Junta de Agua Potable Y Alcantarillado de Yucatan .
Expediente 1505/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1505/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Junta de Agua Potable Y Alcantarillado de Yucatan .
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser DESTRUIBLE, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otra parte, toda vez que en autos obra la copia certificada del acta cuatrocientos veintinueve, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público sesenta y seis del Estado de Yucatán, la cual anexó la parte quejosa junto su escrito de demanda; por tanto, prevéngasele para que acuda a este Juzgado de Distrito con identificación oficial, a fin de recoger el documento señalado, dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no recogerlo, será destruido junto con el presente juicio de amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le deja en aptitud de ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Agenda OJ", a fin de obtener la cita correspondiente, ya sea al promovente o a cualquier persona que autorice, para estar en aptitud de acudir al Juzgado y recoger el documento que anexó a su demanda de amparo, previo acuse de recibo del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, por conducto de su apoderado Juan Francisco Aguilar Herrera, contra el acto que reclama de la Junta Especial número dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán. Al respecto, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1505/2021-VII. Con fundamento en el numeral 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad del promovente, al tenor de la copia certificada de la escritura pública cuatrocientos veintinueve, de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, pasada ante la fe del Notario Público sesenta y seis del Estado de Yucatán. Sentado lo anterior, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, del que se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito, por los argumentos que a continuación se exponen. Primeramente, se estima conveniente precisar que la parte quejosa reclama en su demanda de amparo, medularmente, la determinación de siete de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio reclamatorio laboral 305/2021, en la que se le impuso, como providencia precautoria, mantener vigentes los derechos del trabajador actor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, en principio, debe decirse que el artículo 113 de la ley de la materia, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la jurisprudencia siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Sentado lo anterior, es menester reiterar que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, la determinación de siete de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio reclamatorio laboral 305/2021, en la que se le impuso, como providencia precautoria, mantener vigentes los derechos del trabajador actor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso, se considera actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El numeral trascrito contempla la causa de improcedencia relativa a que, previo a la promoción del juicio constitucional, la parte quejosa debe observar el principio de definitividad, por lo que es necesario interponer el recurso o medio de defensa establecido en la ley ordinaria, por virtud del cual el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. En efecto, de conformidad con la causa de improcedencia aludida se tiene que el principio de definitividad en el juicio de amparo, consiste en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables de la ley que rige el acto; lo anterior es así, toda vez que el principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa orientado a la protección de los derechos humanos, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria los recursos o medios de defensa que procedan. Así, se tiene que para que pueda actualizarse la hipótesis de improcedencia aludida es necesario: I. Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y; II. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que pueda tener por efecto revocar, modificar o anular el acto reclamado. Los artículos 849 y 850 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los Presidentes, Actuarios o funcionados legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." De los preceptos anteriores se advierte que las partes en el juicio laboral pueden interponer el recurso de revisión en contra de los actos de los Presidentes, Actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, en los términos que establece la propia Ley Federal de Trabajo. De modo que, si la parte solicitante de la protección constitucional combate la resolución siete de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio reclamatorio laboral 305/2021, en la que se le impuso, como providencia precautoria, mantener vigentes los derechos del trabajador actor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, es inconcuso que debió interponer, previamente a instar el juicio constitucional, el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, el cual constituye el medio ordinario de defensa idóneo para modificar o revocar la resolución que combate la parte promovente, como en la especie acontece. Bajo esa óptica, de conformidad con el principio de impugnación que rige todo proceso, es de concluirse que el acto del cual se duele la parte quejosa admite la posibilidad de ser combatido mediante el recurso de revisión en términos del dispositivo referido, pues el mismo procede en contra de los actos de los Presidentes, Actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, pues en el caso, tal acto no podrá ser reparado en la sentencia que se dicte en el juicio principal, dado que ésta no se ocupará de dicho acto, de ahí que no se cumplió con el principio de definitividad que exige la ley de la materia para la procedencia del juicio de amparo. Por ende, la viabilidad del juicio constitucional está condicionada a que si existe en contra del acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de rubro y texto siguientes:"RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU PROCEDENCIA NO SE LIMITA A LOS ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO O CONVENIO. La procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo no se limita a los actos dictados en ejecución de laudo o de convenio, sino que dicho numeral dispone expresamente que también procede, entre otros casos, contra los dictados en las providencias cautelares, que en términos del numeral 857 de dicho ordenamiento son el arraigo y el secuestro provisional, y acorde con el diverso precepto 858 de la propia ley laboral pueden decretase desde el momento de la admisión de la demanda o durante la sustanciación del juicio, sin que sea obstáculo a lo anterior que el capítulo XIV del título catorce de la ley obrera, dentro del cual se encuentra el numeral que prevé el mencionado recurso, se denomine "De la revisión de los actos de ejecución", toda vez que como se mencionó, de la remisión del referido artículo 849 a los numerales 857 y 858 de dicha ley, se advierte que el recurso de revisión es procedente, además, contra actos dictados en las providencias cautelares."De igual manera, sirve de apoyo la tesis siguiente:"PROVIDENCIAS CAUTELARES EN MATERIA LABORAL. LOS ACUERDOS QUE LAS ORDENAN SON REVISABLES. Si el quejoso solicitó el amparo de la Justicia Federal, contra la providencia cautelar que dictó el presidente de la Junta Especial correspondiente, en que decretó el embargo precautorio en bienes del demandado, con apoyo en los artículos 822, 823, 826 y 827 de la Ley Federal del Trabajo, tal providencia es revisable por la indicada Junta, conforme a lo que establece el artículo 817 fracción I, de la misma ley; y como el quejoso señaló asimismo el embargo precautorio en bienes de su propiedad, tal acto de ejecución viene a ser también revisable, dado que es una consecuencia inmediata del acuerdo en que se decretó la providencia cautelar de que se ha hecho mérito. Por tanto, si el quejoso no agotó previamente el recurso señalado en el invocado artículo 817, fracción I, el Juez de Distrito actuó correctamente al dictar el sobreseimiento del juicio, con apoyo en el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo, por haber surgido la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la misma ley."Sin que se esté en alguno de los casos de excepción que contempla el precitado numeral, en virtud de que el juicio de amparo indirecto de que se trata, no se promovió por persona extraña a la controversia de origen, dado que la parte promovente manifestó ser parte demandada en dicha controversia, ni se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna.Tampoco se impugnan actos que establezcan medidas cautelares restrictivas de la libertad, alguna orden de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Por el contrario, lo que se reclama en la especie, según se ha visto, es la resolución de siete de julio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio reclamatorio laboral 305/2021, en la que se le impuso, como providencia precautoria, mantener vigentes los derechos del trabajador actor ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que al tenor de las razones que anteceden, era impugnable mediante el recurso de revisión que prevé el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. En esa tesitura, al no haberse observado el principio de definitividad, rector del juicio constitucional, mediante la interposición del recurso de revisión, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Por otra parte, aun cuando la Ley de Amparo no prevé la notificación a través de correo electrónico; empero, tomando en cuenta las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el coronavirus (COVID-19), se ordena notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y las subsecuentes que sean necesarios durante la contingencia sanitaria, mediante el correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en la boleta anexa a su demanda de amparo, como de su parte, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional y del propio promovente, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. En cuanto a la devolución del documento con el que justificó su personalidad el apoderado de la directa quejosa; provease lo conducente una vez que quede firme la presente determinación, cuenta habida que dicho documento es susceptible de ser analizado y, en su caso, impugnado durante la secuela procesal relativa. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente.
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