Julissa Villalobos Chaparro
Expediente 1331/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1331/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Julissa Villalobos Chaparro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
se declara que la sentencia que sobresee y niega el amparo y la protección de la Justicia Federal, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes.
- Principal
En Chihuahua, Chihuahua, a las once horas con veinte minutos del dos de octubre de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, María Guadalupe Contreras Jurado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida de Sandra Manuela Domínguez Villalba, Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, declara abierta la audiencia pública, sin la comparecencia de las partes. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo y los informes justificados rendidos por el Director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado; Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua; Congreso del Estado de Chihuahua, por conducto del Titular de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos y Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto de la Directora Jurídica, todos con sede en esta ciudad, (fojas 16 a 21, 27 a 30, 31 a 34, 36 a 46 y 56 a 58, respectivamente). La Juez, acuerda: de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de antecedentes. A continuación, se abre el período de pruebas, y con fundamento en los numerales 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza la documental que anexó la parte quejosa a su escrito de demanda. Luego, se pasa a la etapa de alegatos y se hace constar que las partes fueron omisas en hacer manifestación alguna al respecto; por lo que se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda: V i s t o, para resolver el juicio de amparo 1331/2019-IV-S, promovido por Julissa Villalobos Chaparro, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, por considerarlos violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada ante la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, el treinta de julio de dos mil diecinueve y turnado al día siguiente a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Julissa Villalobos Chaparro, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, por los siguientes actos que se precisan: "ACTOS QUE SE RECLAMAN: Del H. Congreso del Estado de Chihuahua, reclamo la aprobación y expedición del decreto LXVI/APLIE/0259/2018 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2019, en particular, el artículo PRIMERO, fracción 4.3.2.3; así como el artículo DECIMOTERCERO y el Apartado IV numeral 12 de la Tarifa para el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado. Al C. Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, reclamo la promulgación y publicación del decreto LXVI/APLIE/0259/2018 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2019, en particular, el artículo PRIMERO, fracción 4.3.2.3; así como el artículo DECIMOTERCERO y el Apartado IV numeral 12 de la Tarifa para el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado. Del Secretario General de Gobierno, reclamo el refrendo del decreto LXVI/APLIE/0259/2018 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2019, en particular, el artículo PRIMERO, fracción 4.3.2.3; así como el artículo DECIMOTERCERO y el Apartado IV numeral 12 de la Tarifa para el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado. De las demás autoridades reclamo los actos de ejecución tendientes a aplicar la referida ley de ingresos reclamada, así como los Artículos y numeral antes identificados específicamente, el cobro del derecho mencionado, a razón de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.); SOLICITÁNDO LA SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, por tratarse de un cobro de derecho ya declarado inconstitucional por la suprema corte de justicia de la nación.". SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. En proveído de uno de agosto de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, bajo el número estadístico 1331/2019-IV-2; se ordenó requerir a las autoridades responsables su informe con justificación; dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se difirió en dos ocasiones por motivos legales e inició al tenor del acta que antecede, y. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del cuatro de octubre de dos mil once, en relación con los numerales 37, primer párrafo y 107, de la Ley de Amparo, y demás disposiciones legales aplicables en todo lo que no contravenga al precepto constitucional señalado, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso se promueve contra la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto No. LXVI/APLIE/0259/2018, de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, cuya ejecución corresponde en la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de los datos que emanan del escrito de demanda en congruencia con todos sus elementos, incluyendo la totalidad de la información del expediente del juicio se obtiene que: La parte quejosa, reclama específicamente: La inconstitucionalidad del Decreto LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, específicamente sus numerales 12, 13, 14 y 15, en su capítulo IV denominado "POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO", contenido en la Tarifa Anexa, con motivo de su primer acto de aplicación. Así, este órgano jurisdiccional procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, pues de no existir o no quedar acreditado se actualizaría la hipótesis prevista en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en cita, lo cual traería como consecuencia que se decretara el sobreseimiento en el presente asunto, y con ello el estudio innecesario del fondo del mismo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados al Director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, en esta ciudad; toda vez que así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado (fojas 16 a 21) Por tal motivo, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar lo anterior, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior Jurisprudencial VI. 2°. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2 Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Seminario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua; Congreso del Estado de Chihuahua y Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, todos con sede en esta ciudad, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, así lo reconocieron expresamente al rendir sus respectivos informes con justificación (fojas 27 a 30, 31 a 34, 36 a 46 y 56 a 58, respectivamente). Además, porque la existencia de los preceptos, que se reclaman no está sujeta a prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, pues basta que esté publicado en un medio de difusión oficial - como es el Periódico Oficial del Estado -, para que el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo lo tenga en cuenta al momento de resolver, sin necesidad de que se exhiba un ejemplar donde se contengan las leyes, reglamentos o disposiciones de observancia general reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia aprobada por contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se examina la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia ochocientos catorce, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página quinientos setenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Como se indicó, el peticionario de la protección federal promueve este juicio de amparo, contra los preceptos legales referidos, con motivo del primer acto concreto de aplicación del artículo Decimotercero de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, en relación con el punto 12, del apartado IV, de referida Ley de Ingresos, relativa a la tarifa anexa a la misma, que hace consistir en el pago de derechos efectuados, por Julissa Villalobos Chaparro, el día nueve de julio de dos mil diecinueve (foja 11) y su demanda la presentó el treinta de julio de dos mil diecinueve. Luego, cabe precisar que de conformidad con el artículo 107, fracción I, Constitucional, el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio a la parte quejosa. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo quinto de la Ley de Amparo, el juicio de amparo solamente puede promoverse por la parte "a quien la norma, acto u omisión producen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Entonces, para acreditar el extremo retenido, reviste importancia destacada el análisis del certificado de pago con número de operación: 3212331 (foja 11) relativo al pago de inscripción traslativa de dominio, de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, allegado por la peticionaria de la protección federal con el objeto de acreditar el primer acto de aplicación. Cuestión que como se dijo la coloca en la porción normativa del punto 12, de la Tarifa y artículo decimotercero de la ley tributaria señalados, tan es así que por concepto de los derechos tildados de inconstitucionales, por la operación de compraventa que la quejoso efectuó, cubrió la tarifa fija de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) por el siguiente concepto: "12 INSCRIP TRASL DE DOM DE PROP INMU", respecto del cual se le aplicó estimuló fiscal por la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); por lo que resulta válido concluir que le fue aplicada la tarifa contenida en el numeral 12 de la Tarifa de Derechos anexa a la citada ley de ingresos, dentro del apartado IV, que al respecto señala: "IV POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO, SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: . 12. Por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos." Por ello, si del certificado de pago que exhibió la parte quejosa, se advierte que le fue aplicada la tarifa de $15,000.00 (quince mil pesos moneda nacional), importe que establece al numeral 12 que se refiere a inscripciones traslativas de dominio, con la reducción del estímulo fiscal de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional); entonces se concluye en la existencia del acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en específico el numeral 12 referido en la Tarifa de Derechos anexa a la citada ley de ingresos, dentro del apartado IV. Por tanto, si a la parte quejosa se le aplicó la porción normativa en mención que considera violatoria de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, consignados en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, es inconcuso que demuestran su interés legítimo y jurídico para acudir a esta instancia, sin necesidad de agotar recurso alguno en contra de esa aplicación, puesto que de existir, es optativo para la quejosa agotarlo o no, según lo dispuesto en la primera parte del párrafo tercero, de la fracción XIV, del artículo 61, de la actual Ley de Amparo. Además, la presentación de su demanda es oportuna, pues se efectuó el treinta de julio de dos mil diecinueve, mientras que el acto de aplicación se concretó el día nueve de julio de dos mil diecinueve, por lo que basta una simple operación aritmética, para determinar que entre ambas fechas, no transcurrió en exceso el plazo de quince días a que se refiere el párrafo primero del ordinal 17 de la Ley de Amparo en vigor. Así, dado que la parte quejosa acreditó el acto de aplicación del punto 12, de la Tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve y artículo decimotercero de esa legislación, mismo que le causó una afectación real a su esfera jurídica, es claro que acredita el interés jurídico y legítimo para acudir a esta instancia a impugnarlo en relación con el ordinal 17, de la citada legislación. Ello, en tanto la probanza revela que el peticionario de amparo, al realizar el pago de derechos por asientos registrales por la inscripción de las operaciones de compraventa por la cual adquirió el inmueble, y ser recepcionado por las autoridades, se aplicó la citada porción normativa; por ser la que se cita en ese comprobante de pago y, las que trascienden a la esfera jurídica de la quejosa, sin que se prejuzgue, si su aplicación es correcta o no, ya que tal hecho no constituye la litis constitucional. Al respecto, y con apoyo en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, se invoca la tesis 2a. CLXXV/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y siete, Tomo XII, Diciembre de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto señala: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4º., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." Así como la tesis 2a. LXX/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y cinco, Tomo XVI, Julio de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y texto señala: "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUÉL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso." Por otra parte, el Gobernador y el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, al rendir sus informes justificados hacen valer que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, conforme con el artículo 108 del mismo ordenamiento, pues afirma que la publicación del Decreto no se impugnó por vicios propios. Al respecto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, respecto a la publicación y refrendo del Decreto que se reclama al Gobernador del Estado de Chihuahua, así como al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, respectivamente, cuyo texto es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" La reproducción jurídica realizada, enseña que, tratándose de impugnación de normas generales, el accionante constitucional sólo debe señalar como responsables, en lo que interesa, a las que hubieren intervenido en el refrendo y publicación del decreto promulgatorio, cuando impugne sus actos por vicios propios. Luego, tomando en consideración que en el presente asunto se reclama la publicación y refrendo de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, en su numeral 12 de la Tarifa anexa a dicha Ley, en su apartado IV, en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado para el Estado de Chihuahua, sin que se impugnen por vicios propios, entonces el juicio de amparo resulta improcedente respecto de dichos actos. Fundamenta lo considerado, las jurisprudencias J/49 A (10ª) sustentada por el Pleno de Circuito, Décima Época, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III, Página: 2248, que establece: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia referida por lo que hace a esa autoridad, de conformidad con en lo contemplado en el arábigo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el presente asunto. En esa tesitura, al no haberse hecho valer diversa causal de improcedencia, ni advertirse de oficio la actualización de alguna, se procede ahora al estudio de los conceptos de violación. No se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que la parte quejosa no impugnó la publicación del citado decreto sino únicamente su discusión, aprobación, expedición y promulgación. Por otra parte, esta juzgadora advierte que respecto a los actos reclamados consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVI/APLIE/0259/2018, por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en específico el artículo PRIMERO, fracción 4.3.2.3; así como el artículo DECIMOTERCERO y el Apartado IV numeral 12 de la Tarifa para el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado y los actos de su aplicación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. El referido precepto legal, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". La causal de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, si no para originar tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio siendo esto lo que lo legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En este sentido, los numerales 1, 12 y 13, de la tarifa para el cobro de derechos anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, establecen lo siguiente: "TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019. (.) IV. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: (.) 12. Por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos. 15,000.00 12.1 Por la inscripción de convenios modificatorios, así como, los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 15,000.00 12.2 En caso de reversión de fideicomiso: a) Cuando la reversión implique la generación de una nueva inscripción. 15,000.00 b) Cuando la reversión implique que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de su constitución, se asentarán notas marginales, aplicando el numeral 20, del apartado IV de la presente Tarifa por cada una de ellas. 12.3 En el caso del usufructo o la nuda propiedad: a) En la constitución o consolidación que implique la generación de una nueva inscripción. 15,000.00 b) Cuando su consolidación sólo implique asentar anotación marginal, por cada una de ellas, se aplicará el numeral 20, del apartado IV de la presente Tarifa. 13. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan en otros aparatados de esta Tarifa. 15,000.00." Así, la parte solicitante de derechos fundamentales afirma que, entre otros, los arábigos 1 y 13 contravienen el principio de proporcionalidad tributaria; sin embargo, de la documental que presentó la parte quejosa, relativa al certificado de pago de nueve de julio de dos mil diecinueve, se advierte que a la parte quejosa se le aplicó únicamente el numeral 12, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. En efecto, como se advierte del certificado de pago antes trascrita se concluye que a la parte quejosa le fue aplicado diverso numeral, es decir, el numeral 12 de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para dos mil diecinueve que se impugna como contrarios a la Constitución Federal, el cual obra en el certificado de pago que exhibió como documentales en el presente juicio de amparo, no así, los diversos 1 y 13 de la citada tarifa. Es aplicable la tesis IV.1o.5 K de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Agosto de 1997, página 659, con número de registro 197963, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente." En consecuencia, se decreta el sobreseimiento respecto de los numerales 1 y 13, de la tarifa anexa a la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua vigente para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que, como se afirma, no fueron aplicados a la peticionaria de amparo. SEXTO. La parte peticionaria de la protección federal expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado a que la omisión de su trascripción, no impide a quien resuelve, cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Lo anterior encuentra soporte en la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 50/2010, localizada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los de conformar la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Los conceptos de violación son esencialmente infundados. El quejoso aduce, que resulta inconstitucional el Decreto LXVI/APLIE/0259/2018, en el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio dos mil diecinueve, particularmente el artículo PRIMERO, fracción 4.3.2.3; así como el artículo DECIMOTERCERO y el Apartado IV numeral 12 de la Tarifa para el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado y los actos de su aplicación, que establece el cobro de derechos por inscripciones registrales, en virtud de que el cobro no guarda un sano equilibrio entre la cuota de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad, con el costo real de esa contraprestación, lo que genera una falta de correlación entre ambas y redunda en un cobro exorbitante, el cual resulta violatorio del principio de proporcionalidad y equidad tributaria, que establecen los artículos 1 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, que no existe una equivalencia razonable entre la cuota fijada y el servicio que se presta, sino que se utiliza como un instrumento generador de ganancias. Sin embargo, el quejoso no demostró parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido en la ley de ingresos, sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, se concluye que no se demostró que el apartado lV numeral 12 de la Tarifa Anexa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio de dos mil diecinueve, exista un razonable equilibrio entre la cuota de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) que establece la ley para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio; de ahí, que no deba declarase la inconstitucionalidad de la norma reclamada. Para mejor comprensión de la anterior premisa, es oportuno precisar lo que debe entenderse como derecho, en términos de lo establecido en el artículo 2º, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, que dice: "Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera: IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado...". Ahora, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mi diecinueve, en sus artículos 12, 12.1, 12.2, 12.3, 13, 14, 15, y 17 de la tarifa anexa de la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, establece por cobro de derechos por servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, relativos a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre estos, la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional). Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con el tema de derechos por servicios, ha establecido que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la constitución federal, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, pues esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio. En ese sentido, para que se tengan por satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad es necesaria la existencia de un "razonable equilibrio" entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio; pero, ha acotado la Suprema Corte, no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquel, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. El criterio antes expuesto quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 3/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 54, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares". Además, toda ley, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que es preciso que quienes la impugnan desvirtúen tal presunción, tomando en consideración, además, que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1o. de la ley en cita. Sin embargo, en el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que, cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso lo afirma la parte quejosa, en primer término, no basta su sólo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional, tal y como lo refiere la parte quejosa en el caso en estudio. Por tanto, inicialmente le corresponde al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas, que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Asimismo, ese alto tribunal también expuso que la carga atribuida a la parte quejosa, no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de las pruebas aportadas por aquélla, es decir, por la parte quejosa, les corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen. El referido criterio es el siguiente, tesis 2a. CX/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 1589, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". En la especie, la parte quejosa, para acreditar la inconstitucionalidad del derecho impugnado, no adjuntó documental alguna, con lo que se acredite lo expuesto en sus conceptos de violación, sino única mente se limitó exponer es su escrito de demanda la ubicación de la información pública a que hizo mención. Por tanto, ante el principio de prueba y, atendiendo al criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, luego que el particular no cumplió con su carga, de acreditar la razonabilidad del costo que se le cobra, a fin de acreditar la constitucionalidad de la norma impugnada. De ahí que, esa carga probatoria no se cumplió por parte de la quejosa tal y como se ha precisado. En ese sentido, ante los argumentos y las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, con las que hace ver la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que la parte quejosa ofreciera las probanzas que considerara pertinentes para acreditar lo alegado. Sirve de sustento a lo anterior, tesis XVII.2o.P.A.19 A (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizada en la página 2539, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo." Por tanto, si de las probanzas aportadas por la parte quejosa no se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido en la ley de ingresos sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, entonces resulta dable concluir que, en este caso concreto, no se demostró que en el apartado lV numeral 12 de la Tarifa Anexa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio de dos mil diecinueve, existe un desequilibrio entre la cuota de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) que establece la ley para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio, conforme a las probanzas ofrecidas por el quejoso. Consecuentemente, se impone negar la protección constitucional solicitada. Negativa que se hace extensiva respecto al diverso acto que se reclama como consecuencia de la aplicación de la norma que tilda de inconstitucional. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, que existe Jurisprudencia temática emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que los ordenamientos legales que establecen las tarifas respectivas para el pago de derechos por servicios registrales basados sobre el monto del valor de la operación vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, y que por ello, en términos del artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, opere la suplencia de la queja; sin embargo, en el presente caso no resulta aplicable la jurisprudencia temática de referencia, ya que actualmente la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, para el pago de los derechos registrales, no establece una tarifa basada en un porcentaje del precio de la operación, sino que se señala una tarifa única, en la que ninguna relevancia tiene el monto de la operación, de ahí que no resulte procedente aplicar la suplencia de la queja. La Jurisprudencia antes indicada, es la P./J.121/2007, visible en la página 2099, Tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. Las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo que dichas contribuciones deben cuantificarse mediante un porcentaje o factor al millar aplicado sobre el valor económico reflejado en estos últimos, vulneran los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues para determinar su importe en esos términos no se toma en cuenta el costo del servicio prestado por la administración pública, y se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocándose que por la misma función estatal se causen cuotas distintas, y aunque es cierto que esas contraprestaciones no necesariamente deben corresponder con exactitud matemática al costo del servicio recibido, sí deben fijarse en relación con el mismo." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además, en lo dispuesto por los artículos 37, 74 a 76, 78, 216, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo presentado por Julissa Villalobos Chaparro, contra los actos reclamados y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Julissa Villalobos Chaparro, contra los actos reclamados, autoridades responsables, motivos y efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, María Guadalupe Contreras Jurado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistida por Sandra Manuela Domínguez Villalba, Secretaria de Juzgado, con quien actúa. Doy fe. *Denice
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se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del dos de octubre de dos mil diecinueve, para su verificativo.
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Se da vista con el informe justificado rendido por el Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, por conducto de la Directora Jurídica.
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