Juseph Armando Vargas Pérez

Expediente 773/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
773/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Juseph Armando Vargas Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido y glósese el original del incidente de suspensión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto, Número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente sí tiene valor jurídico pero no relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/6040/2022, de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós ante el licenciado Omar López Palafox, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas cuatro minutos del tres de octubre de dos mil veintiuno, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 773/2022, asistido del Secretario Roberto Escobedo Sánchez y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, notificación a las partes e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace que las pruebas allegadas por la parte quejosa. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no realizaron manifestaciones por escrito en vía de alegatos. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 773/2022. TRÁMITE: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, ********** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de veintiséis de julio siguiente, este Juzgado de Distrito admitió la demanda, ordenó solicitar el informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó hora y día para la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. RESOLUCIÓN: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente, virtud que se reclaman actos con ejecución en esta localidad, donde ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Autoridades responsables y actos reclamados. Para fijar los actos reclamados en forma correcta, la demanda de amparo debe interpretarse en forma integral, para con conocimiento de causa determinar lo que el quejoso quiso decir y no sólo lo que en apariencia dijo. Al respecto es aplicable la tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810 que establece: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. El quejoso destaca como acto reclamado la orden de desalojo en el juicio natural; sin embargo, alega violación al derecho de audiencia previa para defender los derechos sobre el bien inmueble del que se ostenta propietario. Asimismo, la parte quejosa señaló que el acuerdo de orden de desalojo es de veintiséis de enero de dos mil veintidós, cuando de las copias certificadas del juicio natural se advierte que la fecha correcta del proveído es dieciocho de febrero de este año (tomo de pruebas, foja 851). Bajo ese contexto, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad: Todo lo actuado en el juicio sumario civil hipotecario ****. Proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se adjudicó el inmueble ubicado en ************************. Acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, en el que se ordena poner en posesión material el inmueble adjudicado a la parte actora. De la Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad y Director de la Dirección de la Unidad de Policía Municipal Preventiva: La ejecución de la orden de desalojo en comento. TERCERO. Actos ciertos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que así se advierte de sus informes justificados, aunado que el Juez responsable remitió copia certificada del juicio natural en el que se advierte la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para compresión del asunto, del juicio natural destacan los antecedentes siguientes: 1. Mediante escrito de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (tomo de pruebas, reverso de la foja 13), *****************, demandó en la vía sumaria civil hipotecaria a ********************, diversas prestaciones (tomo de pruebas, fojas 1 a 13). 2. En auto de veintisiete de junio siguiente, el Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad radicó el asunto como juicio 964/2019, admitió a trámite y ordenó emplazar a los demandados (tomo de pruebas foja 575 a 576). 3. El veintidós de noviembre posterior, se dictó sentencia que condenó a los demandado a diversas prestaciones que debía cumplir dentro de cinco días después de causar ejecutoria la sentencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa con remate del inmueble sujeto a garantía (tomo de pruebas 647 a 660). 4. En auto de nueve de enero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia (tomo de pruebas foja 678). 5. En proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a ************ como nuevo titular de los derechos de crédito y litigio (tomo de pruebas foja 780). 6. En acuerdo de dieciocho de noviembre del año pasado, se adjudicó el inmueble materia del juicio a favor de la parte actora (tomo de pruebas foja 837). 7. En auto de trece de diciembre siguiente, se declaró firme el proveído de adjudicación (tomo de pruebas foja 843). 8. En proveído de diciembre de febrero de dos mil veintidós, el Juez responsable ordenó poner en posesión material el inmueble materia del litigio a la parte actora. Lo anterior, constituyen los antecedentes de los actos reclamados. QUINTO. Negativa de amparo. El escrito inicial de demanda revela que la parte quejosa reclama la falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario *****; el sustento de sus pretensiones es que es propietaria del inmueble materia de ese controvertido, el que adquirió mediante contrato de cesión de derechos a título oneroso celebrado el veinte de agosto de dos mil dieciocho con ***********, cuyas firmas fueron ratificadas ese día ante el Notario ************. En esencia, el quejoso refiere que a través de acto reclamado la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 4, 14 y 16, dado que pretenden privarla de su derecho de propiedad y posesión que tiene sobre el inmueble identificado como ********************* sin que se le instruyera algún juicio y se respete el derecho de vivienda digna. Menciona que no se le respetó la garantía de audiencia previa y, por ende, no tuvo oportunidad de hacer valer sus defensas y aportar pruebas. Para acreditar su interés jurídico, en este controvertido constitucional el amparista exhibió el contrato de cesión de derechos a título oneroso de veinte de agosto de dos mil dieciocho, cuyas firmas fueron ratificadas ese día ante el Notario Público 98 de esta ciudad. En el contrato de cesión de derechos se destacó que el inmueble contaba con la hipoteca a favor de la parte actora. Al respecto, a fin de resolver este juicio de amparo conviene analizar la institución jurídica de la causahabiencia. La causahabiencia, sentido amplio, se da en las transmisiones de derechos o de bienes; así, la causahabiencia es la relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, la persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, a quien se le transmite. Esta relación se da cuando se transmite algún bien o derecho; consiste en que la persona que lo recibe soporta sus cargas. Esto sucede, por ejemplo, cuando el bien reportaba hipoteca y el comprador tenía conocimiento de ello; caso en el cual la garantía hipotecaria, por ser real, persigue al bien, no a la persona que la constituyó, de forma tal que el comprador tendría que responder con el bien adquirido, aunque él no hubiera constituido la hipoteca; así, el acreedor crediticio podría demandar al nuevo propietario del bien a fin de hacer efectiva la garantía correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 722, Tomo XLII, Materia Civil, de Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: CAUSAHABIENTE, DERECHOS QUE ADQUIERE. Si el dueño de un predio contrae una obligación hipotecaria, esa obligación, por su naturaleza y carácter real, es válida contra cualquier propietario y poseedor del inmueble, y la persona que adquiere éste, con posterioridad, lo recibe en las condiciones jurídicas en que se encontraba, y no puede gozar de mayores derechos ni eximirse de la obligación contraída por su causante. La institución de la causahabiencia y la responsabilidad de las cargas que implica la adquisición de ciertos bienes y derechos también pueden darse dentro de juicio. En estos casos, se da la denominada causahabiencia procesal, cuyo efecto consiste en que el causahabiente esté sujeto a las resultas del juicio seguido contra su causante; en esos casos, si el resultado del juicio es negativo, se entiende que el riesgo que lo fuera era carga que el adquirente, a lo cual se obligó a soportar desde que adquirió el bien con el conocimiento que el resultado del juicio podía ser negativo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página 2158, Tomo LXXVII, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: CAUSAHABIENTES. El causahabiente se encuentra sujeto a las resultas del juicio seguido contra su causante, y no tiene el carácter de tercero extraño al juicio, que no pueda ser afectado por la sentencia pronunciada. Entre los ejemplos que se pueden dar de causahabiencia procesal, están los siguientes: a) Cuando un bien inmueble embargado se transmite iniciado el juicio, en el que el adquirente tiene o debe conocer la existencia del gravamen en función de su inscripción en el registro público correspondiente. En estos casos, la persona que adquiere el bien soporta la obligación de responder con el bien embargado. De esta manera, si quien transmitió el bien embargado pierde, independientemente que no se haya llamado a juicio al adquirente, éste tiene que responder de la obligación garantizada. Al tema es ilustrativo lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 99/2004, visible en página 77, Tomo XXI, Enero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: CAUSAHABIENCIA. NO SE SURTE RESPECTO DE UN BIEN ADQUIRIDO DESPUÉS DE EMBARGADO, PERO ANTES DE QUE LA TRABA SE INSCRIBA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. En virtud de que el embargo sólo tiene la naturaleza de afectar ciertos bienes del deudor para garantizar su obligación, aquél debe inscribirse ante el Registro Público de la Propiedad para que surta sus efectos legales ante terceros, pues mientras no sea inscrito, el embargante no puede oponer sus derechos respecto del bien embargado frente a un tercero que sí los haya inscrito con anterioridad. En consecuencia, si una persona adquiere un bien previamente embargado, pero sin que la traba haya sido registrada, es indudable que lo adquiere libre de todo gravamen y, por ende, no puede considerarse como causahabiente del vendedor. b) En el caso que se adquiriera del demandado en juicio reivindicatorio el bien materia de dicho juicio, cuando éste ya se había instaurado y con conocimiento de la existencia de ese proceso, operaría la causahabiencia y el adquirente no tendría que ser oído y vencido en el juicio, pues ello ocurrió por conducto de su causante. Esto encuentra apoyo en la tesis de la anterior Tercera Sala del Alto Tribunal, consultable en página 177, Tomo CVI, Materia Civil, Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que reza: CAUSAHABIENTES. El causahabiente del demandado en un juicio no debe ser considerado como tercero extraño al propio juicio; y debe estimarse que tiene tal carácter de causahabiente, quien adquirió del demandado en un juicio reivindicatorio el bien materia de dicho juicio, cuando este ya se había instaurado y se había pronunciado sentencia condenatoria en primera instancia. c) Otro ejemplo se da cuando se ceden los derechos litigiosos y el cedente pierde el juicio y, en esos casos, el cesionario tiene que estar a las resultas del juicio y no puede oponerse alegando que no se le llamó. Apoya lo anterior la tesis de la mencionada Tercera Sala, visible a página 2158, Tomo LXXVII, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del siguiente contenido: CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. Si cuando tuvo lugar la cesión de derechos, ya se había promovido y fallado en primera instancia y estaba pendiente de apelación, el juicio reivindicatorio sobre esos mismos derechos, seguido en contra del cedente, y el cesionario tuvo pleno conocimiento de la existencia y estado de ese juicio, habiendo aceptado la cesión en esas condiciones, como no podía adquirir más derechos de los que el cedente le transmitía, su adquisición fue de derechos cuyo dominio estaba sujeto a litigio, y por tanto, quedó sometido a las resueltas del mismo, por lo que no puede considerársele como tercero extraño, sino como causahabiente, sujeto a las obligaciones de su causante. d) Finalmente, se da la causahabiencia procesal cuando una persona adquiere un inmueble que es materia de juicio hipotecario, cuya cédula está inscrita en el Registro Público, es decir, adquiere el bien durante el transcurso del juicio; en este caso, el adquirente debe soportar las resultas del juicio hipotecario. Lo anterior se corrobora con las siguientes tesis aisladas, emitidas por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en páginas 515, 1111, 2350, Tomos XCIII, LV y XCI, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: CAUSAHABIENTES. El adquirente de una finca sujeta a cédula hipotecaria en el juicio seguido contra el vendedor, es causahabiente de éste, a título particular, y resulta afectado por el gravamen que implica la cédula hipotecaria, expedida y registrada con anterioridad a su adquisición. CAUSAHABIENTES. Quienes adquieren unos bienes raíces de quien ha sido demandado en un juicio sumario hipotecario, no pueden, como causahabientes, estimarse terceros extraños a las consecuencias de ese juicio, y por la misma razón por las que les aprovechan las resoluciones judiciales que en favor de su causante se dicten con relación a los bienes que éstos les transmitieron, les perjudican las que a los propios causantes sean adversas. CAUSAHABIENTES. El adquirente de un inmueble sujeto a cédula hipotecaria tiene el carácter de causahabiente y debe ser considerado como parte en el juicio seguido contra el causante, juicio en el cual puede presentarse a hacer valer sus derechos; por lo que las resultas del mismo, que le afecten, no pueden considerarse dictadas contra persona extraña, ya que el registro de la hipoteca surte efectos contra terceros y la institución de la hipoteca tiene como característica esencial, la de seguir al actual propietario de la cosa, que debe considerarse como causahabiente del anterior dueño. En esos ejemplos lo que se pretende es garantizar el derecho de los acreedores que instauraron la demanda contra sus deudores. Así, por las reglas de causahabiencia procesal los deudores pueden transmitir los bienes están en litigio, pero la persona que los adquiere debe saber que en todo caso estará sujeto a lo que en el juicio se decida, para lo cual es indispensable conozca la existencia del procedimiento jurisdiccional en el que esté de por medio el bien adquirido. Precisamente por ello la causahabiencia procesal excluye tanto al del tercero extraño a juicio como al tercerista, porque en esos casos se considera que, por las circunstancias en las cuales se adquiere el bien o el derecho, el causahabiente tiene audiencia a través de su causante, de tal forma que no puede alegar que se le priva de sus bienes sin que se le haya oído y vencido previamente, porque al adquirir el bien tenía conocimiento de la existencia del gravamen o carga. A lo anterior resultan aplicables las tesis de la otrora Tercera Sala del Alto Tribunal, visibles en páginas 3266 y 72, Tomo XLIII, del Semanario Judicial de la Federación, e Informe 1934, respectivamente, Quinta Época, que a continuación se transcriben: CAUSAHABIENTE DEL DEMANDADO. El causahabiente del demandado en un juicio, nunca puede ser considerado como tercero extraño al mismo, para los efectos del amparo. TERCERO EXTRAÑO. No puede estimarse como tercero extraño al procedimiento, el que adquiere derechos del demandado en un juicio en que se ejercita una acción real, y es consiguientemente causahabiente por sustitución procesal. Entonces, existen dos clases de causahabiencia: 1) La que se da fuera de los juicios o de orden sustantivo, consistente en que quien adquiere el bien o derecho se subroga en los derechos de su causante y soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Ello puede darse cuando se transmite un bien que tiene como carga algún derecho real (como sucede cuando se transmite un bien hipotecado), o bien, cuando se transmite y sobre él existe otro tipo de cargas no reales (como sucede en los casos en que se adquiere un bien sobre el cual existe contrato de arrendamiento). 2) La segunda causahabiencia, de orden adjetivo o procesal, consiste en que quien adquiere el bien o derecho es discutido en algún juicio, en cuyo caso debe estarse a lo que se decida en ese procedimiento, evento en el cual se considera oído y vencido a través de su causante y, por ello, no puede ostentarse tercero extraño en el juicio de amparo. Ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos soporte ciertas cargas, sólo que la que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra de su causante, aunque para ello es necesario que al adquirir el bien conociera la existencia del proceso jurisdiccional. En el caso sometido a este juicio constitucional, el quejoso es causahabiente sustantivo de la demandada en el juicio fuente de los actos reclamados, atento al contrato de cesión de derechos a título oneroso exhibido en la demanda de amparo, pues de ese documento se advierte que recibió materialmente y jurídicamente el bien inmueble que defiende en este juicio, con el conocimiento que estaba hipotecado en favor de la parte actora en el juicio natural, dado que así se asentó en tal documento. Sin que exista probanza de la cual se desprenda que el acreedor hipotecario tuviese conocimiento de esa traslación de dominio, por no habérsele solicitado su consentimiento ni el contrato traslativo se hubiese inscrito en el Registro Público de la Propiedad. En ese sentido, son infundados los conceptos de violación alegados por el quejoso en el sentido que no se le respetó el derecho de audiencia en el juicio de origen y a vivienda digna, puesto que existía imposibilidad del Juzgado de origen para llamarla al contradictorio, al desconocer que se le habían cedido los derechos de dicho inmueble. Además, conforme lo expuesto en párrafos que anteceden, quien adquiere el bien o derecho se subroga en los derechos de su causante y soporta las cargas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga algún gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. De ahí que, al haber adquirido el quejoso el bien del demandado en el juicio natural, el cual tenía un gravamen a favor de la parte actora en el juicio natural, es causahabiente de la accionada y debe soportar esa carga. Máxime que el ahora quejoso sabía de la existencia del adeudo de ******************************* garantizado con el referido bien. En las relatadas condiciones, lo procedente es negar el amparo solicitado, lo que es extensivo a las autoridades ejecutoras al no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *****************. Notifíquese.

  3. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formuladas las manifestaciones que vierte en forma de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al resolver en definitiva el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada para este día la audiencia constitucional en este juicio. No obstante, se desprende que el veintidós y veinticuatro de los actuales se agregaron los informes justificados rendidos por la Actuaria adscrita a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar y por el Juez Tercero del Ramo Civil, ambos con sede en esta ciudad, respectivamente, por lo que trascurre el plazo de ocho días para que las partes se impongan de los informes y estén en aptitud de preparar la defensa de sus intereses. Asimismo, se encuentra pendiente el emplazado a juicio de la moral tercero interesada Riqueza Laboral, Sociedad Civil. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Notifíquese.

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