Juquila García Valdivieso
Expediente 311/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Juquila García Valdivieso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese, sin mayor proveído el informe justificado señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa; ello, en razón de que el pasado diecinueve de abril de año en curso, se dictó la sentencia correspondiente en este asunto. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 311/2023 promovido por ********************, en contra de los actos de las autoridades que más adelante se precisarán. ANTECEDENTES En consideración de la parte quejosa ********************, las autoridades señaladas como responsables han sido omisas en: (i) señalar hora y fecha conforme a lo establecido en el artículo 664 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, (ii) falta de emplazamiento a ******************** (iii) falta de emplazamiento de ********************, sociedad anónima de capital variable, en su carácter de patrón de la parte demandada. La disidente sostiene que los actos impugnados vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO ********************, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el pasado veinticuatro de marzo del año en curso, en contra de los actos y las autoridades que más adelante se precisarán. Por acuerdo de veintisiete de marzo del presente año, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 311/2023; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro y al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional de quienes reclama lo siguiente: (i) señalar hora y fecha conforme a lo establecido en el artículo 664 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca (ii) falta de emplazamiento a ******************** (iii) falta de emplazamiento de ********************, sociedad anónima de capital variable, en su carácter de patrón de la parte demandada. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS IMPUGNADOS Respecto a la falta de emplazamiento al demandado ********************, la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado; ello, en razón que si bien, en los autos del expediente de origen, no se aprecia aún el emplazamiento reclamado, ello obedece a la dificultada para encontrar el domicilio en donde deba de ser emplazado, para dar constancia de ello, se destaca, el hecho que recientemente, el doce de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a la aquí quejosa, proporcionando el domicilio laboral donde pueda ser emplazada su contraparte en el juicio, de ahí que, la ausencia de ese acto procesal obedece a cuestiones que escapan de la autoridad responsable. Por tanto, debe destacarse que la autoridad responsable no ha podido emplazar a ********************, debido a la imposibilidad material de su localización, la parte quejosa no desvirtuó tal negativa, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Y si bien, se advierte que la responsable ha sido omisa en atender de manera puntual, los términos procesales en el expediente de origen, esa circunstancia, se no considera una violación procesal que afecte derechos sustantivos, al respecto, resulta ilustrativo la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Misma suerte que ocurre con el diverso acto reclamado, consistente en la falta de emplazamiento de ********************, sociedad anónima de capital variable, en su carácter de patrón de la parte demandada, debido a que de la copia certificada del expediente ********************, del índice de la autoridad responsable, enviada como justificación a su informe, medio de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de las mismas, se advierte que dentro del aludido expediente, la empresa "********************" sociedad Anónima de Capital Variable, no tiene reconocido el carácter de parte en el juicio, mucho menos que se haya ordenado su emplazamiento, de ahí la inexistencia de este acto. Sin soslayar que si bien, la referida empresa fue señalada por la quejosa como la fuente de trabajo de ********************, y con base en la pedida provisional de alimentos decretada a favor del menor de iniciales ********************, se haya ordenó realizar la deducción económica del veinte por ciento de su salario, misma que será depositada en la cuenta que proporcionó la quejosa, determinación que se le comunicó a dicha moral mediante oficio ********************, circunstancia que se diferencia de un emplazamiento, aunado a que la quejosa únicamente promovió la demanda de amparo, por su propio derecho, y no así, en representación del menor beneficiado. Sin que lo anterior, prejuzgue sobre el cumplimiento de la pensión provisional otorgada, puesto que esa circunstancia el menor quejoso está en aptitud de hacerla valer ante la autoridad responsable y de no encontrar respuesta positiva su solicitad, puede reclamar esa omisión en otro juicio de amparo. En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA En relación al acto reclamado consistente en la omisión por parte del Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, para señalar hora y fecha conforme a lo establecido en el artículo 664 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, la responsable negó la existencia del acto reclamado. Dicha negativa la autoridad responsable la hace valer en razón que mediante proveído de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, hizo saber a la parte quejosa que en atención a su solicitud de aplicar los artículos 664 Quinquies, 664 Undecies y 664 Terdecies, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, los mismos fueron reformados mediante Decreto número 616, aprobado por la LXIV legislatura el die de abril de dos mil diecinueve, publicada en el Periódico Oficial Extra el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, así también, hizo del conocimiento a la parte disidente del amparo que el numeral 664 Octies del propio ordenamiento legal, fue reformado por Decreto número mil setecientos dos, aprobado por la LXIV legislatura el veintitrés de septiembre de dos mil veinte, publicada en el Periódico Oficial número cuarenta y dos, Décima Tercera Sección de diecisiete de octubre de dos mil veinte, data en la cual el Congreso del Estado ya no estaba facultado para legislar en materia procesal familiar, puesto en potestad del Congreso de la Unión, conforme al artículo 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual en términos de lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, prescindía en aplicarlos, utilizando los ordenamientos expedidos con anterioridad, es decir, a la reforma del dos mil diecisiete, por la cual se adicionaron mediante Decreto número quinientos noventa y uno, aprobado por la LXIII Legislatura el quince de abril de dos mil diecisiete y publicado en el Periódico Oficial Extra el doce de mayo de dos mil diecisiete. De lo anterior, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte un motivo de improcedencia. Los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, y 172, fracción VII de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (...) VII. Sin su culpa se reciban, sin su consentimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; La interpretación conjunta de las anteriores disposiciones legales lleva a considerar que, por regla general las violaciones procesales dentro de un juicio, son impugnables a través del juicio de amparo directo, y sólo excepcionalmente, cuando se trata de actos de imposible reparación procede el amparo indirecto. Por tanto, cuando se trata de violaciones procesales, que no sean de imposible reparación, como cuando se admitan las pruebas ofrecidas por las partes, y no produzcan indefensión al quejoso, por tratarse de violaciones al procedimiento que pueden trascender al resultado del fallo, en su caso, procederá el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva, momento en el cual, pueden alegarse las violaciones cometidas en el juicio. Ahora bien, el juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución, dentro de juicio, porque, esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de repararse si se obtiene una sentencia favorable al dictarse la sentencia definitiva, en la segunda instancia, o bien, a través del juicio de amparo directo que se promueva contra esa sentencia que se dicte en definitiva. De ahí, que el acto que se reclama en esta instancia consistente en la omisión del Juzgado Tercero de lo Familiar para señalar hora y fecha para la ratificación de la demanda presentada conforme a lo previsto en el artículo 664 Quinquies del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, no es un acto de imposible reparación. Así es, dado que esa resolución sólo afecta derechos procesales y no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, la libertad de pensamiento y de conciencia o de profesar creencia religiosa; razón por la cual, el juicio biinstancial no es procedente, actualizándose además de manera clara y evidente, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicada esta última en sentido contrario. Resulta aplicable, por analogía, la tesis número LVII/2004, localizable en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". También se invoca, por su contenido y por analogía, la jurisprudencia número tres, sustentada por el Séptimo Tribunal en materia civil del Primer Circuito, publicada en la página cuarenta y nueve, del tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículo 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Por consiguiente, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos reprochados a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo ténganse a la Jueza Tercero Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Notifíquese.
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