Junia Daise Santos Porto

Expediente 492/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
492/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
20/06/2023

Partes del expediente

  • Junia Daise Santos Porto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Firme no presentada. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido los proveídos de veintisiete de abril y veinticuatro de mayo del presente año, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Valoración documental. Este expediente es conservable, conforme a los artículos 14 fracción II y 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en relación con al Capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, normatividad que sigue rigiendo en lo conducente conforme lo dispuesto en el artículo noveno transitorio del Acuerdo General consabido; lo anterior, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa en el expediente principal, medida suspensional que tiene efectos definitivos. Carátula. Se ordena que la carátula de expediente físico contenga mediante sello, la anotación de "conservable", acorde con lo que establece el artículo 34 del Acuerdo General recién invocado. Certificación de incorporación de la totalidad de las constancias recibidas de manera física al expediente electrónico. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que de conformidad con el artículo 9 del mencionado Acuerdo General, todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran debidamente digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico en su totalidad; exceptuadas, las constancias y documentos electrónicos de conformidad con los fundamentos antes mencionados, y artículo 22, párrafo sexto, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, en cumplimiento de los parámetros institucionales más recientes en materia de gestión documental; lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 9, del citado Acuerdo General, se ordena su archivo como asunto total y definitivamente concluido, aunque deberá resguardarse en el "archivo de trámite" de este Juzgado de Distrito por un plazo de tres años, contados a partir de la presente fecha; de igual manera, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LOS QUEJOSOS ******, POR CONDUCTO DE SU PROMOVENTE ****, EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Mexicali, Baja California, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio y anexo remitidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; por medio del cual realiza diversas manifestaciones en alcance a su informe justificado, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por recibida la prueba documental que exhibe la autoridad de cuenta junto con su informe justificado, sin que en el caso sea necesario poner a la vista de las partes las constancias en cuestión, en virtud de las consideraciones siguientes: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. *****De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. ****** En el caso, la parte quejosa ********************, en su escrito inicial demanda -el cual fue ratificado mediante diligencia de diecisiete de abril del año en curso- solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que a continuación se transcriben: **** De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la quejosa esencialmente, se duele de la incomunicación, privación de la libertad y/o detención en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el dieciséis (sic) de abril del año en curso, se otorgó al diverso gestor de amparo la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que lo dejó en libertad; lo anterior, con independencia de la suspensión de plano otorgada, ya que se le otorgó la libertad en su condición de visitante, y no bajo lo establecido en los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. ***** Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las ONCE HORAS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa por conducto de la parte promovente.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que el presente expediente no está plena y debidamente integrado, en razón a que, en proveído de ocho de mayo de la anualidad, se le otorgó al Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, una prórroga por el término de cinco días, a fin de que informara sobre el procedimiento migratorio del diverso quejoso *****, término que ya transcurrió, sin que a la fecha, la citada autoridad hubiere informado al respecto. Requerimiento. Atento a lo anterior, y toda vez que la autoridad antes citada, ha sido omisa en informar respecto a la situación migratoria del quejoso Joelson Alves Dos Santos; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la autoridad señalada como responsable Sub Representante Federal del Instituto Nacional de Migración, en su calidad de representante local del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS contadas a partir de la notificación del presente proveído, remita la totalidad de constancias de las que emanan los actos reclamados, específicamente las relativas al procedimiento administrativo inherente a la situación migratoria del quejoso Joelson Alves Dos Santos, documentales que se estiman necesarias para la resolución del presente juicio, mismas que deberán remitir en copia certificada. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa, en lo particular, equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del salario Mínimo. Diferimiento. En consecuencia, es procedente diferir la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, por lo que se fijan las ONCE HORAS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que remite el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que debido a que existe un rezago en archivo como consecuencia de la gran cantidad de extranjeros que se alojan en la Estación Migratoria de esta ciudad, solicita una prórroga para el efecto de estar en posibilidad de informa sobre el procedimiento administrativo migratorio del quejoso *****. Concede prorroga. En virtud de lo anterior, se concede la prórroga de cinco días para rendir su informe respectivo, subsistiendo el apercibimiento en caso de no rendirlo dentro del término concedido en está prorroga. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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