Junior Martín Cajas Castillo
Expediente 317/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 317/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/06/2022
Partes del expediente
- Junior Martín Cajas Castillo
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del aludido acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita, se establece que este cuaderno es susceptible de destrucción, al haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el catorce de junio de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a quien promovió para que realice las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso no se ha pronunciado respecto del escrito de desistimiento que supuestamente firmó. Por tanto, antes de acordar lo conducente, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, legalmente computado, remita fotocopia autorizada del documento de regularización por razones humanitarias que le fue otorgado a Junior Martín Cajas Castillo. Apercibido que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento legal que se tenga para ello, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio proveniente del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al que anexa la demanda de amparo que promueve Carmen Yolanda Penilla del Castillo en favor de Junior Martín Cajas Castillo, contra actos del Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Ciudad de México, y de otras autoridades, por considerar que se vulneran en perjuicio del supuesto agraviado los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 11, 14 y 16 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 317/2022-B. Suspensión de plano Tomando en consideración que en la demanda se precisa como actos reclamados destacados la inminente deportación o expulsión del país y privación de la libertad, se toman las medidas siguientes: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezca el posible quejoso en el lugar donde se encuentre, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar el directamente agraviado a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida del directamente agraviado. Respecto del acto consistente en la privación de la libertad, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Junior Martín Cajas Castillo, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si tales actos derivan de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención del directamente agraviado no tiene relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Ello, sin perjuicio de que las autoridades migratorias fijen las medidas establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, para la continuación del procedimiento migratorio correspondiente, debiendo pronunciarse respecto de la calidad migratoria que en este país tiene el aquí impetrante, dentro del plazo de quince días que establece categóricamente el marco normativo que rige su actuar, atendiendo a las pruebas que tengan en su poder, así como lo dispuesto en el "protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional". En ese contexto, toda vez que la promovente refiere que el directo quejoso podría encontrarse privado de su libertad, solicítese a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si han decretado alguna medida de aseguramiento al agraviado en cuestión, a efecto de que este juzgado de distrito esté en aptitud de pronunciarse al respecto; en el entendido de que el impetrante queda a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal, y a disposición de las autoridades responsables por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. En relación con el acto consistente en la negativa para registrarse como refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, una vez que sea ratificada la demanda por el aquí agraviado, se acordará lo conducente. Ratificación de la demanda Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al directamente agraviado, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de derechos fundamentales intentada, quedando sin efectos las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de Junior Martín Cajas Castillo, en las instalaciones de las autoridades responsables. Se instruye al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre el directamente agraviado. Asimismo, se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Por lo que hace a la vía de notificación y la designación de autorizados, se reserva el acuerdo conducente hasta en tanto se practiquen las diligencias mandatadas en este acuerdo. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que quede firme la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese y cúmplase.
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