la presentada el veinte de mayo de dos mil diecinueve, por el apoderado de la parte actora aquí quejosa, al acordar hacer efectivo el apercibimiento decretado al Ayuntamiento demandado, esto es, le aplicó una multa de doscientos cincuenta días de salarios mínimos vigentes en la región, establecidos en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley 51 del Estado. También lo requirió nuevamente para que procediera a exhibir el pago de la cantidad a que fue condenado en el laudo dictado en el juicio laboral de origen 265/2010 acumulado al 239/2012. Con lo anterior, se advierte que la afectación reclamada en el presente juicio ha sido colmada en su totalidad, cesando los efectos del acto reclamado. Causal de improcedencia que evidencia la cesación de los efectos del acto reclamado, ya que se restableció en forma total la situación anterior a la promoción del juicio constitucional, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo; de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado el amparo -como se dijo-, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del impetrante o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la aquí agraviado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Tiene aplicación al caso concreto, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 193758, consultable a página treinta y ocho del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que en rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Además, si bien en el acuerdo de tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 18 a 19), la potestad laboral dio respuesta a la promoción que le presentó la parte quejosa el veinte de mayo de dos mil diecinueve; lo cierto es que, volvió a requerir a la parte demandada el pago de la cantidad de $302,999.63 (trescientos dos mil novecientos noventa y nueve pesos 63/100 moneda nacional), para lo cual le otorgó un plazo de diez días hábiles, y la apercibió para el caso de incumplimiento, en aplicarle una multa por el equivalente a trescientos días de salario mínimo. Por ende, tal proveído implica la continuación del procedimiento de ejecución del laudo, puesto que al haberse requerido nuevamente el cumplimiento del laudo a la parte demandada, es obvio que está encaminado a lograr su ejecución, sin paralizar dicho procedimiento. Entonces, aun cuando se respetara la vista a la parte quejosa con el informe justificado y constancias allegadas por parte de la autoridad responsable, el análisis constitucional del proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve, es improcedente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV párrafo segundo, de la Ley de Amparo; ya que el juicio de amparo indirecto será procedente únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del laudo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa a la parte quejosa. Y en el caso, en el auto de tres de octubre de dos mil diecinueve, no se aprobó o reconoció el cumplimiento total de lo sentenciado, o la imposibilidad de cumplimiento, sino que se proveyó su continuación, por lo que tampoco afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Como resultado de lo anterior, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes analizada, ello obliga desde este momento a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con cuarenta minutos del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve (foja 11 reverso). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo y anexos promovida por ********************, en su carácter de apoderado de ********************personalidad que se le reconoce en términos de lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tal y como se desprende de las documentales que anexa al escrito de demanda consistente en la copia certificada con firmas autógrafas del auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral ********************y su acumulado ********************por tanto, con fundamento en los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida dicha personalidad para los efectos legales del presente juicio, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. ADMISIÓN. Con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 37 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. No es obstáculo que la parte quejosa señale como autoridad responsable al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, como órgano colegiado, en razón de que el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de laudo, por lo que se advierte como única autoridad responsable al presidente del referido órgano laboral, en su carácter de ejecutor del laudo dictado en el juicio natural, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número ********************y fórmese expediente. Sin tramitar incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días. Dicho informe deberá ser rendido con estricto apego a lo establecido en la Ley de Amparo, remitiendo a este Juzgado: - Copias certificadas de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado. - En orden. - Completas y legibles. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. De igual manera, solicítese a la autoridad responsable informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. TERCERO INTERESADO. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le surte el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zitlala, Guerrero; por tanto, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) y 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, emplácesele al presente juicio por medio de oficio que se gire a su residencia oficial. En ese orden de ideas, se requiere al citado tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Zitlala, Guerrero, por conducto de su Síndico Procurador, para que en el término de tres días hábiles al en que reciba la presente notificación, informe a este Juzgado Federal (incluso por vía telegráfica) la fecha en que haya recibido el presente oficio; apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 238 y 259, de la de Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de su intención las documentales que anexa a su escrito de cuenta; sin perjuicio de relacionarlas en la etapa procesal oportuna y ser consideradas al momento de resolver el presente asunto. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con las mismas, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18 y 26 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. NOTIFICACIONES. AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO. Notifíquese la radicación del presente juicio al Agente del Ministerio Público adscrito mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, y dese la intervención que legalmente le corresponde, en términos del diverso 5°, fracción IV de la citada Ley. AUTORIDADES RESPONSABLES. Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación del presente juicio a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en los arábigos 26, fracción II, inciso a) y 28, fracción I de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.
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