Junior Jiménez Pérez
Expediente 450/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Junior Jiménez Pérez
- Juez de Control Y Enjuiciamiento Adscrito Al Juzgado de Proceso Y Procedimiento Penal Oral, Con Residencia En Esta Ciudad.
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Alfredo García Ríos, secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho con motivo del primer período vacacional del presente año que gozará la titular de este órgano, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, lo que se comunicó por la secretaria técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3097/2023, de esa misma fecha, ante el secretario Fernando Cervantes Ruvalcaba, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por *****, por conducto de su defensora particular ********************, contra actos del juez de control y enjuiciamiento adscrito al juzgado de proceso y procedimiento penal oral de esta ciudad, por violación a los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 19 y 20 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 450/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDAEn principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE QUE SE ESTIMA ACTUALIZADA En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la interposición de demandas contra actos que sean materia de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Así, la causa de improcedencia a que se hace referencia en el precepto legal invocado, es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con meridiana claridad, que la improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción X, de la ley de la materia, no se encuentra condicionada a que además de que el acto reclamado en un juicio de amparo sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro diverso juicio de amparo en trámite contra las mismas autoridades responsables, en cada uno de los juicios exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. II. HECHOS De la demanda de amparo que se trata, se advierte que la defensora del directo quejoso señala como actos reclamados: "Lo es en este caso la RESOLUCIÓN DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE FUE DICTADO EN VIRTUD DE LA SOLICITUD DE ESTA DEFENSA PARA REALIZAR LA REVISIÓN LA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, dictada dentro de la AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, que tuvo verificativo en fecha DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (sic), en la cual se vulneró la norma constitucional, en específico los artículos 1°, 8°, 14,16, 17, 19 y 20 aparatado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por otra parte, se tiene a la vista el juicio de amparo 385/2023, del índice de este juzgado federal, sin necesidad de obtener copias certificadas y glosarlas al sumario al ser un hecho notorio la existencia del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. De la demanda de amparo radicada bajo el número 385/2023, del índice de este juzgado federal, se aprecia que la defensora particular del directo quejoso, señaló como acto reclamado: "Lo es en este caso la RESOLUCIÓN DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE FUE DICTADO EN VIRTUD DE LA SOLICITUD DE ESTA DEFENSA PARA REALIZAR LA REVISIÓN LA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, dictada dentro de la AUDIENCIA DE REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, que tuvo verificativo en fecha DOCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS (sic), en la cual se vulneró la norma constitucional, en específico los artículos 1°, 8°, 14,16, 17, 19 y 20 aparatado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Así, de las actuaciones del referido juicio de amparo 385/2023, del índice de este juzgado federal, se aprecia que ********************, por conducto de su defensora particular ********************, promovió con anterioridad a este juicio una demanda de amparo y reclamó exactamente el mismo acto que en este juicio de amparo de la misma autoridad, esto es, de la jueza de control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad; ocurso constitucional que se radicó y admitió a trámite mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés. De ahí que, se advierta que la resolución reclamada en este asunto es materia de estudio en otro juicio de amparo que se encuentra pendiente de dictar sentencia. Expuesto lo anterior, es inconcuso que el presente juicio de amparo deviene improcedente, al tratarse del mismo quejoso, la misma autoridad y el mismo acto reclamado. Es decir, actualizándose como quedó expuesto en párrafos que anteceden la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo. Criterio que encuentra sustento en la contradicción de criterios 333/2022, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión ordinaria de tres de julio de dos mil veintitrés, con pendiente de publicación de jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación, en la que el Máximo Tribunal de este país determinó que, atendiendo a los artículos 61, fracción X, y 113 de la Ley de Amparo, resulta válido desechar de plano una demanda de amparo cuando el órgano jurisdiccional advierte que existe en su propio índice una diversa demanda de amparo ya admitida y pendiente de resolución en la que existe identidad de parte quejosa, autoridades responsables y actos reclamados, pues en ese supuesto, la improcedencia puede constatar con el mero análisis comparativo de las documentales. III. CONCLUSIÓN Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61, de la Ley de Amparo, invocada de oficio por este juzgado, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA promovida por ********************, por conducto de su defensora particular ********************, por ser manifiesta e indudable su improcedencia. AUTORIZADO Téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. ACCESO, CONSULTA Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA Por otra parte, toda vez que la parte quejosa solicita el acceso y la consulta del expediente electrónico del presente juicio, así como notificaciones electrónicas; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 de la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), realícensele únicamente las notificaciones que dentro del presente juicio se deban efectuar de forma personal, por dicho medio. En virtud de lo anterior, se comisiona a la oficial judicial "A", para que de inmediato, realice el trámite correspondiente para que el impetrante pueda tener acceso, consultar y ser notificado vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo, con el usuario: ********************. Se significa al ocursante, que a partir del día de hoy se encuentra habilitado para realizar la consulta vía internet, así como recibir notificaciones personales vía electrónica, mismas que se regirán conforme a lo previsto en la ley de la materia para las notificaciones electrónicas. Se tienen por señalados el correo electrónico y el número telefónico proporcionados por el impetrante y agréguense como información de contacto para que los actuarios adscritos a este juzgado federal puedan entablar comunicación no procesal, y acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Alfredo García Ríos, que autoriza y da fe.
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