Junior Jiménez Pérez

Expediente 26/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
26/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Junior Jiménez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión impresión electrónica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele impresión electrónica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Finalmente, toda vez que en la secretaría de este juzgado obra un disco versátil digital exhibido por el impetrante del amparo, registrado con el número 11/2020, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veinte; de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del multicitado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles comparezca a recuperarlo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, sin previo acuerdo, será depurado con el expediente. En el entendido que, para poder ingresar de manera física a este órgano jurisdiccional y recoger el aludido disco compacto, deberá generar una cita mediante la obtención del Código QR, a través del procedimiento automatizado disponible en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en dicho portal del micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales" de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, notificada a través de la Circular CAP/3/2020, de esa propia fecha, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", regresando al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del referido Acuerdo General 13/2020, por un periodo de veintidós días, comprendido del VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, dentro del cual no corrieron plazos y términos procesales, no se celebraron audiencias ni se practicaron diligencias, a fin de proteger la salud e integridad personal de las servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, evitando que el virus se propague, autorizándose para atender dentro de dicho periodo únicamente los asuntos urgentes. Posteriormente, a través de la circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Secretario Ejecutivo de la Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reiniciando labores el doce de enero del año en curso, continuando con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Asimismo, como está ordenado en la circular SECNO/1/2021, en el presente asunto se adoptarán la medidas de ampliación de plazos previsto en el artículo 2, fracciones III, IV y VIII, del Acuerdo General 21/2020, considerándose como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, con base en las constancias de autos, así como tomando en consideración las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos. Mediante sentencia pronunciada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Junior Jiménez Pérez, para los siguientes efectos: En las relatadas condiciones, al no existir constancia en la videograbación que demuestre que el defensor que asistió al ahora quejoso, en la celebración de la audiencia inicial, sea licenciado en derecho, en tanto no se cumplieron las formalidades exigidas por el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por la Primera Sala de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 405/2017, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad: I. Deje insubsistente las actuaciones que integran el proceso penal 212/2019, a partir de la audiencia inicial y, previo a su celebración, verifique si la persona que asistió al imputado, ahora quejoso, en la respectiva audiencia, cuenta con cédula profesional que la autorice para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, pero ahora siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, esto es: a) Deberá hacerse constar en la videograbación de la audiencia inicial la manifestación del defensor de ser licenciado en Derecho y la declaración del número que se les otorgó en el centro de registro y también el correspondiente a su cédula profesional; así, como el Juez de Control deberá verificar ante el auxiliar de Sala que lo asiste, la veracidad de los datos de individualización de la defensora, de lo cual debe quedar constancia en la videograbación. b) En el caso, de no cumplir con dicho requisito la persona designada, deberá proveer lo necesario para asegurar una defensa técnica adecuada. II. Continúe con el desarrollo de la audiencia inicial, con base en los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, en la cual verifique se cumpla con la defensa adecuada en su vertiente formal y material, y resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso. Mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector, o en su caso las gestiones para lograrlo. El dos de diciembre de dos mil veinte se tuvo a la autoridad responsable informando las medidas tendentes para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, mismo que le fue requerido en auto de siete de diciembre siguiente Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para demostrar lo anterior, remitió un disco de audio y video de las audiencias de imputación y vinculación, celebradas en el proceso penal 203/2019 de su índice. En esas circunstancias, analizado el actuar de la autoridad responsable conforme a las constancias remitidas, a la luz de los parámetros contenidos en la sentencia de amparo, se procede a realizar el siguiente pronunciamiento: 1) Por cuanto hace al primero de los efectos de la sentencia amparadora, se observa que la autoridad responsable, Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad, mediante oficio 992/2020 recibido en este Juzgado el uno de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la audiencia inicial de once y dieciséis de enero de dos mil veinte, celebrada en el proceso penal 212/2019, de su índice, e informó que se fijaron las diez horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veinte para llevar a cabo la reposición del procedimiento. Posteriormente, mediante oficio 270/2020, la autoridad responsable remitió disco versátil digital que contiene la audiencia de reposición del procedimiento de dos de diciembre de dos mil veinte, celebrada en el proceso penal 212/2019, de la que se desprende lo siguiente: 11:42:38. El juez procedió a preguntar al imputado si cuenta con abogado defensor ya que verifica que en la audiencia anterior estuvo un abogado diverso al que se encuentra presente. 11:42:55. El imputado señala que sí. 11:42:56. El juez solicita que le proporcione el nombre de sus defensores. 11:43:07. El imputado refiere que son la licenciada Perla del Carmen Morales Solano y el licenciado Roberto Pablo Mercado Zamora. 11:43:20. El juez pregunta al imputado si nombraría a esos dos profesionistas como sus abogados en el proceso. 11:43:26. El imputado contesta que sí. 11:43:26. El juez procede a preguntar el nombre completo y correcto a los licenciados, quienes contestan, respectivamente, Perla del Carmen Morales Solano y Roberto Pablo Mercado Zamora (es de precisar que al momento de indicar sus nombres completos, el auxiliar de sala proyecta las cédulas profesionales de los abogados). 11:43:57. El juez les hace del conocimiento a los abogados que el imputado los señaló como sus abogados defensores, por lo que les pregunta si conocen las implicaciones que el código procesal establece para el abogado defensor en términos del artículo 117, a lo cual afirman tener conocimiento. 11:44:29. El juez procede a tomarles la protesta, para efectos de registro, por ser la primera audiencia en la que comparecen, a lo que los abogados protestan y aceptan el cargo, respectivamente. 11:45:05. Aceptado el cargo, el juez solicita se individualicen. 11:45:07. La abogada Perla del Carmen Morales Solano se individualiza, refiriendo contar con cédula profesional 9439534 y registro ante el Poder Judicial del Estado de Veracruz 12566, además de precisar domicilio para oír y recibir notificaciones y demás datos personales. 11:45:47. El juez solicita a la abogada que precise, para fines de registro, a que profesión le identifica la cédula profesional y el registro. 11:45:57 La abogada contesta que a la licenciatura en derecho. 11:46:10. El juez solicita al abogado se individualice. 11:46:14. El abogado Roberto Pablo Mercado Zamora se individualiza, refiriendo contar con cédula profesional 9378184, además de precisar domicilio para oír y recibir notificaciones y demás datos personales. 11:47:46. El juez procede a preguntar al auxiliar de sala si constató que los datos de individualización de los profesionistas de la defensa, en cuanto a registro en el Poder Judicial y la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública corresponde a lo que informaron, para que conste en el registro. 11:48:00. El auxiliar de sala señala que sí, por cuanto hace a la licenciada Perla del Carmen Morales Solano, su cédula se encuentra registrada en la base de datos que tiene la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública y además es correcto el número interno, el cual se encuentra en la base de datos que tiene el Poder Judicial del Estado de Veracruz, bajo el folio PJEV 12566. Igualmente, el abogado Roberto Pablo Mercado Zamora, su cédula se encuentra registrada en la misma Dirección General de profesiones y también cuenta con un registro interno en la base de datos que tiene el Poder Judicial del Estado de Veracruz, bajo el número PJEV 488; quienes se encuentran registrados para ejercer la profesión de licenciatura en derecho. 11:49:00. El juez procede a dejar establecida la defensa técnica y adecuada que tendrá el imputado en el proceso penal 212/2019. Asimismo, procede a dejar asentado el cumplimiento a cada uno de los puntos de la concesión del amparo. 11:52:57. El juez informa a la fiscalía que en caso de reiterar la solicitud de vinculación a proceso no podrá introducir nuevos datos de prueba, sino aquellos que obraban en la carpeta de investigación. Finalmente, ordena reponer el procedimiento y cede el uso de la voz a la fiscalía. De lo anterior se advierte que el juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistentes las actuaciones que integran el proceso penal 212/2019, a partir de la audiencia inicial, y previo a su celebración, hizo constar en la videograbación la manifestación de los defensores de ser licenciados en derecho, su cédula profesional y su declaración del número que se les otorgó en el centro de registro del Poder Judicial del Estado de Veracruz; asimismo, el Juez de Control verificó ante el auxiliar de sala la veracidad de los datos de individualización de los defensores, lo cual igualmente quedó asentado en constancia en la videograbación 2) Por cuanto hace al segundo de los efectos de la concesión, el juez responsable continuó con el desarrollo de la audiencia hasta resolver nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso. De este modo, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión. No se pasan por alto las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el que medularmente refiere que la autoridad responsable no acató cabalmente la ejecutoria de amparo, por cuanto ve al segundo de los efectos de la concesión del amparo, toda vez que, argumenta: . no es dable conceder que se da una defensa adecuada en su vertiente material, si en efecto es la AUTORIDAD RESPONSABLE quien no permite la materialización de las técnicas de defensa en favor del imputado, no obstante que encuentren apoyo jurídico en la norma interna como en la norma internacional. Pues es por ello que no resulta dable ni procedente la fundamentación y motivación emitida por el Juez de control al pronunciarse respecto de la petición formulada por la defensa por cuanto hace la incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional, en primer momento por que en efecto se renunció al término de este, es decir agotar las 72 horas y de igual forma a su ampliación consistente en 144 horas, sin embargo, el único momento procesal en que es factible que el Juez resuelva la situación jurídica del señor JUNIOR JIMÉNEZ PÉREZ lo es dentro del PLAZO CONSTITUCIONAL, sin agotar este (72 horas); ahora bien tampoco es jurídicamente correcto que de acuerdo a lo que establece el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no admita la incorporación de medios de prueba, pues la AUTORIDAD RESPOSANBLE enunció únicamente datos de prueba, aun cuando la defensa solicito el desahogo de medios de prueba, por tanto no puede concebirse como cumplida la EJECUTORIA DE AMPARO, bajo estas premisas, pues si bien se dio cumplimiento por cuanto hace a la defensa formal, no puede decirse, que esta se materialice en esencia si es la AUTORIDAD RESPONSABLE quien impide el ejercicio por parte de los Licenciados en Derecho y de mi defenso JUNIOR JIMÉNEZ PÉREZ, máxime que la solicitud se introdujo antes de que se cerrara el debate, y que aún exigiendo que se resolviera sobre la petición realizada, y posteriormente a negar la petición incluso se negara el uso de la voz para formular los recursos correspondiente en términos del Principio de Oralidad que rige nuestro sistema penal. Al respecto es importante resaltar que como se desprende de la videograbación de la audiencia inicial, la autoridad responsable verificó que el quejoso contara con una defensa adecuada, lo que permitió que los abogados defensores desarrollaran la técnica de defensa que consideraran más pertinente. Ahora, si con motivo del desarrollo de la aludida técnica, los abogados defensores plantearon una petición al juez, en el caso, la incorporación de medios de prueba, y ésta fue resuelta en sentido negativo, lo que a decir la parte quejosa .no resulta dable ni procedente la fundamentación y motivación emitida por el Juez de control al pronunciarse respecto de la petición formulada por la defensa., se considera que la solicitud fue realizada precisamente con motivo del desarrollo de la técnica de defensa que implementaron los abogados del imputado, en virtud de la defensa adecuada que se le garantiza y que fue constatada en el desarrollo de la audiencia. Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  3. Principal

    (AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA NEFTALÍ OLIVARES HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA DEL DELITO IDENTIFICADO COMO 280/2019-M.- Vista; la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinte de diciembre de dos mil veinte, notificada a través de la Circular CAP/3/2020, de esa propia fecha, aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", regresando al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, especialmente en lo relativo a la suspensión de plazos y términos procesales a que se refiere la fracción IV del artículo 1 del referido Acuerdo General 13/2020, por un periodo de veintidós días, comprendido del VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE AL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, dentro del cual no corrieron plazos y términos procesales, no se celebraron audiencias ni se practicaron diligencias, a fin de proteger la salud e integridad personal de las servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, evitando que el virus se propague, autorizándose para atender dentro de dicho periodo únicamente los asuntos urgentes. Posteriormente, a través de la circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, emitida por el Secretario Ejecutivo de la Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, reiniciando labores el doce de enero del año en curso, continuando con el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Asimismo, como está ordenado en la circular SECNO/1/2021, en el presente asunto se adoptarán la medidas de ampliación de plazos previsto en el artículo 2, fracciones III, IV y VIII, del Acuerdo General 21/2020, considerándose como nueva fecha límite el doce de febrero de dos mil veintiuno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, con base en las constancias de autos, así como tomando en consideración las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2010089 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2015 (10a.) Página: 1487 RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos. Mediante sentencia pronunciada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Junior Jiménez Pérez, para los siguientes efectos: En las relatadas condiciones, al no existir constancia en la videograbación que demuestre que el defensor que asistió al ahora quejoso, en la celebración de la audiencia inicial, sea licenciado en derecho, en tanto no se cumplieron las formalidades exigidas por el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por la Primera Sala de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 405/2017, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad: I. Deje insubsistente las actuaciones que integran el proceso penal 212/2019, a partir de la audiencia inicial y, previo a su celebración, verifique si la persona que asistió al imputado, ahora quejoso, en la respectiva audiencia, cuenta con cédula profesional que la autorice para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, pero ahora siguiendo los lineamientos establecidos en la presente ejecutoria, esto es: a) Deberá hacerse constar en la videograbación de la audiencia inicial la manifestación del defensor de ser licenciado en Derecho y la declaración del número que se les otorgó en el centro de registro y también el correspondiente a su cédula profesional; así, como el Juez de Control deberá verificar ante el auxiliar de Sala que lo asiste, la veracidad de los datos de individualización de la defensora, de lo cual debe quedar constancia en la videograbación. b) En el caso, de no cumplir con dicho requisito la persona designada, deberá proveer lo necesario para asegurar una defensa técnica adecuada. II. Continúe con el desarrollo de la audiencia inicial, con base en los lineamientos trazados en la presente ejecutoria, en la cual verifique se cumpla con la defensa adecuada en su vertiente formal y material, y resuelva de nueva cuenta la situación jurídica del quejoso. Mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de esta ciudad, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días contado a partir de que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, justificara haber dado cumplimiento al fallo protector, o en su caso las gestiones para lograrlo. El dos de diciembre de dos mil veinte se tuvo a la autoridad responsable informando las medidas tendentes para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, mismo que le fue requerido en auto de siete de diciembre siguiente Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se tuvo a la autoridad responsable informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para demostrar lo anterior, remitió un disco de audio y video de las audiencias de imputación y vinculación, celebradas en el proceso penal 203/2019 de su índice. En esas circunstancias, analizado el actuar de la autoridad responsable conforme a las constancias remitidas, a la luz de los parámetros contenidos en la sentencia de amparo, se procede a realizar el siguiente pronunciamiento: 1) Por cuanto hace al primero de los efectos de la sentencia amparadora, se observa que la autoridad responsable, Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en esta ciudad, mediante oficio 992/2020 recibido en este Juzgado el uno de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la audiencia inicial de once y dieciséis de enero de dos mil veinte, celebrada en el proceso penal 212/2019, de su índice, e informó que se fijaron las diez horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veinte para llevar a cabo la reposición del procedimiento. Posteriormente, mediante oficio 270/2020, la autoridad responsable remitió disco versátil digital que contiene la audiencia de reposición del procedimiento de dos de diciembre de dos mil veinte, celebrada en el proceso penal 212/2019, de la que se desprende lo siguiente: 11:42:38. El juez procedió a preguntar al imputado si cuenta con abogado defensor ya que verifica que en la audiencia anterior estuvo un abogado diverso al que se encuentra presente. 11:42:55. El imputado señala que sí. 11:42:56. El juez solicita que le proporcione el nombre de sus defensores. 11:43:07. El imputado refiere que son la licenciada Perla del Carmen Morales Solano y el licenciado Roberto Pablo Mercado Zamora. 11:43:20. El juez pregunta al imputado si nombraría a esos dos profesionistas como sus abogados en el proceso. 11:43:26. El imputado contesta que sí. 11:43:26. El juez procede a preguntar el nombre completo y correcto a los licenciados, quienes contestan, respectivamente, Perla del Carmen Morales Solano y Roberto Pablo Mercado Zamora (es de precisar que al momento de indicar sus nombres completos, el auxiliar de sala proyecta las cédulas profesionales de los abogados). 11:43:57. El juez les hace del conocimiento a los abogados que el imputado los señaló como sus abogados defensores, por lo que les pregunta si conocen las implicaciones que el código procesal establece para el abogado defensor en términos del artículo 117, a lo cual afirman tener conocimiento. 11:44:29. El juez procede a tomarles la protesta, para efectos de registro, por ser la primera audiencia en la que comparecen, a lo que los abogados protestan y aceptan el cargo, respectivamente. 11:45:05. Aceptado el cargo, el juez solicita se individualicen. 11:45:07. La abogada Perla del Carmen Morales Solano se individualiza, refiriendo contar con cédula profesional 9439534 y registro ante el Poder Judicial del Estado de Veracruz 12566, además de precisar domicilio para oír y recibir notificaciones y demás datos personales. 11:45:47. El juez solicita a la abogada que precise, para fines de registro, a que profesión le identifica la cédula profesional y el registro. 11:45:57 La abogada contesta que a la licenciatura en derecho. 11:46:10. El juez solicita al abogado se individualice. 11:46:14. El abogado Roberto Pablo Mercado Zamora se individualiza, refiriendo contar con cédula profesional 9378184, además de precisar domicilio para oír y recibir notificaciones y demás datos personales. 11:47:46. El juez procede a preguntar al auxiliar de sala si constató que los datos de individualización de los profesionistas de la defensa, en cuanto a registro en el Poder Judicial y la Dirección de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública corresponde a lo que informaron, para que conste en el registro. 11:48:00. El auxiliar de sala señala que sí, por cuanto hace a la licenciada Perla del Carmen Morales Solano, su cédula se encuentra registrada en la base de datos que tiene la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública y además es correcto el número interno, el cual se encuentra en la base de datos que tiene el Poder Judicial del Estado de Veracruz, bajo el folio PJEV 12566. Igualmente, el abogado Roberto Pablo Mercado Zamora, su cédula se encuentra registrada en la misma Dirección General de profesiones y también cuenta con un registro interno en la base de datos que tiene el Poder Judicial del Estado de Veracruz, bajo el número PJEV 488; quienes se encuentran registrados para ejercer la profesión de licenciatura en derecho. 11:49:00. El juez procede a dejar establecida la defensa técnica y adecuada que tendrá el imputado en el proceso penal 212/2019. Asimismo, procede a dejar asentado el cumplimiento a cada uno de los puntos de la concesión del amparo. 11:52:57. El juez informa a la fiscalía que en caso de reiterar la solicitud de vinculación a proceso no podrá introducir nuevos datos de prueba, sino aquellos que obraban en la carpeta de investigación. Finalmente, ordena reponer el procedimiento y cede el uso de la voz a la fiscalía. De lo anterior se advierte que el juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistentes las actuaciones que integran el proceso penal 212/2019, a partir de la audiencia inicial, y previo a su celebración, hizo constar en la videograbación la manifestación de los defensores de ser licenciados en derecho, su cédula profesional y su declaración del número que se les otorgó en el centro de registro del Poder Judicial del Estado de Veracruz; asimismo, el Juez de Control verificó ante el auxiliar de sala la veracidad de los datos de individualización de los defensores, lo cual igualmente quedó asentado en constancia en la videograbación 2) Por cuanto hace al segundo de los efectos de la concesión, el juez responsable continuó con el desarrollo de la audiencia hasta resolver nuevamente la situación jurídica del aquí quejoso. De este modo, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión. No se pasan por alto las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en el que medularmente refiere que la autoridad responsable no acató cabalmente la ejecutoria de amparo, por cuanto ve al segundo de los efectos de la concesión del amparo, toda vez que, argumenta: . no es dable conceder que se da una defensa adecuada en su vertiente material, si en efecto es la AUTORIDAD RESPONSABLE quien no permite la materialización de las técnicas de defensa en favor del imputado, no obstante que encuentren apoyo jurídico en la norma interna como en la norma internacional. Pues es por ello que no resulta dable ni procedente la fundamentación y motivación emitida por el Juez de control al pronunciarse respecto de la petición formulada por la defensa por cuanto hace la incorporación de medios de prueba en el plazo constitucional, en primer momento por que en efecto se renunció al término de este, es decir agotar las 72 horas y de igual forma a su ampliación consistente en 144 horas, sin embargo, el único momento procesal en que es factible que el Juez resuelva la situación jurídica del señor JUNIOR JIMÉNEZ PÉREZ lo es dentro del PLAZO CONSTITUCIONAL, sin agotar este (72 horas); ahora bien tampoco es jurídicamente correcto que de acuerdo a lo que establece el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no admita la incorporación de medios de prueba, pues la AUTORIDAD RESPOSANBLE enunció únicamente datos de prueba, aun cuando la defensa solicito el desahogo de medios de prueba, por tanto no puede concebirse como cumplida la EJECUTORIA DE AMPARO, bajo estas premisas, pues si bien se dio cumplimiento por cuanto hace a la defensa formal, no puede decirse, que esta se materialice en esencia si es la AUTORIDAD RESPONSABLE quien impide el ejercicio por parte de los Licenciados en Derecho y de mi defenso JUNIOR JIMÉNEZ PÉREZ, máxime que la solicitud se introdujo antes de que se cerrara el debate, y que aún exigiendo que se resolviera sobre la petición realizada, y posteriormente a negar la petición incluso se negara el uso de la voz para formular los recursos correspondiente en términos del Principio de Oralidad que rige nuestro sistema penal. Al respecto es importante resaltar que como se desprende de la videograbación de la audiencia inicial, la autoridad responsable verificó que el quejoso contara con una defensa adecuada, lo que permitió que los abogados defensores desarrollaran la técnica de defensa que consideraran más pertinente. Ahora, si con motivo del desarrollo de la aludida técnica, los abogados defensores plantearon una petición al juez, en el caso, la incorporación de medios de prueba, y ésta fue resuelta en sentido negativo, lo que a decir la parte quejosa .no resulta dable ni procedente la fundamentación y motivación emitida por el Juez de control al pronunciarse respecto de la petición formulada por la defensa., se considera que la solicitud fue realizada precisamente con motivo del desarrollo de la técnica de defensa que implementaron los abogados del imputado, en virtud de la defensa adecuada que se le garantiza y que fue constatada en el desarrollo de la audiencia. Por lo que, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace a los efectos de la concesión del amparo, éstos fueron acatados debidamente, como se expuso en líneas anteriores. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto; el oficio 1035, signado por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Pernal Oral, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento requerimiento efectuado mediante auto de siete de diciembre pasado, informa que ya remitió las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo amparador; agréguense a los autos únicamente para que obren como corresponda, toda vez que, de autos se advierte, el nueve de diciembre del año en curso, se dio vista a las partes con éste. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y vía electrónica al quejoso. Así, lo proveyó y firma la licenciada Karina Esther Santiago Espinoza, Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargada del despacho, con motivo de que la Titular disfrutará de su segundo período vacacional del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de noviembre del dos mil veinte, comunicado mediante oficio CCJ/ST/2774/2020, de la misma fecha, asistida por el licenciado Augusto Ricardo Cruz León Secretario que autoriza y da fe.

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