Justina Carmen Sánchez Juárez
Expediente 1651/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1651/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Justina Carmen Sánchez Juárez
- Rosenda Tecuapacho Atonal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el escrito signado por Cindy Ojeda Carabarin, recibido en línea con evidencia criptográfica, por el que en cumplimiento al proveído de diez de noviembre de dos mil veintitrés, manifiesta que se encuentra en aptitud de ser designada como perito oficial y que está de acuerdo con el arancel correspondiente al pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos; realiza diversas manifestaciones y señala domicilio para oír y recibir notificaciones y medios de contacto no procesal. En atención a su contenido, se tiene a la Licenciada Cindy Ojeda Carabarin, aceptando y protestando el cargo de perito oficial; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Del mismo modo, se tienen por hechas las manifestaciones contenidas en su escrito de cuenta, en el sentido de que está de acuerdo con el arancel correspondiente al pago de honorarios y gastos de las personas que pueden fungir como peritos; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Asimismo, como lo solicita, córrase traslado a la perito oficial con el escrito mediante el cual se ofreció la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopía, morfología y documentoscopía ofrecida por la parte tercera interesada, así como con el cuestionario correspondiente, a fin de que se encuentre en aptitud de realizar la cotización de sus honorarios. Ahora bien, en virtud de que la perito oficial aceptó el cargo conferido, y que las partes quejosa y tercera interesada no designaron perito de su parte, requiérase a quejosa Ma. Norberta Rodríguez Rojas y/o María Norberta Rodríguez Rojas, para que se constituya ante esta autoridad federal, debidamente identificada, a fin de estampar sus firmas, ante la presencia del personal judicial actuante, por lo que se fijan las once horas del día once de diciembre de dos mil veintitrés, para su desahogo. Se apercibe a la parte quejosa y a la perito oficial que de no comparecer al desahogo de los ejercicios caligráficos, se les sancionará con una multa por la cantidad que resulte equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos de los ordinales 237 fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, hágase del conocimiento de la perito oficial que quedan a su disposición el presente juicio de amparo y los cuatro cuadernos de pruebas remitidos por el juez responsable al rendir su informe justificado, en la secretaría de este juzgado, para que esté en aptitud de contar con los elementos necesarios para poder rendir su dictamen pericial. Por otra parte, se tiene a la perito oficial señalando como medios de contacto el número telefónico 2221543977 y el correo electrónico cojedacarabarin@gmail.com, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, a través de los cuales se pueda entablar comunicación, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación. Respecto al domicilio en el Estado de Puebla que señala para oír y recibir notificaciones, toda vez que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado, se ordena practicarle sus notificaciones a través de los medios de contacto antes indicados; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que remita al correo electrónico cojedacarabarin@gmail.com, copia del presente proveído y del escrito mediante el cual se ofreció la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopía, morfología y documentoscopía ofrecida por la parte tercera interesada, así como con el cuestionario correspondiente; asimismo, contacte vía telefónica a la perito oficial mencionada al número 2221543977 y le haga de su conocimiento la fecha para que tenga verificativo la diligencia de ejercicios caligráficos. Notifíquese personalmente a la quejosa; y por correo electrónico y vía telefónica a la perito oficial.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés******************** Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, ya que transcurre el término de ocho días a que se refiere el párrafo segundo, del artículo 117, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por el Director de Notarías y Registros Públicos del Estado; el cual fue acordado el dieciséis de noviembre del año en curso; por ello, no existe la anticipación de al menos ocho días a la celebración de la audiencia constitucional******************** En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, a fin de que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL DÍA SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS******************** Notifíquese******************** Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe********************
- Incidental
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA:.....Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74 y 77, de la Ley de Amparo, se R E S U E LV E: PRIMERO. Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo promovido por ******* en su carácter de apoderado legal de ***************contra actos de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y Actuaria adscrita, por las consideraciones vertidas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el diverso sexto del presente fallo. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. CUARTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. QUINTO. La determinación aquí adoptada, hágase del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado de este Vigésimo Octavo Circuito, tal y como fue solicitado por la superioridad mediante oficio 7029/2023, con auto inserto de treinta y uno de octubre del presente año, emitido en el juicio de amparo directo 436/2022 de su incide. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercero interesada.
- Incidental
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1058/2023, promovido por Olaf Hernández Cuahutle en lo personal y en su carácter de Vocal de la Contraloría de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala; y, RESULTANDOS: PRIMERO. Recepción de demanda. Por oficio 24108/2023 suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, remitió el juicio de amparo 959/2023 y sus acumulados de su índice; ello, en cumplimiento al acuerdo de doce de julio del año en curso, mediante el cual procedió a separar los juicios de amparo; asimismo, remitió el escrito de Olaf Hernández Cuahutle en lo personal y en su carácter de Vocal de la Contraloría de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tlaxcala, Tlaxcala, en el que demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadoras: Magistrado Titular de la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Director de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Tlaxcala. Ejecutoras: Actuario adscrito a la Segunda Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala; Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala; Notificador Ejecutor de la Dirección de Ingresos y Fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. IV. ACTOS RECLAMADOS. Los constituyen los siguientes: Diversas multas, apercibimientos, sus notificaciones que se decretaron en el expediente administrativo 05/2020 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. Así como la determinación diversos créditos fiscales y su ejecución. Lo anterior, por considerar que tales actos son violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 103, 107, fracción IV y 133, Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el juicio de amparo 959/2023 y sus acumulados del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en virtud de la separación de los juicios que decretó, en el que este órgano jurisdiccional únicamente tocó conocer lo relativo a la determinación del crédito D.I.E.2023/01/108; en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que los actos reclamados y las autoridades a quien se les reprochan tienen su ejecución y residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y con motivo de la separación de juicios decretada por el Juzgado Tercero de Distrito en Apizaco, Tlaxcala, este juicio de amparo únicamente se tramitará por cuanto hace al acto reclamado consistente en: ACTO RECLAMADO: La determinación del crédito D.I.E. 2023/01/108; y diligencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, relativo al procedimiento administrativo de ejecución del crédito fiscal referido, en la cual se embargó el salario al quejoso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado que se les atribuye, circunstancia que se corrobora de las constancias que en copia certificada remitieron del crédito D.I.E. 2023/01/108, dentro de las cuales se acreditan los actos reclamados y que se tienen a la vista para resolver el presente asunto. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causal de improcedencia del juicio. Al no hacer valer las partes causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna lo procedente es analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, porque la autoridad federal, aun de oficio, debe ocuparse de aquélla, por ser de orden público en el juicio de garantías". QUINTO. Estudio de fondo. A continuación se procederá al análisis de los actos reclamados precisados en el considerando segundo, por lo que a fin de abordar los mismos, es menester tener presentes las siguientes: I.- Consideraciones previas. De acuerdo con la máxima establecido en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el estudio de la legalidad de los actos reclamados se realizará con base en las constancias que como apoyo a su informe remitió la responsable, consistentes en las copias certificadas remitidas por el Director Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala -en representación de las autoridades señaladas como Secretaría de Finanzas, Dirección de ingresos y Fiscalización y Notificador Ejecutor, de la misma Secretaría-, consistentes en: ( Determinación del crédito fiscal D.I.E. 2023/01/108, de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el que el Director de Ingresos y Fiscalización emitió el mandamiento de ejecución correspondiente, en el que cuantificó la multa impuesta, accesorios y gastos de ejecución (foja 94). ( Citatorio de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, llevado a cabo dentro del expediente del crédito número D.I.E. 2023/01/108. (foja 95) -Acta de requerimiento y embargo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (foja 96). II.- Estricto derecho. Al tratarse de un asunto en materia administrativa, por regla general no opera alguno de los supuestos de la suplencia de la queja, salvo que se advierta que se dejó sin defensa a la parte quejosa, lo anterior en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción VI, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República. III.- Actos reclamados de juicios separados. Se contextualiza que se califican como inoperantes los conceptos de violación identificados con los números 1, 2, 3, 4 y 5, relativos a la multa y su apercibimiento, ya que con los mismos no se controvierten los actos reclamados por vicios propios, sino como consecuencia de la alegada inconstitucionalidad de un acto que no es materia de litis en el presente asunto, ya que estos actos reclamados fueron objeto de separación de juicio y que quedó precisado con antelación, y que para una mayor claridad se expresan a continuación: 1.- En su primer concepto de violación el quejoso refiere que se violan sus derechos fundamentales contemplados en los artículos 14, 16 y 17 de la Carta Magna, ya que no le fueron notificados de forma personal ni el requerimiento de imposición de multa contenido en el acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, como el apercibimiento decretado en el mismo, dictados dentro del expediente administrativo 05/2020 del índice del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por lo que no se respetó su garantía de audiencia ni las formalidades del debido proceso. 2.- Ahora, en el segundo motivo de inconformidad, el promovente aduce que al hacerle efectivo el apercibimiento emitido en el acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente administrativo 05/2020 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, se vulneran sus derechos de certeza y seguridad jurídica, así como la adecuada defensa, ya que el mismo nunca le fue notificado. Asimismo, manifiesta que la autoridad es omisa, pues no agotó los principios de congruencia interna y externa, fundamentación y motivación para emitir el auto por el que le impuso la multa. 3.- Por otra parte, en el tercer motivo de disenso, la parte quejosa manifiesta que se violan sus derechos de certeza y seguridad jurídica, ya que además de no habérsele notificado de forma personal el requerimiento, el mismo carece de fundamentación y motivación al emitirlo, toda vez que no existe sustento alguno que genere que sea sujeto a multa ni mucho menos a un embargo con el que se cobre esa multa. 4.- En el cuarto concepto de violación, el quejoso alega que al imponérsele una sanción a la que no se ha hecho acreedor, se le afecta su economía y patrimonio, ya que nunca le fue notificado el requerimiento y el mismo es ilegal, pues carece de los elementos mínimos para decretar dicha multa, por lo que es desproporcionado. Además, deja de observar el principio de legalidad, pues para la imposición de una multa, la autoridad debe considerar las condiciones que existían al momento de imponer dicha sanción, para particularizarla e individualizarla, lo que no aconteció, pues no se tomó en cuenta su sueldo o nivel jerárquico. 5.- Asimismo, en el quinto punto de inconformidad, el quejoso argumenta que se vulneran sus garantías de audiencia y debido proceso, ya que mediante el citatorio de veintidós de febrero de dos mil veintitrés o mediante la diligencia del procedimiento administrativo de ejecución de veintitrés siguiente, fue como tuvo conocimiento del acuerdo por el cual se le impuso la multa, advirtiéndose que desconocía el apercibimiento de multa y el auto por el cual se hizo efectiva la misma, vulnerando las formalidades esenciales del procedimiento. IV.- Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. El concepto de violación séptimo es infundado, en el que, el quejoso aduce que el acto de autoridad notificado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, carece de la documentación total que debió ser integrada al acto administrativo, pues se omitió integrar en su totalidad las constancias necesarias para cumplir las formalidades esenciales del procedimiento. Lo anterior es así, porque refiere que de conformidad con lo establecido en diversos artículos del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se establecen los requerimientos básicos mediante los cuales deberá practicarse el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, las reglas y documentación obligatoria que debe formar parte del acto administrativo y ser del conocimiento de la persona notificada, tales numerales son del tenor literal siguiente: "Artículo 348. (.) En toda notificación personal deberá levantarse acta circunstanciada en la que se harán constar los eventos ocurridos en la misma y los nombres de las personas que intervengan, que se identificarán a satisfacción del NotificadorEjecutor, firmándose por éstas". "Artículo 361. El procedimiento administrativo de ejecución se iniciará por la autoridad fiscal competente, dictándose mandamiento de ejecución motivado y fundado, que consistirá en una orden respectiva, en la que se expondrá las razones y fundamentos legales que la apoyen, disponiendo que se requiera el pago al deudor apercibiéndolo de en caso de no hacerlo en el acto se le embargarán bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y sus accesorios legales". "Artículo 364. El notificador-ejecutor notificará personalmente el requerimiento de pago, entregará copia del mandamiento de ejecución a la persona con quien entienda la diligencia y levantará acta pormenorizada de la que también entregará copia simple". "Artículo 377. (.) El notificador-ejecutor levantará un acta haciendo constar el inventario completo de los bienes embargados, la cual deberá ser firmada por el mismo, los testigos y el depositario designado. En la oficina en que tenga lugar la apertura, quedará a disposición del deudor una copia del acta a que se refiere este párrafo." Con apoyo en el contenido de tales numerales, el promovente refiere que, para que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento administrativo, se deben integrar los siguientes documentos: 1. Mandamiento de ejecución. 2. Requerimiento de pago. 3. Acta pormenorizada y/o acta circunstanciada. 4. Inventario de bienes embargados. Por lo que refiere que en el acto administrativo por el cual se le notificó el crédito número D.I.E.2023/01/108, la autoridad responsable omitió integrar en su totalidad los documentos aludidos. No obstante lo anterior, de las constancias remitidas por la Directora Jurídica de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala -en representación de las autoridades señaladas como Secretaría de Finanzas, Dirección de ingresos y Fiscalización y Notificador Ejecutor, de la misma Secretaría-, se advierte que obran los siguientes documentos: Mandamiento de ejecución del crédito fiscal D.I.E.2023/01/108, de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el que el Director de Ingresos y Fiscalización emitió el Mandamiento de ejecución correspondiente, en el que cuantificó la multa impuesta, accesorios y gastos de ejecución (foja 94). Citatorio y acta de requerimiento y embargo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés y/o acta circunstanciada e inventario de bienes embargados. (fojas 95 a 98). Por tanto, se estima que la diligencia de requerimiento de pago del crédito fiscal D.I.E.2023/01/108, se encuentra integrado con los documentos referidos en el Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, es decir, el mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, acta pormenorizada y/o acta circunstanciada y el inventario de bienes embargados. Lo anterior, toda vez que la autoridad responsable integró el acto administrativo con los documentos necesarios para su validez, es que se estima infundado el concepto de violación formulado por el promovente. Por otra parte, el concepto de violación identificado con el número octavo, se estima infundado, como se explicará a continuación. El quejoso aduce que el actuar del notificador responsable no se ajustó a las formalidades del procedimiento, pues el Código Financiero establece que, al momento de la diligencia de requerimiento de pago, corresponde al notificado o a quien recibe la notificación, señalar, o no, testigos para el desahogo de la misma, por lo que al notificador ejecutor sólo le corresponde hacer constar tal situación. No obstante, en el contenido del acta de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el notificador ejecutor asentó la leyenda "NO DESIGNO", en el apartado de testigos, lo que, a decir del quejoso debe interpretarse literal y gramaticalmente en el sentido de que fue el notificador, quien de su puño y letra no designó testigos, y no así la persona con quien se entendió la diligencia. Es decir, si la intención del notificador ejecutor era hacer mención de que la persona con quien entendió la diligencia, fue quien no designó testigos, lo correcto era gramaticalmente asentar la palabra "DESIGNÓ" (con tilde), pues de esta forma no existiría duda alguna o problema de interpretación. Carece de razón el promovente, pues tal situación se atribuye a un error mecanográfico, puesto que del contenido íntegro del acta de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se advierte que el notificador solicitó a Francisco Javier Velázquez Álvarez, la persona con quien entendió la diligencia, para que designara dos testigos de asistencia para el desahogo de la diligencia, asentando la autoridad responsable que el compareciente manifestó "que no designa testigos". (foja 96). De lo que se advierte que Francisco Javier Velázquez Álvarez, tuvo la oportunidad de designar testigos, tal como lo señala el ordenamiento legal aplicable, por lo que no se violaron las reglas del procedimiento administrativo, ni se le colocó en estado de indefensión. Consecuentemente, se reitera que el concepto de violación se estima infundado, al atribuirse la situación a un error mecanográfico. Cobra aplicación por analogía la tesis III.4o.A.16 A, de registro Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 2012digital 172637, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y contenido siguiente: "ACTA DE VISITA DOMICILIARIA. LA CITA EN ÉSTA DE UN NÚMERO DIFERENTE DE LA FINCA DONDE SE UBICA EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE NO GENERA SU NULIDAD, SI EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ESTABLECER QUE SE TRATA DE UN ERROR MECANOGRÁFICO. Es posible que el juzgador ejerza su facultad para determinar si un dato mal asentado en una actuación de autoridad fiscal se trata de un error mecanográfico, siempre y cuando, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a las máximas de la experiencia, tomando en cuenta las peculiaridades de cada caso, pueda determinarse que existen elementos para concluirlo cuidando, sobre todo, que el dato mal asentado no sea un elemento esencial que pueda afectar las defensas del contribuyente. En esa medida, el error en la cita del número de finca donde se ubica el domicilio del contribuyente, asentado en el cuerpo del acta de visita respectiva (verbigracia haber puesto 4027 en lugar de 2047) no genera la nulidad de esa actuación, si existen elementos suficientes para determinar que se trata de un mero error mecanográfico, como puede ser la cita correcta del domicilio respectivo en el encabezado de la propia acta o en diversas actuaciones, tales como la orden de visita y actas levantadas con posterioridad pero relativas a la misma visita o inclusive si la visita se entendió personalmente con el contribuyente, quien firmó de conformidad". Finalmente, el concepto de violación identificado con el número sexto, se estima fundado, para arribar a tal calificativa se exponen los argumentos siguientes. El promovente refiere que el salario se encuentra protegido a nivel nacional e internacional, por lo que dentro del procedimiento administrativo de ejecución practicado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el notificador ejecutor se encontraba impedido para embargar sus sueldos y salarios, bajo tales principios de protección al salario. A fin de abordar el estudio de dicho concepto de violación, es menester tener presente el contenido diversos artículos, entre ellos: Artículo 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. (.) B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: (.) VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes". Artículo 10 del Convenio Número 95 Relativo a la Protección del Salario, aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo: "Artículo 10. 1. El salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional. 2. El salario deberá estar protegido contra su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia." Artículo 373 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios: "Artículo 373. Quedan exceptuados de embargo: (.) X. Los sueldos y los salarios de los trabajadores, en los términos que establezca la Ley Federal del Trabajo;" De tales numerales se advierte que, dada la importancia del salario para garantizar la subsistencia, vida digna y bienestar, no solo del trabajador, sino también de su familia, es que a nivel constitucional e internacional se han establecido diversas normas que buscan su protección, las cuales son de observancia obligatoria para todas las autoridades y en sus respectivos ámbitos de competencia. Entre tales medidas de protección, se establece que el salario no puede ser embargado sino en la forma y dentro de los límites previstos en las leyes. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado en estudio consiste en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, relativa al procedimiento administrativo de ejecución D.I.E. 2023/01/108, la cual se divide en dos actos concretos: 1. La diligencia de requerimiento de pago. 2. La diligencia de embargo de salario. Por lo que a fin de analizar el mismo, se debe tener presente el contenido de diversos numerales del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios: "Artículo 366. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y sus accesorios legales, en caso de que el deudor no cubra el importe del mismo dentro del plazo señalado en el requerimiento, podrán: I. Embargar bienes suficientes para, en su caso, enajenarlos al mejor postor en pública almoneda o adjudicarlos a favor de la hacienda pública estatal o municipal; (.)" "Artículo 368. Agotado el procedimiento administrativo el Actuario que designe la autoridad fiscal competente, se constituirá en el domicilio del deudor y previa identificación, practicará la diligencia de embargo administrativo, observando las mismas formalidades de las notificaciones personales". "Artículo 369. El contribuyente deudor, su representante legal o, en su defecto, la persona con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho a designar los bienes que deban embargarse, siempre que se sujete al siguiente orden: I.- Dinero, inversiones y depósitos bancarios, alhajas, objetos de arte y metales preciosos; II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores inmobiliarios y, en general, documentos de crédito de inmediato y fácil cobro, a cargo de instituciones o empresas particulares de reconocida solvencia; III. Frutos o rentas de toda especie; IV. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; V. Bienes inmuebles propiedad del contribuyente deudor, que se encuentren ubicados dentro de la jurisdicción de la autoridad que hubiese realizado el requerimiento; VI. Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas, y VII. Créditos o derechos no comprendidos en las fracciones anteriores. La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos y si no lo hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el actuario en el acta, sin que estas circunstancias afecten la legalidad del embargo". "Artículo 370. El notificador-ejecutor podrá señalar los bienes a embargar, sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior, en los casos siguientes: I. Cuando el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia no señale bienes; (.)" Del contenido de tales numerales se obtiene que las autoridades fiscales, a fin de hacer efectivo un crédito fiscal exigible, en caso de que el deudor no cubra el importe del mismo dentro del plazo señalado en el requerimiento, cuentan con facultades para embargarle bienes suficientes para cubrir su monto y los accesorios. Lo anterior a través de una diligencia de requerimiento de pago y embargo que será conducida por el Actuario que designe la autoridad fiscal competente, quien se constituirá en el domicilio del deudor y previa identificación, practicará la diligencia de embargo administrativo, observando las mismas formalidades de las notificaciones personales. Durante el desahogo de la diligencia antes aludida, el contribuyente deudor, su representante legal o, en su defecto, la persona con quien se entienda la diligencia, tiene el derecho a designar los bienes que deban embargarse, sujetándose a un orden específico. No obstante lo anterior, en caso de que el deudor o el notificado no señalen los bienes, el notificador ejecutor podrá señalar los bienes a embargar, sin sujetarse al orden establecido en la ley. Ahora, como ha queda establecido, los sueldos y los salarios de los trabajadores se encuentran exceptuados de embargo, salvo los supuestos y en los términos que establezca las leyes. En el caso que nos ocupa, durante el desarrollo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, el Notificador Ejecutor, siguiendo los lineamientos contenidos en el Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, previo haber hecho el requerimiento de pago a Francisco Javier Velázquez Álvarez, la persona con quien entendió la diligencia, y éste no haber sido satisfecho, le otorgó el uso de la voz a la persona en comento, para que señalara los bienes sobre los cuales recaería el embargo. Luego, al no haber dado cumplimiento a lo anterior, el Notificador responsable procedió al señalamiento de los bienes, ordenando trabar embargo en los sueldos y salarios de Olaf Hernández Cuauhtle, en su carácter de Vocal de la Contraloría de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tlaxcala, por la cantidad de cinco mil ciento noventa y uno pesos cero centavos. Ahora, tal actuación no se estima correcta, ello en razón de que, como se precisó, el salario no puede ser objeto de embargo ya que cuenta con una protección especial dada su naturaleza e importancia. Y si bien, al decretar el embargo sobre el salario del quejoso, la autoridad responsable buscaba dotar de efectividad a la multa impuesta debido a la negligencia o deficiencia en la actuación de dicho servidor público, a fin de modificar la conducta que dio lugar a la imposición de esa sanción; lo cierto es que tal medida provoca una afectación de difícil reparación en los derechos sustantivos del promovente, ya que al afectar de manera directa la fuente de ingresos del promovente, se pone en riego su subsistencia y bienestar. Por tanto, a fin de no afectar de una manera tan grave la esfera jurídica del quejoso, pero de igual manera cumplir con la ejecución del crédito fiscal, el notificador ejecutor contaba con la facultad de embargar alguno de los bienes señalados en el artículo 369 del Código Financiero del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, entre los cuales se encuentran los siguientes: "Artículo 369. El contribuyente deudor, su representante legal o, en su defecto, la persona con quien se entienda la diligencia, tendrá derecho a designar los bienes que deban embargarse, siempre que se sujete al siguiente orden: I.- Dinero, inversiones y depósitos bancarios, alhajas, objetos de arte y metales preciosos; II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores inmobiliarios y, en general, documentos de crédito de inmediato y fácil cobro, a cargo de instituciones o empresas particulares de reconocida solvencia; III. Frutos o rentas de toda especie; IV. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; V. Bienes inmuebles propiedad del contribuyente deudor, que se encuentren ubicados dentro de la jurisdicción de la autoridad que hubiese realizado el requerimiento; VI. Negociaciones comerciales, industriales o agrícolas, y VII. Créditos o derechos no comprendidos en las fracciones anteriores". Por ello, no se justifica que la autoridad responsable haya trabado embargo en el salario del quejoso, cuando la legislación aplicable contempla diversos bienes que pueden quedar asegurados a fin de dar cumplimiento a la multa que le fue impuesta. Máxime que como se ha reiterado, el salario cuenta con una protección especial que debe ser respetada por todas las autoridades. Consecuentemente, se estima fundado el concepto de violación formulado por el peticionario del amparo, por tanto lo procedente es conceder el amparo solicitado. Efectos. Por tanto, al resultar parcialmente fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para que las autoridades responsables atiendan los efectos que se precisarán a continuación: 1. Dejen intocados los actos reclamados relativos a la diligencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, correspondiente al procedimiento administrativo de ejecución D.I.E. 2023/01/108, previo citatorio de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, por todo aquello que no sea materia de la presente concesión. 2. No obstante, deberá dejar insubsistente la diligencia de embargo a los sueldos y salarios de Olaf Hernández Cuauhtle, en su carácter de Vocal de la Contraloría de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tlaxcala, haciéndose la precisión de que se dejan a salvo las facultades de las autoridades responsables para que, de considerarlo necesario, se realice embargo a los sueldos y salarios sólo respecto del treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo para lograr el cumplimiento del crédito fiscal D.I.E. 2023/01/108. SEXTO. Atento a lo expuesto en el considerando sexto de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento del Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. OCTAVO. Publicación de datos personales. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Olaf Hernández Cuauhtle, por propio derecho y en su carácter de Vocal de la Contraloría de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tlaxcala, contra el acto y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, identificado, en términos del considerando quinto. SEGUNDO. La Justicia de la ampara y protege a Olaf Hernández Cuauhtle, por propio derecho y en su carácter de Vocal de la Contraloría de la Comisión Municipal del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Tlaxcala, contra los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, identificado con el número 2, en términos del considerando quinto, para los efectos del último considerando de la presente sentencia. TERCERO. Atento a lo expuesto en el considerando sexto de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. CUARTO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y agréguese el acuse de recibo. QUINTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. SEXTO. Conforme a lo expuesto en el último considerando de este fallo, al hacerse pública la presente resolución deberá tomarse en cuenta que las partes no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese por lista a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, en quince de noviembre de dos mil veintitrés, ante la licenciada Janeth Ávila Sepúlveda, Secretaria que autoriza y da fe.
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