Junior Antonio Batista Ascanio

Expediente 307/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
307/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Junior Antonio Batista Ascanio

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrió el plazo de cinco días, que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de queja contra el auto de diez de agosto de dos mil veintiuno en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por las consideraciones que en él se precisan, sin que se haya hecho valer; en consecuencia, con apoyo en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que causa estado para todos los efectos legales correspondientes. VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a4.5b 01/10/21 10:14:27 En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda; además, a juicio de la que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo aviso a la Dirección General de Estadística y Planeación del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante oficio, para que ésta transfiera en formato digital al programa que administra la Suprema Corte, todas las actuaciones judiciales que lo integran y se encuentren digitalizadas, en términos de los puntos Décimo Primero y Décimo Octavo del Acuerdo General VICTOR ELIAS SANCHEZ LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a4.5b 01/10/21 10:14:27 Conjunto en comento, así como previa generación de los documentos que establece el punto Décimo Tercero del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista la diligencia actuarial que antecede, efectuada el seis de agosto del presente año, en la cual se advierte que el impetrante de amparo Junior Antonio Batista Ascanio, no ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre por Ángel Gabriel Pérez Pérez; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. En ese sentido, al no pretender la peticionaria de amparo instar la presente vía constitucional, se dejan sin efectos las medidas cautelares dictadas en proveído de seis de agosto de dos mil veintiuno, respecto de los actos señalados por la parte quejosa y los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la inteligencia, que si bien se dejaron sin efectos la providencias decretadas, es obligación de las autoridades ante quien se encuentren alojadas los migrantes de respetar los derechos humanos de los mismos, adoptando los más VICTOR MANUEL CRUZ GONZALEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.95.29 05/07/22 10:18:36 altos estándares para preservar su integridad física y emocional. Comuníquese la presente determinación a las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios signados por el Titular de la Oficia de Representación y Director o Encargado de la Estación Migratoria Siglo XXI, ambos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad, por los motivos antes expuestos. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ángel Gabriel Pérez Pérez a favor de Junior Antonio Batista Ascanio, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, de quienes reclama: 1.- Incomunicación 2.- La orden de deportación y/o retorno asistido a su lugar de origen. 2.- La orden de traslado o cambio de estación migratoria. 3.-.La determinación del alojamiento temporal, adoptada por las autoridades responsables. La anterior determinación se precisa con apoyo en la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Novena Época, del Apéndice 1917- septiembre 2011, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Con el original de la demanda de cuenta, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 307/2021. Con fundamento en los artículos 126, en relación con el diverso 15, de la Ley de Amparo, tomando en consideración que dentro de los actos reclamados se advierte, LA INCOMUNICACIÓN, LA ORDEN DE DEPORTACIÓN Y/O RETORNO ASISTIDO A SU LUGAR DE ORIGEN, ASÍ COMO LA ORDEN DE TRASLADO O CAMBIO DE ESTACIÓN MIGRATORIA, lo que a juicio del suscrito en funciones de Juez es suficiente, por el momento, para otorgar la medida cautelar solicitada; en tal virtud, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO al quejoso JUNIOR ANTONIO BATISTA ASCANIO, para el único efecto de que cesen de inmediato tales actos; por lo tanto en cumpliendo a los lineamientos de ese centro de alojamiento, permita la visita de su representación legal o legitima, para efecto de no dejarlo en estado de indefensión.??????????????? También, para que el impetrante mencionado, NO SEA DEPORTADO Y/O RETORNADO A SU PAÍS DE ORIGEN Y ASÍ COMO CUALQUIERA DE LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que en ella se exponen en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 80/2007, visible en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso el quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33, Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión, haya juzgado inconveniente la permanencia en el país de los extranjeros; numeral que dispone: "Artículo 33.- Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". Seguidamente, también SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que, en caso de que no se haya ejecutado el acto consistente en la orden de traslado o cambio de estación migratoria, el directo quejoso no sea cambiado o trasladado de la estación migratoria en la cual actualmente se encuentra a otra Estación Migratoria, dentro o fuera del Estado Dicha suspensión de plano decretada, no surtirá efecto alguno, en caso de que el acto reclamado ya se haya ejecutado, pues de concederse la suspensión del mismo, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie.??????????????? Lo anterior, comuníquese sin demora esta determinación a las autoridades responsables, a fin del pronto y exacto cumplimento de la medida cautelar aquí decretada. Por lo tanto, requiérase a las autoridades responsables para que en un término no mayor de VEINTICUATRO HORAS, informen el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas de que si al hacerlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del Código Penal Federal, ello acorde con lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la ley de la materia. Por otra parte, a fin de que se cumplan con todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente, es necesario que el directo quejoso ratifique la petición de amparo. En tales circunstancias, dada la naturaleza de los actos reclamados, que de ejecutarse o continuar su práctica ocasionaría daños irreparables al directo quejoso, y a fin de proteger los derechos fundamentales de seguridad jurídica, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 15, de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario adscrito que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad y/o cualquier otra estación habilitada para el alojamiento de migrantes en la ciudad o zona conurbada, a fin de localizar a dicho quejoso y realice lo siguiente: 1.- Le notifique el presente proveído y le ponga a la vista la demanda de amparo que se promovió a su nombre. 2.- Lo requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida en su favor por Ángel Gabriel Pérez Pérez, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedaran sin efectos las medidas decretadas. Por lo tanto, relativo al diverso acto reclamado consistente en la determinación del alojamiento temporal, adoptada por las autoridades responsables, este Juzgado se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto el directo quejoso ratifique la demanda de amparo; asimismo se reserva sobre el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. Hágase saber a las autoridades señaladas como responsables, o en su caso, a las personas con quien se entienda la diligencia, que de no permitir el acceso al Fedatario Judicial, para realizar las diligencias encomendadas, se le dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión de un delito, en términos del artículo 15 párrafo cuarto de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos, para que de ser??????????????? necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 22, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final. Notifíquese personalmente.

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