Junior Ortiz Contreras

Expediente 575/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
575/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
11/10/2022

Partes del expediente

  • Junior Ortiz Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este juicio el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicho acuerdo que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado estado, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó estado en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obren documentos presentados por las partes que por sus características deban ser devueltos. No existen documentos originales. Finalmente, de autos se advierte que la parte quejosa no exhibió documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. No relevancia documental. En otro orden, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el expediente de amparo 575 2022 VI, promovido por ***, en favor de ***, contra la Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades, se advierte que de dichas responsables reclama los siguientes actos: 1 La deportación. 2 La privación de la libertad y alojamiento prolongado, al no emitir la orden de salida de la estación migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta y seis horas de estar alojada en ese recinto, a partir de su presentación. 4 El procedimiento migratorio formulado en contra de la quejosa. 5 La creación, aprobación, sanción y promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración. 6 La aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. 8 La orden de traslado de la quejosa a otra estación migratoria. Ahora bien, del oficio presentado el tres de agosto de dos mil veintidós, vía electrónica, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado con sede en esta localidad, se aprecia que señaló que en la especie se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Tal afirmación es fundada. Marco legal. Esa disposición establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Caso concreto. De las constancias que obran en autos se advierte: Que a través del oficio EMSLP 1079 V 2022, signado por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, el aquí quejoso *** quedó en libertad materialmente a las catorce horas con cinco minutos del once de mayo del dos mil veintidós. Por otra parte, mediante el oficio del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, se aprecia que remitió copia certificada del acuerdo dictado el tres de junio del dos mil veintidós, en el expediente administrativo migratorio 2068 iniciado al aquí quejoso, en el que se declaró que dicho extranjero se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de tal procedimiento, determinando que este último se tuviera concluido. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que el aquí quejoso ***, quedó en libertad el once de mayo del dos mil veintidós, y en virtud de que se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, el tres de junio del mismo año, se dictó en el procedimiento administrativo migratorio seguido a dicho quejoso, un acuerdo en el que se determinó tenerlo concluido. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el tres de junio del dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo migratorio, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2 CXI 96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio, fuera de audiencia constitucional. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a la creación, aprobación, sanción y promulgación, del artículo 111 de la Ley de Migración, tomando en consideración que no se puede desvincular el estudio del ordenamiento reclamado del que concierne a su acto de aplicación, pues es este acto el que le causa perjuicio directo a la parte quejosa, y no por sí sola la legislación reclamada. Ilustra lo anterior, por identidad de razón, la tesis con registro 232028, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217 228, Primera Parte, página 27, de rubro y texto siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya. Asimismo, la tesis: 2 J. 71 2000, registro digital: 191311, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, que establece: LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917 1995, de rubro: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha. Solicitud de demanda. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, únicamente agréguese a los autos el telegrama y oficio de cuenta signados respectivamente por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación y Consultora Jurídica General de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, toda vez que en líneas que anteceden se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados No obstante, como lo solicita el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21 2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio a las autoridades responsable y Agente del Ministerio Público de la adscripción

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el expediente de amparo 575/2022-VI, promovido por ***, en favor de ***, contra la Titular de las Oficinas de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades, se advierte que de dichas responsables reclama los siguientes actos: 1) La deportación. 2) La privación de la libertad y alojamiento prolongado, al no emitir la orden de salida de la estación migratoria, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta y seis horas de estar alojada en ese recinto, a partir de su presentación. 4) El procedimiento migratorio formulado en contra de la quejosa. 5) La creación, aprobación, sanción y promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración. 6) La aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. 8) La orden de traslado de la quejosa a otra estación migratoria. Ahora bien, del oficio presentado el tres de agosto de dos mil veintidós, vía electrónica, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado con sede en esta localidad, se aprecia que señaló que en la especie se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Tal afirmación es fundada. Marco legal. Esa disposición establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. De conformidad con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando en virtud de un cambio de situación jurídica, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica. Caso concreto. De las constancias que obran en autos se advierte: Que a través del oficio EMSLP/1079/V/2022, signado por el Subdirector de la Estación Migratoria en San Luis Potosí, el aquí quejoso *** quedó en libertad materialmente a las catorce horas con cinco minutos del once de mayo del dos mil veintidós. Por otra parte, mediante el oficio del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, se aprecia que remitió copia certificada del acuerdo dictado el tres de junio del dos mil veintidós, en el expediente administrativo migratorio 2068 iniciado al aquí quejoso, en el que se declaró que dicho extranjero se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, lo que imposibilitó la continuación de tal procedimiento, determinando que este último se tuviera concluido. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, si en autos se encuentra acreditado plenamente que el aquí quejoso ***, quedó en libertad el once de mayo del dos mil veintidós, y en virtud de que se sustrajo del control de firmas seguido ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, el tres de junio del mismo año, se dictó en el procedimiento administrativo migratorio seguido a dicho quejoso, un acuerdo en el que se determinó tenerlo concluido. Por lo anterior, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados, pues la situación jurídica en la que se encontraba ha sido sustituida por la nueva determinación emitida el tres de junio del dos mil veintidós, en el procedimiento administrativo migratorio, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.CXI/96, localizable a foja 219, del Tomo IV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 1996, sustentada por la Segunda Sala, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". Decisión. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio, fuera de audiencia constitucional. Dicho sobreseimiento se hace extensivo a la creación, aprobación, sanción y promulgación, del artículo 111 de la Ley de Migración, tomando en consideración que no se puede desvincular el estudio del ordenamiento reclamado del que concierne a su acto de aplicación, pues es este acto el que le causa perjuicio directo a la parte quejosa, y no por sí sola la legislación reclamada. Ilustra lo anterior, por identidad de razón, la tesis con registro 232028, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Primera Parte, página 27, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL ACTO DE APLICACION. DETERMINA EL SOBRESEIMIENTO EN CUANTO AL PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO. Cuando se promueve el juicio de garantías contra una ley o un reglamento con motivo de actos de aplicación, no puede desvincularse el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues éste es precisamente el que causa perjuicio al particular y no la ley o el reglamento por sí solos, considerados en abstracto. La vinculación estrecha entre el ordenamiento y el acto de aplicación impide examinar al primero prescindiendo del otro, salvo cuando se trata de leyes autoaplicativas, pues la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación comprende a la ley o reglamento. En consecuencia, si se actualiza la hipótesis del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, respecto del acto de aplicación de la ley y los reglamentos impugnados, procede sobreseer en el juicio respecto de dicho acto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de la materia, y al ser improcedente el juicio respecto del acto de aplicación debe también decretarse el sobreseimiento respecto de los ordenamientos en los que se apoya". Asimismo, la tesis: 2a./J. 71/2000, registro digital: 191311, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, que establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha. Solicitud de demanda. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, únicamente agréguese a los autos el telegrama y oficio de cuenta signados respectivamente por el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación y Consultora Jurídica General de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, toda vez que en líneas que anteceden se sobreseyó el presente asunto fuera de audiencia. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. No obstante, como lo solicita el Director General de Procedimientos Constitucionales, en representación del Secretario de Gobernación, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio a las autoridades responsable y Agente del Ministerio Público de la adscripción.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa del Centro de Reparto Salvador Nava de Correos, de esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en auto de once de agosto del año en curso, e informa que dicha pieza la entregara a este juzgado en un término de quince días hábiles. Notifíquese por medio de lista

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