Junior Santiago de la Rosa Mendez

Expediente 974/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
974/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/09/2021

Partes del expediente

  • Junior Santiago de la Rosa Mendez
  • Jaqueline de la Rosa Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a sus antecedentes copia del escrito de cuenta, mediante el cual se interpone recurso de inconformidad contra el acuerdo de cumplimiento. Inconformidad. En tales condiciones, se tiene por interpuesto el recurso de inconformidad en contra del proveído que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictado por este juzgado federal; por tanto, con fundamento en el numeral 201 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el escrito en el cual interpuso el citado medio de defensa, así como el expediente en que se actúa, para el inicio de la inconformidad planteada; ello, con fundamento en el artículo 203 de la referida legislación y con apoyo en lo previsto en el Acuerdo General número 5/2013, que en lo conducente establecen: "Artículo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegándose los elementos que estime convenientes". "ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2013, DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL TRECE, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE EL PLENO CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN, Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.,. OCTAVO. La remisión de los expedientes a los Tribunales Colegiados de Circuito se sujetará, con independencia de los acuerdos administrativos que pudieran existir, a las reglas siguientes: I. Los amparos en revisión y los recursos de inconformidad interpuestos en términos de lo previsto en las fracciones I y III del artículo 201 de la Ley de Amparo, se enviarán directamente al Tribunal Colegiado de Circuito que tenga jurisdicción sobre el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito que hubiese dictado la sentencia respectiva. (MODIFICADA MEDIANTE INSTRUMENTO NORMATIVO DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE) .". Por tanto, fórmese cuaderno de antecedentes por separado con copia de las principales constancias del presente juicio, para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 73/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, materia común, página 779, que dice lo siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN; DE NO EXISTIR ESPECIALIZADO, SERÁ EL QUE CONOCIÓ DE AQUÉL Y, DE NO HABERSE INTERPUESTO EL RECURSO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE SE ENCUENTRE EN TURNO. De la interpretación sistemática de los artículos 192, 193, 196 y 201, fracción I, de la Ley de Amparo, deriva que el órgano jurisdiccional que concedió la protección constitucional debe pronunciarse respecto de la ejecutoria recaída al juicio de amparo, dado que es quien conoce los alcances protectores de la sentencia, pues cuando no se ha cumplido, se encuentra en vías de cumplimiento o está cumplida, le corresponde hacer la declaratoria correspondiente o, en su caso, iniciar el procedimiento respectivo. En este sentido, se aprecia que la Ley de Amparo privilegia el conocimiento previo del asunto, en aras de respetar el principio de seguridad jurídica, lo que permite establecer que si una sentencia de amparo dictada por un Juez de Distrito es recurrida y un Tribunal Colegiado de Circuito conoce del recurso de revisión, es evidente que cuando el juez dicte el acuerdo que tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, y éste sea recurrido a través del recurso de inconformidad, sin lugar a duda, quien deberá conocer de dicho recurso es el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto a través del recurso de revisión; ello para favorecer el conocimiento previo adquirido por dicho tribunal, dando mayor celeridad a la impartición de justicia y preservando las garantías del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, aunado a que en términos del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su punto octavo, fracción I, determinó las reglas de competencia para los Tribunales Colegiados de Circuito, respecto de las inconformidades, al señalar que cuando en el circuito correspondiente existan dos o más tribunales colegiados, se remitirá al especializado en la materia del juicio, al que hubiese prevenido en el conocimiento de la revisión o, en su caso, al que se encuentre en turno. De ahí que quien debe conocer de los recursos de inconformidad interpuestos contra el acuerdo del Juez de Distrito que tuvo por cumplida la sentencia de amparo es, en primer lugar, el Tribunal Colegiado Especializado, y si hubo uno que tuvo conocimiento previo del recurso de revisión, será éste el que conozca de la inconformidad; en segundo lugar, de no existir Tribunales Colegiados Especializados, será el que hubiere prevenido en el conocimiento de la revisión; y, en tercer lugar, de no haber sido recurrida la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo, conocerá el Tribunal Colegiado de Circuito que esté en turno". Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Oficio. Agréguese a los autos, el comunicado de cuenta signado por el Administrador Local de Recaudación de esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con su contenido, para que acuda a la oficina que se indica, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado federal en cuanto ello suceda. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo, o bien, no informe la imposibilidad que tenga para ello, este juzgado acordará lo que en derecho corresponda. Reitérese al actuario judicial que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Se notifica al tercero interesado Luz María Mendez Goitia. Estado de autos. Visto el estado de autos, en específico del informe justificado rendido por la autoridad responsable, el cual fue agregado en auto de veintisiete de agosto del año en curso, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tales condiciones, de las constancias remitidas por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, con residencia en esta ciudad, se desprende que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual se analizará de oficio, en términos de la última parte del referido numeral. El contenido del numeral y fracción en cita, es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)". Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado por la parte quejosa consiste esencialmente en lo siguiente: i. El auto de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio agrario 155/2021, mediante el cual el magistrado responsable, niega a los quejosos Junior Santiago de la Rosa Méndez, María del Refugio de la Rosa Méndez, Elvia Nohemí de la Rosa Méndez y Jaqueline de la Rosa Méndez, la intervención legal en el juicio agrario referido, en donde manifiestan tienen derecho a hacer valer sus derechos por ser hijos del de cujus. En tal virtud, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral citado, ello, porque de las constancias que obran en autos, en específico de las remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se desprende que el magistrado responsable, dentro del juicio agrario 155/2021, el tres de agosto en curso, dictó sentencia definitiva, mediante la cual consideró procedente la acción sucesoria promovida por Luz María Méndez Goitia (tercera interesada en el presente juicio de amparo), y por ende le reconoció el carácter de ejidataria en vía sucesión del extinto Joel de la Rosa García, del ejido "La Loma", del municipio de Lerdo, Durango; asimismo, en cumplimiento de dicha resolución giró oficio al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Durango, a efecto de previa cancelación de los asientos registrales respectivos, expida los certificados correspondientes mediante los cuales se acredite la calidad de ejidataria de Luz María Méndez Goitia, respecto de las parcelas materia del juicio origen. Circunstancia que se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, así como la copia certificada de la sentencia definitiva de tres de agosto en curso, dictada por el magistrado responsable, dentro del juicio agrario 155/2021; las cuales gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones. Asimismo, apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego entonces, es de estimarse que en el caso ha operado un cambio de situación jurídica, respecto del auto de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Sexto Distrito, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio agrario 155/2021, mediante el cual el magistrado responsable, niega a los quejosos Junior Santiago de la Rosa Méndez, María del Refugio de la Rosa Méndez, Elvia Nohemí de la Rosa Méndez y Jaqueline de la Rosa Méndez, la intervención legal en el juicio agrario referido, en donde manifiestan tienen derecho a hacer valer sus derechos por ser hijos del de cujus, en virtud de que las consecuencias jurídicas del referido acuerdo quedaron insubsistentes, no pudiendo ser analizadas por tratarse de un nuevo acto, es decir, de una sentencia definitiva, que no se reclamó en el presente juicio de amparo, resultando por ende que no es factible decidir la situación jurídica anterior al quedar legalmente substituida con la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario de origen, la cual contempla cuestiones distintas que pueden ser combatidas en diferentes aspectos legales mediante los recursos ordinarios. Atento a lo anterior, con fundamento en el citado artículo 61, fracción XVII, en relación con el 63 fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la contradicción de tesis 26/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial y su Gaceta, que literalmente expone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la imparticion de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos audiencia. Sin que resulte obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que se señalaron las doce horas del seis de septiembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional en este juicio, pues al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio firme en el sentido de que resulta procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, cuando dentro del desarrollo del procedimiento de amparo, subyace una causal de improcedencia de forma notoria y manifiesta, de ahí que, por mayoría de razón resulta procedente decretar el sobreseimiento del juicio, si a la fecha en que ha de celebrarse la audiencia aparece demostrada una causal de improcedencia notoria y manifiesta; en tales condiciones se deja sin efectos la fecha señalada con antelación para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Escritos. Agréguese el escrito de cuenta remitido por la parte tercero interesada Luz María Méndez Goitia, mediante el cual señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; además, nombra autorizados, realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos y ofrece pruebas. Acuerdo. Atento a su contenido, dígasele a la tercera interesada que se esté a lo acordado en los párrafos que preceden. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. Autorizado. Se tiene como autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados que indica para tal efecto, y únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Se notifica por lista al tercero interesado Pendulum. Visto el estado de autos del que se advierte que no obra constancia de notificación al tercero interesado ********************, del auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, en el que se dio vista a las partes con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tales condiciones, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este juzgado de distrito, notifique de inmediato el referido proveído al tercero interesado de mérito, para los efectos legales a que haya lugar.

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